Análisis sobre elecciones

Elecciones presidenciales y (falta de) democracia en Venezuela: el desacato a la voluntad popular

Presidential elections and [the lack of] democracy in Venezuela: disregard for the people’s will

Carolina Jiménez Sandoval¹

https://orcid.org/0000-0002-9907-934X

¹Washington Office for Latin America - Wola, Washington D.C., Estados Unidos

Autor corresponsal: [email protected]

Para citar este artículo:

Jiménez Sandoval, Carolina. 2025. “Elecciones presidenciales y (falta de) democracia en Venezuela: el desacato a la voluntad popular”. Elecciones (enero-junio), 24(29): 269-284. DOI:10.53557/Elecciones.2025.v24n29.08

Resumen

Las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024 marcan un “antes y un después” en la historia contemporánea de Venezuela y de América Latina. Este documento expone el proceso político anterior y posterior a dichas elecciones, las principales preocupaciones en torno a los resultados anunciados por el ente rector del proceso electoral venezolano (el Consejo Nacional Electoral, CNE) y las consecuencias que este anuncio ha tenido sobre la protección y garantía de los derechos huma-nos en el país. De lo expuesto se concluye que la relación entre democracia y derechos humanos constituye una conexión vital, en que los procesos electorales representan elementos fundamentales

Palabras claves: Elecciones, democracia, derechos humanos, Venezuela.

Keywords: Elections, democracy, human rights, Venezuela.

1. Introducción

El 28 de julio del 2024, “Venezuela volvió a ser noticia”. Tras años de pro- testas, una crisis humanitaria y de derechos humanos que supera una década y el éxodo forzoso de aproximadamente el 25 % de su población (7 891 241 personas, según Naciones Unidas),¹ Venezuela también se ha convertido en sinónimo de escándalos de corrupción, investigaciones penales contra diversos miembros de su gobierno en numerosos países y un conflicto político sin fin, liderado por un presidente autoritario e impopular, Nicolás Maduro. A ello se suma una economía mal administrada y disfuncional, deteriorada aún más por diversas sanciones internacionales. Venezuela, tal vez de forma previsible, fue desapareciendo gradualmente de la agenda mediática en un proceso que puede describirse como “fatiga internacional”. Esta supuesta fatiga puede atribuirse, en parte, al fracaso percibido de diversas estrategias políticas para propiciar cambios o restaurar la democracia, y se intensifica en un mundo preocupado por múlti- ples crisis, en que los conflictos armados violentos han ocupado un lugar central.

Por lo anterior, puede afirmarse que las elecciones presidenciales del 2024 representaron una elección de máxima relevancia tanto para la sociedad venezolana como para la comunidad internacional, afectada por la falta de democracia en el país sudamericano, en especial ante la crisis de movilidad humana que ha impactado al continente en los últimos años.

Las elecciones del 28 de julio del 2024 se convocaron para elegir a un nuevo/a presidente/a de Venezuela por un mandato constitucional de seis años, conforme a lo establecido en el artículo 230 de la Constitución venezolana.² Para este proceso electoral, la oposición política, reunida esta vez en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), integrada por los cuatro partidos considerados los más importantes del sector opositor —Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular—, decidió participar en la contienda mediante una candidatura unitaria. Con ese propósito, a través de un proceso de movilización y organización exclusivamente civil y ciudadano —sin intervención del ente rector del sistema electoral, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ni de otra institución estatal—, organizó unas elecciones primarias que convocaron a precandidatos/as pertenecientes tanto a la plataforma como a otros partidos o movimientos políticos de oposición.

