1. Introducción
Durante las elecciones presidenciales de 2018, el gobierno mexicano apoyó una iniciativa inédita en América Latina (Magallón Rosa 2019). En colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y diversas organizaciones de la sociedad civil, la presidencia de México apoyó una estrategia de fact-checking denominada Verificado 2018 para desmentir noticias falsas y verificar la información difundida durante la campaña electoral (Hazard 2018). Con el tiempo, esta medida se convirtió en un instrumento de uso permanente por el Estado y se extendió más allá de las elecciones.
La literatura sobre fact-checking (Aruguete et al. 2024; Moreno-Gil et al. 2021; Pérez-Díaz y Albert-Botella 2022) analiza cómo organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y diversos grupos ciudadanos han creado iniciativas de fact-checking para hacer frente a la desinformación. Sin embargo, los estudios sobre iniciativas de fact-checking surgidas desde los aparatos estatales resultan escasos y menos profundos, a pesar de que el Estado emplea su propia maquinaria para verificar información y objetar noticias fraudulentas. En este contexto, el rol del Estado como agente chequeador no está exento de controversias. Numerosas organizaciones internacionales y asociaciones de la sociedad civil ponen sobre la mesa la credibilidad y la capacidad del Estado para realizar fact-checking. Por un lado, la legitimidad y objetividad del proceso de verificación se ponen en riesgo; por otro, la capacidad de los Estados se presenta como un desafío (y una interrogante al mismo tiempo) para conducir procesos de verificación de manera ágil y eficaz.
Este artículo busca explorar las condiciones en las que los Estados realizan el proceso de verificación de información o fact-checking. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo surgen estas iniciativas? ¿Qué tipo de fact-checking realizan? Para responder estas preguntas, proponemos una tipología sobre fact-checking desde el Estado que categoriza países de tres regiones: África, Asia y América Latina. La tipología se organiza en dos dimensiones: alcance y sostenibilidad. El alcance categoriza Estados que manejan el fact-checking a nivel nacional o sectorial. Por su parte, la sostenibilidad clasifica a aquellos Estados que ejecutan el fact-checking de manera permanente o temporal. Como resultado, se conceptualizan cuatro tipos de estrategias: verificadora, operativa, discrecional y potestativa.
Mediante una metodología cualitativa y un análisis de información, sostenemos que el fact-checking emprendido desde el Estado representa un desafío adicional para la legitimidad de los sistemas de verificación de información y para la calidad de los regímenes democráticos. Por tanto, la relevancia del tema abarca múltiples dimensiones. En primer lugar, la metodología empleada en el fact-checking ha sido escasamente indagada. Diversos estudios han profundizado en causas, efectos y formas (Amazeen 2015; Aruguete et al. 2024; Graves y Amazeen 2019; Graves y Cherubini 2016; Nyhan y Reifler 2015; Sarr y Sall 2017), pero sin examinar a profundidad las estructuras que moldean estos procesos de verificación. En segundo lugar, el fact-checking ejecutado por el Estado genera debate y controversia entre diversos sectores de la sociedad. Por esta razón, al ser un fenómeno en desarrollo, la tipología que presentamos facilita su comprensión. A su vez, explorar las incidencias del fact-checking en diferentes regiones contribuye a la discusión creciente tanto a nivel teórico como práctico. Finalmente, este tema deja lecciones sobre la importancia de una ciudadanía informada como fuente de fortalecimiento de la democracia. En numerosos casos, a pesar de la verificación, la ciudadanía escoge rechazar el fact-checking. Indagar sobre cómo las emociones y la subjetividad prevalecen sobre los argumentos objetivos será útil para comprender mejor las paradojas inherentes al fact-checking.
El artículo se estructura de la siguiente manera: en la próxima sección da cuenta del estado de la desinformación a nivel global al revisar la literatura sobre el origen del fact-checking y su relación con la democracia. La tercera sección desarrolla conceptualmente la tipología y los cuatro tipos de estrategias: verificadoras, operadoras, discrecionales y potestativas. En cuarto lugar, se categorizan y analizan tres casos representativos de tres distintas regiones a partir de la tipología propuesta. Indonesia y México se presentan como Estados con estrategias verificadoras, mientras que Etiopía ilustra un Estado con estrategia discrecional. Finalmente, se presentan las conclusiones.
2. El fact-checking como una herramienta para combatir la desinformación
En estos últimos años, la conceptualización de la desinformación ha sido objeto de numerosos debates. Aunque actualmente no existe un concepto universalmente aceptado, el marco teórico propuesto por Wardle y Derakhsha (2017) destaca por su rigurosidad y es el que se tomará como referencia en este artículo. A diferencia de otros conceptos como misinformación y malinformación, este estudio entiende la desinformación como información falsa deliberadamente compartida con la intención de causar daño a un grupo social, organización, país y/o persona (Wardle y Deraksha 2017).
Teniendo en cuenta los objetivos de este artículo y conforme a la definición mencionada, la desinformación se conceptualiza con base en dos principios: (i) el mensaje cuenta con información falsa y (ii) el agente tiene la intención de causar daño. En esta línea, las primeras expresiones de desinformación ocurrieron durante la Primera y Segunda Guerra Mundial como un recurso para influir en cuerpos armamentistas y en la ciudadanía (Lejla y Obrenovic 2020). Es importante recalcar que en ese momento no se empleaba el término desinformación. Este concepto se institucionalizó como fenómeno de estudio recién durante la Guerra Fría, cuando apareció en el Diccionario de la Lengua Rusa (Volkoff 1986) y en la Gran Enciclopedia Soviética (Jacquard 1988). Asimismo, se institucionalizó cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética crearon departamentos especiales para incidir en los demás países sin necesidad de intervenciones armadas (Rodríguez 2018).
