Artículo

Política contenciosa y adaptación estratégica: la derecha no tradicional después de Evo Morales

Contentious politics and strategic adaptation: the non-traditional right after Evo Morales

Gabriela Camacho Garland¹

https://orcid.org/0009-0008-1826-932X

¹Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú

Autor corresponsal: [email protected]

Para citar este artículo:

Camacho Garland, Gabriela. 2025. “Política contenciosa y adaptación estratégica: la derecha no tradicional después de Evo Morales”. Elecciones (enero-junio), 24(29): 203-234. DOI:10.53557/Elecciones.2025.v24n29.06

Resumen

Este artículo examina el ascenso de la derecha no tradicional en Bolivia a través de su adap- tación estratégica y uso de la política contenciosa tras el prolongado gobierno de Evo Morales. A par- tir del colapso del sistema de partidos y la consolidación del Movimiento al Socialismo (MAS), actores opositores sin estructuras partidarias formales, especialmente en las regiones orientales, debieron adop- tar nuevas formas de acción política fuera del marco institucional. Con base en un análisis centrado en la movilización de recursos, el aprovechamiento de oportunidades políticas (como las acusaciones de fraude en 2019) y la construcción de marcos interpretativos democráticos, el artículo argumenta que las protestas que llevaron a la renuncia de Morales no fueron espontáneas, sino el resultado de más de una década de aprendizaje estratégico. Comités cívicos y organizaciones regionales desempeñaron un rol central al articular una oposición eficaz, capaz de formular sus demandas en términos democráticos y superar narrativas previas que los presentaban como actores racistas o marginales. Desde el enfoque de la política contenciosa, se muestra cómo esta oposición no tradicional adquirió poder de convocatoria y capacidad disruptiva.

Palabras claves: Bolivia, derecha no tradicional, política contenciosa, movilización social, crisis política 2019.

1. Introducción

El cambio de siglo transformó la situación en América Latina. Tras la crisis de la deuda que devastó gran parte de la región en la década de 1980, el Consenso de Washington¹ y sus postulados neoliberales se afianzaron en la mayoría de los países. En distintos grados, la mayoría de los gobiernos aplicaron una receta similar: privatización, reducción del gasto público y escasa o nula interven- ción estatal en la economía. En 1998, sin embargo, Venezuela eligió a Hugo Chávez como presidente, en lo que hoy se identifica como el inicio del giro a la izquierda en la región. La llamada marea rosa se extendió por Sudamérica. En la primera década del 2000, Bolivia, Brasil, Ecuador, Argentina, Chile y Paraguay eligieron gobiernos de izquierda en distintos momentos (Weyland 2010; Levitsky y Roberts 2011). No obstante, más de dos décadas des- pués de aquel punto de inflexión, las trayectorias y los destinos de estos gobier- nos presentan diferencias notables, y muchos no cumplieron sus promesas de transformación social estructural. Además, aunque las expectativas iniciales de la izquierda presagiaban un panorama difícil para la recuperación política de la derecha o que esta asegurara ganancias electorales, con la excepción de Venezuela (país que ya no puede considerarse una democracia), la derecha no solo ha demostrado resiliencia (Luna y Rovira Kaltwasser 2014), sino que también ha regresado al poder en casi todos los países de la marea rosa en América del Sur a través de elecciones. Bolivia constituye una excepción, ya que si bien la derecha regresa al poder, lo hace a través de la asunción de la opositora de derecha Jeanine Áñez tras la crisis derivada de las elecciones presidenciales de 2019, y no como resultado de elecciones.

Las victorias electorales de la derecha pueden interpretarse como un voto de castigo contra la izquierda y como expresión de una alternancia saludable de fuer- zas políticas (Murillo et al. 2010; Luna y Rovira Kaltwasser 2021), pero su resurgimiento no se ha limitado al ámbito electoral. En Argentina y Brasil, las protestas masivas favorecieron las derrotas de los gobiernos de izquierda (Smith 2019; Gold y Peña 2021; Mayka y Smith 2021). En Bolivia, el 20 de octu- bre de 2019, las elecciones presidenciales desencadenaron una crisis política, y las movilizaciones lideradas por sectores de derecha contribuyeron a la conclusión del mandato de Evo Morales y del MAS.

Evo Morales se postuló para un cuarto mandato consecutivo, pese a los límites estipulados por la Constitución creada y aprobada durante su propio gobierno y luego de perder el referéndum de 2016 que proponía modificar- los, basándose en un fallo controversial emitido en 2017 (Human Rights Watch 2019). Su firme determinación de presentarse nuevamente socavó las instituciones democráticas vigentes y profundizó el retroceso democrático que atravesaba el país (Haggard y Kaufman 2021a). La oposición, junto con parte de la población, cuestionó su candidatura presidencial desde 2017. Por ello, cuando en las elecciones de 2019 se interrumpió el recuento oficial de votos, los rumores de fraude se propagaron como “reguero de pólvora”. Al reanudarse el recuento, Evo Morales alcanzaba el margen de 10 % que necesitaba sobre su oponente, Carlos Mesa, para evitar una segunda vuelta. Las autorida- des electorales no gestionaron adecuadamente la situación, y sus explicaciones sobre la interrupción del recuento resultaron abstrusas o abiertamente contra- dictorias, mientras que el gobierno presentó versiones distintas. Finalmente, la Misión de Observación Electoral de la OEA informó que el comportamiento de las autoridades electorales había sido inusual, lo que avivó las sospechas sobre unas elecciones ya consideradas ilegítimas por parte de la población. Esto provocó protestas y movilizaciones en contra del nuevo mandato presidencial de Evo Morales, a las que se sumaron manifestaciones de apoyo por parte de los simpatizantes del MAS. El 10 de noviembre de 2019, tras 21 días de protestas Evo Morales renunció, con lo que concluyó más de una década de presidencia y uno de los mandatos más prolongados de un líder de la marea rosa en la región.

Aunque los militares intervinieron en el desenlace de los acontecimien-tos, cuando Williams Kaliman, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convocó una conferencia de prensa y “sugirió”2 la renuncia de Morales, resulta evidente que las protestas jugaron un papel crucial en lo sucedido (Valdivia Rivera 2021), dado que Kaliman había sido considerado un aliado cercano de Morales. Para Lehoucq (2020), “fue el poder de las calles, no el de los militares, lo que obligó a Evo a renunciar. Fue una cruda demostración del poder popular que exigió cuentas al gobierno por sus acciones” (2020, 140). La magnitud de las protestas y los bloqueos, su persistencia y la incorporación progresiva de más personas con el paso de los días hacen innegable que estas estrategias jugaron un papel determinante en el giro de los acontecimientos. No obstante, esta no fue la primera vez que la oposición salía a las calles para denunciar al gobierno de Evo Morales, ni la primera vez que se movilizó en defensa de demandas democráticas en contra de lo que consideraba como una estrategia deliberada de Morales de socavar las instituciones democráticas y consolidar más poder en su persona.

