1. Introducción

En 2024, aproximadamente el 50 % de la población mundial participó en elecciones, lo que representa más de 70 países que organizaron comicios y cerca de 3994 millones de personas que ejercieron su derecho de sufragio.

El periodo electoral constituye un momento de alta sensibilidad democrática. En palabras del maestro Pedro de Vega, representa un “momento decisivo en la vida democrática de cualquier país, [que] adquiere el valor de testimonio en el que aparecen reflejadas las grandezas y miserias de la democracia moderna” (^{De Vega 2000}).

Estos procesos democráticos enfrentan una serie de riesgos que deben considerarse con seriedad, pues amenazan el “corazón” mismo de la democracia. Entre estos riesgos se incluyen las amenazas híbridas, que combinan elementos físicos (como cortes de suministro eléctrico o afectaciones en el transporte) con elementos virtuales (como la desinformación y los ciberataques).

En los últimos años, la desinformación se ha convertido en un actor relevante en los procesos electorales, como lo demuestran las elecciones norteamericanas de 2016. Este fenómeno se caracteriza por narrativas orquestadas, sea de origen interno o externo, cuyo propósito es desprestigiar a las instituciones que participan en los procesos electorales (Tribunales, Colegios y Juntas Electorales) o poner en duda el propio sistema (máquinas de votación, transmisión de resultados, voto por correo), con el fin de influir en la opinión pública y generar desconfianza en el electorado (^{Rubio 2018a}).

En el contexto actual de riesgos electorales como ciberataques, sabotajes a infraestructuras críticas y desinformación es crucial actuar de manera preventiva, reactiva y prospectiva. Esto implica adoptar un enfoque interdisciplinario y estratégico, que considere todas las fases del proceso electoral (censo, votación, recuento y publicación de resultados) y que permita conocer el estado de las instituciones, implementar medidas correctivas y prever escenarios futuros para garantizar elecciones libres y transparentes (^{Sánchez Muñoz 2020}).

En este trabajo exponemos esta problemática y proponemos pautas que pueden contribuir a su resolución, fundamentadas en una metodología propia y en experiencias previas en su aplicación.

2. La amenaza de la desinformación electoral y la necesidad de respuesta¹

La transformación digital, característica del siglo XXI, ha traído beneficios notables, como una comunicación más eficiente y un mayor alcance de la acción política. No obstante, también ha aumentado la vulnerabilidad frente a las amenazas híbridas, lo que ha diversificado las técnicas y métodos, y ha transformado a los agentes involucrados. Como señaló ^{Benedicto XVI (2011)}, “no solo el modo de comunicar, sino la comunicación misma” se ha visto afectada por este fenómeno tecnológico-digital.

Por un lado, tenemos el exceso de información o infoxicación, junto con el sesgo de los algoritmos. Esto provoca inflación informativa que, con la pérdida de autoridad de los referentes informativos tradicionales, la escasez de atención y la sobreestimulación de contenidos, produce un tipo de consumo de información selectivo de “verdad a la carta”, en el que solo se consumen aquellas noticias e informaciones que coinciden con nuestra opinión u óptica y nos conduce a cámaras de eco. A ello se suma la emergencia que genera el propio ecosistema de la inmediatez, en la que los tiempos informativos se acortan, lo que afecta los procesos de verificación, elaboración y reflexión. Esto refuerza la pérdida del horizonte temporal de la política y la falta de visión a largo plazo, convertida en un “presente omnipresente”, en el que cada declaración o acto parece surgir de manera aislada, sin conexión con el pasado ni compromiso con el futuro.

Por otro lado, el efecto de la inflación informativa genera una paradoja. Aunque tengamos más acceso a la información, la desinformación gana cada día más espacio y esto se debe, en parte, a la propia democratización de la información, al acceso teóricamente libre, amplio y equitativo de esta. En la actualidad la ciudadanía está presente en redes sociales de múltiples plataformas, generando contenidos y compartiendo información. Al estar hiperconectados producimos una hiperdifusión de noticias engañosas o falsas, especialmente a través de canales de comunicación interpersonales que funcionan como fuentes de información: X, Instagram, TikTok, WhatsApp o Telegram. Esta hiperconexión refuerza el deseo de mantener la coherencia de una cosmovisión con nuestro grupo de pertenencia, lo que puede influir en las decisiones políticas de manera aún más determinante que los propios sesgos personales (^{Rubio 2018b}).