En las décadas siguientes, la desinformación como fenómeno de estudio se mantuvo en segundo plano hasta inicios del siglo XXI, cuando el auge de internet amplió el acceso a la información y generó incentivos en diferentes agentes para la difusión de desinformación (Bereskin 2023). Eventos políticos como el Brexit y la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 también incidieron en su proliferación. En ambos casos, el principal pilar fue la creación y difusión de información falsa, con la intención deliberada de confundir o engañar a la ciudadanía (Grice 2017; Lejla y Obrenovic 2020). Frente a ello, surgieron espacios de discusión para emprender y plantear acciones contra la desinformación. Un ejemplo relevante fue el grupo de trabajo de la Unesco sobre libertad de expresión, que propuso tipos de respuestas ante la desinformación: (i) respuesta dirigida a las audiencias de campañas de desinformación, (ii) respuestas dirigidas a instigadores, agentes o intermediarios, (iii) respuestas dirigidas a los mecanismos de distribución y (iv) respuestas de identificación de noticias falsas (Bontcheva y Posetti 2020).
Entre las respuestas dirigidas a las audiencias de las campañas de desinformación, la alfabetización mediática es la estrategia más recomendada e implementada (Bateman y Jackson 2024). La Asociación Nacional para la Educación en Alfabetización Mediática destaca esta estrategia como un mecanismo que proporciona a la ciudadanía herramientas para identificar información falsa. El objetivo es empoderar a la población —incluyendo niños/as, jóvenes, personas adultas y adultas mayores— para adoptar una actitud crítica frente al uso de tecnologías y contar con herramientas para enfrentar la desinformación (Bontcheva y Posetti 2020).
Las respuestas dirigidas a instigadores, agentes o intermediarios incluyen respuestas legislativas y políticas públicas para contrarrestar la desinformación, lo que permite proteger la integridad y credibilidad de las elecciones y promover campañas nacionales e internacionales contra la desinformación (Unesco 2024). Concretamente, hacia marzo de 2020, al menos 28 países aprobaron leyes relacionadas con la desinformación, desde legislación sobre medios de comunicación y electorales hasta códigos penales y de ciberseguridad (Colomina et al. 2021). No obstante, ciertos estudios expresaron preocupación sobre el riesgo de que estas legislaciones fortalezcan regímenes políticos con tendencias a la censura y la persecución política (Echeverría y Rodríguez Cano 2023; Colomina et al. 2021). Un ejemplo es China, que en 2016 aprobó la Ley de Ciberseguridad, con la cual criminalizó la creación o difusión de rumores que puedan socavar el orden económico social (Repnikova 2024). Un año después, en 2017, el país promulgó una ley que restringe la difusión de noticias a medios con licencia aprobada por la Administración del Ciberespacio (Cyberspace Administration of China [CAC] 2017).
Las respuestas dirigidas a los mecanismos de distribución se enfocan en el rol de las plataformas tecnológicas, principalmente en los medios generadores de información. Las medidas giran en torno a respuestas curativas, como los códigos de principios o códigos de prácticas (International Fact-Checking Network [IFCN] 2016).
Por último, las respuestas de identificación giran en torno a acciones sobre monitoreo y verificación de datos para identificar y aclarar posibles noticias falsas. El fact-checking es la estrategia más usada y ampliamente reconocida en esta categoría. Esta estrategia ha sido implementada por diversos actores, como organizaciones de la sociedad civil, la academia, organizaciones independientes e incluso el propio Estado.
En términos generales, el fact-checking consiste en la revisión de afirmación de relevancia pública con el fin de determinar su veracidad con base en fuentes de información provenientes de expertos, la academia o agencias de gobierno.1 Su objetivo es proveer información clara y rigurosamente revisada para promover la toma de decisiones conscientes, principalmente (pero no de manera exclusiva) durante los procesos electorales. Además, busca monitorear la veracidad en los medios de comunicación y en las declaraciones políticas a fin de promover la responsabilidad de actores políticos y figuras públicas en relación con la veracidad de sus declaraciones (Amazeen 2015; Lejla y Obrenovic 2020; Ireton y Posetti 2018).
La práctica del fact-checking es implementada por una variedad de actores en distintos ámbitos: periodistas independientes, activistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil e incluso agencias estatales. Esta diversidad ha generado múltiples propuestas metodológicas sobre cómo realizar la verificación de una afirmación. De acuerdo con dos de las principales iniciativas independientes de fact-checking,2 Politifact y Chequeado, el proceso de verificación adecuada consta de cuatro pasos: (i) seleccionar la afirmación, (ii) revisar las fuentes de información, (iii) contextualizar, y (iv) confirmar/desmentir la afirmación.
A pesar de las diferencias entre las iniciativas de fact-checking, la mayoría mantiene una lógica y orden similar en sus escalas de medición, aunque los nombres de los niveles difieren. Politifact, organización de fact-checking de periodistas independientes, propone una escala que permite medir el nivel de exactitud y precisión de la información revisada, como se muestra en el gráfico a continuación.
Fuente: Politifact - Metodología Truth-O-Meter y Drobnik Holan (2018)
Gráfico 1 Truth-O-Meter de Politifact
El proceso de consolidación del fact-checking a nivel internacional se desarrolló en dos fases: la primera etapa a inicios del siglo XXI y la segunda desde 2016 hasta la actualidad. Durante la primera fase, se consolidaron las primeras iniciativas de fact-checking como Factcheck.org de la Universidad de Pensilvania en 2003, Channel 4 – Fact Check en 2005, Politifact del diario St Petersburg Times en 2008 y Chequeado durante 2010 (Ireton y Posetti 2018).