A continuación, el artículo presenta la discusión sobre las movilizaciones, con énfasis en sus elementos clave, como los recursos y el enmarcamiento. Luego analiza los cambios en la política institucional en Bolivia y por qué, de manera repentina, la derecha no tradicional ya no pudo garantizar la protección de sus intereses sin una participación activa en la política. Esta situación obligó a dicho sector a aprender a preservar sus intereses, proceso que implicó un periodo de aprendizaje y adaptación al nuevo contexto. La siguiente sección aborda la política contenciosa y el retroceso democrático. Posteriormente, se dedica un apartado a las acciones de la oposición no tradicional durante el gobierno de Morales y al modo en que desarrolló recursos de movilización que culminaron en su exitosa campaña de 2019. Finalmente, las conclusiones resumen el argumento y examinan brevemente los eventos posteriores a las elecciones de 2019.

2. Recursos, oportunidades políticas y enmarcamiento

Aunque las oportunidades políticas para la movilización han recibido mere- cida cobertura (Lehoucq 2020), se ha prestado menos atención a la moviliza- ción de recursos con respecto a los eventos que condujeron a la crisis electoral de 2019. En general, las protestas más recientes, particularmente las protagonizadas por sectores de izquierda, se han cubierto como brotes desencadenados ante agravios frecuentemente vinculados al modelo neoliberal que ha prevalecido en varios países de la región. Por ejemplo, las protestas masivas en Chile durante 2019 se interpretaron como un reflejo de los agravios causados por un modelo neoliberal resiliente que ni siquiera los gobiernos de izquierda lograron desmontar (Castiglioni 2019). La designación de estos eventos como un “Big Bang” (Mayol 2019) ilustra con claridad esta interpretación. Las pro- testas en Perú en 2020 y en Colombia en 2021 también sorprendieron a la opinión pública, sobre todo porque ocurrieron en plena crisis sanitaria por la Covid-19 y se analizaron a partir de los agravios denunciados: la presidencia ilegítima de Manuel Merino en Perú y el aumento de impuestos propuesto por Iván Duque en Colombia. Y si bien las oportunidades políticas consti- tuyen sin duda un factor relevante en el éxito de toda protesta, y las quejas podrían ser un motivo de unión para salir a la calle,³ estas solo cuentan una parte de la historia.

La noción de ‘estructura de oportunidades políticas’ se refiere al contexto institucional que facilita o dificulta la acción colectiva y sus posibilidades de éxito (Tarrow 2011; Tilly y Tarrow 2015). Las oportunidades son variadas, y pueden incluir divisiones en las élites —como una ruptura dentro de un gobierno liderado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas—, así como crisis que pongan en entredicho la legitimidad del régimen.

El estudio de las movilizaciones políticas ha evolucionado más allá de inter- pretaciones reduccionistas que explican su éxito únicamente en función de ventanas de oportunidad política. Si bien el surgimiento de una ventana de oportunidad —como un fraude electoral o una crisis institucional— puede desencadenar protestas, ello no basta para explicar por qué algunas movili- zaciones prosperan mientras otras fracasan. Como sostienen McAdam et al. (2001), la acción colectiva sostenida y eficaz depende de la interacción entre tres dimensiones analíticas clave: la estructura de oportunidades políticas, la disponibilidad de recursos de movilización y el marco interpretativo que legitima y orienta la acción.

La existencia de una ventana de oportunidad no garantiza la acción colec- tiva, y menos aún su éxito. La presencia de estructuras de oportunidad política, la respuesta del régimen y otras interacciones similares afectan la ocurrencia, intensidad y duración de los ciclos de protesta; no obstante, también se requie- ren enmarcamientos innovadores y potentes, así como de la capacidad de la movilización social para aprovechar dichos enmarcamientos y anclar sus accio- nes a ellos (Snow et al. 1986).

En el caso de Bolivia, las elecciones de 2019 brindaron una ventana de opor- tunidad para que diferentes grupos se unieran bajo una narrativa democrá- tica e institucional, pero esto no basta para explicar por qué esa movilización resultó más exitosa que las protestas iniciales que denunciaron la candidatura presidencial de Evo Morales en 2017. Si bien las acusaciones de fraude electoral en 2019 continúan en disputa, es innegable que Morales perdió el referéndum de 2016 sobre su candidatura y, a pesar de ello, decidió presentarse. Si la movi- lización dependiera únicamente de una ventana de oportunidad para actuar, esta también lo habría sido. Las protestas de 2019 en Bolivia, tanto por su mag- nitud como por sus efectos, no pueden comprenderse plenamente sin com-prender el conflicto entre el gobierno y la oposición, ni sin analizar por qué la oposición no tradicional recurrió a formas de política contenciosa y logró articular una organización con capacidad para sostener su presencia en las calles.

El enfoque de los recursos de movilización y el marco interpretativo de las protestas complementan esta visión sobre las movilizaciones. Los recursos de movilización comprenden los recursos materiales, organizativos, simbólicos y humanos que los actores de las protestas sociales requieren para sostener sus acciones a lo largo del tiempo (Edwards et al. 2019). Estos recursos no siempre están disponibles ni surgen de manera espontánea; las organizaciones deben construirlos y acumularlos en el tiempo para transformar los agravios en acción sostenida.

El marco o enmarcamiento de la movilización alude al marco interpretativo mediante el que los actores sociales dotan de sentido a los acontecimientos, asig- nan responsabilidades y movilizan a otros actores (Snow y Benford 1988). Este esquema provee de sentido e interpreta los eventos relevantes con el fin de activar a testigos usualmente pasivos y desactivar a las y los antagonistas (Snow y Benford 1988, 198). Un marco exitoso resuena ampliamente en la sociedad.

¿Qué condujo, entonces, a este giro en los acontecimientos? ¿Cómo logró la oposición, repentinamente unificada, posicionarse y obtener el segundo lugar con una alta votación, para luego organizar una serie de protestas que culminaron con la destitución de Morales? ¿Qué diferenció estas protestas de las anteriores? Si diversas movilizaciones ya denunciaban, desde 2016, la falta de legitimidad democrática de la candidatura de Morales en 2019, ¿por qué fueron precisamente las de ese año las que lograron convocar a una base más amplia? Si bien las denuncias de fraude brindaron una importante opor- tunidad política para el surgimiento de la movilización y un motivo para que diferentes grupos se unieran en torno a una misma bandera, fue la capacidad de la oposición para aprender a movilizarse, reformular el enmarcamiento de sus protestas y acumular importantes recursos de movilización durante más de una década lo que determinó su éxito para ampliar su alcance más allá de su base original.

Este estudio articula los tres enfoques sobre las movilizaciones sociales: (1) la oportunidad política que surgió a partir de las denuncias de fraude en 2019; (2) la capacidad organizativa acumulada por la derecha no convencional a través del fortalecimiento de los comités cívicos y el uso de repertorios no violentos; y (3) el enmarcamiento de las protestas como parte de una demanda democrática, lo que permitió ampliar sus bases de apoyo. Según McAdam y Tarrow (2019), las movilizaciones alcanzan el éxito cuando logran alinear estos elementos de forma sinérgica, como sucedió en Bolivia en 2019. Este enfoque también permite explicar por qué, en otros contextos con oportunidades simi- lares, las movilizaciones no lograron el mismo resultado.

