4.1. De la exclusión al fraude procedimental

En las elecciones de 2016, diecinueve (19) agrupaciones políticas presentaron candidaturas presidenciales (JNE 2016). Sin embargo, conforme avanzó la campaña, algunos candidatos decidieron retirarse para preservar la inscripción de sus partidos políticos, como Hernando Guerra García (Canal N 2016a) y Yehude Simon (^{Redacción RPP 2016a}).¹ En contraste, dos candidatos fueron excluidos de la competencia electoral en contra de su voluntad: Julio Guzmán del Partido Morado y César Acuña de Alianza para el Progreso.

A inicios de año, Keiko Fujimori de Fuerza Popular lideraba las encuestas con alrededor del 30 % de intención de voto. Sin embargo, su ventaja se vio amenazada por el sorprendente ascenso de Julio Guzmán, candidato de Todos por el Perú, quien en pocas semanas pasó del 5 % al 18 % en las preferencias electorales. Guzmán se posicionaba como el principal rival de Fujimori, capitalizando su imagen de outsider y una figura nueva en la política. De hecho, en una hipotética segunda vuelta, las encuestas proyectaban un virtual empate entre ambos. Mientras tanto, candidatos más tradicionales como Pedro Pablo Kuczynski y Alan García experimentaban una disminución en su apoyo electoral (^{Ipsos 2016a}).

En este contexto, se produjo un giro inesperado en la campaña. El 8 de marzo de 2016, el JNE decidió excluir a Julio Guzmán de la contienda electoral, al argumentar irregularidades en el proceso de nominación interna de su partido. Guzmán y sus seguidores calificaron la decisión como un “fraude” y atribuyeron la medida a maniobras políticas para perjudicar su candidatura. Guzmán argumentó que las supuestas irregularidades en el proceso de nominación interna de su partido, Todos por el Perú, eran menores y no justificaban una sanción tan drástica como la exclusión. Acusó al JNE de actuar de manera parcializada y de ceder a presiones políticas.

El 4 de marzo, en una conferencia de prensa, Guzmán afirmó: “Cuando las autoridades exigen a sus ciudadanos que cumplan la ley y ellos son los primeros en quebrarla eso se llama fraude” (^{Redacción Gestión 2016}). La polémica se amplificó cuando Guzmán acusó a otros partidos políticos de cometer infracciones similares a las que motivaron su descalificación, como Peruanos por el Kambio (de Pedro Pablo Kuczynski), Alianza Popular (de Alan García)² y el oficialista Partido Nacionalista, quienes presuntamente violaron sus propios estatutos en la inscripción de sus fórmulas presidenciales, al igual que se le imputó a su agrupación Todos por el Perú. Además, Guzmán denunció que Fuerza Popular, el partido de Fujimori, y señaló que existían “evidencias en video y fotografía” de que habrían infringido la ley electoral al entregar dádivas y regalos en circunstancias similares a las que motivaron la exclusión del candidato César Acuña. Finalmente, Guzmán cuestionó la imparcialidad del JNE, organismo encargado de administrar justicia en materia electoral, dado el trato diferenciado a su candidatura sobre los otros partidos que cometieron infracciones similares (^{Fowks 2016a}).

Guzmán anunció que presentaría una acción de amparo ante el Poder Judicial y una medida cautelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el objetivo de revertir la decisión (^{Redacción Perú21 2019}). El objetivo de estos recursos era que se anulara la resolución que lo excluía de las elecciones (Canal N 2016a). No obstante, el pleno del JNE desestimó los recursos legales interpuestos tanto por Guzmán como por Acuña. En el caso de Julio Guzmán, tres magistrados (Elías Ayvar, Jesús Fernández y Jorge Rodríguez) votaron en contra de su recurso, mientras que dos (Francisco Távara, presidente del JNE, y Carlos Cornejo) lo respaldaron, pero su recurso extraordinario³ fue declarado infundado. El JNE concluyó que no se vulneró el debido proceso ni la tutela procesal efectiva⁴ y cerró la controversia en instancia final. Además, el organismo instó a los candidatos y autoridades políticas a respetar sus decisiones, lo que implicaba que Guzmán había agotado todas las vías disponibles dentro del sistema electoral para revertir su exclusión (^{Briceño 2016}).

