1. Introducción1
Los conflictos forman parte de la vida cotidiana de los partidos políticos. Al igual que en otros ámbitos, los conflictos intrapartidarios surgen cuando no se llega a acuerdos sobre la distribución de los recursos en disputa, a los que atribuyen un valor determinado, pues controlarlos resulta clave para satisfacer sus intereses (Melucci 1999). El control de recursos como los espacios de dirección garantiza acceso a otros recursos, entre ellos candidaturas y financiamiento; ejemplos de zonas de incertidumbre vitales para cumplir las metas particulares de grupos o agentes internos (Panebianco 1995).
Hay un amplio debate acerca de las condiciones que propician los conflictos al interior de los partidos. Algunas investigaciones sustentan que los conflictos resultan del incumplimiento de las reglas para seleccionar candidaturas o autoridades, o que dichas reglas son antidemocráticas (Cross y Katz 2013; Hazan y Rahat 2010 ; Freidenberg y Levitsky 2007; Llanos y Roza 2018; Freidenberg 2005; 2016; Cordero y Coller 2018a ; 2018b; Corona Armenta 2013). Otros sostienen que, después de una derrota electoral, la política intrapartidaria adquiere un carácter más conflictivo (Katz y Mair 1995; Alcántara y Freidenberg 2003 ; Espejel Espinoza y Díaz Sandoval 2016), una situación que también la heterogeneidad ideológica en torno a las propuestas programáticas suele generar (Ceron 2012, ;2015 ; Close y Gherghina 2019 ).
Algunos estudios han demostrado que las organizaciones partidistas de izquierda son más propensas a los conflictos (Chiru et al. 2015). Otros priorizan el análisis de los problemas organizativos como causa de estas situaciones (Panebianco 1995; Astudillo y Detterbeck 2020; Loxbo 2013; Bolleyer et al. 2017; Bolleyer et al. 2019 ). Finalmente, ciertos trabajos examinan el efecto de elementos culturales en las probabilidades de que surjan conflictos dentro de los partidos (Aleyomi 2013; Okonkwo y Unaji 2016; Yadav y Fidalgo 2021).
Si bien la literatura ha ofrecido un amplio conjunto de explicaciones sobre el surgimiento de conflictos en la esfera nacional de los partidos, este trabajo parte de la pregunta: ¿qué explica el surgimiento de conflictos en los niveles subnacionales de las organizaciones partidarias? Con base en ello, el objetivo es analizar el bajo número de conflictos en las instancias subnacionales de cuatro partidos mexicanos: el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), durante el periodo 2010-2022. El argumento sostiene que la competencia electoral multinivel y la institucionalización partidista son condiciones que impactan en la aparición de conflictos derivados de los procesos de renovación de dirigencias estatales, lo que se sintetiza en la hipótesis de que la incongruencia electoral aumenta las probabilidades de conflicto, aunque este efecto disminuye cuando existen altos niveles de institucionalización partidista local.
La propuesta es analizar las situaciones en que los grupos inconformes recurren a los tribunales electorales ante la negligencia de las instancias de justicia intrapartidaria para procesar los conflictos surgidos por la renovación de dirigencias en estos cuatro partidos mexicanos. El estudio aplica una prueba de regresión logística con efectos mixtos para analizar 438 procesos de selección de presidencias estatales realizados en dichas organizaciones entre 2010 y 2022. Los resultados muestran que la combinación entre la incongruencia electoral y altos niveles de institucionalización local reduce las probabilidades de que se generen conflictos dentro de los partidos en ese ámbito.
El hallazgo del análisis en los partidos mexicanos busca contribuir de manera innovadora a los debates teóricos y conceptuales sobre política intrapartidaria, tanto en el desarrollo conceptual de conflictividad intrapartidaria como en la formulación de una explicación sobre la aparición de conflictos intrapartidarios en niveles subnacionales en América Latina. Asimismo, el estudio invita a abrir una nueva discusión sobre medidas que fortalezcan el funcionamiento democrático de la vida intrapartidaria para mejorar la confianza en los partidos y la convivencia en su interior.
El trabajo se organiza en cinco secciones. En la primera se expone el marco teórico de la investigación, en la que se define el conflicto intrapartidario y se desarrolla el argumento relacionado con su origen en el ámbito subnacional de los partidos. En la segunda se describen los conflictos que aparecen durante los procesos de selección de dirigencias estatales en el PAN, PRI, PRD y Morena. En la tercera se presenta la estrategia metodológica para abordar el tema de los conflictos dentro de los partidos mexicanos. En la cuarta se exponen los hallazgos del análisis cuantitativo. Finalmente, en la quinta se ofrece una recapitulación y se plantean algunas reflexiones a partir de lo analizado.
