10.53557/Elecciones.2025.v24n30.01
Artículos
Desempeñando para la democracia:
por qué los resultados importan
Delivering for democracy: Why results matter
1
Stanford University,
Palo Alto, Estados Unidos
<[email protected]>
1 Stanford University,
Palo Alto, Estados Unidos
<[email protected]>
1 Stanford University,
Palo Alto, Estados Unidos
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Resumen
La ola global de retroceso democrático ha puesto en tela de juicio el predominio de la democracia
en el siglo XXI. Un presunto declive en la confianza política y en la satisfacción con la democracia,
junto con el ascenso de autocracias de alto rendimiento, ha generado conjeturas sobre si el apoyo popular
al proyecto democrático se está erosionando en favor de alternativas nuevas y más autoritarias. Parte de
este debate se centra en el grado de importancia que poseen la prestación de servicios y la obtención de
resultados para la legitimidad y estabilidad de la democracia. Sostenemos que la eficacia en la provisión
de servicios a la ciudadanía resulta crucial para reconstruir el contrato social y afianzar el apoyo a la
democracia, además de contrarrestar su retroceso. Para efectos de exposición, reflexionamos sobre la infraestructura
como un bien público.
Palabras clave: Retroceso democrático, desigualdad económica, gobernanza, políticas sociales.
Abstract
The global wave of democratic backsliding has questioned the ascendancy of democracy in
the twenty-first century. A purported decline in political trust and satisfaction with democracy, alongside
the rise of high-performing autocracies, has sparked conjectures that popular support for the democratic
project is eroding in favor of new, more authoritarian alternatives. Part of this discussion concerns
the extent to which service delivery and outcomes matter for the legitimacy and stability of democracy. We argue that delivery for citizens is crucial to rebuilding the social contract and hence support for democracy
alongside thwarting backsliding. We reflect on infrastructure as a public good for exposition.
Keywords: Democratic decline, economic inequality, governance, social policy.
Recibido: 01/06/2025 y Aceptado: 04/11/2025
Fukuyama, Francis, Chris Dann y Beatriz Magaloni. 2025. “Desempeñando para la democracia: por
qué los resultados importan”. Elecciones (julio-diciembre), 24(30): 15-42.
DOI: 10.53557/Elecciones.2025.v24n30.01
1. Introducción
En las últimas dos décadas, una ola de retrocesos democráticos ha alcanzado
todos los rincones del mundo, poniendo en tela de juicio el predominio de
la democracia. Entre los casos más conocidos hoy en día figuran la Hungría
de Viktor Orbán, la Turquía de Recep Tayyip Erdoğan y El Salvador bajo el
mandato de Nayib Bukele, así como también Brasil y Filipinas durante las presidencias
de Jair Bolsonaro y Rodrigo Duterte, respectivamente. Tanto académicos
como formuladores de política han intentado comprender las causas de
este fenómeno y tomar acciones para defender la democracia (Bermeo 2016).
La mayoría de los enfoques se dividen en dos grupos: las explicaciones
“basadas en la oferta” se centran en el comportamiento de las élites y en cómo
las democracias se erosionan “desde dentro”; es decir, el desmantelamiento gradual
de las instituciones democráticas una vez elegido un líder iliberal, quien
luego las utiliza contra la propia democracia (Levitsky y Ziblatt 2018). En
cambio, las teorías “basadas en la demanda” se centran en el apoyo ciudadano,
o la falta de este, a la democracia, con mayor hincapié en el desempeño democrático.
¿En qué medida la percepción de que la democracia no está dando
resultados impulsa la demanda popular de sistemas políticos alternativos y
candidaturas que aparentan ofrecer mejores resultados?
En el reciente ensayo publicado en el Journal of Democracy, “Misunderstanding
Democratic Backsliding”, Thomas Carothers y Brendan Hartnett
indagan en esta misma cuestión. Con base en una muestra de doce países
donde la democracia se ha debilitado —y utilizando el crecimiento del PBI
y la desigualdad como indicadores indirectos— los autores sostienen que la
entrega de resultados tiene un poder limitado para explicar el inicio del retroceso
(Carothers y Hartnett 2024).1 Tomemos como ejemplo India y
Polonia: Carothers y Hartnett argumentan que ambos países registraron un
desempeño económico excepcional antes de que la calidad de su democracia
comenzara a decaer.
Dado que las encuestas de todo el mundo muestran un debilitamiento de
la satisfacción con la democracia (Wike et al. 2019), Carothers y Hartnett (2024) aciertan al evaluar el nexo frecuentemente alegado entre la ejecución y el retroceso. Este enfoque permite superar los debates sobre las ventajas de
los principales índices utilizados para medir el retroceso democrático, como los
proyectos Freedom House, Polity y Variedades de la Democracia (V-Dem)
(Little y Meng 2024a2024b; ). Sin embargo, la conclusión general de los
autores de que la implementación tiene una relevancia limitada para explicar
la erosión democrática requiere más matices. En ese sentido, centrarse únicamente
en los casos donde se ha producido un retroceso —es decir, la “selección
de casos para el estudio en función de los resultados de la variable dependiente”
(Geddes 1990)— produce naturalmente un sesgo. Para determinar si el desempeño
es una condición antecedente sin un efecto real, un estudio también
debería incluir países donde no se ha producido un retroceso.