Los seguidores de Guzmán se movilizaron en las calles para protestar contra lo que calificaron como un atropello contra su candidato. Convocaron a marchas en la Plaza San Martín de Lima y en diversas ciudades del país (^{Redacción RPP 2016c}). En redes sociales, los simpatizantes difundieron numerosos mensajes de apoyo a Guzmán y de condena al JNE (^{Paucar Albino 2016}). Aunque existía preocupación ante la probabilidad de que las protestas se tornen violentas, estas se desarrollaron de manera mayormente pacífica y la campaña electoral siguió su curso, aunque con un panorama drásticamente alterado debido a la exclusión de Guzmán.

Durante la campaña, algunos analistas políticos cuestionaron la decisión del JNE, calificándola de desproporcionada y contraria a la voluntad popular. Argumentaron que se estaba penalizando a Guzmán por tecnicismos legales, y que se le estaba negando a los electores la opción de votar por él (^{Encinas 2016}; ^{Fowks 2016a}). Medios internacionales también expresaron inquietud por el posible impacto de estas exclusiones en la legitimidad del proceso electoral (^{Fowks 2016b}; ^{Bello 2016}). Un hito importante fue la declaración de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien advirtió sobre la necesidad de restablecer los derechos de participación política para evitar percepciones de elecciones “semidemocráticas” (^{R. Mendoza 2016}).

A pesar de las críticas, otros expertos y líderes de opinión defendieron la legalidad de la medida, al señalar que todos los candidatos estaban obligados a cumplir las normas electorales. Además, argumentaron que el JNE estaba en su derecho de sancionar las infracciones (^{Radio Nacional 2016}; ^{Campos Bernal 2016}). Incluso recordaron que en 2010 el propio JNE excluyó al candidato Alex Kouri por una razón similar (Torres 2016). En cuanto a la percepción ciudadana, un 51 % de las y los peruanos estaba de acuerdo con dejar competir a Guzmán en las elecciones versus un 44 % apoyaba su exclusión. Igualmente, un 35 % atribuía la responsabilidad al propio Guzmán y a su partido por no asegurar su inscripción, mientras que un notable 21 % afirmaba que los responsables eran los otros partidos políticos que buscaban bloquear su candidatura (^{Ipsos 2016b}).

Tras la exclusión de Guzmán, la expectativa era que Fujimori se beneficiara al eliminar a su principal contendiente. Sin embargo, gran parte del electorado de Guzmán, en lugar de migrar hacia Fujimori, se volcó hacia la candidata de izquierda Verónika Mendoza, quien hasta entonces contaba con un apoyo marginal. En cuestión de semanas, Mendoza escaló hasta el segundo lugar en las encuestas y se convirtió en la nueva rival de Fujimori. En la primera vuelta, celebrada el 10 de abril, se daba como ganadora a Keiko Fujimori con el 39.9 % de los votos, seguida por Pedro Pablo Kuczynski con el 21 % y Verónika Mendoza con el 18.7 %. Fujimori y Kuczynski pasaron a segunda vuelta, mientras que Mendoza quedó fuera de la contienda por un estrecho margen. Finalmente, Pedro Pablo Kuczynski fue elegido presidente (^{ONPE 2016}). Aunque inicialmente Fujimori cuestionó los resultados de la elección, aceptó su derrota días después, lo que permitió una transición relativamente pacífica (^{Fowks 2016c}). A pesar de las acusaciones iniciales de fraude, el proceso electoral de 2016 no experimentó una crisis prolongada de legitimidad.

4.2. El “fraude en mesa”

Las elecciones de 2021 enfrentaron a Pedro Castillo, candidato de izquierda por el partido Perú Libre, y a Keiko Fujimori. El proceso electoral se desarrolló en un contexto de polarización política (^{Ponte Torrel 2022}; ^{M. Mendoza 2022}) y un clima de desconfianza institucional. La segunda vuelta, celebrada el 6 de junio, y dio por vencedor a Pedro Castillo con el 50.12 % de los votos, superando a Fujimori por un margen aproximado de 44 000 votos (ONPE 2021).