En el ámbito político, los cambios previamente descritos generan efectos específicos que se retroalimentan mutuamente:

1. Fragmentación del espacio público informativo, que actúa como causa y consecuencia de las dinámicas algorítmicas actuales. Esta fragmentación tiene su origen en los sistemas algorítmicos que presentan información ajustada a las búsquedas, preferencias y perfiles individuales, un fenómeno que ^{Parisier (2011)} denomina “filtros burbuja”. Tales algoritmos generan una segmentación pasiva que ofrece respuestas cada vez más adaptadas a los intereses, tanto conscientes como inconscientes, de cada usuario. Así, la “verdad a la carta” en la que cada individuo consume información conforme a sus preferencias, transforma la esfera pública —entendida como un espacio imaginario de diálogo social y político— en una estructura fragmentada, en la que cada persona limita su interacción a nichos específicos y menos conectados (cámaras de eco).
2. Aumento de posiciones extremas y polarización —consecuencias directas de la fragmentación y del aislamiento—. Esta “verdad a la carta” dificulta la capacidad de entender la perspectiva ajena, por lo que la empatía tiende a desvanecerse. Esto facilita la exclusión y silenciamiento “algo- rítmico” consciente o inconsciente de quienes piensan de manera diferente. La necesidad de captar la atención en grupos homogéneos promueve una escalada en el tono y contenido del discurso, lo que provoca una competencia constante por destacar. Como resultado, estos grupos cerrados tienden a polarizarse de manera casi inevitable, impulsados por dinámicas de radicalización progresiva.
3. Incremento de la manipulación informativa. Esto conlleva a una serie de consecuencias negativas en la política y en la democracia. En primer lugar, porque incrementa el componente espectacular de la política, lo que convierte el entorno en un terreno fértil para la desinformación, especialmente en tiempos electorales, en los que las percepciones y opiniones infundadas adquieren un rol central. Esto representa una amenaza para la democracia y aumenta el emotivismo y la volatilidad, la polarización y dificulta el establecimiento de planes a mediano y largo plazo.
4. Auge del populismo y activismo en redes sociales. En el ámbito cultural, las dinámicas de deslegitimación impulsadas por la desinformación fortalecen posturas populistas, que oponen la presunta voluntad popular a los resultados electorales, lo que promueve la democracia directa sin contrapesos. Este enfoque de participación otorga valor al activismo y minusvalora al ciudadano pasivo. Además, convierte el ruido generado en las redes sociales (como la viralización) en un factor decisivo para la toma de decisiones.
5. Disminución de la confianza en las instituciones. Las narrativas des- informativas ponen en jaque los valores y principios del Estado democrático moderno y representan una amenaza que podría traer como consecuencia la desafección y la antipolítica. Esto produce una “fatiga democrática” capaz de provocar una la desvinculación gradual de la ciudadanía respecto a los procesos políticos, partidistas y electorales. Este distanciamiento favorece la progresiva imposición de otros sistemas de corte autoritario o populista.

Estos fenómenos estructurales ya generan efectos directos en el ámbito electoral. Las campañas electorales, que tradicionalmente se configuraban como “un enorme y simbólico diálogo entre electores y elegibles, entre representados y representantes” han experimentado “una revolución operada en los medios de comunicación [que] determina que ese impresionante diálogo colectivo sufra una conmoción notable, en la medida en que acaba haciendo sucumbir a los principios inspiradores de la conducta del homo sapiens ante los requerimientos y urgencias del homo videns (^{De Vega 2000}).

En democracia, la ejecución de procesos electorales de manera libre, limpia y confiable requiere, además de organización logística y administrativa, de la confianza de la ciudadanía y la imparcialidad de los actores políticos y jurídicos que participan en las instituciones democráticas. En tiempos de viralización, polarización y relativismo, los ciberdelincuentes (hackers), influencers y opinadores suelen contribuir a crear y diseminar desinformación mediante distintos métodos, como los ataques cibernéticos o el uso de perfiles falsos (granjas de bots). Esto amenaza las elecciones, lo que afecta a la democracia e impacta en la confianza en el sistema.