El recurso a estrategias de movilización, la acumulación de recursos y la adaptación progresiva del enmarcamiento fueron consecuencia del colapso del sistema de partidos políticos, que cerró el acceso que antes tenían a la polí- tica institucional tradicional. Dicho colapso creó una situación en la que la derecha no tradicional debió adaptarse para mantener su relevancia e incidir en las decisiones políticas. El triunfo del MAS, junto con la reforma consti- tucional —y, por ende, del sistema electoral—, cambió el panorama político y pronto dejó claro a las élites de derecha la necesidad de recurrir a la política contenciosa y a la movilización para conservar su condición de actor político relevante. Este proceso colocó a la derecha no tradicional en posición para capi- talizar la oportunidad política que ofrecieron las acusaciones de fraude en las elecciones presidenciales de 2019. Para entonces, ya había adquirido suficien- tes recursos de movilización —en términos de organización, ideas e identidades— a través de un proceso de aprendizaje que le permitió adoptar y adaptar estrategias contenciosas, tanto en los repertorios utilizados como en el marco de la protesta. Estas protestas no son un estallido repentino, sino el resultado de una estrategia deliberada, elegida por la derecha ante el cambio del panorama político institucional y la ineficacia de los actores tradicionales frente a la capa- cidad de movilización del MAS.

Para comprender cómo se produjo este desenlace, el artículo explora la estrategia de movilización seguida por la derecha desde la llegada del MAS al poder y cómo con el tiempo aprendió de sus errores, lo que condujo a los even- tos de 2019. El éxito de la movilización se explica por la existencia de recursos de movilización no electorales, creados al margen de la política instituciona- lizada. Si bien el giro de los acontecimientos podría interpretarse como un repentino estallido de quejas de la población boliviana contra el retroceso democrático ilustrado en una elección específica, el éxito de la oposición no tradicional solo puede entenderse en el contexto de la construcción de recursos organizativos y de un marco interpretativo apropiado, que le permitió alcanzar un amplio poder de convocatoria cuando se presentó una oportunidad polí- tica: la denuncia de fraude. La oposición no tradicional boliviana no era por naturaleza un actor político contencioso, sino que adoptó esta estrategia en respuesta al mandato de Morales, tanto por la reforma constitucional como por la constatación de que la política contenciosa también representaba un canal viable para expresar demandas políticas. Este artículo busca mostrar no solo que bajo ciertas circunstancias las estrategias no institucionales pueden tener éxito contra el retroceso democrático (Gamboa 2017), sino también qué elementos resultan necesarios para lograr ese resultado, tomando en cuenta que eventos anteriores en Bolivia y movilizaciones similares en Venezuela no generaron resultados comparables.

3. Partidos y organizaciones políticas.

Antes de la crisis política de 2003, cuando las movilizaciones masivas derro- caron al gobierno de Sánchez de Lozada, y en particular antes de la Asamblea Constituyente de 2006, los partidos políticos de la derecha tenían pocos incentivos para apelar al electorado en términos generales. Por su parte, las organizaciones civiles de las regiones orientales habían presentado algunas demandas de autonomía, aunque también se mostraban conformes con el statu quo. Las particularidades del colapso del sistema de partidos y la consolidación del MAS como el principal actor político tuvieron un pro- fundo impacto en la desinstitucionalización de los partidos tradicionales, en particular los de derecha (tanto aquellos históricamente de derecha como los que adoptaron ese posicionamiento bajo la influencia del Consenso de Washington, como el Movimiento Nacionalista Revolucionario [MNR]).

Antes de la llegada del MAS al poder, dos factores habían favorecido a la derecha —tanto a los partidos institucionales como a los colectivos no ins- titucionales— desde el retorno a la democracia en 1982: el sistema electoral, que contemplaba una segunda vuelta legislativa (que les permitía negociar a ese nivel en lugar de apelar a todo el electorado en las urnas), y la prevalencia del Consenso de Washington. El sistema electoral garantizaba que un partido apenas con el 20 % de los votos pudiera negociar su camino a la presidencia en un sistema presidencial en lugar de apelar a un electorado más amplio, mien- tras que el Consenso de Washington había reducido el papel del Estado, y ninguno de los partidos principales parecía dispuesto a cambiar los principios neoliberales de la economía boliviana. En este contexto, la derecha no institu- cional no requería luchar en la arena política para mantener su statu quo que consideraba favorable. La derecha se había instalado en una posición en la que no exigía un amplio apoyo electoral, sino simplemente la capacidad de nego- ciar en el ámbito legislativo.

En esas circunstancias, era razonable que los actores políticos del oriente boliviano se conformaran con desempeñar un papel menor, siempre que sus intereses económicos no se vieran afectados y pudieran eventualmente ejercer un papel decisivo en la elección del gobierno. A nivel nacional, el principal actor político de la región oriental fue la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), liderada inicialmente por Max Fernández —hasta su fallecimiento en 1995— y posteriormente por su hijo Johnny Fernández. Este partido formó parte de la megacoalición que apoyó la presidencia derechista de Hugo Banzer y Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1997, y luego votó por el MNR para ganar la presidencia en 2002. La UCS no pudo competir electoralmente a nivel nacional —ni lo intentó—, concentró sus esfuerzos en su base regional y logró asegurar que el sistema se mantuviera inalterado.

Este escenario cambió con la elección del MAS a fines de 2005, cuando Evo Morales ganó por una amplia mayoría del 54 % de los votos, en la pri- mera elección en más de dos décadas en la que un candidato alcanzó la pre- sidencia sin necesidad de segunda vuelta, lo que evitó cualquier negociación para asumir el cargo. Morales hizo campaña con la promesa de convocar una Asamblea Constituyente y logró capitalizar la desilusión con las instituciones democráticas para convocarla (Haggard y Kaufman 2021a). La asamblea fue dominada por grupos leales al presidente, aunque Poder Democrático Social (Podemos) —partido que reagrupó a las élites políticas anteriores— consiguió organizar cierta oposición (Haggard y Kaufman 2021a, 43). La nueva Constitución modificó el mecanismo de segunda vuelta, que pasó a ser una elección entre los dos candidatos más votados, en lugar de una votación en el ámbito legislativo. En un contexto de crisis del sistema de partidos (Mayorga 2004) y de una derecha fragmentada (la coalición de 1997 estaba compuesta por cuatro partidos, la de 2002 por tres grandes partidos, mientras otros dos partidos menores votaron por el MNR en el Congreso), esta reforma condujo a un deterioro de su viabilidad electoral y de su poder de oposición.

El gobierno del MAS ha sido caracterizado como una izquierda “contestata- ria”, que buscó preservar su popularidad mediante el desafío al neoliberalismo y el enfrentamiento con la oposición política (Weyland 2010). Como se ana- lizará más adelante, esta postura se manifestó con especial intensidad en su relación con la oposición no tradicional, a la que el MAS desacreditó de forma sistemática al acusarla de racismo y de intentar restaurar las jerarquías sociales anteriores. Después de 2006, la estrategia del statu quo, que había permitido a la derecha resguardar sus intereses sin involucrarse en la política electoral de masas, dejó de ser exitosa. Esta situación afectó particularmente a la derecha no tradicional y a la oposición en las regiones orientales, cuyos integrantes no provenían de la política partidista y tuvieron menos éxito a escala nacional. La estrategia que hasta entonces había garantizado la estabilidad de sus intereses ya no funcionaba, pero sustituirla por una fórmula exitosa tomaría tiempo, la construcción de nuevos recursos y una coalición sostenible, allí donde antes solo había un matrimonio de conveniencia.