La creación de una Comisión Nacional de Primarias (CNP), acordada por las principales fuerzas opositoras y compuesta principalmente por académicos/as, miembros de organizaciones gremiales y técnicos electorales, permitió establecer una estructura y generar un clima de confianza en torno a la iniciativa. Las elecciones primarias se celebraron el 22 de octubre del 2023 con la participación de diez precandidatos/as.3 María Corina Machado, exdiputada y líder del movimiento político Vente Venezuela, considerada por algunos como una dirigenta de derecha que moderó sus posiciones políticas en el marco del proceso preelectoral para ubicarse en la centroderecha, obtuvo una victoria abrumadora con el 92.35 % de los votos. En los comicios participaron al menos 2 300 000 de electores dentro del país y 132 780 electores venezolanos en el exterior,4 cifras que superaron ampliamente las expectativas sobre estas elecciones autogestionadas por la ciudadanía.

A pesar de la celebración de elecciones primarias que la oposición política consideró exitosas y legítimas, en los meses siguientes el gobierno de Maduro impuso una serie de obstáculos contra la oposición, que culminaron en la ilegal inhabilitación política de María Corina Machado y, por lo tanto, en su imposibilidad de participar en la contienda electoral.5 Tras intentar registrar ante el CNE a una candidata que actuaría como substituta de Machado —gestión que también resultó infructuosa—, la Plataforma Unitaria optó por postular y logró registrar a Edmundo González Urrutia como candidato, utilizando la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), cuya inclusión en el “tarjetón electoral final” había sido autorizado por el gobierno de Maduro.

Hasta entonces, González Urrutia, exembajador y figura poco conocida, no había ocupado un rol destacado en la vida política nacional. Su candidatura, en pleno contexto electoral, representó una de las principales apuestas de una oposición que no pudo inscribir a candidatas/os con mayor trayectoria política.

El oficialismo, por su parte, postuló al presidente Nicolás Maduro como candidato a la reelección para un tercer mandato. Maduro contó con el respaldo de trece partidos distintos, entre los cuales el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) figuró como el principal y más importante.6

La inscripción electoral de candidatos/as para la elección presidencial de 2024 culminó con el registro de un total de diez postulantes, todos hombres. Aunque la contienda se definiría entre la candidatura oficialista de Nicolás Maduro y la del candidato elegido por la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, también se inscribieron formalmente otros ocho candidatos. Estos representaban una variedad de posturas políticas —desde disidentes de la oposición mayoritaria hasta aspirantes registrados únicamente para proyectar una “apariencia de pluralidad” en un contexto político autoritario—, pero todos constituyeron una representación minoritaria y estadísticamente irrelevante. La relevancia de esta elección recayó principalmente en que la principal coalición opositora logró acordar la postulación de un candidato unitario capaz de representar una competencia frente a la élite dominante.

El tarjetón electoral de Venezuela para las elecciones presidenciales del 2024 quedó finalmente compuesto por 13 partidos apoyando al presidente Nicolás Maduro, aspirante a un tercer mandato. Así, Maduro aparecía 13 veces en dicha tarjeta, mientras que María Corina Machado, ganadora de las elecciones primarias, fue ilegalmente impedida de participar, como se mencionó anteriormente.

Todo lo anterior llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2025) destacara que el caso venezolano “ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Estos tres elementos conforman una tríada en la que cada uno se define, complementa y cobra sentido en función de los otros” (2025, 9).

2. Antecedentes

Es difícil comprender las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela sin un análisis, aunque sea breve, del proyecto político de la élite dominante que organizó y participó en dicho proceso. Como es conocido, Hugo Chávez llegó al poder en 1998 con la intención declarada de “fundar/establecer una nueva república”.⁷ Para ello, promovió una nueva Constitución, aprobada en 1999, creó nuevas instituciones políticas y un nuevo movimiento y partido político basado en un fuerte nacionalismo —que incluyó un relanzamiento histórico de la figura del líder de la independencia del país, Simón Bolívar— y en una estrecha colaboración con el sector militar.⁸ Chávez definió este nuevo pro- yecto político e ideológico como una revolución y, debido a la constante refe- rencia a Bolívar, lo denominó “revolución bolivariana”, término vigente hasta hoy. Según su concepción, la revolución Bolivariana era de carácter socialista e inauguraba el “socialismo del siglo XXI”. Además de la reestructuración del Estado mediante una nueva Constitución y de la reconfiguración de las rela- ciones cívico-militares, uno de los pilares del proyecto político de Chávez fue la creación, en 2008, de un partido político hegemónico: el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Uno de sus principales objetivos consistía en aglu- tinar las diversas fuerzas políticas que apoyaban la revolución bolivariana en un partido único, controlado directamente por el entonces presidente Chávez.