Inmediatamente después de la elección, Keiko Fujimori y Fuerza Popular se negaron a reconocer los resultados que indicaban una inminente victoria de Pedro Castillo (^Quesada y ^{Fowks 2021}). Fuerza Popular alegó principalmente la falsificación de firmas de miembros de mesa y el partido denunció un supuesto “fraude sistemático”. El partido presentó 945 pedidos de nulidad con el objetivo de anular aproximadamente 200 000 votos, concentrados principalmente en zonas rurales y andinas donde Castillo había obtenido una ventaja significativa (^{Pighi Bel 2021}). Estas áreas suelen estar habitadas por poblaciones de bajos recursos y tradicionalmente marginadas del proceso político. Sin embargo, solo 135 de estas solicitudes se presentaron dentro del plazo legal, que venció el 9 de junio a las 8:00 p. m. Las 810 solicitudes restantes se presentaron de manera extemporánea en los días siguientes,5 lo que complicó su validez legal desde el principio.

Fuerza Popular alegó múltiples motivos para solicitar la nulidad de actas, que incluían la supuesta falsificación de firmas de miembros de mesa, la suplantación de identidad de votantes, la existencia de “imposibles estadísticos” en mesas donde Fujimori no obtuvo votos y la presencia de familias completas actuando como miembros de mesa. Estas solicitudes se presentaron inicialmente ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), que rechazaron el 100 % de las 135 solicitudes presentadas dentro del plazo legal. Los motivos de rechazo incluyeron la falta de pago de la tasa requerida de S/ 1100 por solicitud y la ausencia de pruebas fehacientes que respaldaran las acusaciones.

Ante estos rechazos, Fuerza Popular apeló 282 resoluciones desfavorables ante el JNE. No obstante, el JNE mantuvo la validez del plazo legal original y desestimó la solicitud de Fuerza Popular para extenderlo. A partir del 23 de junio, el pleno del JNE comenzó la revisión de las apelaciones y las rechazó sistemáticamente debido a la falta de pruebas (^{Zubieta Pacco 2021}; Cabral 2021). Estas acciones no solo causaron demoras en la proclamación oficial de los resultados (^{France 24 2021a}), sino que también buscaron socavar la legitimidad de Pedro Castillo como presidente electo.

Las acusaciones de fraude profundizaron la división política en el país, con manifestaciones a favor y en contra de los resultados electorales. Sin embargo, la credibilidad de estas alegaciones varió significativamente según diferentes encuestas. Por ejemplo, la encuesta de Datum de junio, difundida por el programa Panorama, indicó que el 65 % de la población peruana consideraba que existían indicios de fraude electoral en la segunda vuelta (^{Redacción Gestión 2021}). Esta percepción variaba según la región y fue más alta en el centro del país (73 %), seguida del norte (68 %), Lima (64 %) y el sur y oriente (62 % y 60 %, respectivamente). Además, fue más pronunciada en los niveles socioeconómicos E y C, con un 75 % y 66 % respectivamente. De manera sorprendente, incluso entre los votantes de Pedro Castillo, el 50 % consideraba que existían indicios de fraude, mientras que, entre los votantes de Fujimori, esta cifra ascendía al 85 %.

En contraste, las encuestas del IEP (2021) e Ipsos (2021) presentaban una imagen diferente. Según el IEP, el 51 % de las personas encuestadas consideraba que no existió fraude y que estas acusaciones solo buscaban deslegitimar al futuro gobierno. Un 19 % adicional opinaba que, si bien Fuerza Popular tenía derecho a reclamar, esto no afectaría el resultado final de las elecciones. Solo el 24 % percibía que las denuncias de fraude tenían fundamento (^{IEP 2021}). Por su parte, los datos de Ipsos revelaron una marcada diferencia en la percepción de los candidatos: Castillo gozaba de un 52 % de aprobación por su desempeño durante el proceso electoral, mientras que Fujimori solo alcanzaba el 23 %, con una desaprobación del 74 %. En cuanto a la confianza en las instituciones electorales, aunque esta no era alta, tampoco reflejaba una crisis de legitimidad que respaldara las alegaciones de fraude generalizado. Finalmente, ^{Ipsos (2021}) destacó diferencias geográficas en la aprobación de Castillo: su respaldo era significativamente mayor en el interior del país (60 %) en comparación con Lima (38 %), donde Fujimori encontraba mayor apoyo. En general, la campaña de desinformación sobre el supuesto fraude electoral contribuyó a aumentar la tensión política y la polarización en el país.