La oposición institucional se había mantenido firmemente arraigada en La Paz. La coalición Comunidad Ciudadana, con la que Carlos Mesa se postuló en 2019, estaba compuesta principalmente por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), un partido político minoritario que lo invitó a encabezar la candidatura presidencial, y SOL.bo, el grupo cívico del alcalde de La Paz, Luis Revilla. Por lo tanto, la coalición tenía una base profundamente arraigada en las regiones occidentales y en la política tradicional de épocas anteriores (Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, el último presidente electo antes de la contundente victoria del MAS en 2005). Aunque esta coalición logró éxito en términos electorales y atrajo a votantes tanto en La Paz como en las regiones orientales, esto podría haber sido más la consecuencia de que el electorado decidiera su voto basándose en un análisis estratégico de quién podría ganar contra Evo Morales en una segunda vuelta más que necesaria- mente un reflejo de la fuerza de esta coalición. Esta impresión se vio reforzada por el rápido giro de los acontecimientos y por el liderazgo de Mesa que se disolvió solo días después de las elecciones.

Si bien los acontecimientos de 2019 podrían interpretarse como un esta- llido, similar al ocurrido en Chile ese mismo año, dicha interpretación no haría justicia a un movimiento que llevaba más de una década desarrollando estrategias de movilización y acumulando recursos. No se trató de un giro fortuito por parte de los sectores menos tradicionales de la derecha, sino del resultado de un proceso sostenido de construcción de una estrategia de opo- sición al margen de la política institucional (Eaton 2014; Bowen 2014; Krausova 2024). En la movilización de 2019, la oposición aprovechó una oportunidad política gracias a las lecciones aprendidas de intentos de movilización anteriores, tanto propios como ajenos, y a la acumulación de recursos para la movilización.

Ambas condiciones se deben a que ciertos sectores de la derecha boliviana recurrieron a las calles para oponerse al mandato de Morales. Si bien las denun- cias de fraude en 2019 propiciaron las protestas, la derecha no tradicional ya contaba con los recursos necesarios para sostenerlas en el tiempo. Las mani- festaciones previas (en particular sus fracasos) le habían permitido identificar qué repertorios polémicos podían ser más efectivos, cómo sostenerlos en el tiempo y de qué modo enmarcar sus protestas para atraer a una mayor parte de la población y evitar representaciones que las vincularan con discursos racistas.

A partir del marco analítico de los movimientos sociales, este artículo examina los eventos que llevaron a la movilización de 2019 con el fin de com- prender por qué esta movilización resultó exitosa en ese momento particular.⁴

Sin embargo, en lugar de centrarme exclusivamente en los movimientos sociales, adopto la definición de política contenciosa propuesta por Tarrow:

¹ La política contenciosa ocurre cuando la gente común, a menudo en alianza con ciudadanos más influyentes y con cambios en el estado de ánimo público, une fuer- zas en la confrontación con élites, autoridades y oponentes (…). La política contenciosa se desencadena cuando las oportunidades y limitaciones políticas cambiantes crean incentivos para que los actores que carecen de recursos por sí mismos tomen medidas. Las personas contienden a través de repertorios conocidos de contención y los expanden creando innovaciones en sus márgenes (Tarrow 2011, 6, [traducción propia]).

Para que la política contenciosa pueda considerarse “política”, debe implicar “interacciones en las que los actores presentan reivindicaciones que inciden en los intereses de otros actores, lo que da lugar a esfuerzos coordinados en nombre de intereses o programas compartidos, en los que los gobiernos parti- cipan como destinatarios, promotores de reivindicaciones o terceros” (Tilly y Tarrow 2015, 7, [traducción propia]). Es decir, la política contenciosa aún requiere actores con capacidad de movilización y recursos, que compitan mediante repertorios ajenos a la política institucional e involucren al gobierno.

En este caso, el marco de la política contenciosa permite enfocar los dife- rentes puntos de confrontación con el gobierno, a la vez que distingue estos eventos de los movimientos sociales sostenidos en el tiempo. Esta distinción resulta particularmente relevante en el caso de Bolivia por dos razones. En pri- mer lugar, la oposición territorial recurrió a repertorios contenciosos en lugar de intentar ganar en el ámbito electoral, al considerar que el gobierno centrali- zado de La Paz restringía su autonomía. En consecuencia, enfrentó al gobierno desde el margen de la política institucional, organizándose a través de comi- tés cívicos y otras formas de sociedad civil, y ejerciendo presión al gobierno mediante la movilización. En segundo lugar, el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), se originó como un movimiento social y debe gran parte de su éxito a su capacidad para articularse tanto con los movi- mientos sociales como con la política institucionalizada (Anria 2013, 22). En contraste, las protestas de 2019 no derivaron en un movimiento social soste- nido en el tiempo ni parecen ser actualmente un espacio de organización polí- tica. Por lo tanto, es importante diferenciar los eventos de 2019 de los logros alcanzados por el MAS.

Un movimiento social es un fenómeno mucho más complejo, caracterizado por: (1) campañas sostenidas en el tiempo en torno a una misma reivindicación (en Bolivia, la oposición no tradicional presentó diferentes reivindicaciones en distintos momentos); (2) varias representaciones públicas (la puesta en escena de diferentes acciones por parte de la oposición no tradicional en Bolivia no se mantuvo en el tiempo); (3) repetidas muestras públicas de unidad, compromiso, etc. (como veremos, la composición de la oposición no institucional varió con el tiempo, y aunque hacia 2019 mostró mayor unidad, su poder de convocatoria ha disminuido); y 4) la capacidad de apoyarse en bases del movimiento social (podría afirmarse que con el tiempo logró crear ciertas bases con relativo éxito) (Tilly y Tarrow, 2015, 11). Por lo tanto, si bien hablar de una movilización democrática y el uso de la política contenciosa tras las elecciones de 2019 es un marco útil para comprender lo que ocurrió, analizar hasta qué punto la oposición no tradicional puede considerarse un movimiento social queda fuera de este estudio.

Sin embargo, en lugar de centrarme exclusivamente en los movimientos sociales, adopto la definición de política contenciosa propuesta por Tarrow:

¹ La política contenciosa ocurre cuando la gente común, a menudo en alianza con ciudadanos más influyentes y con cambios en el estado de ánimo público, une fuer- zas en la confrontación con élites, autoridades y oponentes […]. La política conten- ciosa se desencadena cuando las oportunidades y limitaciones políticas cambiantes crean incentivos para que los actores que carecen de recursos por sí mismos tomen medidas. Las personas contienden a través de repertorios conocidos de contención y los expanden creando innovaciones en sus márgenes (Tarrow 2011, 6, [traducción propia]).

Para que la política contenciosa pueda considerarse “política”, debe implicar “interacciones en las que los actores presentan reivindicaciones que inciden en los intereses de otros actores, lo que da lugar a esfuerzos coordinados en nombre de intereses o programas compartidos, en los que los gobiernos parti- cipan como destinatarios, promotores de reivindicaciones o terceros” (Tilly y Tarrow 2015, 7, [traducción propia]). Es decir, la política contenciosa aún requiere actores con capacidad de movilización y recursos, que compitan mediante repertorios ajenos a la política institucional e involucren al gobierno.

