1. Introducción

La violencia política contra las mujeres basada en género ha ganado creciente atención mundial y se ha convertido en objeto de recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como de las agendas de instituciones como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Interparlamentaria (IPU). Así como en otros aspectos relacionados con la participación política de las mujeres, América Latina ha sido un hervidero de iniciativas y acciones dirigidas a frenar este tipo de violencia. Existen dos factores relevantes que han impulsado esta tendencia: la notable experiencia regional hacia la paridad de género en la política en comparación con el ritmo de otras regiones del mundo; y, en conexión con el anterior, la ocurrencia de casos en diferentes países de la región relacionados con asesinatos, intentos de asesinato o formas explícitas de violencia —aunque no necesariamente físicas— contra mujeres que se destacaron en el liderazgo político en algún nivel en sus países.

Para responder a este fenómeno, que ha cobrado mayor visibilidad debido a los compromisos democráticos y a los acuerdos internacionales que los países de la región han suscrito en favor de la igualdad de género, se han creado y ampliado legislaciones y aparatos institucionales. En las últimas décadas, se han introducido nuevas legislaciones para tratar y combatir la violencia política, y un número creciente de países ha aprobado leyes en esta dirección. De esta forma, la violencia política contra las mujeres ha sido tipificada sobre la base de las formulaciones generales de la violencia de género, que incluyen la violencia física, sexual o psicológica; sin embargo, el debate reciente apunta, además, hacia otras dimensiones. La literatura ha reconocido un fundamento general: aunque todos los individuos pueden sufrir algún tipo de violencia en el escenario político, existe una forma sistemática de violencia dirigida a las mujeres en la política por su condición de mujeres, arraigada en valores, prácticas e instituciones sexistas (^{Krook y Sanin 2020}; ^{Albaine 2016}; ^{Freidenberg 2023}; Biroli 2016).

Además de las formas clásicas tipificadas, la violencia simbólica y la violencia económica o patrimonial han adquirido relevancia. La primera, de naturaleza difusa, puede operar como un desincentivo o contraejemplo, puesto que, en general, afecta la reputación, genera exposiciones públicas negativas y tiende a asociarse con ataques a la sexualidad, la intimidad y otros mecanismos que inhiben la participación de mujeres y otros grupos excluidos en la arena política. La segunda forma, la violencia económica, puede operar de modo directo e indirecto. De manera directa, se han identificado varios mecanismos que reducen las oportunidades de éxito electoral de las mujeres, no solo porque poseen menos recursos económicos que los hombres, sino también porque son ignoradas en las prioridades partidarias. De modo indirecto, estos aspectos se relacionan con filtros que operan incluso antes de las candidaturas, ya sea por condiciones relacionadas con el capital financiero, elementos asociados a la cultura política electoral o los valores de género preponderantes (^{Matland 2005}).

Brasil sigue la tendencia de la región, con respuestas políticas que amplían el debate público y promueven investigaciones e iniciativas legislativas, aunque en este ámbito, como se analizará más adelante, con cierto retraso en comparación con otros países de la región. La ley específica¹ fue presentada al Congreso en 2015, aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados en 2019 y, luego, en el Senado de la República en 2020. Promulgada en 2021, la ley establece normas para prevenir, reprimir y combatir la violencia política contra la mujer en Brasil. En el mismo año, se aprobaron otras legislaciones en el marco de una reforma electoral que incorporó importantes medidas para perfeccionar las leyes de cuotas anteriores en el Código Electoral.

La ley aprobada en Brasil se ha aplicado en una única elección, la de 2022, que incluyó elecciones generales para dos cargos ejecutivos —presidente y gobernadores— y tres cargos legislativos —senadores (en este caso, un tercio), diputados federales y diputados estatales—. Para el Ejecutivo nacional, Brasil eligió al presidente Lula para su tercer mandato presidencial, después de una intensa disputa y polarización política con el entonces presidente Jair Bolsonaro. Para el Ejecutivo estadual se eligieron 27 gobernadores, de los cuales 2 eran mujeres. En las elecciones legislativas, se eligieron 4 mujeres para las 27 vacantes en disputa para el Senado. En cuanto a la Cámara de Diputados y las Asambleas Legislativas, las mujeres elegidas representaron el 18 % del total de vacantes en disputa.