La difusión deliberada de información engañosa o falsa en estos procesos, con el objeto de influir en la opinión pública o de generar confusión, puede afectar o favorecer a un candidato, partido, institución y grupo social, lo que influye sobre los resultados electorales. En este contexto, las redes sociales se convierten en un vehículo efectivo para su propagación. La verificación de información crítica por parte de los receptores, y por ende de la ciudadanía resulta vital, pues su ausencia puede tener consecuencias negativas para el proceso electoral, como reducir la participación, alterar el voto, generar violencia o socavar la legitimidad de los resultados. Recae en los órganos electorales proveer las herramientas suficientes, normativas y pedagogía para que la ciudadanía pueda verificar de dónde proviene la información o tener mayor sentido crítico sobre lo que recibe.

Este nuevo escenario sustituye el poder de producción por el poder de definición y convierte la información en su principal instrumento. En este sentido, las contiendas electorales pueden considerarse verdaderas guerras cognitivas, disputas por la atención y la “verdad”. La dificultad para distinguir entre información y propaganda en el ámbito electoral abre paso a la desinformación electoral, concebida como una narrativa estructural y profesionalizada que emplea recursos humanos o inteligencia artificial (^{Rubio et al. 2024}), cuyo propósito es socavar los cimientos de la representación política —el carácter público de la opinión pública, la integridad del proceso electoral y el buen funciona- miento de las instituciones—. Este fenómeno avanza año tras año hacia una normalización industrializada de la desinformación.

En los últimos años, este fenómeno desinformativo y de amenazas híbridas ha recibido mayor atención, dada la recurrencia de denuncias globales sobre la fragilidad del proceso electoral. Esta vulnerabilidad se relaciona de manera directa con la tecnología, lo que afecta diversas fases críticas del proceso. A pesar de la amplia participación ciudadana, existe una marcada dependencia tecnológica en etapas clave, como la elaboración y distribución de censos electorales, el escrutinio y la transmisión de resultados. En consecuencia, se han multiplicado las amenazas y la superficie de ataques tecnológicos con intenciones de alterar o colapsar el sistema de manera general o selectiva.

La evolución de casos de desinformación electoral exige un abordaje estratégico —preventivo, reactivo y prospectivo, con una perspectiva interdisciplinaria que abarque aspectos jurídicos, comunicacionales, tecnológicos y educativos— que permita disminuir, contener y responder a los ataques de desinformación durante el proceso electoral.²

En este contexto, contrarrestar la desinformación es crucial para preservar la integridad del proceso democrático y garantizar la toma de decisiones informada por parte de los ciudadanos. Esto implica desarrollar estrategias efectivas para identificar, monitorear y desacreditar la información falsa. La pedagogía mediática resulta esencial para dotar a la ciudadanía de instrumentos que permitan evaluar críticamente la información que consume. Además, es importante establecer mecanismos de notificación y respuesta, con un equipo especializado y el conocimiento adecuado para detectar y verificar noticias falsas, y con un canal de comunicación claro y accesible para que las instituciones electorales (Tribunales y Juntas Electorales) actúen con oportunidad y eficacia.

Finalmente, la participación ciudadana resulta esencial para denunciar contenidos engañosos que no cumplen con la normativa o que pueden identificarse mediante tecnología de escucha y monitoreo de la conversación digital. Un ejemplo es la detección de propaganda política pagada por partidos o candidatos durante el periodo de veda o la jornada de reflexión.

3. Definiendo el problema en un contexto de pánico

En un nuevo escenario de poder, en el que la producción ha sido sustituida por el poder de definición y la información se convierte en el recurso clave para definir y definirse, resulta necesario precisar los elementos que afectan los procesos democráticos. Uno de los principales factores es la disfunción informativa, que se refiere a cualquier proceso que, al alterar la información y su tratamiento, puede comprometer el funcionamiento ordinario del proceso electoral. Las disfunciones informativas más habituales en periodos electorales incluyen, entre otras, el uso de estrategias de segmentación para difundir información de campaña mediante mecanismos digitales masivos y automatizados (uso de redes sociales); la intervención de las administraciones públicas a través de sus perfiles en redes sociales mediante la contratación de publicidad o publicaciones; las publicaciones fuera del periodo de campaña (veda y precampaña); la suspensión o el cierre de canales por parte de las plataformas tecnológicas durante el periodo electoral; la eliminación de contenido; el uso de la violencia política en redes (especialmente contra las mujeres); y la intervención de terceros, ya sea mediante la compra de publicidad o acciones de comunicación orgánicas (como manifestaciones públicas de apoyo, campañas de respaldo en redes o la publicación de encuestas de diversos tipos).