El ambiente tenso derivó en el hostigamiento hacia las autoridades electorales y en la presentación de denuncias de fraude ante la OEA. Esta estrategia reflejó un intento por internacionalizar la disputa electoral y obtener respaldo externo para sus acusaciones de irregularidades. Sin embargo, el informe final de la Misión de Observación Electoral de la OEA presentado por el jefe de la misión, Rubén Ramírez Lezcano, desestimó categóricamente estas alegaciones. Según el documento, en la mayoría de los casos estas denuncias carecieron de recursos formales conforme a los procedimientos legales previstos por la normativa peruana para cuestionar los resultados (^{El Peruano 2022}). El reporte también destacó la existencia de campañas de desinformación en redes sociales, diseñadas para sembrar dudas sobre la transparencia de los comicios. Estas campañas, incluso, incluyeron ataques contra el trabajo de la propia OEA como organismo internacional de observación electoral. Este fenómeno evidenció que las alegaciones de fraude no se limitaron a los canales oficiales, sino que formaron parte de una estrategia mediática más amplia.

Aunque no se presentaron evidencias de fraude, esta campaña de información falsa ganó terreno entre un sector importante de líderes políticos y de opinión de derecha en el país (^{Pighi Bel 2021}). En paralelo a los esfuerzos legales, estos actores apoyaron y acogieron la movilización de nuevos movimientos de derecha radicalizada. Estos grupos difundieron teorías sobre supuestas conspiraciones y una supuesta “toma del poder” por parte del “comunismo”, lo que contribuyó a un clima de crispación política (^{Barrenechea y Encinas 2022}). El 19 de junio de 2021, dos semanas después de las elecciones, se produjeron manifestaciones masivas de partidarios tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori. Los seguidores de Castillo, provenientes en su mayoría de regiones andinas y amazónicas, marcharon en Lima y otras ciudades para “defender su voto” y exigir que se respetaran los resultados electorales (^{Fowks 2021}). Portando símbolos regionales y financiando sus traslados con sus propios recursos, expresaron su indignación por el retraso en la proclamación del ganador atribuido a las impugnaciones presentadas por Fuerza Popular. Por otro lado, los partidarios de Fujimori se congregaron bajo el lema “Respeta mi voto”, insistiendo en sus denuncias de irregularidades (AFP 2021). Estas movilizaciones simultáneas requirieron un despliegue de más de 3000 agentes de policía para mantener el orden público.

Más de un mes después de las elecciones, el 19 de julio de 2021, Keiko Fujimori reconoció los resultados electorales, aunque mantuvo sus acusaciones de irregularidades (^{Redacción BBC News Mundo 2021}). Pedro Castillo fue proclamado presidente electo y asumió el cargo el 28 de julio. Sin embargo, las fuerzas de derecha que respaldaban la narrativa del fraude, muchas con representación en el Congreso, decidieron continuar con esta campaña de deslegitimación del proceso electoral. El 19 de agosto, el Congreso de la República del Perú aprobó la creación de una comisión investigadora sobre las Elecciones Generales 2021. Esta decisión se tomó tras una reconsideración de la votación de la Moción 028, que obtuvo 46 votos a favor (el mínimo requerido), frente a 59 votos en contra y 9 abstenciones. La comisión, propuesta inicialmente por la bancada de Renovación Popular, tenía como objetivo investigar los “presuntos actos de corrupción y cualquier otro tipo de delitos que involucren a funcionarios o servidores públicos, así como a cualquier persona natural que resulte responsable de haber atentado contra el orden electoral y la voluntad popular” (^{Congreso de la República 2021}).