Esto, en consecuencia, invita a un análisis más amplio sobre el grado en que
la ejecución o entrega de resultados es importante para la estabilidad y la legitimidad
de la democracia. Además, existe una creciente preocupación por el
hecho de que incluso las democracias sólidas presentan un rendimiento inferior
al de algunas autocracias, especialmente en la provisión de bienes públicos a gran
escala, como infraestructura, y en la capacidad para generar crecimiento económico,
reducir la pobreza y el desempleo, y mejorar la seguridad (Dunst 2023).
Los datos de la encuesta del Pew Research Center indican que la insatisfacción
global con la democracia está relacionada con el descontento económico.
Organizaciones como el Barómetro de Confianza Edelman revelan que
la confianza en el gobierno es baja en democracias consolidadas como Francia,
Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido, pero es mayor en países autoritarios
que crecen e invierten rápidamente, como China, Arabia Saudita,
Singapur y los Emiratos Árabes Unidos. En conjunto, estas tendencias sugieren
que la ciudadanía duda cada vez más de la capacidad de la democracia para
satisfacer sus necesidades.
2. La entrega de resultados y el contrato social
Para comprender la importancia de la prestación de servicios en la legitimidad
democrática debemos comprender el principio fundamental del contrato social,
explicado con mayor claridad en el “Leviatán” de Thomas Hobbes (1651) y en el
“Segundo tratado sobre el gobierno civil” de John Locke (1690): la ciudadanía
acepta ser gobernada por un soberano, y este, a su vez, ejerce el poder político
en beneficio de la ciudadanía. Como escribió recientemente Margaret Levi: “Establecer credibilidad requiere que el gobierno cumpla su parte del contrato
implícito con la ciudadanía y los súbditos, es decir: la provisión de bienes y
servicios, procesos justos en la determinación e implementación de políticas
(dadas las normas de lugar y tiempo) y una capacidad administrativa demostrable”
(Levi 2022, 215).
La prestación de servicios públicos no es la única manera en la que los
gobiernos pueden generar confianza entre la ciudadanía; la clase política también
debe ser honesta y dedicada al bien común, o al menos percibirse como
tal. Sin embargo, las decisiones sobre políticas gubernamentales pueden tener
impactos significativos, tangibles y directos en la vida de las personas. Así,
cuando una mala gestión económica provoca crisis importantes, el público
tiende a perder la fe en los gobernantes y en el sistema político en su conjunto,
lo que a veces se manifiesta en protestas y disturbios generalizados o en el voto
por candidaturas antinstitucionales que prometen una alternativa frente a una
clase política esclerótica.
Por lo tanto, generar confianza en el gobierno se conecta aún más con las
nociones de legitimidad. Seymour Martin Lipset la denominó célebremente
como el “título moral para gobernar” (Lipset 1994). Como expuso Larry
Diamond, un “largo historial de desempeño efectivo —en la generación de
crecimiento económico y oportunidades, la reducción de la pobreza y la desigualdad,
la prestación de servicios sociales, el control de la corrupción y el
mantenimiento del orden y la seguridad políticos— llena una reserva de legitimidad”
(Diamond 2024).
Es importante reconocer que la confianza en el gobierno y la legitimidad
derivada del desempeño no son exclusivas de los sistemas democráticos. Diversos
estudios empíricos han vinculado la prestación de servicios con la “conquista
de los corazones y las mentes” de la ciudadanía en diferentes tipos de regímenes.
Un estudio reciente, basado en un conjunto de datos de 2 800 000 de personas
en todo el mundo, encontró un fuerte nexo entre la confianza en el gobierno y el
crecimiento económico: las sociedades con mayor confianza política presentan
también algunas de las tasas más altas de crecimiento del PBI, incluidos países
autoritarios como China, Catar, Ruanda y Vietnam. En cambio, aquellas con
menor confianza política suelen ser economías rezagadas, que incluyen democracias
como Grecia, Italia, Japón y España (Besley et al. en prensa).
Durante la última década, las democracias latinoamericanas han experimentado
un descenso significativo en la confianza pública hacia el gobierno y en el
apoyo a la gobernabilidad democrática, debido principalmente a un desempeño
deficiente. El fin del auge de las materias primas a mediados de la década de
2010 marcó el comienzo de una nueva “década perdida”, en la que el estancamiento
económico revirtió los avances alcanzados en la reducción de la pobreza
y la desigualdad de ingresos. Las tasas persistentemente altas de homicidio y la
inseguridad generalizada en la región socavaron aún más la confianza pública en
las instituciones gubernamentales y en el sistema democrático en su conjunto.