En este caso, el marco de la política contenciosa permite enfocar los dife- rentes puntos de confrontación con el gobierno, a la vez que distingue estos eventos de los movimientos sociales sostenidos en el tiempo. Esta distinción resulta particularmente relevante en el caso de Bolivia por dos razones. En pri- mer lugar, la oposición territorial recurrió a repertorios contenciosos en lugar de intentar ganar en el ámbito electoral, al considerar que el gobierno centrali- zado de La Paz restringía su autonomía. En consecuencia, enfrentó al gobierno desde el margen de la política institucional, organizándose a través de comi- tés cívicos y otras formas de sociedad civil, y ejerciendo presión al gobierno mediante la movilización. En segundo lugar, el partido de Evo Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), se originó como un movimiento social y debe gran parte de su éxito a su capacidad para articularse tanto con los movimientos sociales como con la política institucionalizada (Anria 2013, 22). En contraste, las protestas de 2019 no derivaron en un movimiento social sostenido en el tiempo ni parecen ser actualmente un espacio de organización política. Por lo tanto, es importante diferenciar los eventos de 2019 de los logros alcanzados por el MAS.

Un movimiento social es un fenómeno mucho más complejo, caracterizado por: (1) campañas sostenidas en el tiempo en torno a una misma reivindicación (en Bolivia, la oposición no tradicional presentó diferentes reivindicaciones en distintos momentos); (2) varias representaciones públicas (la puesta en escena de diferentes acciones por parte de la oposición no tradicional en Bolivia no se mantuvo en el tiempo); (3) repetidas muestras públicas de unidad, com- promiso, etc. (como veremos, la composición de la oposición no institucional varió con el tiempo, y aunque hacia 2019 mostró mayor unidad, su poder de convocatoria ha disminuido); y 4) la capacidad de apoyarse en bases del movi- miento social (podría afirmarse que con el tiempo logró crear ciertas bases con relativo éxito) (Tilly y Tarrow 2015, 11). Por lo tanto, si bien hablar de una movilización democrática y el uso de la política contenciosa tras las elecciones de 2019 es un marco útil para comprender lo que ocurrió, analizar hasta qué punto la oposición no tradicional puede considerarse un movimiento social queda fuera de este estudio.

Por otro lado, es importante entender que el éxito de estas movilizaciones reflejó una realidad más compleja que un estallido repentino de protestas. Las manifestaciones masivas no siempre constituyen el medio más eficiente para presionar por un cambio de régimen, y otras técnicas que perturban la economía pueden obtener concesiones más inmediatas (Chenoweth 2020, 78). Estas tácticas requieren mayor capacidad de planificación y organización, puesto que los movimientos que participan en la formación de coaliciones y en el entrenamiento previo a las protestas masivas suelen estar mejor posicionados para atraer un seguimiento más diverso y amplio (Chenoweth 2020, 79). En este sentido, los recursos que la oposición no tradicional logró acumular para coordinar y organizar un tipo de manifestación sostenible en el tiempo y capaz de ejercer suficiente presión sobre el gobierno hasta romper su control del poder no pueden atribuirse a simples protestas.

Los recursos de movilización son materiales, humanos, socioorganizativos, culturales y morales (Edwards et al. 2019, 80) y

¹ dependen en parte de la disponibilidad de 'repertorios de protesta' (conocimiento de símbolos, espacios públicos relevantes, información táctica), que pueden ser organi- zados y coordinados por redes descentralizadas de líderes (…) las organizaciones más antiguas son actores fundamentales para movilizar a la gente en las calles y generar amenazas sostenidas al gobierno autoritario (Haggard y Kaufman 2016, 16, [traducción propia]).

Como se observa, los recursos no están fácilmente disponibles y requieren que las y los líderes los desarrollen con el tiempo para alcanzar cierto grado de capa- cidad organizativa que permita coordinar las acciones de la gente en las calles. En el caso de Bolivia, la oposición no tradicional encontró en los comités cívi- cos la asociación necesaria para organizar actos contenciosos y sostenerlos en el tiempo.

Otro elemento clave de la política contenciosa es el marco de las protestas. Este implica la

Como se observa, los recursos no están fácilmente disponibles y requieren que las y los líderes los desarrollen con el tiempo para alcanzar cierto grado de capacidad organizativa que permita coordinar las acciones de la gente en las calles. En el caso de Bolivia, la oposición no tradicional encontró en los comités cívi- cos la asociación necesaria para organizar actos contenciosos y sostenerlos en el tiempo. Otro elemento clave de la política contenciosa es el marco de las protestas. Este implica la (McAdam et al. 2001, 44, [traducción propia]

Un marco exitoso resulta fundamental para el éxito de las movilizaciones, y su eficacia aumenta en la medida en que logra resonancia entre la población más allá de las bases originales de la movilización y el conflicto (Snow et al. 1986). En Bolivia, la derecha no convencional logró desplazar la narrativa regionalista y racial que había dominado sus movilizaciones por un marco más amplio y compartido de defensa de la democracia, aunque no instauró un proyecto ple- namente democrático una vez en el poder.

Las elecciones de 2019 habían situado a la democracia como el clivaje central del proceso electoral. Esta se convertiría entonces en el eje de las protestas, lo que ofreció por primera vez a la oposición la posibilidad de enmarcar su accionar en términos de defensa democrática, capaz de reunir el apoyo de una amplia coalición de actores. Ello contrastó con el enmarcamiento que el gobierno siempre había asignado a su política contenciosa, centrado en lo terri- torial y racial, lo que intensificó la polarización y alejó a posibles aliados.

Finalmente, el impacto de los movimientos también depende de sus interacciones con el régimen, con cinco propiedades particularmente determinantes:

(1) la multiplicidad de centros independientes de poder dentro del régimen; (2) su apertura a nuevos actores y movimientos; (3) la inestabilidad de las alineaciones políticas actuales; (4) la disponibilidad de aliados o partidarios influyentes; (5) el grado en que el régimen suprime o facilita las reivindicaciones colectivas; y (6) los cambios en estas propiedades (McAdam y Tarrow, 2019, 21,[traducción propia]

En Bolivia, estas propiedades se habían mantenido relativamente estables durante la mayor parte del mandato del MAS, aunque ya mostraban señales de fluctuación antes de que los acontecimientos de las elecciones de 2019 agudi- zaran la desestabilización. El MAS había contado con el apoyo de una amplia coalición de grupos y, con el paso del tiempo y el fin del auge de las materias primas, dicha coalición se tornó más frágil. No solo había perdido respaldo electoral de forma progresiva, sino que, como veremos en la siguiente sección, también había perdido parte del apoyo indígena, componente crucial de su narrativa política y su fundamento de legitimidad.

Los movimientos sociales se consideran una parte crucial de la política boliviana y lo han sido mucho antes de la llegada de Evo Morales al poder. A medida que se desintegraba el sistema político que permitía a la derecha regio- nal proteger sus intereses sin participar activamente en la política electoral, esta se vio obligada a adaptarse. En este contexto, la oposición no tradicional aprendió a operar mediante la política contenciosa, de forma similar a la de los movimientos sociales exitosos como el MAS. En línea con la afirmación de Valdivia Rivera (2021), quien sostiene que los movimientos sociales en Bolivia se han convertido en “una condición sine qua non, que impide a cualquier fuerza política gobernar sin ‘poder contencioso’” (2021, 33), la siguiente sec- ción intenta reconstruir cómo la derecha no tradicional aprendió a hacerlo con el tiempo.