A finales de esta primera fase, en 2015, el Instituto Poynter de Estudios de Medios lanzó la Red Internacional de Fact Checking (IFCN, por sus siglas en inglés), el primer espacio de comunicación y articulación entre diferentes proyectos de fact-checking sin afiliación política a nivel global. Además de generar mayor articulación, la IFCN también permitió el desarrolló de herramientas para fortalecer la legitimidad del fact-checking como mecanismo verificador. Entre sus principales aportes se encuentra el Código Común de Principios, que sirve como guía para las iniciativas de fact-checking, a fin de asegurar pre- cisión, transparencia, imparcialidad y rendición de cuentas (IFCN 2016). En la segunda fase, se ha reflejado una tendencia creciente en el número de proyectos de fact-checking a nivel global. En los últimos tres años se han registrado más de 400 iniciativas de fact-checking, con 424 proyectos en 2022 y 417 solo en la primera mitad de 2023 (ver Gráfico 2).
El auge de proyectos de fact-checking ha ido acompañado de una diversificación de los actores involucrados. Ya no son únicamente periodistas independientes y/o activistas quienes lideran estas iniciativas, también participan medios de comunicación, redes sociales, organizaciones de la sociedad civil e incluso el propio Estado (Monnier et al. 2023). Este último, sin embargo, ha sido objeto de críticas, ya que tanto expertos como la ciudadanía cuestionan la per- tinencia del fact-checking ejecutado por el Estado.
El interés de los Estados en implementar iniciativas de fact-checking responde al aumento de la desinformación en temas relacionados con decisiones públicas, políticas públicas, desempeño estatal y campañas electorales (Meseret 2024). De manera determinante y más allá del imaginario colectivo de rechazo al aparato estatal, la masiva difusión de desinformación durante la emergencia sanitaria por el coronavirus agudizó la deslegitimación de estas instituciones. Frente a ello, diferentes países plantearon e implementaron proyectos de fact-checking desde el aparato estatal, enfocados en asuntos como la gestión de la pandemia, los procesos electorales y el desempeño gubernamental (Gálaga 2021). No obstante, estas iniciativas han suscitado controversias, debido a que diversos expertos, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía manifiestan su preocupación en que el fact-checking ejecutado por el Estado pueda perjudicar las estructuras democráticas y restringir la libertad de expresión (Suraksha 2023).
Algunos estudios señalan que la mayoría de las iniciativas estatales no cumplen con los estándares de imparcialidad, objetividad y transparencia requeridos para este tipo de procesos (Domínguez 2023; Meseret 2024; Suraksha 2023). Por ejemplo, de acuerdo con Rajneil R. Kamath,3 en el territorio de Karnataka la iniciativa estatal exige la aprobación de las afirmaciones por parte de un funcionario gubernamental, lo cual contraviene los principios básicos de verificación de datos (Meseret 2024).
A pesar de las buenas intenciones expresadas por los Estados, es inevitable que adopten una posición política y partidaria en sus verificaciones y veredictos. También se ha evidenciado que la selección de afirmaciones es discrecional y se centra en el desempeño y decisiones de la propia institución (Meseret 2024). De igual forma, la mayoría de proyectos de fact-checking desde el Estado no seleccionan fuentes confiables durante el proceso de verificación y optan por fuentes propias o artículos desacreditados o desmentidos en lugar de recurrir a fuentes originales, públicas y académicas (Domínguez 2023; Meseret 2024). Además, estas iniciativas han sido cuestionadas por no explicar de manera clara la política de corrección y la metodología de selección y verificación de declaraciones (Meseret 2024; Suraksha 2023).
Pese a generar controversia, las iniciativas de fact-checking desde el Estado se han incrementado en los últimos cinco años a nivel mundial. Algunos ejemplos en la región latinoamericana son Brasil contra Fake (Brasil), Comisión contra la Desinformación (Chile), #ColombiaEsMiVerdad (Colombia), Segcomv (Ecuador), Infodemia (México) y ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? (México). En África, se destaca la iniciativa Ethiopia Current Issues Fact Check (Etiopía), mientras que en Asia se registran casos como Kominfo (Indonesia), Karnataka Information Disorder Tracking Unit (India), Factually (Singapur), Anti-Fake News Center (Tailandia) y Sebenarnya.my (Malasia).
Un caso particular en Cuba es Martí Verifica, asociado a Martí Noticias, uno de los medios de comunicación más influyentes en el país. Lo peculiar de este caso radica en que Martí Noticias forma parte de la Oficina de Transmisiones a Cuba (OCB), la cual forma parte de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales4 (U.S. Agency for Global Media). Por lo tanto, además de la ambigua relación entre Martí Noticias y el gobierno de Estados Unidos, esta iniciativa representa una intervención externa. Dado que este artículo gira en torno a iniciativas de fact-checking lideradas por Estados en sus propios territorios, el caso cubano resulta atípico para el análisis. A continuación, y considerando los contextos de desinformación y sistemas de verificación de información, propondremos una tipología sobre estrategias de fact-checking conducidas por el Estado.