Para investigar estas tendencias más a fondo, recopilamos datos sobre el apoyo
a la democracia mediante la armonización de las oleadas del Latinobarómetro,
el Afrobarómetro, el Barómetro Árabe, el Barómetro Asiático y el Barómetro
del Sur de Asia, así como la Encuesta Social Europea, el Estudio Europeo de
Valores, la encuesta Life in Transition, la Encuesta Mundial de Valores y la
Encuesta Mundial Gallup. El conjunto abarca a aproximadamente 650 000
personas encuestadas en países que siempre han sido democráticos o que han
experimentado cambios de régimen desde 1990. Utilizamos preguntas relacionadas
con la “satisfacción con la democracia”, que generalmente se mide preguntando
a las personas encuestadas si están satisfechas con la democracia en
una escala de muy insatisfechas a muy satisfechas.
Al tomar los promedios nacionales de diez años de las respuestas a la
encuesta y el desempeño económico agregado en un periodo similar, el
Gráfico 1 revela una notable relación positiva.2 En promedio, la ciudadanía
de las sociedades con mejor desempeño económico expresa de manera clara
una mayor satisfacción con la democracia. Esto se observa no solo en los
países que han mantenido regímenes democráticos desde el fin de la Guerra
Fría (Gráfico 1), sino también entre los “cambiantes”, países que han experimentado
heterogeneidad institucional desde 1990 (Gráfico 2). Como en
todas las correlaciones transnacionales, los datos presentan interferencias.
No obstante, aunque la evidencia sea puramente descriptiva, se advierte
una clara conexión entre el apoyo y la implementación de la democracia,
representada mediante el crecimiento económico.
Más allá de las variaciones entre países, la satisfacción con la democracia en
ciertas democracias en desarrollo también se correlaciona con el crecimiento
económico. Argentina y Brasil son dos casos latinoamericanos destacados que
han experimentado desaceleraciones económicas significativas. El Gráfico 3 muestra que, en ambos, la satisfacción de los países con la democracia presenta
una evolución similar a lo largo del tiempo, en consonancia con la tasa de crecimiento
nacional.
En Argentina, la satisfacción con la democracia se desplomó durante el
colapso económico y político de 2001, una crisis marcada por el impago de la
deuda, la congelación de la banca y un malestar generalizado. Si bien la recuperación
comenzó con Néstor Kirchner en 2003, impulsada por los altos precios
de las materias primas, la crisis dañó profundamente la confianza del país
en las instituciones y reveló una incapacidad crónica para brindar bienestar y
desarrollo a la ciudadanía. El actual presidente de Argentina, el populista de
derecha Javier Milei, ha polarizado las opiniones desde su elección en 2023.
Sus críticos advierten sobre un retroceso democrático, pero sus partidarios
defienden sus esfuerzos para combatir la corrupción y corregir la mala gestión
fiscal de las administraciones anteriores.
En Brasil, la satisfacción con la democracia aumentó durante el primer
gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), cuando el auge de las materias
primas favoreció un crecimiento económico sostenido y las políticas sociales
innovadoras redujeron la pobreza. Sin embargo, tras la recesión económica
de 2013-2015, la satisfacción con la democracia disminuyó drásticamente, y
el país experimentó un periodo de retroceso democrático bajo el mandato del
presidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022). Sin embargo, en última
instancia, las instituciones brasileñas se mantuvieron resilientes.
La correlación dinámica entre la satisfacción con la democracia y el desempeño
económico también se mantiene en democracias más desarrolladas que
han experimentado crisis, como Grecia y España, tal y como se muestra en el
Gráfico 4. En Grecia, la satisfacción con la democracia disminuyó drásticamente
a finales de la década de 2000, durante las crisis financieras y de deuda
soberana a nivel mundial, caracterizadas por una grave contracción económica,
elevado desempleo y estrictas medidas de austeridad. Aunque el crecimiento
comenzó a recuperarse en 2015, la satisfacción con la democracia aún
no se ha recuperado por completo. De manera similar, la crisis financiera en
España desencadenó el colapso del mercado inmobiliario, un aumento vertiginoso
del desempleo y un estancamiento del crecimiento. A pesar de una
recuperación económica razonable, la satisfacción con la democracia permanece
persistentemente baja.