4. Acumulación de recursos, marco de las movilizaciones y proceso de aprendizaje

4.1 2008: Las regiones de la Media Luna protestan por mayor autonomía

Tras el ciclo de protestas masivas de principios de la década de 2000 en Bolivia, el MAS se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales de 2005. No obs- tante, dichos comicios profundizaron el clivaje entre Oriente y Occidente. En 2008, las tensiones habían aumentado hasta el punto de que Santa Cruz recla- maba mayor autonomía y denunciaba las políticas izquierdistas del gobierno, mientras este intentaba aprobar el borrador final de la Constitución elaborado por la Asamblea Constituyente.

Los gobernadores de las regiones orientales y los comités cívicos corres- pondientes se consolidaron como la oposición más fuerte al gobierno central, aunque las negociaciones y los compromisos aún se discutían y acordaban a nivel parlamentario (Uggla 2009, 251), entre actores surgidos de la política institucionalizada pertenecientes en su mayoría a la élite política más tradi- cional que aún giraba en torno al centro político de La Paz. Las cuatro regio- nes de la “Media Luna” (que comprende las regiones orientales de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, y en ocasiones Sucre) habían convocado referendos sobre su autonomía, a pesar de que el Tribunal Electoral y el Poder Judicial ya habían rechazado dichas iniciativas por carecer de base legal. Aunque los referendos se llevaron a cabo, su dudosa legitimidad provocó una participación limitada. Sin embargo, esto envalentonó tanto a las regiones como a sus gobernadores, quie- nes exigieron al gobierno nacional mayor autonomía. El gobierno no estaba dispuesto a ceder.

Entre agosto y septiembre de 2008, las protestas y el malestar social aumen- taron en la Media Luna. A medida que la situación se agravaba, se intensifica- ron los enfrentamientos entre la oposición, los manifestantes oficialistas y las fuerzas del orden. Se bloquearon carreteras y se ocuparon oficinas estatales. La crisis adquirió una dimensión sin precedentes cuando el gobierno boliviano advirtió que la situación podría escalar a una guerra civil. En septiembre, los enfrentamientos en Pando entre manifestantes a favor y en contra del gobierno causaron varias muertes (Defensoría del Pueblo 2009). Finalmente, las negociaciones entre el gobierno y las regiones, junto con la convocatoria de un referéndum para aprobar la nueva Constitución, lograron reducir la tensión.

La importancia de los gobernadores fue reconocida, pero solo en cuanto a sus reclamos de autonomía y poderes regionales, los cuales se incorporaron en cierta medida a la nueva Constitución, pero también se transformaron de tal manera que disiparon el poder regional en lugar de fortalecerlo. Las nego- ciaciones para la aceptación del nuevo texto constitucional, tema central de la política boliviana en ese año, se desarrollaron en el Parlamento (Uggla 2009), lo que evidenció a quién reconocía el gobierno como oposición relevante y la escasa articulación de estos movimientos regionales con la política nacional. El acuerdo final se alcanzó con manifestantes progubernamentales frente al Congreso, e incluyó concesiones de ambas partes, entre las que destacó la reti- rada de la cláusula de doble reelección para Morales (Uggla 2009, 260).

Se evitó una crisis grave y la oposición regional de la Media Luna logró expresar sus quejas, en particular la denuncia de las políticas izquierdistas del MAS y el centralismo de La Paz. Cuando la oposición regional comenzó a desplegar políticas contenciosas, —que, como se mencionó, incluyeron la ocu- pación de oficinas estatales—, la primera respuesta del gobierno nacional fue la represión; sin embargo, posteriormente aceptó negociar. No obstante, una de las consecuencias más significativas de este aumento temprano de la tensión fue que, en un país profundamente desigual y diverso, estos eventos avivaron las tensiones raciales. El gobierno presentó las demandas de la oposición como un intento de mantener la discriminación y exclusión de la población indí- gena por parte de una minoría blanca. Finalmente, la oposición no tradicional quedó al margen de las principales negociaciones políticas.

Esta interacción parece haber seguido el patrón que Gray Molina identi- ficó como característico de la negociación política en ese período en Bolivia: primero, los movimientos sociales y regionales tomaron las calles, luego el gobierno se vio obligado a iniciar algún tipo de negociación, pero finalmente no se llegó a un acuerdo real sobre ningún tema (Gray Molina 2010, 59). Si este evento fue ilustrativo de una tendencia común de interacción, se hace evidente que la oposición no tradicional —en particular los grupos políticos de la región oriental— terminaría por desistir de intentar obtener concesiones directamente del gobierno y aprendería rápidamente que las protestas no arti- culadas, espontáneas más que adecuadamente organizadas, no eran suficientes para mantener la presión. Tampoco lograron enmarcar la movilización en sus propios términos, pues perdieron la disputa simbólica frente al gobierno, que los presentó como interesados en perpetuar la discriminación y exclusión de la población indígena por parte de la minoría blanca, tal como había ocurrido durante siglos antes de la llegada de Evo Morales al poder. Este marco de inter- pretación reforzó aún más la falta de articulación del movimiento, ya que tenía poco poder de convocatoria fuera de las élites de la región de la Media Luna.

En este contexto, las protestas en torno a la decisión de avanzar con la construcción de una carretera que dividiría parte de la selva en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) fueron usadas por la oposición como un intento de contrarrestar la imagen que el gobierno había atribuido a su movimiento. La carretera fue muy disputada en la región y desencadenó protestas que se extendieron durante dos meses en 2011, reprimidas con vio- lencia por la policía. Cuando los manifestantes —muchos de ellos originarios del Tipnis, territorio indígena— llegaron finalmente a La Paz, fueron reci- bidos con vítores por las y los residentes. La oposición apoyó la movilización (Valdivia Rivera 2021, 43) y destacaría su composición indígena como estrategia para contrarrestar la narrativa racista promovida por el gobierno respecto del enfrentamiento entre este y la oposición proveniente de la Media Luna. Hasta hoy, varios líderes/as de la oposición mencionan los sucesos del Tipnis al denunciar al gobierno de Morales. Dada la composición política de la oposición de la Media Luna, socialmente conservadora y económicamente neoliberal, parece improbable que este apoyo se basara en una queja compar- tida, sino más bien en una estrategia para superar la imagen que el gobierno le daba a la oposición y lograr que otras oposiciones se unieran a sus esfuerzos. No obstante, la oposición no tradicional de la Media Luna no articuló nin- guna acción conjunta con otros actores.

4.2 EL 21F

Aunque la oposición había intentado generar impulso a partir de estos y otros eventos, en 2014 Evo Morales ganaría la presidencia con el 60 % de los votos y sus resultados electorales se mantuvieron bastante consistentes en la mayor parte del país, incluso en el bastión opositor de Santa Cruz. Su éxito electoral se vio favorecido por el crecimiento económico y por indicadores macroeco- nómicos positivos. Luis Arce Cataorca, entonces ministro de Economía, había garantizado el orden en ese frente. Aún más, el gobierno de Morales logró apa- ciguar a las y los empresarios de Santa Cruz, quienes dejaron de expresar una oposición abierta al gobierno (Stefanoni 2014). Sin embargo, la ola electoral duró poco y el partido de Morales, el MAS, perdió las elecciones locales de 2015, con el golpe significativo de haber perdido un bastión del MAS, El Alto. El 21 de febrero de 2016, Morales perdió el referéndum sobre la reforma consti- tucional que le había permitido postularse nuevamente, con derrotas en todas las regiones de la Media Luna y victorias en La Paz, Oruro y Cochabamba. Sin embargo, en 2017 el Tribunal Constitucional le permitió presentar su can- didatura presidencial, en un contexto de profundo deterioro del sistema de controles y equilibrios institucionales.