Tras la muerte de Hugo Chávez en 2013, Nicolás Maduro —sucesor polí- tico elegido directamente por Chávez sin mediar elección primaria en el par- tido oficialista, el Psuv— ganó las elecciones presidenciales de ese mismo año por un margen estrecho para un periodo de seis años. Desde entonces, la oposición política, agrupada en distintas coaliciones, ha ensayado diversas estrategias para intentar recuperar el poder. Durante el proceso electoral presidencial de 2018, la principal coalición opositora de ese momento, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), privilegió la estrategia de la abstención y se negó a participar al considerar que el CNE no aportaba condiciones mínimas para la celebración de comicios con garantías democráticas. Esta decisión faci- litó la reelección prácticamente automática de Nicolás Maduro para el periodo presidencial 2018-2024. En consecuencia, conforme a lo establecido en el ya citado artículo 230 de la Constitución, el 2024 volvió a ser un año de eleccio- nes presidenciales en el país.

Las elecciones del 2024 estuvieron precedidas por el llamado Acuerdo de Barbados, auspiciado por el Reino de Noruega y otros actores internaciona- les, entre representantes del gobierno de Maduro y de la oposición. En dicho acuerdo, el gobierno se comprometió a mejorar las condiciones electorales, principalmente mediante la actualización del registro electoral, la autoriza- ción de misiones internacionales de observación, el acceso equitativo de la oposición a los medios de comunicación públicos y la garantía de seguridad para los candidatos/as.⁹

Este acuerdo fue de vital importancia para que la oposición adoptara la decisión crucial de participar de forma unificada mediante una candidatura única en la elección presidencial. A pesar de que el gobierno incumplió varios puntos del pacto,¹⁰ este logró generar una mayor cooperación entre las fuerzas opositoras y permitió, además, la participación del Centro Carter —organización de reconocido prestigio internacional— como observador internacional. Ambos elementos fueron determinantes para poner fin a la estrategia de abstención pro- movida por la oposición en diversas elecciones anteriores y para impulsar una campaña que incentivó la participación ciudadana.

3. Los venezolanos: elecciones, resistencia y derechos humanos

La oposición venezolana contó con poco menos de tres meses para desarrollar su campaña política tras el registro de la candidatura del embajador Edmundo González Urrutia. La campaña fue liderada principalmente por María Corina Machado, quien recorrió diversas regiones del país solicitando a los ciudadanos y ciudadanas que votaran por González Urrutia, ante la inhabilitación ilegal que le impidió postularse como candidata. Esta fue una de las campañas más inusuales e insólitas de la historia reciente, marcada por altos niveles de cen- sura en los medios de comunicación, represión hacia votantes y un escenario claramente desigual que favorecía al candidato del gobierno y del partido en el poder, el Psuv: Nicolás Maduro.¹¹