3. Una tipología sobre fact-checking desde el Estado
Si bien la literatura sobre desinformación ha contemplado y documentado mecanismos de verificación de información como el fact-checking (Flórez Hernández y Marles Herrera 2022; Monnier et al. 2023), la mayoría de los estudios se centran en el rol de actores no gubernamentales, como medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales (Aruguete 2021; Aruguete et al. 2024). Sin embargo, el fact-checking conducido por actores estatales, al ser una iniciativa reciente, se mantiene escasamente documentado. Aun así, cada vez hay más Estados que implementan estrategias contra la desinformación, siendo el fact-checking una de las principales. Por esta razón, el propósito central de este artículo es proponer una tipología sobre fact-checking desde el Estado y dar cuenta de las diferentes categorías y variaciones que presenta este fenómeno.
El desarrollo de una tipología sobre el fact-checking emprendido desde el Estado responde a la necesidad de comprender este fenómeno en sus múltiples aristas. Las tipologías cumplen un rol clasificador y categorizador y, aunque muchas veces puede resultar arbitrario clasificar fenómenos con muchas variables y variación interna (Dahl 1971), desagregar un fenómeno para construir una tipología se vuelve fundamental, pues permite llegar a una comprensión más profunda y concreta del mismo (más aún si se trata de un fenómeno que viene desarrollándose en los últimos años). Mantener una clasificación o categorización es importante para luego tener la posibilidad de aplicar el argumento a escenarios y contextos disímiles.
A diferencia de otras tipologías de fact-checking que miden la disponibilidad de recursos (Monnier et al. 2023), en este estudio planteamos medir el fact-checking ejecutado por el Estado en función de dos categorías: alcance y sostenibilidad. La primera, respaldada por estudios sobre los límites del fact-checking político (Graves 2018), busca diferenciar entre Estados que realizan fact-checking a nivel nacional —integrando los procesos de verificación en sus funciones gubernamentales— o aquellos que lo implementan a nivel sectorial, en el que los procesos de verificación se limitan a instancias específicas y temas acotados. La segunda dimensión busca categorizar Estados según la sostenibilidad de sus iniciativas de fact-checking (Hassan et al. 2019; Lelo 2022). Esta dimensión distingue entre Estados que emplean fact-checking en períodos determinados y aquellos que lo gestionan de manera permanente. El gráfico a continuación presenta la distribución de ambas categorías con sus respectivas dimensiones y definiciones.
Partiendo de ambas categorías, la medición para determinar el tipo de fact-checking desde el Estado se basa en seis indicadores: cuatro en la categoría de alcance y dos en la de sostenibilidad. La mayoría de estos indicadores recoge información cualitativa a partir de la revisión de fuentes secundarias y entrevistas. Asimismo, se trata de indicadores excluyentes entre sí: obtener una valoración positiva en una de las dimensiones descalifica automáticamente al indicador correspondiente de la dimensión contrapuesta.
En primer lugar, los indicadores utilizados para medir el alcance del fact-checking incluyen: (1) ejecución del fact-checking desde instituciones estatales nacionales; (2) ejecución del fact-checking desde agencias estatales con objetivos específicos; (3) fact-checking orientado hacia funcionarios e instituciones del gobierno; y (4) fact-checking dirigido a actores no estatales y grupos de la sociedad civil. El primer indicador se justifica en la necesidad de conocer si el fact-checking está incluido como una función institucional dirigida por el Estado central a nivel nacional que maneja temas de diversa índole. En con- traste, el segundo indicador se enfoca en evaluar si el fact-checking responde a una función institucional limitada a agencias estatales de funcionamiento sectorial y centrada en temas específicos. El tercer indicador busca evaluar si la orientación del fact-checking está dirigida hacia actores y funcionarios del pro- pio Estado, actuando como una regulación de tipo “hacia adentro” (Wolfs y Veldhuis 2023; Wolfs en prensa). En contraste, el cuarto indicador busca conocer si la regulación está orientada “hacia afuera” (Wolfs en prensa), poniendo énfasis en el fact-checking hacia actores no estatales.
En segundo lugar, los indicadores para medir la sostenibilidad del fact-checking son los siguientes: (1) procesos de verificación de información con funcionamiento más allá de procesos circunstanciales y/o intervalos específicos y (2) procesos de verificación de información dirigidos a coyunturas específicas. El primer indicador busca medir la durabilidad y constancia de los procesos de fact-checking, y conocer si la orientación es permanente y continua. Por el contrario, el segundo indicador en la categoría de sostenibilidad busca evaluar si los procesos de fact-checking tienen carácter coyuntural o si se han aplicado exclusivamente en circunstancias específicas, sean estos eventos ya concluidos o aún en curso. A diferencia de la propuesta de Wolfs (en prensa), ambos indicadores ofrecen un enfoque que permite agrupar el fact-checking dirigido tanto a actores políticos como a plataformas o medios digitales.
Al combinar ambas categorías y los ocho indicadores, se presenta una tipología con cuatro escenarios: (1) fact-checking permanente y nacional; (2) fact-checking permanente y sectorial; (3) fact-checking temporal y nacional; y (4) fact-checking temporal y sectorial. La tabla a continuación ilustra la tipología y categoriza las estrategias según la manera en que los Estados implementan el fact-checking.
Tabla 1 Tipología sobre fact-checking desde el Estado
| Dimensiones | Sostenibilidad | ||
|---|---|---|---|
| Permanente | Temporal | ||
| Alcance | Nacional | Estrategia verificadora | Estrategia discrecional |
| Sectorial | Estrategia operativa | Estrategia potestativa | |
Fuente: Elaboración propia
La tipología busca evidenciar singularidades y variaciones que pueden existir dentro de los procesos de verificación en diferentes países de África, Asia y América Latina. No todos los Estados emplean fact-checking con los mismos objetivos y tampoco con la misma duración. Debido a la disponibilidad de información y evidencia, cada escenario y tipo de estrategia estatal se desarrolla a continuación complementando únicamente con ejemplos de la región latinoamericana.