La ley de combate a la violencia política contra las mujeres entró en vigor en un escenario marcado por una historia de intensa polarización política entre izquierda y derecha, así como por iniciativas que perfeccionaron la Ley de Cuotas. Con este “telón de fondo”, el presente artículo propone observar cómo los partidos políticos respondieron a este contexto, a partir de un recorte específico de investigación en desarrollo en el país.

La investigación más abarcadora involucra el mapeo, a través de internet, de campañas contra la violencia de género llevadas a cabo por actores institucionales en Brasil. Entre los actores institucionales observados se encuentran los partidos políticos y sus acciones destinadas a combatir la violencia, en particular la violencia política por razones de género.

Los datos aquí analizados se centran en la variable de este tipo de violencia política. Para obtenerlos, realizamos las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto se puede interpretar la existencia de la legislación como estímulo para que los partidos políticos aborden la violencia política por razones de género? ¿Cuáles son los mensajes sobre violencia política emitidos por los partidos en sus diferentes niveles organizativos? ¿Qué sectores internos de los partidos producen estas campañas y qué revelan sobre la incorporación del tema en el ámbito institucional? ¿A qué público se dirigen estas campañas? ¿A los activistas y militantes, o a las mujeres en general? ¿En qué medida los datos disponibles permiten identificar una relación entre ideología y compromiso partidario con el tema? ¿Ser de izquierda o de derecha todavía ofrece alguna información en relación con la agenda pública partidaria centrada en este tema?

El objetivo de este artículo es, por tanto, profundizar en el conocimiento sobre la violencia política contra las mujeres² (VPCM) en Brasil y explorar los caminos para su prevención. El análisis se centra en las acciones de uno de los actores institucionales clave en el proceso democrático: los partidos políticos. Específicamente, se examina un tipo de acción implementada para combatir esta forma de violencia a partir de una estrategia de comunicación concreta: las campañas públicas de prevención de la violencia de género con enfoque en la política, es decir, la violencia política contra las mujeres. Analizamos cómo los partidos políticos abordan este tema según su espectro ideológico y las implicaciones de este enfoque en su posicionamiento respecto de la violencia de género.

El estudio abarca un período de cuatro años: desde 2019, cuando el tema fue inicialmente aprobado en la Cámara de Diputados, hasta 2022, año en que se celebraron las elecciones generales en el país, ya bajo la vigencia de la ley. Ponemos énfasis en el año 2022 con el fin de comparar estos dos momentos y comprender cómo los partidos políticos trataron el tema durante el período electoral, en un escenario de profunda polarización política y de una ofensiva antigénero por parte de los sectores más conservadores de la sociedad brasileña.

Existen dos hipótesis principales que orientan nuestro estudio. La primera sostiene que los partidos de izquierda tienden a tratar con mayor frecuencia el tema de la violencia política contra las mujeres, no solo debido a su compromiso histórico con las agendas igualitarias, sino también porque los casos emblemáticos que originaron esta problemática en Brasil estaban protagoniza- dos por mujeres políticas de partidos de izquierda. La segunda hipótesis plantea que la centralidad de las secretarías de mujeres en la producción de estas campañas es crucial; es decir, se presume que gran parte del involucramiento y el compromiso de los partidos políticos en la prevención y el enfrentamiento de la violencia política contra las mujeres está vinculado a la actuación de estas estructuras partidarias específicas.

2. La violencia política contra las mujeres por razones de género en América Latina y Brasil: contextos y antecedentes

Como se ha indicado, la violencia política por razones de género ha ganado mayor visibilidad, lo que ha generado un incremento en los registros estadísticos que destacan la necesidad de su prevención y contención. En 2016, una investigación de la Unión Interparlamentaria (IPU, por sus siglas en inglés), con parlamentarios de diferentes países, reveló que el 82 % de las encuestadas reportaron ser víctimas de comentarios sexistas, intimidaciones, amenazas y fuga de datos personales, mientras que el 44 % reportaron haber recibido amenazas de muerte, violación, palizas, secuestro, entre otros tipos de amenaza física (IPU 2016). Los datos de ONU Mujeres (2019), recogidos por Rafaela Rocha Arnaud, apuntan que el 82 % de las mujeres han sufrido violencia política en la modalidad de violencia psicológica; el 25 % en la modalidad de violencia física; el 20 % acoso sexual y el 40 % afirmaron que la violencia generó impactos negativos en su agenda legislativa (^{Arnaud 2023}, 202).