2. Marco teórico sobre el surgimiento de conflictos
intrapartidarios a nivel subnacional
Al interior de los partidos existen grupos con intereses propios y, en consecuencia, no se constituyen como actores unitarios (Ceron 2012; 2019; Boucek 2009; Sartori 2005). Aunque existe consenso en concebirlos como “asociaciones de individuos que sirven como vehículo para quienes tienen el objetivo de obtener cargos públicos mediante elecciones competitivas” (Freidenberg 2017, 835), la vida interna de los partidos se caracteriza por la discusión en torno a las estrategias para las campañas electorales, las personas que deben competir por los cargos públicos y el uso del poder en caso de obtener victorias electorales.
Los conflictos dentro de los partidos pueden entenderse como disputas por el control de recursos de poder, recursos a los que las distintas facciones atribuyen un alto valor para el cumplimiento de sus objetivos. Frente a estas disputas, algunos actores optan por estrategias de política contenciosa como manifestaciones, marchas o diversas formas de sabotaje; mientras que otros eligen la vía del litigio, la cual se resuelve cuando una autoridad jurisdiccional dicta una resolución favorable a alguna de las partes enfrentadas. Si bien ambas son expresiones del conflicto intrapartidario, este estudio se enfoca en la segunda, ya que permite acceder con mayor precisión a información documentada sobre estas luchas, especialmente en el contexto de los procesos de renovación de dirigencias y la judicialización de la política intrapartidaria (Trujillo 2013; Martín Reyes 2012a y 2012b).
La intensidad de un conflicto depende de cómo los grupos internos conducen la disputa por los recursos de poder. Algunos conflictos resultan más fuertes que otros según el grado de diferencias y divisiones entre los grupos, lo que puede generar tensiones manifiestas o latentes. Ciertas pugnas se hacen públicas y provocan acciones como la renuncia de militantes, el voto de castigo o una imagen desfavorable del partido. Otras controversias permanecen en el ámbito interno y se atienden dentro de la organización, lo que evita que sus repercusiones trasciendan. Esto permite comprender por qué para algunos grupos la disputa por candidaturas o espacios en las dirigencias es determinante para mantenerse vigentes en la estructura partidaria (Leiras 2007).
El enfoque más reciente sobre la dinámica intrapartidaria sostiene que las facciones o grupos internos compiten por el control del poder dentro de estas organizaciones (Lehrer y Lin 2020; Greene y Haber 2016; Kitschelt 1989; Harmel y Janda 1994). Esto implica la disputa por las posiciones de dirección, por los recursos organizativos y por las denominadas zonas de incertidumbre (Panebianco 1995). Esta perspectiva conduce a formular algunas interrogantes: ¿en qué punto la competencia se transforma en un conflicto por el acceso y control de recursos?, ¿hasta qué grado los grupos internos disponen de capacidades y estrategias para apropiarse de ellos por medios no convencionales, informales o incluso ilícitos?, ¿cuáles son los detonantes del conflicto? y, de manera particular, ¿cómo se originan estas disputas en espacios subnacionales?
La confrontación de propuestas en torno a cuestiones relevantes para la organización partidista impulsa a los actores a buscar afinidades con otros al interior de los partidos, favoreciendo de esta manera la formación de grupos internos ( Belloni y Beller 1978; Rose 1964; Zincone 1972). Estas facciones compiten por los recursos disponibles, particularmente cuando se experimenta privación y exclusión (Boucek 2012), lo que aumenta la interacción contenciosa y de las tensiones entre ellas (Paz Pérez 2006, 10; Gherghina et al. 2019).
Las diferencias también pueden ser resultado de la manera en que se desarrollan los procesos de toma de decisiones. La selección de candidaturas, por ejemplo, es un escenario especialmente conflictivo, pues es un momento clave de la vida interna en el que confluyen incentivos institucionales y electorales, así como las presiones ejercidas por los distintos actores al interior de la organización (Martínez Valdes 2010, 12).
En esta misma lógica, el control de la dirigencia se vuelve fundamental por ser la vía que condiciona el acceso a la distribución de candidaturas. Si bien los grupos intrapartidarios tendrían interés por las candidaturas a todos los cargos, en todas las circunscripciones y niveles de competencia, en ocasiones concentran sus esfuerzos en un único cargo durante elecciones locales o concurrentes (Došek y Freidenberg 2013). Esta dinámica no es novedosa, todos buscan acceder a esos espacios para satisfacer sus intereses, ejercer mayor control sobre los recursos de poder y, con esto aumentar sus posibilidades de influir en la estructura partidista. Este planteamiento se aplica a las instancias subnacionales de los partidos, donde los grupos también intentan obtener espacios y recursos de la estructura organizativa.2
En los niveles subnacionales puede hacerse una distinción entre los grupos al frente de las posiciones de dirección y aquellos que permanecen fuera de estas. Los primeros priorizan la preservación del control de dichas instancias para asegurar su influencia en el reparto de candidaturas. Esto les da oportunidad de manipular las reglas del proceso y aprovechar recursos de poder externos, como los cargos públicos que ocupan, su acceso a medios de comunicación o el financiamiento público (Freidenberg 2017, 837).