3.1 Estrategias verificadoras
Se denominan Estados con estrategias verificadoras a aquellos que ejecutan el fact-checking de manera permanente y a nivel nacional o desde cargos como la presidencia. Los Estados con estrategias verificadoras representan el modelo de fact-checking más extensivo, y Brasil y México constituyen los casos más destacados en América Latina. Sobre el caso brasilero, destaca la plataforma Brasil Contra Fake implementada por el presidente Lula Da Silva. Este sitio web se presenta como un mecanismo de verificación de información y, al mismo tiempo, funciona como una herramienta de propaganda a favor de las autoridades gubernamentales (Duchiade 2023). En México, el fact-checking se conduce a través de dos mecanismos principales: el portal Infodemia y la plataforma La Mañanera. Esta última resulta especialmente controversial por la sección “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?”, que busca señalar noticias falsas difundidas por la prensa (Domínguez 2023).
3.2 Estrategias operativas
Desde una perspectiva intraestatal (Bersch et al. 2017), los Estados que adoptan estrategias operativas en fact-checking emplean esta práctica de manera permanente, aunque delimitada a ciertos sectores del aparato estatal y/o temáticas específicas. Estas estrategias son implementadas por Estados que operan de manera continua mediante una o varias agencias estatales. Un ejemplo de este enfoque se observa en Chile, donde funciona una comisión asesora contra la desinformación bajo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCiencia). Esta comisión tiene como objetivo asesorar a funcionarios del ministerio para evitar la difusión y/o reproducción de desinformación por parte de estos (Minciencia 2023). Lo particular de este caso reside en que se trata de un proceso de verificación orientado hacia la autorregulación (Wolfs y Veldhuis 2023).
3.3 Estrategias discrecionales
Los Estados que implementan estrategias discrecionales en fact-checking desarrollan esta práctica a nivel nacional, pero la aplican a eventos focalizados, como procesos electorales, conflictos civiles, políticas públicas específicas, etc. Un ejemplo de esta estrategia es el caso de Ecuador, donde la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia estableció la cuenta Segcom Verifica en redes sociales como X y Facebook para combatir noticias falsas durante el proceso de vacunación en el contexto de la pandemia por el coronavirus (Borja 2021). Sin embargo, diversos estudios señalaron la falta de fuentes y transparencia en el proceso de verificación de información implementado por el gobierno ecuatoriano (Zambrano Solórzano 2021).
3.4 Estrategias discrecionales
Desde una perspectiva intraestatal (Bersch et al. 2017), los Estados que adoptan estrategias potestativas en fact-checking limitan esta práctica a ciertas instancias estatales y la implementan temporalmente durante períodos específicos. Un caso ilustrativo es Colombia, donde el Ministerio de Defensa lanzó la estrategia de ciberpatrullaje #ColombiaEsMiVerdad destinada a validar noticias previamente identificadas como falsas por chequeadores independientes como Colombiacheck y La Silla Vacía (Saavedra 2021). Esta campaña inició en el contexto de las manifestaciones sociales durante 2021 y fue administrada por las fuerzas militares a través de redes sociales, quienes calificaron la difusión de noticias falsas como “terrorismo digital” (Fundación para la Libertad de Prensa [FLIP] 2021).
4. Aplicando la tipología en tres regiones: África, Asia y América Latina
Esta sección analiza la tipología del fact-checking estatal a través de tres casos específicos: Etiopía, Indonesia y México. Los países, ubicados en tres regiones distintas, aportan contextos políticos, sociales, económicos y culturales únicos. Más que representar cada cuadrante o estrategia de la tipología, el objetivo es mostrar cómo esta se adapta a casos diversos que no pertenecen a una sola región, lo que permite destacar las particularidades de cada contexto.
El análisis parte de la categorización previamente expuesta y evalúa las dimensiones de cada categoría (alcance y sostenibilidad) a partir de los indicadores detallados. Además, se complementa con tres índices descriptivos: el nivel de capacidad estatal, el grado de confianza en las instituciones gubernamentales y el grado de confianza en los medios de comunicación. Estos índices permiten contextualizar de manera más precisa la implementación del fact-checking de cada país y se construyen a partir de datos de la Encuesta Mundial de Valores y el Índice de Estados Frágiles.
Cada índice se interpreta en una escala de 0 a 10, en la que 0 indica un nivel bajo de confianza o capacidad y 10 indica un nivel alto. Este enfoque no solo permite evaluar y categorizar al mismo tiempo, sino que también ayuda a detallar las particularidades de cada caso. A continuación, presentamos el análisis de cada país.
4.1 Etiopía
La plataforma de fact-checking afiliada al gobierno de Etiopía fue implementada en el contexto de la guerra de Tigray ocurrida durante 2020 en el norte del país (Abeba 2022). Inicialmente se denominó State of Emergency Fact Check para luego cambiar de nombre a Ethiopia Current Issues Fact Check hacia el final del conflicto (Wilmot et al. 2021). Funcionó en redes sociales como X y Facebook, y fue gestionada por un Estado con una capacidad estatal prácticamente nula (0 según el Índice de Capacidad Estatal basado en el Índice de Estados Frágiles). Aunque recibió respaldo del primer ministro Abiy Ahmed, fue objeto de cuestionamientos por haberse creado en un contexto de conflicto interno y por su desactivación tres meses después del acuerdo de paz, en enero de 2023 (Meseret 2024). Cabe mencionar que la implementación del fact-checking se dio en un contexto en el que los niveles de confianza en las instituciones gubernamentales de Etiopía alcanzaban una mediana de 6 puntos, acercándose ligeramente al rango de bastante confianza. De manera similar, el grado de confianza en los medios se mantuvo en una mediana de 5 puntos, sin ser favorable ni desfavorable.