Además, casos de asesinatos de mujeres políticas, como los de Juana Quispe Apaza en Bolivia (2012), Berta Cáceres en Honduras (2016) y Marielle Franco en Brasil (2018), refuerzan la importancia que ha ganado este tema (^{Albaine 2019}). Es a partir de esta perspectiva que algunas autoras defienden el uso de la categoría “violencia política de género” como relevante para la agenda pública, argumentando que dicha violencia se intensifica en momentos de reacción a las agendas de igualdad de género y diversidad sexual (^{Freidenberg y Del Valle 2017}; ^{Biroli 2018}; ^{Krook y Restrepo Sanin 2020}).

La respuesta político-institucional resultó en la aprobación de un conjunto de legislaciones en la región, muchas de ellas inspiradas en la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, aprobada por la Comisión Interamericana de Mujeres en 2016. Esta ley se formuló con el objetivo de diseñar parámetros para que los Estados los sigan en la construcción de sus legislaciones específicas. ^{Freidenberg (2023)} identificó diez países que han aprobado alguna forma de legislación en esta materia, entre ellos Brasil, uno de los más tardíos en tomar esta iniciativa.^{3 Arnaud (2023)} también incluye a Venezuela, que aprobó una ley en 2021, en un análisis sobre Sudamérica; sin embargo, registró que este país no cumple con determinados requisitos que las convenciones regionales exigen para que sea considerado como democrático. De todos modos, se contabilizaron once países que han legislado sobre el tema.

Es importante señalar que en 2020 se celebraron las elecciones municipales – para alcaldes y concejales – y que fue el año subsiguiente a la aprobación de la ley en la Cámara de Diputados. Se observa una respuesta inicial, aunque limitada, en comparación con las iniciativas partidarias en torno a otras formas de violencia de género o contra la mujer. En 2022, año en que se realizaron las elecciones generales del país, que abarcaron cinco procesos electorales: dos para el Ejecutivo (presidente y gobernadores) y tres para el Legislativo (senadores, diputados federales y diputados estatales), el material relacionado con la VPCM ya correspondía a una cuarta parte de los tipos específicos retratados, como se detalla a continuación.

En la tabla anterior, se muestra que la mayoría de las campañas durante el año electoral no se enfocan en una forma específica de prevención de la violencia de género. Al considerar únicamente las campañas de prevención promovidas por los partidos políticos en Brasil, se observa la prevalencia del tratamiento de la violencia de género de manera abstracta, representada en el 60.6 % de los materiales analizados.⁹ Como se discutió anteriormente, este problema se relaciona con la necesidad de avanzar en la comprensión y perfeccionamiento de los marcos teóricos, conceptuales y normativos sobre los tipos de violencia y la violencia como fenómeno. Esto no solo refleja el alcance de los términos presentes en la tipificación de la violencia política, sino que también tiende a retratar la dimensión simbólica de esta violencia, así como la adopción de la propia expresión, puesto que nombrar un fenómeno es el primer paso para garantizar un tratamiento legal y un sistema de garantías de derechos (^{Mackinnon 1989}).

En ese sentido, la dimensión simbólica actúa de dos maneras: (1) es una de las principales manifestaciones de la violencia política y, por lo tanto, (2) es un mecanismo fundamental para enfrentarla. En este sentido, la propia ley brasileña tiene un carácter “genérico”, pues no explicita las formas de violencia sujetas a sanción. Como señaló Matos (2022), la imprecisión de la ley relativa a los actos que configuran la VPCM y la omisión sobre quiénes serían los agentes perpetradores reflejan un entendimiento limitado del fenómeno tal como lo expresa la legislación. La imprecisión de la ley puede reflejarse en la imprecisión de su tratamiento, pero también es necesario considerar otros aspectos relacionados con la comprensión que las instituciones tienen del fenómeno. De todos modos, resulta revelador que cuando miramos hacia las violencias específicas e identificadas, la violencia política aparezca como la forma principal retratada en las campañas de prevención durante el año electoral.