La comisión, presidida por el congresista Jorge Montoya de Renovación Popular, llevó a cabo su investigación durante aproximadamente ocho meses. En mayo de 2022, presentó sus conclusiones ante el pleno del Congreso. Entre los hallazgos más controvertidos, la comisión atribuyó “presunta responsabilidad penal” al presidente del JNE y a la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos por presuntos delitos de abuso de autoridad y usurpación de la función pública. Además, la comisión cuestionó la legitimidad de la elección de Pedro Castillo como presidente y de Dina Boluarte como vicepresidenta, al argumentar que sus designaciones debían considerarse “nulas e ilegítimas” (^{Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021 2022}). Durante la misma sesión, se presentó un informe en minoría sustentado por la congresista Sigrid Bazán Narro (CD-JP), que discrepaba con las conclusiones del informe mayoritario. En este documento sostenía que las elecciones generales de 2021 se desarrollaron conforme al marco legal peruano y que la elección de Pedro Castillo Terrones como presidente de la República era legítima y ajustada a la ley (^{Bazán Narro 2022}).

El 15 de junio de 2022, el Pleno del Congreso archivó tanto el informe en mayoría como el informe en minoría de la comisión investigadora de las elecciones generales de 2021. El informe en mayoría fue rechazado con 55 votos en contra, 42 a favor y 15 abstenciones (^{Congreso de la República 2022}). Este resultado evidenció que las conclusiones de la comisión no contaban con el respaldo mayoritario del Congreso. Posteriormente, el 9 de agosto de 2023, el Tribunal Constitucional declaró nula la creación de esta comisión “antifraude”, cerró definitivamente este proceso y deslegitimó sus conclusiones (^{Zárate 2023}).

En conclusión, aunque Fuerza Popular alegó fraude electoral, las autoridades competentes y los observadores internacionales validaron los resultados y calificaron las elecciones como legítimas a pesar de la controversia generada. La disputa poselectoral de 2021 fue considerablemente más intensa y prolongada que la de 2016, lo que reflejó una profunda polarización política en el país y dejó secuelas en la percepción de legitimidad del gobierno entrante.

4.3. Comparación

4.3.1. Similitudes en estrategias y narrativas de desinformación

En ambos procesos electorales, el término “fraude” jugó un papel central en las estrategias de deslegitimación del sistema electoral. En 2016, Julio Guzmán acusó al JNE de cometer un “fraude” al excluirlo de la contienda electoral. Por su parte, en 2021, Keiko Fujimori llevó esta narrativa aún más lejos al alegar la existencia de un “fraude sistemático” tras perder las elecciones, cuestionando no solo la integridad del JNE, sino también de la ONPE. En ambos casos, el uso del término “fraude” buscaba socavar la legitimidad de las instituciones electorales y crear dudas sobre la validez del proceso democrático.

Otra similitud notable fue la movilización de seguidores en las calles y el uso de recursos legales para impugnar las decisiones electorales en paralelo. En 2016, simpatizantes de Julio Guzmán organizaron protestas para denunciar su exclusión de la contienda electoral, mientras que en 2021 los partidarios de Keiko Fujimori organizaron manifestaciones masivas bajo el lema “Respeta mi voto”. En el ámbito legal, Guzmán presentó recursos de amparo y apelaciones para intentar revertir su exclusión, mientras que Fujimori interpuso múltiples solicitudes de nulidad de actas, buscando anular un número significativo de votos. Estas acciones demuestran cómo ambos actores políticos utilizaron tanto la movilización social como los mecanismos legales disponibles para desafiar las decisiones y resultados electorales.

Finalmente, en ambos casos, las autoridades electorales peruanas adoptaron una postura firme y consistente, aunque enfrentaron desafíos de diferente magnitud. En 2016, el JNE ratificó su decisión de excluir a Julio Guzmán de la contienda electoral, a pesar de las protestas y los recursos legales presentados. En 2021, tanto el JNE como la ONPE rechazaron sistemáticamente las impugnaciones presentadas por falta de evidencia sustancial.