En relación con la categoría de alcance, el caso de Etiopía mantiene una dimensión nacional, ya que la plataforma de fact-checking operaba bajo los intereses del gobierno central. El gobierno promovió esta cuenta como una herramienta de información actualizada, en un esfuerzo por presentar la “des- información” como pilar de la campaña a favor del gobierno (Ahmed 2021; Getachew 2021; Wilmot et al. 2021). Si bien la plataforma estuvo dirigida a un tema específico —la guerra de Tigray entre las autoridades regionales y el gobierno federal—, su propósito fue reforzar la defensa de la soberanía nacional y territorial frente a expresiones como State of Tigray y Tigray External Service.5 Debido a la naturaleza del conflicto (Plaut y Vaughan 2023), la plataforma de fact-checking se esforzó por contrarrestar cualquier tipo de manifestación que dotara de autonomía política y territorial a la región. De igual forma, puso énfasis en diferenciar entre un gobierno nacional elegido democráticamente y el grupo armado Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF, por sus siglas en inglés).6 Además, el fact-checking se orientó principal- mente a actores no estatales y grupos de la sociedad civil, con el propósito de debilitar la narrativa del TPLF en su oposición al gobierno.
En cuanto a la sostenibilidad, el fact-checking presenta una connotación temporal, puesto que se orientó a un evento específico: la guerra de Tigray. Este conflicto se originó cuando las autoridades de la región de Tigray decidieron continuar con las elecciones para renovar el parlamento local a pesar de la suspensión decretada por el gobierno nacional debido a la pandemia del coronavirus.7 En respuesta, el gobierno central suprimió recursos a la región y el TPLF reaccionó con insubordinación. En este contexto, la plataforma Ethiopia Current Issues Fact Check desplegó funciones únicamente durante el conflicto. En noviembre de 2022, por medio de la Unión Africana, se firmó un acuerdo de paz en Sudáfrica que permitía la entrada de ayuda humanitaria y ponía fin a los enfrentamientos y al bloqueo económico impuesto por el gobierno central (Dahir 2022). Tres meses después, la plataforma de fact-checking se desactivó (Meseret 2024).
Por lo tanto, el caso de Etiopía representa un Estado con estrategia discrecional, caracterizada por un alcance de tipo nacional y una sostenibilidad temporal. Si bien los objetivos de la plataforma nunca se explicitaron concretamente, su contenido favoreció la figura del primer ministro y se enfocó en desacreditar y posicionarse en contra del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF), la principal agrupación opositora en el conflicto.
4.2 Indonesia
El gobierno de Indonesia, mediante el Ministerio de Comunicación e Infor- mación, administra la plataforma web Kominfo,8 encargada del fact-checking y de articular un movimiento nacional de alfabetización digital (Siberkreasi), en colaboración con organizaciones no gubernamentales (Mafindo y Cek Falta), con visiones similares sobre temas de desinformación, alfabetización digital y acceso a la información (Siberkreasi 2024). Es preciso mencionar también que los niveles de confianza en las instituciones del país se mantienen relativamente favorables, con una mediana de 7 puntos en el grado de confianza en las instituciones gubernamentales y una mediana de 5 puntos en el grado de con- fianza en los medios de comunicación. Así pues, el fact-checking realizado por Kominfo está dirigido a múltiples temas, que incluyen salud, política, asuntos internacionales y misceláneos.9 De acuerdo con nuestro Índice de Capacidad Estatal, la plataforma opera con un nivel de capacidad estatal promedio de 5 puntos, lo que refleja un nivel de capacidad moderado.
En relación con la categoría de alcance, el fact-checking en Indonesia es ejecutado desde el gobierno central a través del Ministerio de Comunicación e Información (Meseret 2024). Diversos ministros en distintas gestiones han alentado a la prensa a realizar fact-checking10 y también han desafiado a diversos grupos de la opinión pública a colaborar en la eliminación de noticias falsas.11 A diferencia de otros enfoques que limitan sus intervenciones a áreas específicas, Kominfo verifica información sobre trece temas: salud, fraude, gobierno, política, internacional, crimen, catástrofes, difamación, religión, mitos, comercio, educación y otros.12 Al determinar que se trata de noticias falsas, el gobierno ordena a las plataformas digitales que retiren dicha información (Tay 2021). De este modo, el fact-checking en Indonesia alcanza una dimensión nacional.
En relación con la categoría de sostenibilidad, el origen de Kominfo se remonta a las elecciones generales de 2019, en las que Joko Widodo fue reelegido presidente (BBC News 2019). No obstante, la ejecución de fact-checking por parte de Kominfo se fue fortaleciendo, especialmente durante la pandemia por el coronavirus, cuando se implementó una ciberpatrulla operativa las 24 horas durante los siete días de la semana para identificar noticias falsas (Tay 2021). De esta forma, si bien el fact-checking en Indonesia se originó en un contexto electoral, sus actividades han perdurado hasta la actualidad. En consecuencia, se trata de un caso de fact-checking con un origen circunstancial, pero cuya sostenibilidad es de carácter permanente.