La prevalencia de la violencia política en las campañas también apunta hacia un desplazamiento del tema en las campañas de violencia producidas por los partidos políticos. En este caso, es difícil establecer una dirección causal, puesto que es probable que estas instituciones hayan sido estimuladas por la legislación, que, a su vez, surgió por iniciativa de mujeres dentro de los partidos políticos. Así, mientras que anteriormente la violencia de género se presentaba principalmente como una “bandera” de algunos políticos que promovían campañas con el objetivo de difundir acciones, proyectos de ley y proposiciones, ahora la política misma se configura como un locus de la violencia contra las mujeres basada en género.

Con base en la literatura que discute tales categorizaciones, agregamos los 37 partidos políticos con representación formal ante el TSE durante el período analizado, clasificándolos de acuerdo con su espectro ideológico en “derecha”, “centro” e “izquierda”. La dinámica que caracteriza los desplazamientos de los grupos partidarios, las reglas del sistema partidario brasileño y la fragmentación que ha generado dificultan una clasificación más perenne de los partidos políticos, sobre todo al tratarse de una definición grosso modo en términos de “centro y derecha”, debido a la fluidez de las alianzas partidarias y a las posiciones contradictorias en diversos temas (^{Bolognesi et al. 2022}; Scheeffer 2018). Por lo tanto, para efectos de comparación en el período estudiado, optamos por una clasificación propia, basada en la historia reciente de los partidos y en las dos referencias mencionadas. Esta agregación general también permite comprender cómo la adopción de la expresión “violencia política contra las mujeres”, en detrimento de “violencia política de género”, marca la inserción de políticos y partidos de derecha en el debate público sobre el tema y en la promoción de campañas.

De acuerdo con esta clasificación, los partidos de centro, a pesar de ser solo siete, producen el mayor volumen de materiales de campaña en general, seguidos por los partidos de izquierda, y, por último, por los de derecha. No es despreciable, sin embargo, el tamaño de estos partidos y su cobertura nacional en términos de directorios regionales y, sobre todo, municipales. Resulta interesante observar que partidos políticos de todos los espectros ideológicos generan campañas de prevención de la violencia contra las mujeres por motivos de género. Sin embargo, siguiendo lo que subraya la literatura acerca de que los partidos de izquierda son los más comprometidos con causas igualitarias, también en este caso son los principales productores de campañas enfocadas en la violencia política contra las mujeres.

Al igual que los partidos de centro, muchos partidos de izquierda son de porte mediano o pequeño. Además de la centralidad del debate sobre la violencia política, estos números pueden atribuirse al hecho de que mujeres pertenecientes a partidos de izquierda han sido blanco de algunos de los episodios más emblemáticos en el escenario político brasileño, como el impeachment de la presidenta Dilma Roussef y el asesinato de Marielle Franco.

Observamos también los destinatarios de las campañas, es decir, el público objetivo que los partidos deseaban alcanzar. Sin ignorar las características propias de la violencia política de género, se deben considerar algunos elementos comunes a otras formas de violencia al reflexionar sobre la producción de piezas de comunicación. Félix (2012), al estudiar el impacto de las campañas de prevención de la violencia de género, destaca que la comunicación es más efectiva cuando el emisor produce un mensaje adecuado a un receptor específico.

Por lo tanto, cuanto más delimitada esté la campaña en cuanto a su objetivo de prevención y destinatario, mayor será su efectividad.

La mayoría de las campañas sobre violencia de género impulsadas por partidos políticos carece de un destinatario específico; entre aquellas que sí lo tienen, solo el 11.4 % se dirige a mujeres víctimas. En el caso de la VPCM los números son más reveladores: el 96.5 % de las campañas no tienen un destinatario específico. Además de la novedad del tema, estas campañas buscan informar a nuevas o potenciales candidatas y actualizar a la población sobre prácticas violentas naturalizadas. Por lo tanto, este dato puede indicar el atractivo centrado en la movilización y sensibilización social, así como en la desnaturalización del fenómeno de la violencia política. Además, revela el carácter difuso de la violencia política contra las mujeres, lo que puede explicar por qué las campañas adoptan un enfoque amplio, dirigido a la sociedad en su conjunto.