El bajo rendimiento económico y la disminución de la satisfacción con la
democracia en las democracias avanzadas coinciden con la literatura emergente
que vincula la limitada prestación de servicios y las adversidades con el
voto por partidos de ultraderecha, especialmente en Europa. Este fenómeno
se ha manifestado mediante una retórica populista y antiausteridad, acompañada
de la culpabilización de las personas migrantes por las crisis económicas.3
Nuevamente, estos son patrones puramente descriptivos derivados de los
datos en bruto. Sin embargo, los resultados sugieren una fuerte correlación
entre el desempeño y el apoyo a la democracia. La forma en que la insatisfacción
política se manifiesta y se desplaza desde actores y resultados específicos
hacia el sistema en su conjunto continúa siendo un área de investigación
abierta. ¿En qué momento la insatisfacción con el desempeño de las políticas o
con determinados gobernantes se transforma en escepticismo respecto a todo
el proyecto democrático, posiblemente a favor de alternativas más autoritarias?
3. Legitimidad de proceso versus desempeño
A diferencia de la autocracia, se sostiene que la legitimidad de la democracia se
basa tanto en el desempeño como en la equidad procesal. Incluso cuando los
resultados no se consideran como favorables para el bienestar, se mantiene la
idea de que el proceso democrático valida las decisiones sobre políticas al integrar
diversas preferencias y ampliar la voz ciudadana mediante oportunidades
de participación (Tyler 2006).
El referéndum del Brexit de 2016, que puso fin a la pertenencia del Reino
Unido a la Unión Europea, es posiblemente un ejemplo de un resultado
subóptimo justificado por un procedimiento de legitimación.
Sin embargo, las reivindicaciones sobre la supremacía de la democracia
basadas en sus méritos procesales podrían carecer de la resonancia que tuvieron
en el pasado. Si bien las anteriores “olas” de democratización pudieron
haber calado hondo en las mentes y corazones de la ciudadanía mediante la
legitimación y la adquisición sin precedentes de nuevos derechos, estos vehículos
de legitimidad podrían haber llegado a su límite (Huntigton 1991).
En las democracias con bajo rendimiento, la ciudadanía expresa una creciente
insatisfacción con el sistema político, reflejada en una menor participación, en
protestas frecuentes y en el apoyo a candidaturas antinstitucionales o incluso
abiertamente antidemocráticas en las urnas. En los últimos años han estallado
protestas masivas en democracias desde Argentina, India y Nigeria hasta
Alemania y Estados Unidos por cuestiones económicas, legislativas y sociales.
Asimismo, los partidos y candidaturas antisistema han ganado popularidad
en varias democracias consolidadas, como Francia, Alemania, Italia, España,
Estados Unidos y el Reino Unido.
Un artículo reciente, coescrito por el economista y Premio Nobel Daron
Acemoglu, demuestra que el apoyo a la democracia se explica principalmente
por la experiencia ciudadana en episodios exitosos de democracia, en contraposición
con la experiencia total de vida con la democracia (Acemoglu et al.
2024). En este contexto, el éxito se mide por el fuerte crecimiento económico,
la estabilidad política, la baja desigualdad de ingresos y la provisión de bienes
públicos (medida por el gasto gubernamental como porcentaje del PBI).
A pesar de la manipulación mediática, el sólido desempeño de algunos países
que retrocedieron, así como de autocracias es indiscutible. Es innegable que el
crecimiento económico sostenido de China ha sacado a millones de personas de
la pobreza. Asimismo, el nivel de vida ha mejorado sustancialmente en Turquía
desde la llegada del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) en 2002 con
Erdoğan. Ruanda, bajo el liderazgo de Paul Kagame —quien ha silenciado
implacablemente a la oposición—, figura entre las economías de crecimiento
más acelerado del mundo y ha sido reconocida por aplicar “soluciones locales”
para reconstruir la confianza en un Estado antes frágil.
Estos ejemplos no justifican en absoluto el autoritarismo; un historial de
resultados no excusa los abusos de los ideales democráticos, como la protección
de los derechos y las libertades individuales. Además, no todas las autocracias
muestran un buen desempeño. Si bien algunos regímenes autocráticos alcanzan
éxito económico, la mayoría persiste en el poder a pesar de los malos resultados
económicos y el empobrecimiento de la población. La supervivencia de
estos regímenes suele depender de la represión sistemática y del uso de tácticas
duras, como la intimidación, la vigilancia y la cooptación. Líderes como Nicolás
Maduro (2013-presente) en Venezuela, Robert Mugabe en Zimbabue (1987-
2017) y Mobutu Sese Seko en Zaire (1971-1997; actual República Democrática
del Congo) ejemplifican este modelo: los tres explotaron recursos, enriquecieron
a sus círculos íntimos y reprimieron a la oposición en medio del sufrimiento
generalizado y del declive económico para mantenerse en el poder.
Sin embargo, la democracia no puede dormirse en sus laureles. Como
observa Larry Diamond, “la creencia en la legitimidad de la democracia puede
estar moldeada por la cultura y la historia, pero también está impulsada por el
desarrollo económico y el desempeño de los regímenes actuales en comparación
con los del pasado” (Diamond 2024, 13). Este argumento es especialmente
relevante en un contexto en que varias democracias no democráticas y
retrógradas están ganando legitimidad y demuestran capacidad para cumplir
—o al menos parecen hacerlo— a pesar de sus procesos políticos imperfectos.