Es importante señalar que estas disfunciones, que pueden presentarse de manera puntual u ocasional, se convierten en una amenaza para la democracia cuando adquieren carácter estructural y sistemático. Muchos Estados destinan recursos de manera continua, incluso en periodos no electorales, a actividades de desestabilización informativa. Algunos cuentan con auténticos ejércitos dedicados exclusivamente a estas labores, integrados como un instrumento adicional en sus políticas de defensa y relaciones internacionales. Aunque estas amenazas estructuradas suelen provenir del exterior (con una motivación preeminentemente geopolítica), también pueden tener una procedencia interna. En ocasiones, son los propios partidos políticos quienes con capacidad opera- tiva y financiera buscan influir en la opinión pública y en la intención de voto, o son otros actores, como lobbys empresariales o grupos activistas, quienes por intereses variados pueden interferir en el proceso electoral.

Responder eficazmente a este tipo de amenazas exige dejar de considerar la desinformación como un fenómeno anecdótico que afecta únicamente a la información errónea en el contexto electoral y empezar a abordarla como un problema de carácter estructural y sistemático.

4. La necesidad de medir la eficacia de la respuesta

El futuro de la democracia depende en gran medida de la eficacia en la respuesta a la desinformación. Ignorar este fenómeno podría poner en peligro el sistema democrático y facilitar el avance de regímenes populistas o totalitarios. Afrontarlo mediante atajos, sin una visión integral y sin la adecuada previsión, podría generar daños colaterales que debiliten el proceso democrático y dejen a las democracias expuestas al cuestionamiento constante de la ciudadanía. Uno de los principales retos para los Estados democráticos consiste en enfrentar esta problemática sin socavar derechos fundamentales, como la libertad de expresión y la libertad de información, y evitar al mismo tiempo incurrir en la censura.

Aunque resulta complejo cuantificar el impacto de la desinformación en el comportamiento electoral o afirmar que altera los resultados de las elecciones, es innegable que transforma el ecosistema democrático. La desinformación ataca la confianza que sustenta la democracia y afecta directamente el sistema de elección de los representantes, intermediarios de la voluntad popular de quienes obtienen su legitimidad. Esta erosión de la confianza debilita la estructura democrática y genera incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral, en los medios y sistemas empleados (papeletas, máquinas de votación, voto electrónico o por correo, infraestructura de telecomunicaciones) y en las instituciones que lo integran (Tribunales y Juntas Electorales).

A pesar de lo sombrío del panorama, confiar ciegamente en la capacidad autorreguladora de la tecnología o en la “magia” de la autorregulación no es suficiente, tal y como se asumía en las décadas de 1980 y 1990 bajo la ciberutopía de internet (^{Lessig 1996}). En este ecosistema tecnológico-digital, tanto candidatos como votantes, “pasionales” por la intensidad de la contienda electoral, suelen utilizar las redes sociales para crear y difundir contenido en respuesta al discurso del oponente, a menudo conscientes de que pueden infringir las normas de la contienda. Las plataformas digitales, por su parte, enfrentan una constante tensión entre el negocio de la propaganda política y el riesgo de ser etiquetadas de censores. Por esta razón, resulta indispensable un marco normativo claro, respaldado por una colaboración público-privada que garantice la seguridad jurídica en este contexto digital caracterizado por la desinformación. Abordar este problema sin sucumbir a modas o alarmismos apocalípticos y sin intervención excesiva en las libertades fundamentales requiere un conocimiento profundo del fenómeno.

Las respuestas habituales, en su mayoría carentes de experiencia práctica, tienden a aplicar la analogía y trasladar el marco normativo analógico al mundo digital o se empeñan en crear grandes marcos regulatorios “a la última” que carecen de un mecanismo efectivo de cumplimiento. Desde nuestra experiencia y perspectiva, proponemos una revisión del marco normativo frente a la desinformación, fundamentada en un profundo conocimiento teórico de la doctrina jurídica comparada en una experiencia práctica que permita ofrecer respuestas adaptadas a la realidad local.