El 28 de julio, las y los venezolanos acudieron desde tempranas horas a los centros de votación y al final del día medios internacionales resaltaban alta participación.¹² Al cierre de las mesas, en horas de la noche, se aguardaban los resultados por parte del ente electoral, el CNE. En Venezuela, el sistema de votación es electrónico. Cada mesa dispone de una máquina que, al cierre de las urnas, imprime un acta con los resultados del centro antes de que los datos se transmitan electrónicamente al CNE para el recuento de votos en todo el país. Gracias a este sistema automatizado, la población siempre mantiene la expectativa de recibir los resultados durante la misma noche de la elección, dado que cada centro, en teoría, transmite de forma inmediata sus resultados a una sala de totalización en la capital (Caracas) a través de una línea encrip- tada. Pasada la medianoche del lunes 29 de julio, el CNE leyó los resulta- dos de su primer boletín. Según las cifras oficiales, con el 80 % de las mesas escrutadas, Nicolás Maduro habría obtenido el 51.20 % de los votos, mientras que Edmundo González se ubicaba siete puntos porcentuales por debajo. Con estos datos, el presidente del CNE y acólito del gobierno, Elvis Amoroso, proclamó a Nicolás Maduro como ganador (Redacción BBC 2024).

La oposición exigió explicaciones por el retraso en la presentación de los resultados y demandó la publicación de las “actas electorales”. Estos documen- tos han estado disponibles en todas las elecciones previas, a fin de permitir la verificación de la votación en cada centro electoral ante cualquier irregulari- dad. En su respuesta, el presidente del CNE pidió a la Fiscalía General de la República que investigara un posible ataque “terrorista” como causa del retraso.¹³ El fiscal general —cercano a Nicolás Maduro— alegó que el sis- tema electoral fue objeto de un ataque informático originado en Macedonia del Norte. Nicolás Maduro, por su parte, afirmó que Elon Musk fue el autor intelectual de dicho ataque (Osorio 2024). Las auditorías de las redes de telecomunicaciones, habitualmente realizadas tras cada elección, nunca se llevaron a cabo. Al día de hoy, el CNE no ha publicado las actas electorales que comprobarían la supuesta victoria de Nicolás Maduro, lo que convierte el “triunfo” electoral del partido oficialista (Psuv) y su candidato en un hecho técnicamente no verificable.

Para sorpresa del gobierno de Maduro —y de la comunidad internacio- nal—, el comando de campaña de la oposición anunció que contaba con más del 80 % de las actas electorales que el gobierno nunca logró presentar. A través de una ardua labor de recopilación de las actas generadas en cada mesa electoral —donde la oposición, al igual que el oficialismo, tiene derecho a contar con al menos un testigo, quien recibe una copia del acta electoral emitida en su mesa—, se logró centralizar dichas copias en un lugar seguro. Este esfuerzo incluyó además el desarrollo de una plataforma digital que permitió a cada ciudadano/a consultar el resultado de su respectiva mesa electoral.¹⁴ De este modo, la oposición venezolana consiguió organizar un “sistema paralelo” de conteo de votos, con el fin de prevenir lo que en efecto sucedió: la negativa de las autoridades electorales, subordinadas al Poder Ejecutivo, a reconocer la victoria del candidato opositor.

Lo sucedido después del anuncio del CNE y de la oposición es ya amplia- mente conocido por la comunidad internacional: las y los venezolanos respon- dieron al desacato de la voluntad expresada pacíficamente en las urnas con manifestaciones en las calles durante varios días. Esto dio lugar a una de las oleadas represivas más severas que ha vivido Venezuela en la última década, con un saldo de al menos 25 personas muertas y 2400 detenidas.15 Esta repre- sión se sumó a la ejercida en ciclos anteriores de protestas. Durante el man- dato de Nicolás Maduro, la Corte Penal Internacional (CPI) inició su primera —y hasta ahora única— investigación sobre crímenes de lesa humanidad en el continente americano. La Fiscalía de la CPI abrió formalmente investigación en noviembre de 2021. En la actualidad, examina presuntos crímenes como persecución política, encarcelamiento u otras formas graves de privación de libertad, tortura, violación u otras formas de violencia sexual cometidos, pre- suntamente desde al menos abril de 2017 por autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y partidarios del gobierno. Venezuela también ha expe- rimentado el colapso económico más profundo de la historia moderna, lo que desencadenó una crisis humanitaria,¹⁶ exacerbada aún más por las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos durante el primer gobierno de Donald Trump. Dichas sanciones tenían como objetivo provocar un “cambio de régimen”, esfuerzo que, evidentemente, no cumplió con su objetivo.