Por su parte, los grupos excluidos de la coalición dominante se enfocan en recursos de poder que faciliten acceder a candidaturas locales sin depender de negociaciones, algunos de estos recursos son las redes clientelares y la presencia territorial (Freidenberg 2017, 837). No obstante, se encuentran en desventaja, pues carecen de elementos suficientes para alcanzar posiciones favorables dentro del partido.
Este escenario es propicio para los grupos ajenos a la dirigencia, que generan conflictos para acceder a ella, mientras que las y los dirigentes buscan contenerlos. Primero tratan de imponer una solución que mantenga sus intereses y posteriormente pretenden integrar a los liderazgos disidentes en la estructura (Došek y Freidenberg 2013; Floriano Ribeiro 2013). Asimismo, la falta de efectividad de los mecanismos de justicia intrapartidaria conduce a que los grupos conflictivos recurran a estrategias de política litigiosa para atender sus demandas (Bolleyer et al. 2019 ; Martín Reyes 2012a y 2012b).
En los procesos selectivos, los conflictos expresan inconformidad respecto al modo en que se interpretan y ejecutan las reglas estatutarias, especialmente cuando a través de ellas se limita la participación de las militancias y se intentan manipular los resultados a favor de la dirigencia. Por ello, la judicialización de la política intrapartidaria se vuelve un instrumento para que los grupos disidentes presenten recursos de impugnación ante instancias de justicia electoral relacionadas con alguna etapa o resultado de la elección de dirigencias subnacionales.
Desde esta perspectiva, los conflictos emergen cuando se impugnan alguna o todas las etapas del proceso selectivo, como la definición del mecanismo de selección, los requisitos de candidatura o las actividades de las campañas internas. También se relacionan con denuncias de malas prácticas durante las jornadas electorales, entre ellas la compra de votos o el acarreo de votantes. De igual forma sucede con asuntos sobre los resultados cuando existen indicios de ilegalidad.
Además, los grupos desafiantes toman en cuenta los resultados electorales en comicios nacionales y subnacionales. Cuando existe incongruencia electoral entre ambos niveles,3 los grupos desafiantes concentran sus esfuerzos en alcanzar recursos de poder en el ámbito local, ya que cuando los niveles de congruencia electoral son altos, es probable que la dirigencia nacional asuma las estrategias electorales en todos los niveles de competencia.
Finalmente, los grupos desafiantes no tienen posibilidades de generar conflictos cuando las estructuras locales presentan altos niveles de institucionalización,4 pues la existencia de reglas formalizadas y de una estructura fuerte en el ámbito local ofrece mejores garantías de participación. No obstante, incluso en contextos donde los grupos locales están vinculados a los nacionales, niveles bajos de institucionalización aumentan las probabilidades de conflicto. A partir de lo anterior, se formula la siguiente hipótesis de investigación: H1. El efecto positivo de la incongruencia electoral sobre las probabilidades de que aparezca un conflicto intrapartidario disminuye con el aumento en la institucionalización de la organización partidista a nivel subnacional.
3. Selección de dirigencias y conflictos intrapartidarios en el PAN, PRI, PRD y Morena a nivel subnacional (2010-2022)
En México, el marco jurídico establece obligaciones para los partidos con relación a incorporar principios democráticos en su vida interna (Cárdenas Gracia 1992). Aunque todos funcionan bajo las mismas disposiciones legales que regulan sus procesos selectivos de candidaturas y dirigencias, así como la participación de sus militancias, cada partido ha adoptado reglas y métodos que generan fricciones entre sus grupos.
En el caso del PAN, antes de 2013 sus presidencias estatales eran elegidas a través del Consejo Político Estatal, órgano directivo integrado por miembros del Comité Directivo Estatal, militantes con cargos gubernamentales o de representación estatal, así como otros designados por las Asambleas Estatales. Precisamente ese año, tras la derrota electoral de 2012, que cerró su ciclo como partido en el gobierno desde las elecciones presidenciales de 2000, Acción Nacional reformó sus estatutos para incorporar las elecciones primarias como método selectivo en este nivel. No obstante, en 2015 estableció una regla que permite al Consejo Político Estatal designar directamente a la presidencia estatal cuando únicamente se registre una o un aspirante, reduciendo de esta forma la competencia interna.