4. Por qué es difícil entregar resultados
en las democracias
Con la legitimidad del desempeño en mente, varias autocracias y países en retroceso
han recurrido en los últimos tiempos a proyectos de infraestructura para
demostrar su competencia, pues se trata de bienes públicos tangibles, muy visibles
y que impulsan el crecimiento, de los que la ciudadanía puede beneficiarse e
internalizar (Dunst 2023). Si bien China es un ejemplo notable, especialmente
con su Iniciativa de la Franja y la Ruta, varias otras naciones no democráticas
han seguido su ejemplo, como Kazajistán con su programa de construcción de
carreteras Nurly Zhol (Sendero Brillante). Entre los países que han retrocedido
en la democracia, la evidencia sugiere que las inversiones de Turquía en infraestructura
social y de transporte han aumentado el apoyo al partido gobernante, el
AKP (Akbulut-Yuksel et al. 2024; Marschall et al. 2016).
En contraste, algunas de las democracias más consolidadas del mundo,
como Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, han enfrentado dificultades
incluso para mantener la infraestructura existente. En particular, Estados
Unidos se ha ganado la reputación de contar con infraestructuras deterioradas
y proyectos de baja calidad, como lo demuestra el colapso en 2024 del puente
Francis Scott Key de Baltimore y el lento avance del proyecto del Tren de Alta
Velocidad de California, aprobado por el electorado de ese estado en 2008.
Mientras tanto, el Reino Unido canceló en 2023 un importante proyecto
nacional de transporte, para frustración de muchos. El High Speed 2, tren
de alta velocidad concebido en 2010, debía conectar las principales ciudades
del país con la capital y revitalizar el crecimiento en el norte de Inglaterra. En
Alemania, los continuos retrasos y la congestión del sistema ferroviario nacional,
atribuidos ampliamente a la falta de inversión en el mantenimiento de la
infraestructura, han exasperado a la población votante. Aún más relevante es
la tan esperada inauguración del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo, que finalmente
entró en funcionamiento en 2020 tras casi una década de retrasos, y
el proyecto ferroviario Stuttgart 21, aún incompleto, que lleva más de treinta
años en desarrollo.
Existen razones obvias por las que las democracias no pueden ejecutar con
la misma rapidez que las autocracias los proyectos estatales orientados a mejorar
el bienestar, como las infraestructuras. En primer lugar, la debida diligencia
necesaria para cumplir con los acuerdos ambientales, sociales y de gobernanza
puede ralentizar los proyectos, aunque con la buena intención de prevenir daños
al ambiente. Quizás aún más importante resulta que la mayoría de las democracias
consolidadas construyeron su infraestructura hace varias décadas, por
lo que las nuevas inversiones suelen destinarse a mantener las infraestructuras
antiguas en lugar de a nuevas construcciones.
Además, los derechos de propiedad y las consideraciones de expropiación
forzosa pueden impedir que el Estado construya con facilidad grandes proyectos
que atraviesan comunidades existentes sin respetar el debido proceso. Las
autocracias, en cambio, no enfrentan tales restricciones. Por ejemplo, durante
la construcción del megaproyecto de ciudad inteligente The Line, el gobierno
de Arabia Saudita autorizó una política de “disparar en el acto” contra miembros
de tribus y pobladores que se negaran a desalojar sus hogares para desbrozar
tierras (Thomas y El Gibaly 2024).
En definitiva, la prestación de servicios es simplemente más compleja en los
entornos políticos democráticos, en los que intervienen actores con poder de
veto formales e informales, se prioriza el procedimiento y se imponen mecanismos
excesivos de participación ciudadana en proyectos públicos. A esto
se suma un ecosistema en constante evolución de medios de comunicación
independientes y tecnologías de la información y la comunicación, con horizontes
temporales políticos y un escepticismo generalizado hacia la benevolencia
gubernamental.
4.1. Actores con poder de veto
Los sistemas que deben gestionar intereses y preferencias contrapuestos, idealmente
mediante cierto consenso entre ellos, a menudo solo logran avances
lentos y fragmentados en los resultados de las políticas. Incorporar las voces
de múltiples circunscripciones y ramas del gobierno también puede generar
formas de “vetocracia”. En otras palabras, la existencia de varios actores con
poder de veto en diferentes niveles de gobierno puede hacer que la ejecución
de las obras de infraestructura sea una tarea casi imposible. Además, cuando
los impactos visibles y tangibles de un proyecto están muy concentrados en
grupos de votantes, puede surgir la oposición del tipo “no en mi patio trasero”
(de la expresión not in my backyard – Nimby), lo que retrasa la construcción y
aumenta los costos (Fukuyama 2016; Glaeser y Ponzetto 2018).