A nivel internacional, a pesar de la “fatiga” que existía sobre el tema venezo- lano, el país volvió a los titulares en repetidas ocasiones desde julio del 2024. A pocos días de la votación, el Centro Carter declaró que la “elección presiden- cial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacio- nales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.¹⁷

La multicrisis venezolana ha generado diversos impactos en la comunidad internacional. Desde la crisis migratoria forzada hasta las preocupaciones energéticas —Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo— y la polarización ideológica, los intereses en torno a “resolver el pro- blema venezolano” varían significativamente. Los aliados de Nicolás Maduro —Cuba, Nicaragua y, en menor medida, Bolivia y Honduras en la región, junto con China, Irán, Turquía y Rusia en la escena mundial— se apresura- ron a reconocer su autoproclamada victoria. Por el contrario, Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de las demás naciones, incluidos gobiernos de izquierda como los de Chile, Colombia, México y Brasil, continúan exigiendo la publicación de las pruebas de la votación, es decir, las actas de escrutinio que debieron haberse hecho públicas inmediatamente después del proceso electo- ral. En consecuencia, se han abstenido de reconocer la reelección de Maduro y ninguna alta autoridad de estos gobiernos asistió a su toma de posesión el 10 de enero del 2025 para un tercer mandato presidencial que, a todas luces, carece de legitimidad. Al escribir estas líneas, María Corina Machado perma- nece en la clandestinidad en Venezuela, cerca de mil personas se encuentran detenidas por motivos políticos en cárceles del país, y Edmundo González Urrutia —aparente ganador de las elecciones— vive actualmente en el exilio en Madrid, España.

En un contexto de profunda precariedad política, económica y social, cabe preguntarse ¿cómo resiste una sociedad? La respuesta común sobre las y los venezolanos es que “no resisten”. La necesidad de supervivencia, especialmente en el contexto de una emergencia humanitaria, conduce inevitablemente a la desmovilización, convierte a la ciudadanía en actores pasivos y, en última instancia, empuja a las sociedades a “normalizar” su realidad política para dar sentido y respuestas a sus necesidades cotidianas. Los estudios sobre las cir- cunstancias más extremas (guerras, hambrunas, etc.) demuestran la capacidad del ser humano para adaptarse incluso a las condiciones más adversas. A pesar de este análisis común, las elecciones del 28 de julio del 2024 representaron un catalizador para mostrar una realidad más profunda: las y los venezola- nos participaron primero en las elecciones primarias, celebradas en octubre del 2023, para elegir una candidatura de la oposición, organizaron dicho proceso sin apoyo de las instituciones del Estado y, posteriormente, participaron masi- vamente votando el 28 de julio del 2024. En resumen, una población aparente- mente “desmovilizada” se reactivó políticamente al ejercer sus derechos huma- nos en un país donde estos derechos son vulnerados de manera sistemática.

4. Conclusiones

Las elecciones del 2024 en Venezuela y el fraude consumado por el gobierno de Nicolás Maduro constituyen un antecedente sumamente grave en la histo- ria electoral de América Latina. A pesar de la falta de reconocimiento y de la ilegitimidad demostrada de los resultados anunciados por Maduro, este llevó a cabo una toma de posesión oficial el 10 de enero de 2025 y continúa ejerciendo el poder de facto en Venezuela. Es imprescindible que la región actué para impe- dir que se repita un episodio similar en Latinoamérica y que se mantengan los esfuerzos diplomáticos orientados a presionar al gobierno de Maduro para que inicie una transición democrática en el país.