Estos eventos desencadenaron las movilizaciones del 21F contra el intento de reelección de Morales, bajo el lema “Bolivia dijo NO” (Valdivia Rivera 2021, 45). La oposición recurrió a diferentes estrategias contenciosas, desde marchas de protesta hasta huelgas de hambre, e intentó rememorar el referén- dum cada 21 de febrero. Aunque no logró evitar que Evo Morales se postulara nuevamente a la presidencia, consolidó sus vínculos, fortaleció una narrativa democrática y procuró coordinar esfuerzos en todo el país. La oposición con- siguió convocar acciones contenciosas denunciando el referéndum en más de una ocasión y a lo largo de 2017 se organizaron múltiples protestas contra la posibilidad de que Morales se presentara como candidato en 2019. La mayoría de estas protestas y movilizaciones fueron no violentas.

La dimensión de las protestas disminuyó con el tiempo, pero evidenció la persistencia de los movimientos y su capacidad para sostener acciones, así como una composición cambiante. En diciembre de 2017, por ejemplo, las mujeres de Santa Cruz asumieron el liderazgo de las protestas (El Deber 2019), lo que reflejó una vocación más amplia que en los años siguientes se convertiría en parte de la narrativa de la contienda. A medida que las organizaciones cívicas lideradas por mujeres se expandieron, se consolidaron como actores relevantes de la oposición no tradicional.

De igual manera, los comités cívicos de la región de la Media Luna adqui- rieron cada vez mayor importancia en la articulación de acciones contenciosas. Uno de los actores clave en las protestas de 2019, Luis Camacho, llegó a presidir el Comité Cívico de Santa Cruz gracias al 21F. Más significativo aún, este proceso trascendió la oposición habitual de la Media Luna, ya que el Comité Cívico de Potosí también se movilizó en diferentes momentos pre- vios a 2019, manifestando que consideraban que el MAS había fallado a la región (Valdivia Rivera 2021, 43).

Estos acontecimientos, junto con la derrota en el referéndum y en eleccio- nes significativas, comenzaron a evidenciar las debilidades del gobierno, que llegó a los comicios de 2019 desgastado y con conflictos internos en el MAS, al quedar claro para otros líderes que únicamente Evo Morales podía aspirar a la presidencia. Mientras tanto, la oposición por primera vez logró convocar a una mayor variedad de actores, construir una narrativa centrada en la defensa de la democracia —y no solo en la oposición al oficialismo—, y comprendió la importancia de articular sus acciones a través de organizaciones como los comités cívicos.

4.3 elecciones de 2019

Las elecciones de 2019 se llevaron a cabo en medio de una creciente moviliza- ción y una región que lentamente cambiaba de color, donde Chile, Argentina y Brasil habían elegido presidentes de derecha, y en Ecuador Lenin Moreno ya gobernaba desde la derecha, aunque se hubiera postulado desde una plata- forma más izquierdista. Cuando llegó el 20 de octubre, el día de las elecciones bolivianas, fue la primera vez en más de una década en que Morales no tenía una mayoría clara. Esto complicó su candidatura, ya que necesitaba alcanzar el 50 % de los votos, o al menos el 40 % con una ventaja de diez puntos sobre el segundo candidato, para evitar una segunda vuelta. Más aún, necesitaba una victoria contundente para superar la ilegitimidad asociada a su postula- ción tras el referéndum del 21F de 2016. El día de las elecciones, el recuento se detuvo cuando alcanzaba el 83 %, momento en que la diferencia entre los dos candidatos más votados era de siete puntos (Redacción BBC 2019). Sin embargo, días después, el recuento oficial otorgó a Morales un resultado del 47.08 % de los votos y a Mesa el 36.51 % (una diferencia de 10.54 puntos) (Órgano Electoral Plurinacional 2019).

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el gobierno dieron diferentes razo- nes para detener el recuento, lo que perjudicó la confianza de la población en los resultados. La oposición ya estaba preparada para denunciar cualquier resultado que diera la victoria directa a Morales, ya que no lo reconocían como candidato, pero la diferencia entre los recuentos iniciales y el recuento oficial final encendió la mecha. Las protestas tomaron las calles y, cuando el presi- dente Morales se burló de sus estrategias contenciosas (con desdén, el presi- dente dijo que podía enseñarles un par de cosas sobre protestar), los grupos se apropiaron del término y comenzaron a llamarse “pititas” (Molina 2020). El movimiento lo presentó como una señal de la unidad que regresaría al país con la caída de Morales (Zamorano Villarreal 2020, 158), intentando cambiar la narrativa racista de “nosotros contra ellos” que había acompañado actos contenciosos previos de la oposición de la Media Luna.

A medida que las demandas pasaron de exigir una segunda vuelta hacia la convocatoria de nuevas elecciones (pues, si los comicios habían sido fraudulen- tos, también debía anularse la composición del cuerpo legislativo), Carlos Mesa, segundo candidato presidencial más votado, perdió rápidamente rele- vancia, y emergieron dos nuevas figuras en la oposición, Luis Camacho y Marco Pumari. Este último había liderado el Comité Cívico de Potosí durante 2019, incluso antes de las elecciones, cuando exigió que Morales no se pos- tulara a la presidencia y organizó un paro en contra de una empresa mixta de litio. Al continuar convocando protestas en medio de las acusaciones de fraude, Pumari fue catapultado al centro del escenario nacional (Valdivia Rivera 2021, 44). Por su parte, Luis Camacho había sido un líder impor- tante en Santa Cruz desde las protestas del 21F, pero se convirtió en un actor central de estos eventos dado que Santa Cruz permaneció bloqueada durante 21 días, lo que generó un impacto económico disruptivo y requirió una consi- derable capacidad organizativa.

Las crecientes movilizaciones se enfrentaron con contramovilizaciones de simpatizantes del MAS, que denunciaban que se estaban robando las eleccio- nes. A medida que la polarización se intensificaba, varios efectivos policiales se rehusaron a cumplir órdenes para dispersar las protestas. Aunque Morales había mantenido altos niveles de popularidad, sus partidarios no salieron a apoyarlo como en ocasiones anteriores (Stefanoni 2020). El 10 de noviembre, la OEA informó que había identificado demasiadas irregularidades durante su auditoría electoral como para poder avalar los resultados de las elecciones presidenciales. Aunque resulte imposible determinar exactamente qué condujo al giro de los acontecimientos, lo cierto es que los militares “sugirieron cortésmente” la renuncia de Morales, en un contexto de claras rupturas dentro de las fuerzas de seguridad del Estado. Las unidades policiales a cargo de reprimir las manifestaciones se amotinaron en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y en las primeras etapas de las protestas los militares habían enviado una carta al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, William Kaliman, solicitando que no se desplegaran tropas para reprimir a la población. Estos hechos parece- rían indicar que el movimiento alcanzó una magnitud suficiente para “alterar el statu quo e inducir deserciones que separan al régimen de sus principales pilares de apoyo” (Chenoweth 2020, 74). Ante el motín policial y la “invita- ción” de las Fuerzas Armadas a renunciar, Morales dimitió.