4.3.2. Diferencias en contexto, actores y alcance de las alegaciones

A pesar de las similitudes en las estrategias de deslegitimación, los casos de 2016 y 2021 presentan diferencias significativas. En primer lugar, las alegaciones de fraude se presentaron en diferentes momentos del proceso electoral. En 2016, las alegaciones de fraude se dieron antes de las elecciones, durante la campaña de la primera vuelta. En contraste, la controversia de 2021 surgió después de las elecciones, cuando Fujimori cuestionó los resultados que la daban como perdedora, lo que afectó el proceso normal de transición de gobierno. Esta diferencia temporal tuvo un impacto significativo tanto en la respuesta institucional como en la opinión pública. En el caso de 2016, al tratarse de una controversia preelectoral, las instituciones electorales pudieron responder dentro de los plazos y procedimientos establecidos. El JNE procesó las apelaciones y emitió resoluciones fundamentadas antes del día de la elección, lo que permitió a las y los observadores internacionales evaluar y pronunciarse sobre las denuncias en un marco temporal adecuado. En contraste, las alegaciones poselectorales de 2021 generaron una presión temporal significativa sobre las instituciones, que se enfrentaron al desafío de balancear la necesidad de una revisión exhaustiva de las denuncias con la urgencia de proclamar los resultados. Esta presión temporal limitó la capacidad del JNE para comunicar de manera efectiva sus decisiones, lo que facilitó la narrativa de que las instituciones estaban “apresurando” el proceso.

El timing también influyó decisivamente en la capacidad de movilización y sostenimiento de las narrativas de fraude. En 2016, las protestas lideradas por Guzmán, aunque inicialmente intensas, fueron relativamente breves y perdieron fuerza a medida que el proceso electoral siguió su curso. La naturaleza preelectoral de la controversia significó que la atención pública eventualmente se desplazara hacia la campaña de los candidatos restantes. En cambio, las alegaciones poselectorales de 2021 permitieron una movilización más sostenida. La incertidumbre sobre el resultado final mantuvo el tema en la agenda pública durante semanas, lo que permitió a Fujimori sostener la presión a través de recursos legales sucesivos y manifestaciones continuas. Este escenario generó un ciclo de atención mediática autorreforzado.

La receptividad de las diferentes audiencias ante las alegaciones de fraude varió considerablemente según el momento en que se presentaron. En 2016, las acusaciones de Guzmán encontraron eco principalmente entre sus simpatizantes directos y ciertos sectores de clase media urbana preocupados por la calidad del proceso democrático. No obstante, debido a su naturaleza preelectoral, estas alegaciones fueron interpretadas por amplios sectores como parte de la contienda política normal. En contraste, las alegaciones poselectorales de 2021 activaron divisiones sociales y políticas más profundas. Los votantes de Castillo interpretaron los cuestionamientos como un intento de las élites por desconocer su victoria, mientras que los simpatizantes de Keiko Fujimori percibieron la proclamación de resultados como una confirmación de sus sospechas de fraude. Esta polarización en la receptividad fue exacerbada por el contexto poselectoral, en el que la urgencia por definir al ganador elevó las tensiones políticas.

En segundo lugar, el alcance de las alegaciones también difirió sustancialmente entre ambos casos. En 2016, las acusaciones de Guzmán se enfocaron específicamente en la decisión del JNE de excluirlo de la contienda electoral. Su reclamo se basó en la interpretación de las normas electorales y la imparcialidad del organismo en su caso particular, sin poner en duda otros aspectos del proceso electoral, como el conteo de votos o la conformación de mesas. Esta especificidad restringió el alcance de las alegaciones, lo que permitió que la controversia se resolviera dentro del marco institucional establecido. En contraste, las alegaciones de Fujimori en 2021 tuvieron un carácter sistemático, al poner en duda de manera simultánea la integridad de las actas electorales, la imparcialidad de los miembros de mesa, la actuación de los organismos electorales e incluso el rol de los observadores internacionales. La amplitud de estos cuestionamientos generó implicaciones más profundas para la legitimidad del sistema electoral en su conjunto. Mientras que en 2016 la controversia se resolvió dentro del marco institucional existente, en 2021 el cuestionamiento al sistema fue tan extenso que derivó en la creación de una comisión investigadora en el Congreso, lo que prolongó la controversia más allá del ámbito electoral.