Por su parte, el PRI contempla diversos mecanismos de selección de dirigencias nacionales, estatales y municipales en sus estatutos. Después de la derrota presidencial de 2000 y de los ajustes internos entre sus grupos, el partido recurrió con poca frecuencia al método de elección interna, particularmente por la experiencia de la renovación de la dirigencia nacional en 2002. La práctica recurrente de candidaturas de unidad como mecanismo informal en la renovación de dirigencias inhibe la participación de su militancia en procesos competitivos. Esta dinámica se refuerza con las reglas establecidas en los últimos años para renovar las presidencias estatales, que incrementan las facultades de los Consejos Políticos Estatales. Asimismo, los estatutos prevén la prelación como figura para cubrir las vacantes en la presidencia estatal, atendiendo una estricta jerarquía entre los cargos del Comité Directivo Estatal.
En el PRD, la evolución de las reglas para renovar dirigencias estatales está estrechamente vinculada a su trayectoria.5 Aunque históricamente ha sido un partido que promovió la participación de su militancia en la toma de decisiones, las constantes disputas poselectorales llevaron a limitar el uso de elecciones internas. Una reforma estatutaria de 2009 otorgó a los Consejos Políticos Estatales la facultad para definir el método de selección de las dirigencias estatales y concedió al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) la posibilidad de nombrar delegados/as en entidades donde el partido obtuviera menos del 5 % de votos en elecciones locales. Entre las últimas modificaciones destaca la inclusión de encuestas como mecanismos para seleccionar dirigencias y candidaturas, una medida adoptada en 2015.
Morena, partido de izquierda que obtuvo su registro legal en 2014 bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador tras su salida del PRD, ganó la presidencia en 2018 y 2024, y gobierna actualmente 23 entidades federativas. 6 Aunque busca consolidar su presencia territorial, enfrenta dificultades en estados donde los partidos tradicionales mantienen mayor arraigo, como Nuevo León o Guanajuato. El partido integra una diversidad de grupos intrapartidarios, herencia de su origen perredista, pero de igual manera reproduce prácticas de disciplina partidista características del priismo del siglo XX. En cuanto a la selección de presidencias estatales, Morena no contempla la elección interna como método de designación, pues esta atribución recae en el Consejo Político Estatal, integrado por liderazgos políticos del partido y militantes nombrados/as al azar, quienes en principio no deberían responder a intereses faccionales.
El incumplimiento de las reglas o de las etapas del proceso de selección de dirigencias partidistas constituye una de las principales fuentes de conflictos intrapartidarios, que suelen canalizarse mediante impugnaciones ante los tribunales electorales locales. Entre 2010 y 2022, el PAN fue el partido con la mayor proporción de procesos con conflictos: 25.42 % de sus renovaciones estatales resultaron conflictivas. Muy alejado se ubicó el PRD (9.21 %), Morena (7.95 %) y el PRI (7.69 %) (ver Gráfico 1). En el caso panista, uno de los episodios más intensos sucedió entre 2012 y 2013 en el Estado de México, la entidad más poblada del país, gobernada históricamente por el PRI desde finales de la Revolución mexicana y en la que el PAN se había logrado consolidar como segunda fuerza política por sus resultados a nivel municipal.
Gráfico 1 Selección de dirigencias estatales con o sin conflicto en el PAN, PRI, PRD y Morena (2010-2022)
Fuente: Elaboración propia
Nota: x2(3) = 23.2445, Pr = 0.000
En el caso del PRI, los conflictos estatales son relativamente escasos; sin embargo, cuando surgen suelen ser verdaderos dolores de cabeza para la dirigencia nacional. En distintas entidades federativas, la designación de delegados/ as del CEN ha generado tensiones al interior del partido y expresiones de inconformidad. Estos episodios desafían la tradicional disciplina partidista y cuestionan los acuerdos informales que durante décadas contribuyeron a la cohesión de su vida interna.
En cuanto al nivel estatal del PRD, la cantidad de conflictos también es reducida, lo que resulta llamativo considerando su modelo originario que consiste en la pugna entre grupos internos. Aun así, se registraron algunos episodios conflictivos en estados como el Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro y Sonora.
En Morena, la trayectoria de los conflictos subnacionales es más corta y coherente con su reciente creación. Una parte de estos se produjo durante las elecciones internas de 2015, cuando el partido aún era oposición y la intervención de la Comisión Nacional de Honor y Justicia tuvo efectos relevantes en la política intrapartidaria local. Posteriormente, la renovación de dirigencias estatales en 2022 resultó menos conflictiva para el partido: las impugnaciones fueron mínimas y solo se documentaron conflictos en Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Morelos y Oaxaca.