Dos tipos de recursos parecen haber sido decisivos en el giro de los aconte- cimientos. En primer lugar, los gremios y comités cívicos en diferentes regiones del país aportaron recursos fundamentales para facilitar las protestas. El surgi- miento de Luis Camacho y Marco Pumari como líderes visibles de las movili- zaciones demuestra cuán centrales fueron estos comités en la organización de las manifestaciones y el papel crucial que desempeñaron tanto en su amplitud —al extenderse más allá de la oposición habitual de la Media Luna— como en su sostenibilidad en el tiempo. Ambos comités cívicos ya se encontraban activos antes de las acusaciones de fraude y lograron convocar movilizaciones exitosas en Santa Cruz y Potosí. En segundo lugar, varias de las estrategias contenciosas utilizadas durante este periodo provinieron de repertorios no violentos, transmitidos por miembros de organizaciones cívicas de oposición en los últimos años.5 Como menciona Chenoweth (2020), esto reviste parti- cular importancia dado que la resistencia no violenta presenta mayor eficacia para propiciar cambios de régimen y convocar un apoyo más amplio. Final- mente, ninguna oportunidad conduce inevitablemente a la movilización. No obstante, si las y los contendientes la perciben como tal, puede actuar como un mecanismo de activación para poblaciones hasta ese momento inmovilizadas (McAdam et al. 2001, 43). Los acontecimientos de 2019 fueron percibidos como una oportunidad por la oposición y se enmarcaron en una narrativa uni- ficadora centrada en un clivaje democrático, lo que logró articular una movili- zación más allá de los “sospechosos habituales” de la región de la Media Luna.

4. Conclusiones

El artículo argumenta que la caída del gobierno de Morales en 2019 no fue una coincidencia ni un giro inevitable de los acontecimientos, en el que un estallido social fue lo suficientemente grande como para generar un cambio significativo, como las protestas en la misma época en Chile. Por el contra- rio, los hechos respondieron a la construcción de una estrategia deliberada por parte de la oposición no tradicional, que logró reunir los recursos necesarios en términos de capacidad organizativa interna y aprendió a usar estrategias de enmarcamiento para ampliar su poder de convocatoria ante la eventual apari- ción de una oportunidad política. El artículo demuestra que esta estrategia fue necesaria debido al cambio en la política institucionalizada que ocurrió durante el gobierno de Evo Morales, que alteró los mecanismos tradicionales mediante los que se protegerían sus intereses. Al carecer de estructuras políticas ins- titucionales que les permitieran oponerse al gobierno a través de los canales regulares de representación, recurrieron a lo que habían identificado como una estrategia eficaz en el MAS: la política contenciosa y la movilización social.

Como en todo proceso político, no solo importan las acciones de un bando, sino también las del otro. Tanto las acciones como las inacciones del MAS y de la oposición más tradicional e institucional impactaron profundamente en las acciones y decisiones del movimiento opositor. El modelo del proceso político siempre ha reconocido que el tiempo y las oportunidades tienen rele- vancia, aunque no lo explican todo. En particular, la política instituciona- lizada puede ayudar a explicar los diferentes destinos de los movimientos sociales (McAdam y Tarrow 2019, 20). Por lo tanto, el argumento de este artículo entrelaza las tres perspectivas teóricas en torno a los movimientos sociales (Edwards et al. 2019, 80): la oportunidad política (las denuncias de fraude de 2019); el marco interpretativo (el enmarcamiento de las protestas en términos de la democracia); y la movilización de recursos (la organización de comités cívicos y la difusión de nuevos repertorios de contención), con el fin de explicar el éxito de las manifestaciones. La derecha no tradicional logró acumular diversos recursos y construir un enmarcamiento más eficaz a tra- vés de la experiencia que acumuló en protestas fallidas anteriores. En cuanto a recursos organizativos, estableció, mediante los comités cívicos regionales de Santa Cruz y Potosí, estructuras clave de coordinación y redes descentralizadas de liderazgo fuera de la Media Luna (como Pumari), además de asociaciones gremiales y civiles que proporcionaron apoyo logístico a los paros y bloqueos. Reunió también recursos humanos, con activistas formados en distintas movilizaciones que lograron incorporar a nuevos actores, como las mujeres. Los recursos materiales no fueron menores al contar con capacidad económica suficiente para sostener bloqueos prolongados y con el respaldo de gremios empresariales en Santa Cruz. En términos del enmarcamiento, las protestas lograron un marco interpretativo centrado en la defensa de la democracia y se reapropiaron de símbolos como el término ‘pititas’ para proyectar unidad y legitimidad. En los años previos también buscaron apoyar causas estratégicas para desmontar la narrativa oficial de racismo y regionalismo.

Además, se reconoce el papel de la política institucionalizada, dado que la derecha no tradicional optó por este camino como estrategia deliberada, producto del cambio en el panorama de los partidos políticos provocado tanto por el éxito del MAS como por la transformación del sistema electoral. Sin embargo, si bien la derecha logró movilizarse con mayor éxito a corto plazo, sus intentos de crear un movimiento más sostenible que conecte con bases socia- les más amplias de una manera sostenible y atractiva parecen haber fracasado. Esto podría explicarse en parte por la ausencia de una propuesta programática capaz de apelar a una base más amplia, pero también revela las deficiencias de su tipo de movilización y su dependencia de un enemigo definido o de un punto de unión para poder movilizarse.

Notas:

¹ El Consenso de Washington es una etiqueta usada para referirse a un conjunto de recomendaciones de políticas económicas con un énfasis en la privatización y liberalización de la economía (Kaplan 2014).

²Algunos sostienen que se trató de un golpe de Estado, mientras que otros afirman que las Fuerzas Armadas simple- mente dieron una clara señal de que no acatarían órdenes de represión. Si bien la percepción de Evo Morales sobre este suceso resulta relevante para comprender los acontecimientos, también cuesta imaginar un escenario en el que las Fuerzas Armadas, —y en particular Kaliman, quien hasta entonces había sido un aliado cercano de Morales— hubieran formulado tal pedido sin la presión de las movilizaciones que cuestionaban la legitimidad de su elección y, por lo tanto, de su presidencia.

³Empleo el término “podría” porque la idea de que todas las personas que participan en movilizaciones deben compartir un agravio común ha sido desacreditada desde hace mucho tiempo (McAdam et al. 2001; Tilly y Tallow 2015).

⁴ No profundizo en el gobierno posterior de Jeanine Áñez y sus implicaciones para la frágil democracia de Bolivia.

⁵ En una conversación informal, una líder de la sociedad civil de Santa Cruz señaló haber impartido y asistido a talleres sobre movilización no violenta. De manera similar, otra referente de la sociedad civil, Jhanisse Vaca Daza, destacó el papel de figuras como Gandhi y Martin Luther King Jr. en los repertorios de protesta utilizados por la oposición, según lo expresó en una declaración ante la OEA (ver https://bit.ly/3SHIvp0).

Referencias

Recibido: 30 de marzo de 2025

Aceptado:06 de mayo de 2025

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