En tercer lugar, la reacción de la comunidad internacional mostró diferencias significativas entre ambos casos. En 2016, aunque la exclusión de candidatos generó preocupación internacional, esta se expresó principalmente en forma de advertencias sobre la calidad democrática del proceso electoral. Un ejemplo de esta postura cautelosa fue la declaración del secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien alertó sobre el riesgo de elecciones “semidemocráticas”. En 2021, en cambio, la reacción internacional fue más robusta y explícita. La OEA, la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá emitieron pronunciamientos que respaldaron la integridad del proceso electoral. Esta diferencia refleja no solo la gravedad percibida de cada crisis, sino también un cambio en el contexto internacional. Después de las alegaciones de fraude en Estados Unidos (2020) y Brasil (2021), la comunidad internacional desarrolló protocolos más claros para responder a cuestionamientos electorales. Además, la activa búsqueda de respaldo internacional por parte de Fujimori, que incluyó el envío de delegaciones a Washington, contrastó con el enfoque más localizado de Guzmán, lo que elevó el perfil internacional de la controversia.

En cuanto a los actores principales, en 2016, Julio Guzmán se presentaba como un candidato relativamente nuevo en la escena política, un outsider que desafiaba al establishment. Su exclusión, aunque polémica, no generó una crisis prolongada de legitimidad en el sistema electoral. Además, hay una marcada diferencia en la capacidad organizacional: el partido de Guzmán funcionaba esencialmente como un vehículo electoral sin una base de partidarios/as leales, y él mismo era un invitado en la agrupación. Por otro lado, en 2021, Fujimori representaba una figura política consolidada en su tercera postulación a la presidencia. Fuerza Popular, su partido, se configuraba como una organización personalista centrada en su liderazgo, con una probada capacidad para movilizar y articular estrategias políticas. Esta capacidad fue crucial para sostener las alegaciones de fraude mucho después del proceso electoral mediante diversos canales: movilizaciones callejeras, recursos legales, presión mediática y acción parlamentaria. La diferencia en recursos y capacidades se reflejó también en el tipo de apoyo recibido. Mientras Guzmán captó principalmente a sectores urbanos clasemedieros, Fujimori logró movilizar una coalición más amplia, que incluía grupos empresariales, medios de comunicación y sectores conservadores.

De hecho, la campaña de deslegitimación de las elecciones del 2021 se extendió hasta mayo de 2023, cuando el Tribunal Constitucional declaró nula la creación de la comisión “antifraude”. La negativa de Keiko Fujimori a aceptar los resultados, respaldada por un sector significativo de la élite política y económica, junto con el apoyo de una estructura partidaria sólida, generó un impacto mucho más profundo y duradero en la estabilidad institucional del país. En cambio, la polémica en torno a la exclusión de Guzmán, aunque intensa, fue relativamente corta y se resolvió antes de las elecciones. Una vez que el JNE ratificó su decisión y se agotaron los recursos legales, el proceso electoral avanzó sin mayores cuestionamientos.

4.3.3. Entre apatía y radicalización

El contexto político en el que se desarrollaron ambos eventos fue marcadamente diferente. Las elecciones de 2016 se llevaron a cabo en un ambiente de relativa estabilidad política, en el que pese a las tensiones existía un consenso básico respecto a las reglas del juego democrático. En contraste, las elecciones de 2021 se desarrollaron en un contexto de alta polarización política y crisis institucional. El país atravesaba un período de inestabilidad marcado por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra, la breve gestión de Manuel Merino y las protestas sociales que derivaron en la asunción de Francisco Sagasti. Este ambiente de crisis y desconfianza en las instituciones proporcionó un escenario ideal para que las acusaciones de fraude promovidas por Fujimori ganaran tracción entre ciertos sectores de la población, lo que exacerbó aún más la división política en el país.

En 2016, la exclusión de Julio Guzmán provocó una división de opiniones entre la ciudadanía. Las encuestas reflejaban un equilibrio relativo entre quienes apoyaban su participación y quienes respaldaban su exclusión. Por el contrario, la situación en 2021 evidenció una polarización mucho más profunda y una desconfianza generalizada en el proceso electoral. Las encuestas mostraban resultados contradictorios, con una amplia variación en la percepción sobre la existencia de fraude. Además, las movilizaciones de 2021 lograron una mayor convocatoria, especialmente por parte de las y los partidarios de Pedro Castillo, quienes se sentían históricamente excluidos y percibían su victoria como una oportunidad de representación que no estaban dispuestos a ceder frente a las acusaciones de fraude.