Al abordar otros tipos de violencia, los partidos políticos pueden considerar más relevante comunicar a las posibles víctimas sobre canales de denuncia, informar sobre la tramitación de proyectos de ley o modificaciones en los marcos normativos, y destacar la propia actuación de los políticos y partidos en estos temas para atraer posibles votantes. Sin embargo, en el caso de la violencia política, el marco normativo no prevé quiénes son las víctimas y los perpetradores, ni establece un flujo específico para las denuncias, lo que tiende a reflejarse en las campañas. Esto coincide con lo que Matos (2022) describe como “un conjunto de incertidumbres” presentes en la Ley n. º 14.192 y en su diseño de la política pública de prevención.

Es preciso subrayar que los hallazgos recientes de investigaciones sobre violencia política de género indican que la violencia simbólica es un factor relevante que también impacta en la participación política de las mujeres (Krook y Restrepo Sanin 2020). La violencia simbólica es una forma colectiva de violencia no física que se manifiesta cuando se usan estereotipos de género para inhibir la actividad política de las mujeres. Un ejemplo reciente en la política brasileña es el episodio ocurrido en 2015 contra la entonces presidenta Dilma Rousseff, cuando se distribuyó una pegatina que la mostraba con las piernas abiertas, destinada a ser colocada en la entrada del tanque de gasolina de los automóviles. Este fenómeno se basa en cuestiones culturales, valores, prácticas e instituciones sexistas, y se manifiesta en contextos específicos tanto de la política formal como la informal. Aunque está claro quiénes pueden ser consideradas víctimas de este tipo de violencia, la tipificación establece que los perpetradores pueden ser diversos, incluidas las propias instituciones políticas. Esto representa un reto para delimitar las formas que adopta, los lugares donde ocurre, las víctimas y los autores. Esta dificultad también se evidencia al definir a los destinatarios de las campañas.

Evaluamos las campañas de prevención de la violencia a través de un protocolo internacional inspirado en el modelo de salud pública, que clasifica las acciones preventivas en primaria, secundaria, terciaria y terciaria indirecta (^{Moreno et al. 2019}). En este sentido, llamamos prevención primaria a las campañas con mensajes dirigidos a la eliminación de valores subyacentes al acoso o a la creación de condiciones que hagan improbable su ocurrencia, promoviendo valores de género más igualitarios ( ^{Ávila 2017}).

La prevención secundaria, o prevención temprana, se enfoca en la descripción de prácticas impropias con el fin de concienciar a potenciales víctimas, agresores y su entorno sobre los riesgos a los que están expuestos (^{Branco y Tomanik 2012}). El foco está en la identificación y comprensión de las señales, con el fin de deslegitimar e inhibir comportamientos de riesgo que pueden evolucionar hacia situaciones más graves. No encontramos ninguna campaña sobre violencia política de género que tuviera como objetivo la prevención secundaria. Este hecho refleja la dificultad de los partidos políticos para comprender y comunicar el fenómeno de manera que se ilustren las conductas de “riesgo”. La falta de este tipo de prevención sugiere que las formas que puede adoptar la violencia política aún no están claras para quienes diseñan y promueven las campañas de prevención. Además, como se ha discutido, estas formas tampoco están claramente definidas en la legislación ni en la tipología de la violencia y los actores involucrados.

La prevención terciaria se divide en terciaria directa e indirecta. La prevención terciaria directa, o de respuesta, se centra en abordar la violencia que ya ha ocurrido o todavía está en curso, lo que incentiva a las partes involucradas a romper con este estándar. Estas campañas comunican la existencia de canales de denuncia, mecanismos de coerción y medidas punitivas. Identificamos que ambos subtipos se encontraron en poco más de un tercio de las campañas.

