1. Introducción

Medir la democracia, las elecciones y su calidad no es fácil (^{Schmitter y Karl 1991}; ^{Boese 2019}; ^{Gerring et al. 2021}; ^{Gorokhovskaia 2024}; ^{Little y Meng 2024}). El primer reto es definir qué se debe medir y cómo hacerlo. A esto se suman problemas técnicos y políticos. En el ámbito técnico, surgen dudas sobre el origen y la calidad de los datos, el sesgo, el tamaño de la muestra y la confiabilidad del método estadístico. En el plano político, se presentan cuestionamientos que van desde la supuesta injerencia en la soberanía nacional, hasta la experiencia y reputación de los evaluadores. Por ello, el principal reto radica en encontrar una medida lo más objetiva y aceptable posible.

Diversos índices evalúan la calidad de los procesos electorales. Algunos se centran en medir la calidad de la democracia y dentro de ella incluyen indicadores relacionados con las elecciones. Sin embargo, estos índices son muy amplios y abarcan conceptos que trascienden la integridad del proceso electoral, abarcando otros aspectos del sistema político y sus instituciones. Aunque importantes, son indicadores que no están directamente vinculados con la libertad y equidad del sufragio. Otros índices específicos sobre procesos electorales tienden a enfocarse en aspectos procedimentales, así como en la administración y justicia electoral, sin considerar el contexto político y de libertades que permite o impide la celebración de elecciones democráticas.

Otra área de oportunidad en las métricas existentes está relacionada con el tipo de indicadores y su aplicación. Todos estos índices, incluidos el Bertelsmann Transformation Index (^{Bertelsmann Stiftung 2023}), el Lexical Index on Electoral Democracy (^{Skaaning et al. 2015}) y el Polity V (Marshall y Gurr 2020), utilizan indicadores académicos con sustento en la literatura y la práctica de la ciencia política. Estos estudios abordan temas como estado de derecho, libertades fundamentales, participación política, igualdad política, separación de poderes. No obstante, debido a su enfoque académico, se trata de indicadores no jurídicos y, por lo tanto, no vinculantes.

Los indicadores propuestos por el Índice de Elecciones Democráticas no se basan en criterios académicos, sino en el derecho internacional público. Aunque existe una correspondencia significativa entre ambos tipos de indicadores, la diferencia radica en que los jurídicos tienen su origen en reglas expresamente reconocidas por los Estados, contenidas en tratados y convenciones internacionales de carácter universal, regional y específico. Esto se sustenta en la perspectiva de integridad electoral, basada en “principios y estándares de elecciones democráticas y que aplican universalmente a todos los países” (^{Norris 2014}, 21-22 traducción propia).

Sin embargo, hasta la fecha, esta agenda no se ha implementado y no existen indicadores cuantitativos con fundamento legal que permitan una evaluación estricta del proceso electoral. La actual propuesta de medición cierra esta brecha.

2. Índice de elecciones democráticas: cerrando la brecha y complementando las mediciones existentes

La propuesta de evaluar elecciones desde el enfoque del derecho internacional no es nueva. Distintos académicos y juristas (^{Goodwin-Gill 2006};^{Boda 2005}; ^{Hardin Young 2016}) han destacado el valor de vincular los principios del derecho internacional con la administración electoral. Además, distintas organizaciones como Idea Internacional (^{Tuccinardi 2014}) y el Centro Carter (2024) han sistematizado tratados internacionales y las obligaciones en materia electoral derivadas de ellos, incluso mediante herramientas como listas de verificación o checklist (^{Tuccinardi 2014}) diseñadas para orientar el cumplimiento de la normativa electoral internacional.

La importancia de la normatividad internacional es cada vez más evidente y distintas organizaciones la aplican en contextos específicos, como opiniones jurídicas o misiones de observación electoral. No obstante, persiste una brecha entre los “principios y su implementación práctica” (^{Boda 2005}, 208) y entre este enfoque y su medición. Actualmente, no existe un índice que evalúe de manera completa la integridad electoral con fundamento legal sólido.

Los índices actuales pueden agruparse en dos categorías principales. El primer grupo incluye aquellos que buscan medir la calidad de la democracia. El segundo engloba estudios que miden la calidad de los procesos electorales, usualmente enfocados en aspectos administrativos o de justicia electoral. A continuación, se describen brevemente estas dos categorías, junto con sus características y áreas de oportunidad.