Gráfico 2 Frecuencia de conflictos por partido y entidad federativa (2010-2022)
Fuente: Elaboración propia
Nota: x2(3) = 23.2445, Pr = 0.000
Por último, un rasgo distintivo de estos conflictos es su distribución territorial desigual (ver Gráfico 2). Con base en el número de litigios registrados entre 2010 y 2022, es posible clasificar a las entidades federativas en cuatro grupos. El primero reúne a los estados sin conflictos intrapartidarios: Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas. El segundo grupo es el más numeroso y está conformado por quince entidades con un solo conflicto: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Guerrero, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán.
El tercer conjunto agrupa a los estados donde dos partidos registraron al menos un conflicto: Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Nuevo León. Finalmente, el cuarto grupo corresponde a las entidades en las que tres de los cuatro partidos enfrentaron luchas intrapartidarias: Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. En suma, la distribución de este tipo de disputas muestra que las luchas internas no son exclusivas de alguna región del país ni de un partido en particular, más bien se trata de un fenómeno extendido entre los partidos mexicanos.
4. Estrategia metodológica
Los datos presentados sugieren que existen condiciones que influyen en la distribución territorial de los conflictos. De esto se desprende una pregunta central: ¿cuáles son estos factores que explican por qué aparecen disputas al interior de los partidos? El caso mexicano constituye un escenario adecuado para investigar este asunto, pues hay elementos para examinar en qué medida factores como la incongruencia electoral y la institucionalización de los partidos a nivel subnacional condicionan la emergencia de conflictos en esa arena.
La variable dependiente es dicotómica, se usa para distinguir entre la presencia o ausencia de conflicto en cada proceso de renovación de dirigencias estatales por partido y entidad federativa entre 2010 y 2022. Su definición operacional considera como conflicto la impugnación presentada por algún grupo dentro del partido con relación a una o varias etapas del proceso selectivo: desde la decisión sobre el mecanismo de elección, la fijación de requisitos de participación, hasta el desarrollo de las actividades de campaña dentro del partido. Dentro del sistema mexicano de impugnaciones, el instrumento por el cual se judicializan estas disputas es el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía (JDC), un recurso a través del cual una persona sostiene que sus derechos político-electorales fueron vulnerados durante la contienda intrapartidaria. Este juicio constituye el paso mediante el cual los conflictos dejan de ser una mera cuestión privada de los partidos y se trasladan al ámbito de las autoridades jurisdiccionales.
La construcción de la variable dependiente se apoyó en fuentes hemerográficas locales y nacionales, complementadas con una revisión de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf). En la primera etapa se identificaron los principales acontecimientos de la vida intrapartidaria en cada estado mediante la consulta sistemática de portales de noticias y periódicos regionales. Esta estrategia resultó provechosa en contextos en los que las fuentes documentales sobre el desarrollo organizativo de los partidos a nivel local son deficientes. Posteriormente, se verificaron las impugnaciones asociadas a esos episodios en el sitio electrónico “Consulta de sentencias del Tepjf”, 7 para revisar los fallos emitidos por las Salas Regionales y la Sala Superior. Cabe señalar que durante la revisión se excluyeron las resoluciones relativas a acuerdos, incidentes de aclaración, incumplimiento y trámites administrativos.
Las variables independientes, incongruencia electoral e institucionalización partidista son de carácter continuo. La primera se operacionaliza con el índice de disimilitud (dissimilarity index, DIS) de Johnston (1980), que compara los niveles de apoyo electoral nacional y subnacional obtenidos por cada partido. Este indicador toma valores que oscilan entre 0 y 100: los valores próximos a cero expresan máxima congruencia entre ambos niveles, mientras que valores cercanos a 100 reflejan amplia incongruencia o disimilitud del voto (Došek y Freidenberg 2013, 167). La fórmula del índice es la siguiente:
Donde XiN corresponde al porcentaje de votación de un partido en las elecciones nacionales y XiR al resultado del mismo partido en los comicios subnacionales. Los datos empleados para calcular este índice provienen de los porcentajes de votación agregados que cada partido logró en las elecciones presidenciales de 2006, 2012 y 2018, contrastados con los resultados de las elecciones para gubernaturas en cada estado. La expectativa teórica asociada a esta variable plantea que mayor incongruencia electoral incrementa las probabilidades de que surjan conflictos intrapartidarios.
Dado que algunos procesos de selección no coincidieron con los años de celebración de elecciones, fue importante resolver cómo integrar dichos datos. De tal manera que se decidió asignar los mismos valores del índice tanto a los procesos celebrados en año electoral como para aquellos celebrados en los años posteriores, hasta la siguiente elección de gubernatura. Las fuentes de información consultadas fueron los portales electrónicos del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Electorales y el Centro de Estudios sobre Democracia y Elecciones (Cede) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa.