También existen campañas que hemos clasificado como “mensajes abarcadores”. Aunque abordan el tema e incentivan a los individuos a oponerse a la violencia, no sugieren cómo hacerlo. Estas campañas expresan mensajes más generales, sin detallar las características inherentes al tipo de violencia retratado. Se trata de campañas que carecen de un objetivo preventivo claro y se limitan a difundir mensajes abstractos, palabras de orden, fechas conmemorativas o imperativos como “Diga no a la violencia contra las mujeres”. Al clasificar las campañas según su objetivo preventivo, la distribución de materiales se organizó de la siguiente manera:

Así como en los casos de tipo de violencia abordada y del público objetivo, identificamos aquí la predilección por el enfoque en mensajes abarcadores sobre la violencia política contra las mujeres. Este enfoque parece estar relacionado con la reciente promulgación de la ley, las formas difusas que adopta la VPCM, y los valores culturales que pueden estar más o menos comprometidos con las perspectivas de igualdad. En este caso, el mensaje abarcador se relaciona con la “etapa” actual, que consiste en la propagación del término, en la que las campañas actúan como productos simbólicos y concretos de una estrategia de contra discurso (^{Machado 2019}) para facilitar su asimilación por parte de la mayoría de la sociedad.

En Brasil, los partidos políticos se estructuran en tres niveles jerárquicos: directorios nacionales, estatales y municipales. Además, en el interior de cada una de estas estructuras puede haber secretarías dedicadas a temas de interés o a públicos específicos, como las secretarías de comunicación, juventud y, para este estudio, secretarías de mujeres. La creación de las secretarías de mujeres al interior de partidos surgió en respuesta a la demanda de una mayor participación femenina en la política. Las actividades desarrolladas tienen como objetivo principal reducir las desigualdades en la esfera del poder. Scapini et al. (2019) demostraron que, independientemente del espectro ideológico y aunque existan diferencias temáticas entre partidos de izquierda y derecha, el combate a la violencia es el eslabón temático entre partidos de todos los espectros ideológicos.

En cuanto a las unidades dentro de los partidos que producen campañas de prevención de la VPCM, identificamos que las secretarías de mujeres son las principales responsables en el ámbito de la comunicación partidaria. En 2022, estas estructuras fueron responsables de casi el 80 % de todas las campañas producidas. No obstante, al considerar el tema de las campañas, no notamos una diferencia significativa entre el directorio de mujeres y las demás estructuras partidarias. Esto sugiere que el tema de la VPCM no está restringido a sectores específicos del partido, pero también refuerza la importancia de estas secretarías para la promoción de acciones estratégicas.

Al analizar el peso de las secretarías de mujeres en el volumen de campañas producidas por los partidos, vemos que aquellos partidos clasificados como de izquierda y derecha presentan un valor semejante, con un 75.7 % y un 77 % respectivamente. En los partidos de centro, la cifra es mayor y ha alcanzado el 83 % del total de iniciativas. Este dato corrobora lo sugerido anteriormente: la centralidad de las secretarías de mujeres en la promoción de estas campañas. Sin embargo, revela el proceso de formación de “guetos” temáticos en el interior de los partidos. Es decir, a pesar de los cambios en las cifras, la violencia contra las mujeres sigue siendo considerada “un problema de las mujeres”, lo que es aplicable a partidos de todos los espectros ideológicos, sin ser una particularidad de la derecha.

Además, nos interesó explorar si existían diferencias en el contenido, los objetivos y los públicos entre las iniciativas de las secretarías de mujeres y otros órganos partidarios. Para ello, realizamos pruebas de chi-cuadrado en varias intersecciones de interés sobre la violencia representada, los destinatarios y los tipos de prevención. Esta técnica estadística se emplea para determinar si existe una asociación significativa entre variables categóricas. La prueba compara la frecuencia observada de eventos en una distribución con la frecuencia esperada, lo que permite identificar si las diferencias en el comportamiento de los casos analizados son estadísticamente significativas.

La única intersección significativa en la prueba chi-cuadrado¹⁰ fue la que se refiere al análisis de las campañas sobre VPCM y el alineamiento de los partidos. En este caso, se puede concluir que la producción de campañas sobre VPCM no es uniforme entre los partidos de diferentes alineamientos políticos.