En el primer grupo se encuentran indicadores como Freedom in the World de Freedom House (2024), el Democracy Index del Economist Intelligence Unit (2023) y los Global State of Democracy Indices de IDEA Internacional (2023). Estas herramientas suelen clasificar a los países por tipo de régimen (democrático, híbrido y autoritario) y evaluar distintos atributos de la democracia. Sin embargo, no todos estos atributos son directamente aplicables a la integridad de un proceso electoral. Por ejemplo, evalúan aspectos como la independencia judicial (en todo tipo de cortes y tribunales, no exclusivamente en la jurisdicción electoral) o la igualdad de género (en ámbitos más amplios que el político-electoral).

En el segundo grupo destacan el Índice de Percepciones de Integridad Electoral (^{Garnett et al. 2024}) y el Índice Global de Justicia Electoral (^{Concha Cantú et al. 2020}). Estas evaluaciones se enfocan en aspectos e indicadores específicos de la administración y justicia electoral. Una excepción es el Índice de Democracia Electoral de V-Dem, que también considera elementos del modelo de poliarquía de Robert Dahl, incluyendo la existencia de derechos individuales (^{Nord et al. 2024}, 53). Aunque este índice trasciende lo estrictamente electoral, no abarca la totalidad de indicadores necesarios para evaluar si un proceso electoral cumple ciertas condiciones democráticas mínimas.¹

El Índice de Elecciones Democráticas busca cerrar la brecha entre los tipos de medidas existentes. Por un lado, amplía los indicadores puramente electorales al incluir condiciones de contexto legal y político más amplias, como el ejercicio de libertades civiles y la seguridad física de votantes y otros actores. Por otro, ofrece indicadores específicos del proceso electoral que complementan las evaluaciones generales sobre democracia. Al integrar elementos de ambos enfoques, este índice permite una evaluación exhaustiva del proceso electoral, basada en fundamentos legales, y determina con precisión si puede considerarse democrático o no.

3. Aplicación de la metodología

El Índice de Elecciones Democráticas se calcula a través de la agregación de los puntajes obtenidos en cada uno de los 30 indicadores. La escala simple planteada va de 0 a 100, en la que 0 representa el puntaje mínimo y 100 indica el cumplimiento total de las condiciones políticas, legales y electorales para celebrar una elección íntegra. En esta escala cada indicador tiene el mismo peso, equivalente a 3.33 puntos, determinado por la división del puntaje máximo de la escala (100), entre el número total de indicadores (30).

Cada indicador se mide a través de una escala de Likert de cinco niveles, lo que permite evaluar el grado de cumplimiento de las normas internacionales asociadas. Tras analizar las distintas opciones de escalas de Likert disponibles (^{Vagias 2006}), se seleccionaron niveles que miden experiencias, debido a que las preguntas están dirigidas a especialistas en política y sistemas electorales del país estudiado. Los niveles de respuesta son cinco: a) completamente de acuerdo, b) de acuerdo, c) neutro, d) desacuerdo un poco, y e) en desacuerdo totalmente.

Estos niveles se cuantifican de 0 (el valor más bajo) a 4 (el más alto) y luego se ajustan a una escala de 0 a 3.33 para corresponder con los puntajes de cada indicador. De este modo, “completamente de acuerdo” (cumplimiento total del indicador) equivale a 3.33 puntos; “de acuerdo” se traduce en 2.49 puntos; “neutro” equivale a 1.66 puntos; en “desacuerdo un poco” equivale a 0.83 puntos; y “en desacuerdo totalmente” equivale a 0 puntos.

Para aplicar la evaluación, cada pregunta inicia con la frase “¿Se garantizó…?”, seguida del indicador específico. Por ejemplo: “¿Se garantizó el acceso a información gubernamental objetiva e imparcial?”. Este formato permite que las personas especialistas evalúen cada indicador dentro de una escala previamente establecida. El Anexo 3 incluye un ejemplo de la encuesta enviada a las personas especialistas de los tres países seleccionadas para la prueba piloto.