4.2. Procedimentalismo y participación pública
Los procesos de formulación de políticas, atascados en múltiples procedimientos,
también obstaculizan una implementación democrática rápida y eficiente,
lo que a veces puede impedir incluso el inicio de proyectos —desde nuevos
desarrollos de vivienda hasta mejoras en carreteras y puentes—. Las estrictas
normas procesales para legitimar las decisiones políticas y evitar la intervención
de las agencias gubernamentales motivan la proliferación de estos procesos,
fenómeno que Nicholas Bagley (2019) ha denominado como un “fetiche
por los procedimientos”. Sin embargo, no está claro si este énfasis en los procedimientos
administrativos —a menudo en detrimento de la propia implementación—,
funcione como se pretende.
Consideremos la transparencia. En las democracias, mejorar la transparencia
—por ejemplo, mediante mecanismos como las leyes de libertad de información—
suele considerarse una buena práctica que ayuda a legitimar la toma
de decisiones. En materia de prestación de servicios, la reducción de la corrupción
suele ser un objetivo central de las iniciativas de transparencia. No obstante,
a diferencia de la mayoría de las personas votantes, que rara vez asiste a
audiencias públicas para plantear sus preocupaciones sobre proyectos, los grupos
de intereses con amplios derechos de propiedad suelen librar largas batallas
políticas que impiden o retrasan los avances de los gobiernos en una política.
Determinar la mejor manera de posibilitar y fomentar la transparencia y otros
medios de participación pública sin socavar su cumplimiento sigue siendo un
desafío para la mayoría de las democracias.
Un entorno mediático libre es, sin duda, una fuente fundamental de rendición
de cuentas en las sociedades democráticas, al garantizar la respuesta a las necesidades
ciudadanas y generar consecuencias electorales para las y los gobernantes
con desempeños deficientes. Sin embargo, como ocurre con todos los controles
del poder, existen contrapartidas: la capacidad del gobierno para actuar
con rapidez y eficacia puede verse afectada cuando sus acciones están bajo un
riguroso escrutinio. El auge de las redes sociales, en particular, y la llegada de
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en palabras del
exanalista de la CIA Martin Gurri (2018, 90), “pone a los gobiernos en el filo
de la navaja, donde cualquier error, cualquier acontecimiento adverso, puede
llevar a un público conectado a las calles”.
Estas tecnologías también pueden generar una desconexión entre la ejecución
real y la percibida. El reciente y desconcertante desajuste entre el sólido
crecimiento económico durante la administración Biden y la baja confianza
del consumidor se ha atribuido, en parte, a las fuentes de noticias con sesgos
negativos sobre la economía, que han experimentado un auge desde finales de
la década de 2010 (Harris y Sojourner 2024).
Si bien las redes sociales y otras tecnologías que sirven como plataformas
para una mayor transparencia pueden, en ocasiones, limitar a los autoritarios,
su control y supresión de los medios garantiza que quienes ostentan el poder no sufran reveses debido a la indignación pública generada por la cobertura
informativa negativa o la difusión de historias desfavorables en redes sociales.
Muchos autócratas actuales, en lugar de obtener legitimidad mediante amplios
llamamientos ideológicos basados en un culto a la personalidad, utilizan los
medios para controlar o manipular la información para convencer a la ciudadanía
de la competencia del gobierno (Guriev y Treisman 2019; Rozenas
y Stukal 2019).
4.4. Horizontes temporales
Los ciclos electorales y las distorsiones que a menudo producen son otro factor
que afecta el desempeño de los sistemas democráticos. Los objetivos de
políticas que no se alinean con el ciclo electoral pueden socavar gravemente
el compromiso de un gobierno de implementar políticas destinadas a abordar
problemas a largo plazo, como las inversiones en infraestructura o la acción climática
(Besley y Persson 2023; Kydland y Prescott 1977). Además,
ninguna persona dedicada a política o responsable de políticas desea que una
inversión iniciada bajo su gestión sea atribuida a un sucesor o sucesora después
de concluido su cargo.
No es solo la arquitectura institucional de los gobiernos democráticos lo que
dificulta la prestación de servicios. Como observó el filósofo escocés del siglo
XVIII David Hume en “Essays: Moral, Political, and Literary” (1758), las
democracias a menudo fomentan el escepticismo hacia un gobierno benévolo
entre la ciudadanía. Si bien puede argumentarse que dicha desconfianza es
“sana”, ya que promueve mecanismos sólidos de rendición de cuentas y desalienta
la confianza ciega en las directivas estatales, sus implicaciones sobre la
prestación de servicios son más matizadas (Mishler y Rose 1997). Para proporcionar
bienes públicos, los gobiernos a veces deben implementar políticas
que requieren un nivel suficiente de confianza, como el aumento de impuestos
para incrementar la recaudación. Sin embargo, si la ciudadanía se niega a
cumplir, limitando la capacidad del gobierno para cumplir, esto a su vez puede
aumentar aún más la desconfianza ciudadana. El resultado es un círculo vicioso
de cumplimiento fallido y un pesimismo cada vez mayor sobre la capacidad de
la democracia para funcionar.