La variable de institucionalización partidista reconoce que este proceso se vincula con el grado de consolidación organizativa de los partidos. Se expresa en dos propiedades internas: la rutinización y la infusión de valores. La primera se refiere al peso que adquieren las reglas formales en los procesos intrapartidarios con el paso del tiempo; la segunda alude a la dimensión actitudinal que describe el vínculo de las y los militantes con el partido (Bolleyer y Ruth 2018 ; Panebianco 1995). Conforme a lo anterior, se anticipa que mayores niveles institucionalización locales disminuyen las probabilidades de que emerja un conflicto.
Los valores de esta variable son tomados de la V-Party Dataset (Lindberg et al. 2022). En particular, se utiliza la medida de fortaleza organizativa local de los partidos (local organizational strength [v2paactcom]), basada en la pregunta: ¿hasta qué punto las y los activistas y personal del partido permanecen activos/as en las comunidades locales? Esta variable se expresa en una escala continua de 0 a 4: valores próximos a cero indican una nula presencia de activistas y personal del partido, lo que refleja baja institucionalización.8 En contraste, valores cercanos a cuatro sugieren una presencia extendida de activistas y personal del partido en el nivel local y, por lo tanto, mayor institucionalización. Se empelan los datos reportados entre 2009 y 2018.
Las variables de control incorporan elementos relacionados con la democracia interna y con factores político-ideológicos. En el primer conjunto se incluyen indicadores que evalúan la inclusión del selectorado en cada proceso de renovación, lo que permite conocer el nivel de participación de la militancia en la toma de decisiones al interior de los partidos (Freidenberg 2003, 15; Kenig 2009a;2009b ; Kenig et al. 2015). La expectativa es que los métodos más inclusivos incrementan la probabilidad de conflictos, pues la competencia entre dos o más aspirantes puede generar mayores tensiones durante el desarrollo del proceso, haciendo que su organización sea más compleja. Esta variable se codifica de 1 a 10, donde valores próximos a 1 indican alta exclusión y valores cercanos a 10, elevada inclusión.
Tabla 1 Inclusión y selectorados en los partidos políticos
Fuente: Elaboración propia con base en Kenig (2009a;2009b) ; Kenig et al. (2015)
La segunda variable sobre democracia intrapartidaria se refiere a la inclusión en las reglas estatutarias (Von dem Berge et al. 2013; Guadarrama Cruz 2019). La ausencia de disposiciones democráticas en las normas de selección aumenta la probabilidad de que aparezcan conflictos internos, ya que desde adentro los grupos se oponen a dichas reglas y buscan modificarlas. Se trata de una variable continua, cuyos valores pueden ser tanto positivos como negativos, según el grado de apertura en las reglas.
El segundo grupo de variables de control incorpora indicadores del V-Party Dataset (Lindberg et al. 2022), asociados con dimensiones de la identidad e ideología de los partidos en México. Las variables consideradas son: principios religiosos, percepción del papel de las mujeres e ideología. Para la primera, se controla la expectativa de que los partidos con mayor vinculación a principios religiosos enfrentan menores probabilidades de conflicto, en tanto prevalece un amplio consenso interno respecto a esos valores. En relación con la percepción sobre la igualdad de género, se anticipa que un mayor respaldo a la participación igualitaria de las mujeres tiende a reducir la conflictividad intrapartidaria. Finalmente, en cuanto a la variable de ideología, se parte del supuesto de que los partidos más comprometidos con el pluralismo tienen menos probabilidades de conflicto, ya que favorecen la participación de la militancia y el respeto a sus derechos.9
La selección del PAN, PRI, PRD y Morena como unidades de observación se justifica porque son las organizaciones partidistas con mayor presencia en las 32 entidades federativas y han mantenido una representación constante en los congresos estatales. La información sobre los conflictos fue sistematizada en una base original e inédita denominada “Conflictos en los procesos de selección de presidencias estatales en los partidos políticos de México”. Este conjunto de datos adopta un diseño de panel desbalanceado que contiene 128 unidades (partido/entidad) y 438 procesos de selección de presidencias estatales, en los que se identifica la presencia o ausencia de conflicto.
Es necesario reconocer algunas limitaciones de la estrategia metodológica, fundamentalmente asociadas con la disponibilidad de información sobre la vida intrapartidaria. Varias de las variables incluidas en el modelo se han construido como proxies que deberán ser refinadas en estudios posteriores. A ello se suma la ausencia de información sobre las dinámicas internas de los partidos en seis entidades: Chihuahua, Durango, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas. Asimismo, si bien la base registra 117 unidades de observación con al menos dos procesos selectivos, en once casos solo fue posible ubicar un proceso documentado a través de la prensa local o de fuentes partidistas.10
El efecto de las condiciones de competencia electoral y de la institucionalización organizativa sobre el surgimiento de conflictos intrapartidarios se evalúa mediante un diseño de investigación cuantitativo, utilizando una regresión logística con efectos mixtos —es decir, con efectos fijos y aleatorios—, implementada a través de melogit en Stata 14. Esta técnica resulta adecuada debido a la estructura de panel de los datos, agrupados por partido y por entidad federativa. Los modelos se presentan con errores estándar robustos, mediante la opción vce (robust).