Finalmente, los puntajes obtenidos en cada indicador se suman para generar un total que se ubica en una escala simple de 0 a 100. Esta escala se divide en dos categorías según el puntaje obtenido y se determina el tipo de régimen del país: democrático o autoritario. Como se muestra en el ^{Gráfico 1}, el umbral o punto de corte entre ambas categorías se establece en un puntaje de 40 (de un total de 100). No se contemplan categorías intermedias, ya que el índice está diseñado específicamente para distinguir entre elecciones democráticas y simulaciones autoritarias.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1  Puntajes y categorías: Índice de Elecciones Libres y Justas

Los países situados por debajo del umbral se clasifican como autocracias, ya que, aunque pueden obtener puntajes medios o altos en algunos indicadores, en conjunto no cumplen con las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas. Por el contrario, los países que superan el umbral pueden enfrentar problemas significativos según su puntaje, pero sus elecciones aún pueden considerarse lo suficientemente libres y justas como para considerarlas democráticas.

Es importante destacar que las clasificaciones categóricas pueden generar dificultades, especialmente en los casos en que los puntajes se ubican próximos al umbral establecido (tanto por debajo como por encima). Para abordar esta incertidumbre, se propone establecer un margen de +/- 10 % alrededor del umbral (entre 36 y 44 puntos), lo que permite una evaluación contextualizada de estos casos antes de emitir una clasificación definitiva.

Para garantizar la confiabilidad del instrumento, cada pregunta o indicador debe ser contestado por al menos 20 personas. Siguiendo la metodología del Proyecto de Integridad Electoral (^{Garnett et al. 2024}), estas personas deben tener conocimientos acreditados en materia político-electoral del país en cuestión y ser de origen nacional e internacional, procurando un balance de diez especialistas de cada grupo. Este enfoque permite neutralizar sesgos y asegurar que los hallazgos sean representativos y generalizables. Finalmente, el puntaje más alto y el puntaje más bajo son eliminados para la estimación del promedio.

4. Prueba piloto

Se desarrolló una primera prueba piloto del Índice de Elecciones Libres y Justas, aplicada a tres elecciones nacionales en América Latina durante 2024: las elecciones presidenciales en El Salvador (4 de febrero), las elecciones generales en Panamá (5 de mayo) y las elecciones federales en México (2 de junio). La encuesta con los 30 indicadores/preguntas se compartió con diez especialistas locales por país, quienes respondieron de manera independiente. Los resultados, consolidados y promediados, arrojaron puntajes de 37.8 para El Salvador, 55.6 para México y 66.7 para Panamá, como se muestra a continuación:

Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de encuestas piloto.

Gráfico 2  Resultados de la prueba piloto para tres países latinoamericanos con elecciones nacionales celebradas en 2024

5. Conclusiones

Para que una elección sea libre, no basta con cumplir los mínimos arreglos legales e institucionales (Huq y Ginsburg 2018, 6). Si esto fuera suficiente, países como Rusia, que celebran elecciones formalmente multipartidistas y periódicas, serían considerados democracias. No obstante, para que las elecciones sean auténticas, deben garantizar el derecho a participar, un derecho multidimensional que depende de otros derechos esenciales para su ejercicio (^{Davis Roberts 2016}, 3).

Las 13 condiciones y los 30 indicadores presentados en el Índice de Elecciones Democráticas reflejan esta complejidad al evaluar no solo la calidad técnica, procedimental e institucional de una elección, sino también los derechos de libertad e igualdad que garantizan un sufragio auténtico, seguro y libre de influencias indebidas. Este enfoque trasciende los índices electorales actuales al incorporar indicadores que abarcan el contexto legal y político. Al hacerlo, permite determinar si una elección es verdaderamente democrática o si constituye una simulación autoritaria. Además, la metodología se fundamenta en el derecho público internacional y los derechos humanos.

Finalmente, es importante destacar que esta metodología y su índice también están concebidos como instrumentos de política pública. Su diseño permite identificar áreas de oportunidad y, a partir de ello, implementar medidas para mejorar leyes, instituciones y procedimientos. No se trata únicamente de asignar un puntaje global que clasifique y compare a los países, sino de señalar los indicadores y condiciones que requieren fortalecimiento para robustecer su democracia. Este es, en esencia, el objetivo del índice.