En una entrevista de 2024, el entonces secretario de Transporte de Estados
Unidos, Pete Buttigieg, describió esta dinámica: “Una de las razones… de la
disminución [de la confianza política] ha sido una especie de ciclo de retroalimentación
entre las instituciones públicas que decepcionan a la gente y la gente
que luego duda en empoderarlas para resolver sus problemas”. En relación con
la infraestructura específicamente, Buttigieg reconoció que, si la gente “mira
a su alrededor y… ve infraestructura en ruinas”, “podrían pensar: ‘Oh, el
gobierno es pésimo solucionando estos problemas’” y decidir que financiarlo
con sus impuestos es una mala inversión (Klein 2024).
5. Cómo las democracias pueden volver a cumplir
La percepción actual de que la democracia es incapaz, o al menos deficiente, para
cumplir con sus obligaciones ciudadanas está muy extendida (Carothers y Hartnett 2024). Su reputación, sin embargo, solía ser mejor. Los logros de
las democracias consolidadas fueron en su momento incomparables: el Reino
Unido inauguró en 1863 el primer sistema de metro del mundo, el de Londres.
En Estados Unidos, bajo la dirección de Franklin D. Roosevelt (FDR), se construyeron
el puente Golden Gate, el puente de la Bahía de Oakland y la presa
Hoover en un lapso de cinco años en la década de 1930. Además, la aprobación
de la Ley de Ayuda Federal para Carreteras de 1956 por parte del presidente
Dwight D. Eisenhower dio origen a uno de los mayores logros en obras públicas
del siglo XX: el sistema de autopistas interestatales. En la actualidad, los
requisitos de permisos bastarían por sí solos para hacer imposibles tales logros
en el país norteamericano. Surge entonces la pregunta: ¿qué pueden hacer las
democracias para recuperar su capacidad de cumplir con eficacia?
Como se destacó con anterioridad, la desconfianza ciudadana hacia el
gobierno y su incapacidad para ejecutar servicios públicos se retroalimentan.
Sin embargo, la reconstrucción de la confianza en la democracia corresponderá
a los gobiernos dar los primeros pasos y generar la voluntad política necesaria
para impulsar proyectos ambiciosos. En el caso de inversiones a largo plazo,
como la infraestructura o las soluciones al cambio climático, los gobiernos en
el poder suelen temer que la oposición termine atribuyéndose el mérito de sus
iniciativas. Superar estos inevitables problemas de compromiso para reconstruir
la fe en la capacidad de la democracia para cumplir sus objetivos requerirá
un amplio consenso entre los partidos políticos.
Australia es un ejemplo de un profundo compromiso bipartidista para ejecutar
importantes obras públicas. Durante la última década, el país ha experimentado
un auge de infraestructura, con proyectos como WestConnex, el
túnel de carretera más extenso de Australia, y el metro de Sídney, otra importante
inversión en transporte. Cabe destacar que, en el Gráfico 1, Australia se
ubica en el cuadrante superior derecho del espectro, lo que demuestra un alto
crecimiento y una elevada satisfacción con la democracia.
Incluso en el extremo inferior de la distribución del Gráfico 1, el progreso
no ha sido del todo escaso. Grecia ha iniciado una notable recuperación económica
desde la crisis de la eurozona de 2011; el éxito del gobierno se vio impulsado
por un proyecto de reconstrucción del puerto de El Pireo (aunque resulta
irónico que el proyecto haya sido ejecutado por contratistas chinos, lo que se logró
en parte al evitar el uso de mano de obra sindicalizada). En Estados Unidos, el
gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha sido ampliamente elogiado por la
reconstrucción de la autopista interestatal I-95, al encontrar soluciones alternativas
frente a los numerosos obstáculos para la obtención de permisos que se
aplican a los proyectos de infraestructura estadounidenses.
Por supuesto, la infraestructura no es en absoluto el único componente de
la prestación de servicios en las democracias. Los programas gubernamentales
pueden abordar diversos problemas sociales, como la salud, la nutrición, la
educación y el empleo. Los programas del New Deal de Roosevelt, lanzados
durante la Gran Depresión (1929-1940), ilustran cómo el gasto social puede
proporcionar estos bienes a la ciudadanía y, al mismo tiempo, ganarse su
confianza y buena voluntad. El Cuerpo Civil de Conservación (1933-1942),
por ejemplo, fue un programa federal de asistencia laboral que aumentó los
ingresos vitalicios y mejoró la salud de las personas participantes. La evidencia
también demuestra que estas iniciativas fomentaron el patriotismo entre
sus beneficiarios, quienes adquirieron más bonos de guerra y se ofrecieron
con mayor frecuencia como voluntarios durante la Segunda Guerra Mundial
(Aizer et al. 2024; Caprettini y Voth 2023).