5. Resultados
Se estimaron dos modelos de regresión logística con efectos mixtos cuyos resultados se presentan en la Tabla 2. El primer modelo evalúa el efecto directo de la incongruencia electoral, de la institucionalización organizativa subnacional y de la interacción entre ambas variables sobre la probabilidad de que surjan conflictos intrapartidarios. El segundo modelo incorpora estas mismas variables, así como los controles propuestos. En ambos casos se pone a prueba la hipótesis central de la investigación: a medida que aumenta la institucionalización organizativa en el ámbito subnacional, el efecto positivo de la incongruencia electoral sobre la probabilidad de la aparición de conflictos disminuye.
Tabla 2 Incongruencia electoral, institucionalización y conflicto intrapartidario a nivel local en México
Fuente: Elaboración propia Nota: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001. Los modelos ya incluyen errores estándar robustos.
El hallazgo más relevante se encuentra en la interacción entre la incongruencia electoral y la institucionalización, esta última modera el efecto de la primera sobre las probabilidades de emergencia de disputas intrapartidarias. Este resultado es consistente con las expectativas teóricas sobre las implicaciones de la institucionalización para fortalecer la autonomía organizativa frente al entorno electoral (Panebianco 1995).
En efecto, los resultados muestran que, en partidos con altos niveles de incongruencia electoral, los incentivos para comenzar conflictos durante la selección de presidencias estatales se reducen cuando la institucionalización aumenta. Este patrón puede ocurrir en entidades federativas donde los partidos cuentan con estructuras permanentes y en funcionamiento, lo que permite anticipar que los procesos de selección desalentarán conductas conflictivas.
Por el contrario, cuando hay baja incongruencia electoral y bajos niveles de institucionalización, la probabilidad de conflicto aumenta (ver Gráfico 3). Bajo estas condiciones, la ausencia de incentivos para respetar las reglas de selección puede estar asociada a que las instancias nacionales mantienen una influencia notoria en la vida interna de los partidos en las entidades federativas, lo que impide la consolidación de la estructura en dicho contexto.
Gráfico 3 Efectos predichos de la incongruencia electoral y la institucionalización sobre la emergencia de conflictos intrapartidarios a nivel subnacional en México
Fuente: Elaboración propia
Nota: Solo se presentan los valores de las categorías más alta y más baja de la variable sobre institucionalización.
En cuanto a los controles, el coeficiente correspondiente a la inclusión en los selectorados es estadísticamente significativo y consistente con las expectativas acerca de que métodos de selección más inclusivos aumentan las probabilidades de que emerjan conflictos intrapartidarios. Además, las pruebas de Wald sugieren que el desempeño de ambos modelos es estadísticamente significativo y que la estimación contribuye a explicar variaciones relevantes sobre la aparición de conflictos dentro de los partidos mexicanos a nivel subnacional. En resumen, los resultados del modelo logístico con efectos mixtos respaldan la hipótesis principal: la interacción entre institucionalización partidista e incongruencia electoral ejerce un efecto moderador que disminuye las probabilidades de que se generen conflictos.
6. Conclusiones
El propósito de este estudio fue analizar el reducido número de conflictos intrapartidarios en las estructuras subnacionales del PAN, PRI, PRD y Morena entre 2010 y 2022, mediante un argumento que explica la aparición de conflictos en los niveles organizativos subnacionales de los partidos, así como la estimación del efecto de la interacción entre incongruencia electoral e institucionalización sobre la probabilidad de que surjan disputas durante los procesos de selección de dirigencias estatales. Con ello, se buscó contribuir al desarrollo de la literatura sobre política y conflicto intrapartidario, así como al estudio organizacional de los partidos en ámbitos diferentes al nacional, que aún son poco explorados.
Los resultados empíricos muestran que la institucionalización organizativa atenúa el impacto de la incongruencia electoral, a medida que las estructuras locales se encuentran más consolidadas, se reduce el efecto de la competencia electoral desigual sobre la emergencia de conflictos. Los hallazgos pueden entenderse como escenarios que enmarcan el surgimiento de conflictos en el nivel subnacional. La investigación ofrece elementos útiles para la práctica política, ya que una recomendación es fortalecer la institucionalización local de los partidos, lo que puede traducirse en reformas a la legislación partidaria y a los estatutos, para tener reglas claras en cuanto a mecanismos de selección y resolución de controversias.