Por lo tanto, el caso de Indonesia ejemplifica un Estado que adopta una estrategia verificadora, caracterizada por un alcance nacional y una sostenibilidad permanente. Sin embargo, es relevante mencionar que la labor de fact-checking por parte de Kominfo en Indonesia ha sido cuestionada por iniciarse durante elecciones presidenciales y por haber compartido información basada en artículos desmentidos por organizaciones internacionales de fact-checking (Meseret 2024).13
4.3 México
En el caso de México, el gobierno ha implementado tres instancias de verificación de información a lo largo de los años: Verificado, la agencia de verificación perteneciente a Notimex (Agencia de Noticias Oficial de México); Infodemia, una plataforma adscrita al Sistema Público de Radiodifusión del Estado (SPR); y la sección de “¿Quién es quién en las mentiras de la semana?” en la conferencia La Mañanera, liderada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, a partir de un cambio político en 2018, los partidos histórica- mente más arraigados (el PRI y el PAN) perdieron protagonismo en la arena política, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), emergió como la fuerza dominante, lo que dio continuidad a la práctica de fact-checking a través de Infodemia y de la conferencia La Mañanera.14 En este contexto, México mantiene niveles bajos de confianza en las instituciones, con una mediana de 2 puntos para las instituciones gubernamentales y una mediana de 3 puntos para los medios de comunicación. El nivel de capacidad estatal tampoco es alentador, con un promedio de 3 puntos, acercándose al rango más bajo de capacidad según el índice elaborado.
En relación con la categoría de alcance, el fact-checking ejecutado en México se ubica en la dimensión nacional. Por ejemplo, la extinta Notimex, creada durante los gobiernos del PRI, operó a nivel federal y abordó temas variados en alineación con los intereses gubernamentales.15 Por su parte, Infodemia forma parte del sistema público de radiodifusión y opera también en el ámbito nacional (Domínguez 2024).16 Aunque se estableció en el contexto de la pandemia, posteriormente amplió su enfoque para desmentir información sobre una variedad de temas bajo el control del Estado.17 Y en el caso de “Quién es quién en las mentiras de la semana” (Zapata Celestino 2022), la sección liderada por el gobierno central se dedica principalmente a contrarrestar información difundida por la prensa y campañas en redes sociales que el gobierno considera adversas a su postura.18 En términos generales, el fact-checking en México está dirigido hacia actores no estatales y grupos de la sociedad civil, con especial atención en medios de comunicación y prensa independiente.
En cuanto a la categoría de sostenibilidad, el fact-checking desde el Estado en México tiene una denotación permanente. Los antecedentes más antiguos se pueden remontar a Notimex y su creación en la década de 1960. Sin embargo, bajo el gobierno liderado por Andrés Manuel López Obrador a partir de 2018, el fact-checking ha adquirido mayor peso en la agenda.19 En primer lugar, el proyecto Infodemia se implementó mediante una metodología de datos abiertos, con desmentidos de noticias falsas publicados en el sistema de radiodifusión estatal.20 En segundo lugar, López Obrador implementó una conferencia matutina denominada “La Mañanera” en 2016 durante su cargo de gobernador.21 Cinco años después, durante 2021, ya como presidente, añadió la sección de verificación “Quién es quién en las mentiras de la semana” como parte de la conferencia “La Mañanera” una vez por semana. En principio, la sección surgió con el propósito de desmentir noticias de la prensa y acusarla de no respaldar el proyecto nacional del gobierno (Domínguez 2024), para luego ampliar su objetivo a incluir información de redes sociales, aunque sin aplicar un proceso exhaustivo de verificación.22
Por consiguiente, el fact-checking en México corresponde a una estrategia verificadora, puesto que alcanza una dimensión nacional y al mismo tiempo es permanente. Cabe mencionar que diversas instancias, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Soto 2023), así como periodistas y analistas (Rodríguez Reyna 2021), han cuestionado estas prácticas, al considerar que proyectan un mensaje sesgado en relación con la libertad de expresión (Domínguez 2024).
5. Conclusiones
El fact-checking desde el Estado ha surgido en los últimos años como una herramienta utilizada por los Estados para enfrentar la desinformación. Este tipo de fact-checking puede categorizarse según los objetivos e intereses que mantenga cada Estado. Conceptualmente, este artículo desarrolló una tipología sobre estrategias de fact-checking desde el Estado y clasificó a los países en función de dos dimensiones del fact-checking: alcance y sostenibilidad. El alcance se concibió como la ejecución del fact-checking a nivel nacional o sectorial, mientras que la sostenibilidad evaluó si su aplicación era de carácter permanente o temporal. A partir de estas dimensiones, se definieron cuatro categorías: estrategia verificadora, estrategia discrecional, estrategia operativa y estrategia potestativa. Con esta estructura, analizamos los casos de Etiopía, Indonesia y México, categorizándolos como ejemplos de Estado con estrategia discrecional y Estados con estrategia verificadora, respectivamente.
Este artículo deja lecciones en diferentes niveles. Por un lado, a nivel teórico, representa un aporte significativo a los estudios sobre desinformación y sistemas de verificación de información. Dado que el fact-checking es un instrumento relativamente reciente, resulta crucial comprender su origen, los con- textos en los que se aplica y los actores autorizados para ejecutarlo. Igualmente relevante es analizar los efectos que el fact-checking ejecutado por el Estado genera en la sociedad y en el Estado. ¿Existe el riesgo a la censura? ¿Podrían las verificaciones responder a intereses particulares? Este tipo de interrogantes ayudan a entender los matices de este fenómeno y se espera que el artículo sirva como insumo a futuras investigaciones experimentales o explicativas.
Por otro lado, los cuestionamientos al uso del fact-checking recaen en el riesgo de perjudicar a la democracia de forma directa e indirecta. En este con- texto, el sesgo o la parcialidad de las autoridades podría otorgar a los Estados un poder para controlar la información de acuerdo con sus propios criterios de “verdad” (Meseret 2024). Además, estas iniciativas pueden desvirtuar el objetivo principal del fact-checking y convertirlo en un instrumento de censura y/o represión, especialmente contra la ciudadanía y los medios de comunicación (Meseret 2024).