En las democracias menos desarrolladas, diversas políticas han demostrado
ser eficaces para aliviar la pobreza y, a la vez, han ganado una amplia popularidad,
lo que las convierte en una ventaja política para las y los gobernantes.
Algunos ejemplos incluyen los programas de transferencias monetarias condicionadas, como la Bolsa Familia en Brasil, que proporciona asistencia
financiera a los hogares de bajos ingresos a cambio de cubrir sus necesidades
de salud y educación. Las inversiones en infraestructura básica, como agua
potable, saneamiento y electricidad fiable, mejoran de manera significativa la
salud y la calidad de vida. De igual manera, iniciativas como la Cobertura
Sanitaria Universal de Tailandia han mejorado el acceso a la atención médica
para millones de personas. Estas medidas no solo reducen la pobreza y mejoran
el bienestar público, sino que también fortalecen el apoyo público a los gobiernos
que las implementan.
Una buena gestión económica y la creación de empleo también son clave.
Esto es especialmente importante para las y los jóvenes, quienes manifiestan la
mayor insatisfacción con la democracia. Las cohortes más jóvenes que se incorporan
a la fuerza laboral en países que han experimentado “décadas perdidas”
debido al estancamiento económico, como Japón, Grecia y España, también
desconfían enormemente del gobierno (Wike et al. 2019; Besley et al. en prensa).
Sin embargo, es preciso reconocer que la infraestructura es una de las expresiones
más visibles de la ejecución de administración pública. Esto es especialmente
relevante en aquellas democracias en que los proyectos antiguos han
llegado al final de su ciclo de vida. Cuando las carreteras están llenas de baches,
los puentes se derrumban y los grandes planes de inversión para revitalizar las
economías locales se convierten en “elefantes blancos”, la ciudadanía tiende, de
manera natural, a cuestionar el valor de la democracia.
Nada de esto implica que las democracias deban imitar a los gobiernos autoritarios
para acelerar el progreso. Quienes critican la democracia deben reconocer
una distinción fundamental y definitoria entre el gobierno democrático
y el autoritario: el poder de las y los votantes en las democracias para exigir
responsabilidades a sus líderes/as. No existe tal rendición de cuentas en los
regímenes autocráticos, en los que la ciudadanía no decide quién asciende al
poder ni quién es destituido. Esta diferencia fundamental subraya la ventaja
única de las democracias: su capacidad para corregir el rumbo y adaptarse a
las necesidades y demandas sociales mediante la transición pacífica del poder,
siempre que se mantenga.
No obstante, a pesar de todas las virtudes y defectos de la democracia, existen
contradicciones internas que afectan el grado de progreso que los gobiernos
pueden lograr en sus agendas políticas. Las restricciones ejecutivas y las estructuras
de rendición de cuentas impuestas mediante elecciones competitivas son
controles necesarios para el poder, pero el énfasis en los procesos democráticos
y administrativos puede inhibir el progreso en las expectativas ciudadanas
del gobierno. Institucionalizar un enfoque maximalista de la democracia
mediante un procedimentalismo excesivo resultará, en el mejor de los casos,
en retrasos en la ejecución, socavando aún más la fe ciudadana en el proyecto
democrático. Para restaurar su confianza, las democracias deben resolver estas
tensiones internas y alcanzar el equilibrio adecuado entre la ejecución y la rendición
de cuentas, garantizando al mismo tiempo ambas.
Conflictos de interés:
La personas autoras declaran no tener algún conflicto de interés.
Contribuciones de las personas autoras:
Francis Fukuyama: conceptualización, investigación, diseño de metodología, redacción
(borrador original), redacción (revisión y edición).
Chris Dann: conceptualización, investigación, diseño de metodología, redacción (borrador original),
redacción (revisión y edición).
Beatriz Magaloni: conceptualización, investigación, diseño de metodología, redacción
(borrador original), redacción (revisión y edición).
Autor para correspondencia:
Francis Fukuyama
[email protected]
Notas:
1 Los países del estudio son Bangladesh, Brasil, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Hungría, India, México,
Nicaragua, Polonia, Túnez y Turquía.
2 Estas cifras reflejan los hallazgos de Besley, Dann y Dray en su trabajo “Experiencias de crecimiento y confianza en
el gobierno”. Se eliminaron ambas variables del logaritmo inicial del PBI per cápita de nuestro conjunto de datos
para garantizar que los resultados no se atribuyan a los diferentes niveles de ingresos que codeterminan la satisfacción
con la democracia y el crecimiento; por lo tanto, los ejes representan los residuos ajustados.
3 Ver, por ejemplo, Baccini y Sattler (2025) y Bedock y Vasilopoulos (2015)
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