Los estudios sobre democracia y autoritarismos, así como la propia histo- ria de América Latina, enseñan que los regímenes autoritarios comparten un objetivo común: la permanencia indefinida en el poder. No obstante, la deter- minación de millones de venezolanos/as logró abrir una “grieta” en el muro autoritario. A pesar de la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a aportar pruebas de su supuesta victoria en la elección presidencial del 28 de julio del 2024, de haberse autoproclamado presidente en medio de una clara “soledad diplomática” y del exilio forzoso del candidato de la oposición, la “repolitiza- ción” de la sociedad venezolana ha demostrado un compromiso colectivo con la democracia y una clara demanda de cambio. Si bien persisten numerosas interrogantes sobre el futuro político del país, y el panorama político inme- diato no resulta alentador, Nicolás Maduro —tras su toma de posesión en enero del 2025 y con el aparente respaldo continuo de las fuerzas militares— se mantiene aferrado al poder y ejerce un control de facto sobre el territorio y los poderes públicos de Venezuela, incluido el poder electoral. En los próximos meses, el gobierno ha promovido una reforma constitucional y ha convocado a elecciones regionales para elegir gobernaciones y alcaldías, sin la participación de la mayoría de la oposición, que carece de confianza en el ente electoral. Pese a los obstáculos constantes y al afianzamiento actual de un sistema de gobierno autoritario, la acción y la determinación mostradas por la ciudadanía —inclui- dos muchos antiguos votantes del Psuv y de su proyecto de revolución boliva- riana— demuestran que la sociedad venezolana sigue dispuesta a movilizarse y luchar por la transformación política.

El caso venezolano pone de relieve la fragilidad de la democracia y los inmen- sos retos que implica su restauración una vez perdida. Como ha afirmado acer- tadamente, en defensa de la democracia, la periodista filipina-estadounidense María Ressa, galardonada con el Premio Nobel: “Hay que luchar por cada ley, cada salvaguarda, cada institución, cada historia”.18 Más allá del proceso elec- toral, las y los ciudadanos venezolanos han demostrado su determinación de continuar la lucha democrática, a pesar de las restricciones impuestas por un gobierno represivo. Cabe esperar que la comunidad internacional respalde con firmeza esta lucha y sus exigencias por el respeto a los derechos humanos, sin aplicar dobles raseros y con un compromiso sostenido a largo plazo en favor de un cambio real.

Notas:

¹ Al respecto, ver Inter-Agency Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela (2024)

²Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, título V, capítulo II, sección primera, artículo 230. 14 de enero de 1999. https://bit.ly/4iTEhoV

³Los diez participantes y sus respectivos partidos o movimientos políticos fueron los siguientes: María Corina Machado (Vente Venezuela), Carlos Prósperi (Acción Democrática), Tamara Adrián (Unidos por la Dignidad), Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), Andrés Velásquez (La Causa R), César Pérez Vivas (Concertación Ciu- dadana), Andrés Caleca (Movimiento por Venezuela), Gloria Pinha (Por Ti Venezuela), Cesar Almeida (Unidad Política Popular 89) y Luis Baló Farías (Partido Merideños Independientes). https://bit.ly/4hGjzYV

⁴La Comisión Nacional de Primarias informó oportunamente los resultados de las elecciones primarias, junto con la respectiva distribución de los votos emitidos. El acta final se encuentra disponible en la cuenta de X de la CNP (2023), disponible en https://bit.ly/44S0hNK

⁵ Además de la inhabilitación impuesta a María Corina Machado, el gobierno venezolano también inhabilitó al excandidato presidencial Henrique Capriles, lo que le impidió participar en el proceso electoral del 2024. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) condenó estas inhabilitaciones e instó al Estado vene- zolano a corregir dichas medidas (Cidh 2024).