En este orden de ideas, los organismos electorales desempeñan un papel esencial en esta respuesta, ya que poseen tanto el conocimiento experto sobre el marco normativo electoral como una comprensión profunda de los retos y problemas que enfrentan los procesos electorales. Así, cuentan con la capacidad de influir en la reforma de las normas electorales, ya sea a nivel reglamentario y/o interpretativo, o mediante la presentación de informes con propuestas de reforma normativa ante el legislador.

5. Metodología de nuestro estudio

A partir de las consideraciones previamente expuestas, nuestra propuesta de trabajo requiere de la colaboración de las instituciones, la sociedad civil y el mundo académico:

1. Colaboración con los órganos electorales. Esta colaboración persigue tres objetivos principales. En primer lugar, la información recopilada permite una aproximación a la idiosincrasia del proceso electoral y facilita un diagnóstico inicial que responde al estado actual de la institución. En segundo lugar, con base en las sugerencias preliminares se hace un seguimiento en el que resulta crucial una colaboración plena, el inter- cambio de información y el apoyo a la institución para resolver las dudas que surjan en cada etapa de desarrollo. Ejemplos de esta colaboración se encuentran en México, Costa Rica, Brasil y Panamá, donde se ha participado de manera directa. Finalmente se solicita información posterior a las elecciones que, junto con la recopilada por nuestro equipo, ayuda a la elaboración de un informe final con propuestas de reforma.
2. Colaboración con verificadores locales. El trabajo de detección y respuesta a la desinformación, fundamentada en un conocimiento pro- fundo de la realidad local, resulta imprescindible en un entorno con múltiples matices. Para garantizar el rigor de nuestro trabajo, la selección de estos verificadores puede basarse en el cumplimiento de estándares internacionales.
3. Colaboración con centros universitarios locales. Con el fin de procesar la información proporcionada por los verificadores, contamos con la participación de estudiantes universitarios locales que, bajo la supervisión de un profesor, efectúan el etiquetado complementario de la información para adaptarla a nuestra metodología y colaboran en la elaboración del informe final.

Con este equipo y bajo la supervisión de los miembros del Observatorio, formado por más de 50 investigadores de 14 países de Iberoamérica, elaboramos un informe exhaustivo de cada proceso, que compartimos con el organismo electoral nacional. De forma paralela, desarrollamos directrices orientadas a establecer un estándar que permita ofrecer una respuesta eficaz y respetuosa de los derechos fundamentales frente a la desinformación electoral.³

6. Evaluación de las respuestas institucionales para combatir la desinformación

A partir de nuestro estudio en una decena de procesos electorales en Iberoamérica, hemos extraído una serie de conclusiones.

La primera y más relevante consideración es la necesidad de distinguir entre las respuestas inmediatas —aunque complejas de implementar, resultan evidentes— y las respuestas estructurales que, a la luz de los hallazgos, tienen una importancia crucial. Ambas deben diseñarse sin comprometer los derechos fundamentales. En este contexto, los organismos electorales asumen un protagonismo clave.

7. Algunas propuestas preliminares

A partir de las consideraciones previamente expuestas, proponemos una serie de medidas generales para mitigar los efectos adversos de la desinformación en los procedimientos electorales. La premisa consiste en abordar este fenómeno de manera integral, no limitada al ámbito jurídico, que incluya el fortalecimiento del marco normativo, la capacidad de respuesta administrativa y jurisdiccional, además de los componentes educativo y comunicacional. Además, resulta esencial adaptar estas respuestas al contexto particular de cada proceso electoral.