Asimismo, este trabajo abre una línea de investigación promisoria en el estudio de la política intrapartidaria. En este sentido, resulta pertinente ampliar la evidencia a través de estudios longitudinales con un mayor número de observaciones. También se deben promover investigaciones con enfoques cualitativos o mixtos, para comprender los procesos decisionales, la dinámica de las facciones y los acuerdos entre dirigencias de diferentes niveles. Asimismo, futuras investigaciones deberán profundizar en el papel de las mujeres en los procesos de selección de dirigencias, así como en las relaciones entre actores intrapartidarios nacionales y locales y en las trayectorias de liderazgos subnacionales. En suma, queda un amplio margen para seguir avanzando en esta agenda de investigación.
Conflictos de interés:
El autor declara no tener algún conflicto de interés.
Contribuciones de las personas autoras:
Carlos Guadarrama-Cruz: conceptualización, investigación, diseño de metodología, redacción (borrador original), redacción (revisión y edición).
Autor para correspondencia:
Carlos Guadarrama-Cruz
Notas:
1 Producto elaborado en el marco de la estancia de investigación posdoctoral que se desarrolla en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Unam con una beca de la Dgapa-Unam. El trabajo presenta hallazgos de la tesis doctoral “El conflicto intrapartidario a nivel subnacional en México (2010-2022)”. El autor agradece los comentarios y sugerencias hechas a borradores y versiones anteriores, así como a quienes hicieron posible esta publicación, especialmente a Flavia Freidenberg.
2 Esto supone que las organizaciones partidistas desarrollen sus actividades en contextos multinivel, como los estados federales. Ello ha permitido el surgimiento de literatura sobre política su3nacional ( Freidenberg y Suárez-Cao 2014; Falleti 2010; Montero y Samuels 2004), así como sobre la organización multinivel de los sistemas de partidos y de los propios partidos políticos (Escolar 2011; Došek y Freidenberg 2013; Gibson y Suárez-Cao 2010; Leiras 2010; Thorlakson 2007; 2009).
3 La congruencia entre resultados electorales subnacionales y nacionales se manifiesta cuando los partidos compiten en ambos niveles y registran porcentajes de votos muy parecidos (Schakel 2013, 633). Las explicaciones sobre la disimilitud o incongruencia en los resultados electorales suelen destacar que los comicios subnacionales se subordinan a los de nivel superior, lo que influye en los apoyos partidistas (Schakel 2013, 634-35). Una vía para estudiar este fenómeno consiste en analizar los niveles de nacionalización y regionalización de los partidos políticos mediante el índice estandarizado de Bochsler (2010).
4 La institucionalización alude al proceso por el cual los partidos políticos desarrollan estructuras, reglas y prácticas estables y duraderas que les permitan operar eficazmente a lo largo del tiempo. Este proceso implica procedimientos internos para la toma de decisiones, la selección de candidaturas y la gestión de conflictos, así como la construcción de vínculos con otros actores e instituciones políticas (Randall y Svåsand 2002). En este sentido, la institucionalización es “el proceso por el cual el partido se consolida en términos de patrones de conducta y de actitudes o cultura” (Duque Daza 2005, 115).
5 Después de las elecciones federales de 2024, el PRD perdió su registro legal a nivel nacional, pero mantiene estructuras en algunas entidades federativas como el Estado de México.
6 El dato está actualizado con los resultados electorales de las elecciones federales y estatales de 2024. La cifra toma en cuenta a las gubernaturas que ganó en coalición con otros partidos aliados.
7 Disponible en: https://www.te.gob.mx/buscador/
8 En el caso de la variable de institucionalización se emplea la transformación a escala continua provista por el V-Party Dataset. La pregunta base originalmente está en escala ordinal con cinco niveles: 0: presencia permanente insignificante de activistas y personal del partido; 1: presencia permanente menor de activistas y personal del partido; 2: presencia permanente notable de activistas y personal del partido; 3: presencia permanente significativa de activistas y personal del partido; y 4: presencia permanente generalizada de activistas y personal del partido.
9 Se han incorporado indicadores del V-Party Dataset para aproximarse a dimensiones ideológicas de los partidos mexicanos. Primero, la variable principios religiosos mide el grado en que los partidos invocan a Dios, la religión o los textos sagrados/religiosos para justificar sus posiciones programáticas. Segundo, la variable relativa a la percepción de la participación de las mujeres en el mercado laboral evalúa el nivel de apoyo dentro de los partidos a la igualdad sustantiva de las mujeres en este ámbito, considerando aspectos legales sobre igualdad de trato y remuneración, licencias parentales y apoyo financiero para el cuidado de los hijos. Finalmente, como indicador de ideología se emplea el índice de antipluralismo (Lindberg et al. 2022).
10 La mayoría de estos casos corresponden al PRD y se ubican en Baja California Sur, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa y Tabasco. Uno corresponde al PRI en Nayarit y dos a Morena en Nayarit y San Luis Potosí.
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