⁶Todo lo anterior llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2025) destacara que el caso venezolano “ilustra claramente la relación intrínseca entre los derechos humanos, la democracia y el Estado de

⁷Al momento de ser posesionado como nuevo presidente de la República, Hugo Chávez hizo este famoso juramen- to sobre la Constitución vigente en ese entonces: “Juro sobre esta moribunda Constitución, juro delante de Dios, juro delante de la Patria, juro delante de mi pueblo que impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República nueva tenga una Carta Magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro” (Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos 2024). Poco tiempo después, organizó una Asamblea Nacional Cons- tituyente que, en menos de seis meses, redactó una nueva Constitución. Esta se aprobó en referéndum consultivo y que, entre muchas otras cosas, cambió el nombre del país de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela (Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos 2024).

⁸ Es importante recordar que Hugo Chávez fue militar activo antes de asumir la Presidencia de la República. De 1975 a 1992 integró el Ejército, en el que alcanzó al grado de teniente coronel. En 1992 intentó ejecutar un golpe de Estado contra el presidente Carlos Andrés Pérez y fue detenido y encarcelado hasta 1996, cuando el entonces presidente Rafael Caldera le concedió un perdón presidencial. Esta medida le permitió recuperar su libertad e iniciar, desde la vida civil, un nuevo movimiento político que lo condujo a la presidencia.

⁹ Sobre el Acuerdo de Barbados y el proceso electoral, ver International Crisis Group (2023)

¹⁰ El gobierno de Nicolás Maduro solo permitió la participación de una misión reducida del Centro Carter y de un panel especializado de las Naciones Unidas en materia de observación electoral. La administración se negó, en cambio, a recibir cualquier misión electoral de la Unión Europea. Asimismo, irrespetó lo relativo al acceso equitativo a los medios de comunicación públicos, que permanecieron bajo control del partido oficialista, y no cumplió con la actualización del registro electoral. La inmensa mayoría de las y los venezolanos en el exterior no logró superar los obstáculos impuestos para inscribirse en el registro electoral en sus respectivos consulados y, en consecuencia, no pudieron ejercer su derecho al voto. Se estima que entre 3 500 000 y 5 500 000 de venezolanos y venezolanas que viven en el extranjero tenían la potestad de votar, pero solo 69 000 lograron completar su inscrip- ción electoral fuera del país (Glatsky 2024).

¹¹ Para un análisis de diversos expertos sobre las principales irregularidades en las condiciones electorales, ver la in- formación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola 2024).

¹²Se instalaron un total de 30 026 mesas electorales en aproximadamente 15 000 centros en todo el país. Agencias internacionales como EFE (2024) resaltaron la alta participación de votantes.

¹³Fuentes como el Huffington Post recogieron las declaraciones de Elvis Amoroso, Rector Principal del CNE, el 29 de julio de 2024 (Álvarez 2024).

¹⁴ La plataforma de contabilización de votos de la oposición puede consultarse en la siguiente página web: https://resultadosconvzla.com/. Desde el 28 de julio del 2024 hasta la fecha, la página web del órgano electoral de Venezuela (CNE) ha dejado de funcionar y ya no se encuentra accesible: http://www.cne.gob.ve/

¹⁵ De acuerdo con el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe especial (2024).

¹⁶El gobierno venezolano no publica datos sobre indicadores sociales. Desde hace varios años, un grupo de universida- des venezolanas ha publicado la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), con el fin de informar sobre las condiciones socioeconómicas de la población. Esta publicación se ha convertido en la principal fuente de infor- mación confiable sobre los datos socioeconómicos del país. Según sus resultados, un tercio de la población enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave. Más información disponible en https://www.proyectoencovi.com/

¹⁷ “Declaración del Centro Carter sobre Elecciones en Venezuela”. Atlanta: Centro Carter, 31 de julio de 2024.

¹⁸ Al respecto, ver Ressa (2021).

 

Referencias

Álvarez, Jorge. 2024. “Nicolás Maduro gana las elecciones en Venezuela”. El Huffpost, 29 de julio de 2024, sec. Global. https://bit.ly/4kyPKvN

Recibido: 28 de marzo de 2025

Aceptado:29 de abril de 2025

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