A pesar de la aparente polarización y las intensas movilizaciones observadas en 2021, es posible que el efecto principal de estas alegaciones haya sido un aumento de la apatía política en amplios sectores de la sociedad peruana. Según el informe del Observatorio Nacional de Prospectiva del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la participación electoral en Perú experimentó una caída considerable en 2021 en comparación con elecciones anteriores. En la primera vuelta de 2021, la participación alcanzó el 70 %, mientras que en la segunda vuelta llegó al 74.6 %. Estos niveles representan los índices más bajos de participación en las últimas dos décadas, considerando que históricamente superaban el 80 % (Ceplan 2023). Esta disminución podría atribuirse tanto al contexto de la pandemia por COVID-19 como a una desafección política generalizada. Aunque se registró un ligero aumento en la participación durante las elecciones regionales y municipales de 2022 en comparación con las presidenciales de 2021, aún está por verse cómo evolucionará la participación en las elecciones presidenciales de 2026.

Por otro lado, la encuesta de Ipsos (2024a) indica que en julio de este año un 31 % de las personas encuestadas no precisa por quién votaría si las elecciones fueran mañana, mientras que un 22 % indica que votaría en blanco o viciado. Esta tendencia hacia el voto en blanco o viciado se refleja en los datos históricos de las elecciones presidenciales peruanas. El Gráfico 4 presenta la evolución de la proporción de votos nulos y blancos en las elecciones presidenciales en Perú. Según este gráfico, los votos blancos son consistentemente más altos que los nulos en la primera vuelta, mientras que en la segunda vuelta los votos nulos tienden a superar a los votos blancos. El porcentaje de votos blancos se ha mantenido relativamente estable, alrededor del 12 %, con una ligera disminución en 2011. Por otro lado, los votos nulos han mostrado un incremento gradual, pasando de aproximadamente 4 % en 2006 a cerca del 6 % en 2021. Cabe destacar que 2021 registró el porcentaje combinado más alto de votos nulos y blancos en una primera vuelta.

Fuente: Elaboración propia con base en ^{ONPE (2024)}

Gráfico 4  Porcentaje de votos nulos y blancos en elecciones presidenciales en Perú, por año y vuelta electoral (2006-2021)

Estos datos sugieren que, aunque se ha registrado una disminución en la participación electoral formal, también existe una apatía o desencanto más profundo con el sistema político en general. La alta indecisión, el deseo de nuevos liderazgos y el rechazo hacia los perfiles políticos tradicionales podrían ser indicadores de una ciudadanía que no se siente representada por las opciones políticas actuales, lo que podría traducirse en una forma más sutil, pero igualmente preocupante, de apatía política que afecta la salud democrática del país.

La constante exposición a acusaciones de fraude, corrupción y mal manejo institucional ha erosionado la confianza de muchos ciudadanos en la capacidad del sistema democrático para generar cambios significativos en sus vidas (^{Cawvey 2023}; ^{Rhodes-Purdy 2017}). La repetición de situaciones percibidas como fuera de control puede llevar a las personas a desarrollar una sensación de impotencia, que las desmotiva a intentar cambiar su situación, incluso cuando surgen nuevas oportunidades (^{Maati et al. 2024}). En el contexto peruano, las alegaciones falsas de fraude electoral, junto con el largo proceso en el JNE y el Congreso, pueden haber generado un sentimiento de indefensión en la ciudadanía. Este fenómeno se refleja en el aumento del voto en blanco o viciado y en la disminución de la participación electoral.

En este sentido, en lugar de reflejar un compromiso activo con el proceso político, se observa una resignación cínica, en la que la participación electoral se convierte en un ejercicio rutinario más que en una expresión de verdadera esperanza de cambio. Esta apatía coexiste paradójicamente con la radicalización de ciertos grupos, lo que crea un panorama político en el que los extremos adquieren mayor visibilidad, mientras el votante peruano promedio se distancia cada vez más de la vida política activa.