El estudio enfrenta tres limitaciones principales. En primer lugar, como toda tipología, no logra abarcar todas las variables de los fenómenos estudiados, lo que limita su generalización. La clasificación restringe el alcance del fenómeno (Sartori 1970) y siempre podrían surgir excepciones que no se ajusten a la lógica de la tipología propuesta. En segundo lugar, al tratarse de un fenómeno en evolución, cada estrategia de fact-checking puede variar en el futuro, lo que podría alejarla de la tipología o afianzar algunas de sus características. En tercer lugar, esta tipología podría presentar una limitación temporal, ya que se aplica únicamente a los casos de las últimas dos décadas y la década actual.
Finalmente, el fact-checking ejecutado por el Estado afronta grandes desafíos para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Su origen, en muchos casos derivado de un contexto político, acarrea recepción negativa entre los actores que se consideran perjudicados. Uno de los mayores retos recae en la institucionalización de estos mecanismos, ya que el fact-checking no debería percibirse como un instrumento de defensa de los intereses del gobierno de turno. Los procesos de verificación deben seguir una metodología rigurosa y captar el interés de la ciudadanía. En este tipo de escenarios, la alfabetización digital podría desarrollarse en más Estados como un mecanismo alternativo para enfrentar la desinformación.
Apéndices
Tabla A1 Indicadores para la categoría de alcance
| Categoría I: Alcance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nombre del indicador | I1. Ejecución del fact-checking desde instituciones estatales nacionales | I2. Ejecución del Fact-checking desde agencias estatales con objetivos específicos | I3. Fact-checking orientado hacia funcionarios e instituciones del gobierno | I4. Fact-checking orientado hacia actores no estatales y grupos de la sociedad civil |
| Definición | Evaluar si el Fact-checking está comprendido como una función institucional que dirige el Estado a nivel nacional con llegada a temas de diversa índole. | Evaluar si el Fact-checking está comprendido como una función perteneciente únicamente a una o más entidades estatales cuya llegada es sectorial y/o para temas específicos. | Orientación del Fact-checking hacia dentro del mismo Estado y/o instituciones dependientes | Orientación del Fact-checking hacia grupos fuera del Estado central e instituciones dependientes. |
| Escala de medición | Dicotómica | Dicotómica | Dicotómica | Dicotómica |
| Valores | Sí (1), No (2) | Sí (1), No (2) | Sí (1), No (2) | Sí (1), No (2) |
| Fuente | Entrevistas/ Portal institucional | Entrevistas/ Portal institucional | Entrevistas/ Portal institucional | Entrevistas/ Portal institucional |
Fuente: Elaboración propia
Tabla A2 Indicadores para la categoría de sostenibilidad
| Categoría II: Sostenibilidad | ||
|---|---|---|
| Nombre del Indicador | I.1. Procesos de verificación de información con funcionamiento más allá de procesos circunstanciales y/o intervalos específicos | I.2. Procesos de verificación de información dirigidos a coyunturas específicas |
| Definición | Evaluar la durabilidad de los procesos de Fact-checking y si tienen una orientación permanente con enfoque en actores políticos (individuos) y/o medios digitales. | Evaluar si los procesos de Fact-checking poseen una connotación temporal u orientados a circunstancias determinadas (finalizadas y en curso) con enfoque en actores políticos (individuos) y/o medios digitales. |
| Escala de medición | Cualitativa dicotómica | Cualitativa dicotómica |
| Valores | Sí (1), No (2) | Sí (1), No (2) |
| Fuente | Entrevistas/Revisión de información | Entrevistas/Revisión de información |
Fuente: Elaboración propia
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Notas:
1Conceptualización elaborada con base en las definiciones propuestas por Politifact y Chequeado.
2Ver Drobnic Holan (2018) y Chequeado (2023).
3 Fundador y editor de Newschecker en la India.
4 Esta agencia tiene como principal objetivo apoyar a través de diferentes medios como el financiamiento a cadenas integrantes con la finalidad de informar, involucrar y conectar a la ciudadanía a favor de la libertad y la democracia (U.S. Agency for Global Media 2019).
5 Ver Addis Standard (2022).
6 Ver Addis Standard (2022).
7 Ver BBC News Mundo (2022).
8 Ver https://www.kominfo.go.id/
9 Ver https://bit.ly/3Og5zsS
10 Ver https://bit.ly/4eyTbib
11 Ver https://bit.ly/40S4Aq9
12 Ver https://bit.ly/4fvtsbT
13 Es relevante considerar que Indonesia presenta antecedentes de persecución política a través de la aplicación de leyes e instrumentos destinados a la verificación de información (Meseret 2024).
14 Investigador/académico en fact-checking, entrevista con las autoras, 8 de agosto de 2024.
15 Investigador/académico en fact-checking, entrevista con las autoras.
16 De acuerdo con la legislación mexicana, el sistema de radiodifusión —que abarca canales televisivos, portales digitales, instituciones educativas, etc.— es propiedad exclusiva del Estado mexicano (Investigador/académico en fact-checking, entrevista con las autoras).
17 Investigador/académico en fact-checking, entrevista con las autoras.
18 Investigador/académico en fact-checking, entrevista con las autoras.
19 Periodista, entrevista con las autoras, 4 de agosto de 2024.
20 Ver https://bit.ly/48SHEcr
21 Investigador/académico en fact-checking, entrevista con las autoras.
22 Investigador/académico en fact-checking, entrevista con las autoras.