• Marco jurídico. Es imperativo adecuar el marco normativo en los ámbitos administrativo y penal para abordar de manera eficaz las insuficiencias jurídicas actuales. Esto requiere una definición precisa de los responsables y de las conductas tipificadas como sancionables, así como la incorporación de conceptos clave, como desinformación y publicidad electoral, particularmente la de pago. La reciente contienda electoral (México, Costa Rica, República Dominicana, Parlamento Europeo) ha evidenciado múltiples casuísticas en el ámbito de la publicidad electoral digital, incluido el uso de IA, que también deben contemplarse. Asimismo, es esencial establecer un marco regulatorio específico para las plataformas y redes sociales, lo que brindará la seguridad jurídica necesaria en este contexto. De igual forma, se hace imperativa la revisión y adecuación de los marcos normativos en ciberseguridad y seguridad de la información, para asegurar una respuesta eficiente y eficaz ante incidentes de ciberseguridad. En suma, debemos atender el rango normativo en esta materia, ya sea reglamentario o con rango y fuerza de ley.
• Limitar el ámbito de actuación. Frente a amenazas estructuradas que comprometen la integridad electoral es fundamental estudiar, comprender y responder a dichas amenazas, caracterizadas por patrones y narrativas recurrentes. Esto permite evitar intervenciones excesivas en las libertades de información y expresión, al centrar la atención en los procedimientos utilizados en lugar de juicios sobre el contenido. La desinformación y los ciberataques representan amenazas híbridas en el contexto electoral. Es crucial diferenciar entre el contenido desinformativo y las narrativas en el ámbito de la desinformación, así como entre incidentes y ataque en el campo de la ciberseguridad, pues las tácticas empleadas en ambos casos suelen basarse en métodos probados y estructurados. La identificación y el análisis de estos patrones permiten desarrollar estrategias más efectivas para proteger la integridad de los sistemas y la información sensible, lo que refuerza la seguridad en el entorno digital. Este esfuerzo requiere una labor coordinada entre instituciones, grupos y organizaciones, mediante puntos de enlace y protocolos definidos. Además, se recomienda enfocar la intervención en las amenazas que realmente afectan la integridad electoral y dejar en un segundo plano la desinformación relacionada con disputas partidistas. La complejidad técnica de atender este tipo de desinformación también plantea el debate sobre la conveniencia de delegar en terceros la definición de desinformación en el periodo electoral, un contexto en el que los sentimientos suelen prevalecer sobre los datos y abundan las promesas de futuro frente a la constatación histórica.
• Repensar el papel de los organismos electorales mediante la revisión tanto de sus competencias como de los recursos disponibles, para garantizar que cuente con los medios adecuados para enfrentar los desafíos contemporáneos, entre ellos, la creciente amenaza de la desinformación y los riesgos de ciberseguridad. La complejidad de los procesos electorales, acentuada por la proliferación de información manipulada, inexacta o falsa, exige que los organismos electorales cuenten con atribuciones claras y suficientes, así como con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para combatir eficazmente estas amenazas híbridas.
• La imprescindible relación con las plataformas. La colaboración con las plataformas digitales es un aspecto fundamental, especialmente considerando que, en algunos casos esta relación es inexistente, como ocurre con X o TikTok, o resulta insuficiente, como Meta. Por ello se debe crear un marco de comunicación y confianza entre estas y los Tribunales/Juntas Electorales con la debida antelación, dado que contactarlas apenas un mes antes de las elecciones resulta inadecuado. Hemos comprobado cómo se da una respuesta desigual en función del peso del Estado para la plataforma, lo que podría deberse a recursos limitados, a la cuota de mercado en el Estado o a la capacidad de reacción de las autoridades locales. Ante esta situación, se aconseja adoptar una estrategia de actuación regional, similar a la implementada por la Unión Europea en las elecciones al Parlamento mediante el Código de Buenas Prácticas. Para fortalecer la integridad del proceso electoral, resulta esencial mantener una comunicación fluida y constante para establecer acuerdos claros y aprobados con las plataformas sobre los procedimientos para la eliminación de contenidos que violen las normas electorales. Esto requiere pro- mover una coordinación y cooperación efectivas entre las plataformas y las instituciones electorales; implementar mecanismos que identifiquen y eliminen de manera eficaz la desinformación y, al mismo tiempo, res- peten la libertad de expresión; y fomentar la transparencia y la responsabilidad de las plataformas en la gestión de contenidos electorales, con el fin de evitar el ventajismo electoral de estos medios y proteger el espacio de reflexión durante la veda electoral.

La incorporación de expertos externos, a través de asesorías técnicas y la colaboración con organismos electorales, es fundamental para fortalecer la transparencia y eficacia de los procesos electorales. La experiencia y el conocimiento especializado que aportan estos expertos permiten identificar y atender posibles vulnerabilidades, implementar mejores prácticas y garantizar el cumplimiento de estándares internacionales (como los de Idea Internacional, la observación de la OEA y el observatorio electoral de la UCM). Además, la cooperación entre organismos electorales contribuye al intercambio de conocimientos y recursos, lo que enriquece la capacidad de respuesta ante desafíos complejos, y asegura la integridad, credibilidad y confianza en el proceso democrático.