El Barómetro de la Américas es un proyecto de Lapop Lab, un centro de excelencia en la investigación de la opinión pública de Vanderbilt University en Estados Unidos. Esta encuesta multinacional, multirregional y multicultural (3MC) se centra en los “valores y comportamientos democráticos de ciudadanas y ciudadanos en edad de votar y residentes permanentes en el continente americano” (Lupu et al. 2023, 114). Iniciado en 2004, el Barómetro aplica encuestas aproximadamente cada dos años. Las personas encuestadas son seleccionadas mediante muestras probabilísticas representativas en América Latina y el Caribe, y mediante paneles por internet no probabilísticos en los Estados Unidos y Canadá. El proyecto utiliza un cuestionario central estandarizado y módulos de preguntas específicas para cada país, con el objetivo de recopilar datos a través de encuestas presenciales en los hogares. En algunas rondas, como la de 2021, se aplicaron entrevistas telefónicas asistidas por computadora (Cati, por sus siglas en inglés). En Estados Unidos y Canadá, el proyecto aplica encuestas autoadministradas por internet. El tamaño promedio de la muestra, con 1512 personas encuestadas por país, permite estimaciones nacionales y subnacionales de variables clave de la población (Lupu et al. 2023, 114).

.Los cuestionarios utilizados en el Barómetro de las Américas se componen de una serie de preguntas centrales junto con módulos específicos para cada país, con el propósito de medir actitudes, experiencias y comportamientos dentro de los sistemas políticos, económicos y sociales. Las preguntas centrales del cuestionario están estructuradas para permitir comparaciones válidas a lo largo del tiempo y entre diferentes espacios. Los módulos específicos para cada país recopilan opiniones sobre fenómenos sociopolíticos particulares de cada contexto. En cada ronda, se diseñan nuevas preguntas a través de talleres con la participación de expertos y expertas en los países, así como destacados académicos y académicas en el campo. En promedio, el cuestionario para las entrevistas presenciales incluye 152 preguntas y se completa en 45 minutos, mientras que el cuestionario en el sistema Cati consta de 77 preguntas y se responde en 20 minutos. Los temas abordados en el cuestionario comprenden valores democráticos, apoyo al sistema, Estado de derecho, género, intenciones de emigrar, entre otros (Lupu et al. 2023, 115).

El cuestionario central y los módulos específicos para cada país pasan por una serie de pruebas exhaustivas mediante un proceso iterativo de entrevistas cognitivas en tres fases. Primero, las y los entrevistadores de Lapop aplican entrevistas cognitivas en profundidad sobre los nuevos módulos para desarrollar los primeros borradores del cuestionario. En segundo lugar, Lapop capacita de forma minuciosa a las y los asistentes de investigación y consultores que aplicarán las entrevistas cognitivas de todo el cuestionario central en una selección de países de diferentes regiones de las Américas, lo que asegura la variación del contexto. En tercer lugar, se implementa un proceso similar en todos los países usando el cuestionario adaptado a cada contexto. En años recientes, las empresas encuestadoras locales reclutaron participantes para las pruebas piloto, a quienes en algunos casos se les ofreció un pequeño incentivo por su participación. Desde 2020, la mayoría de las entrevistas cognitivas se aplicaron de manera remota mediante videollamadas o llamadas telefónicas.

El Barómetro emplea una estrategia de muestreo estratificado, multietápico y por conglomerados para seleccionar muestras nacionales probabilísticas en los países donde la encuesta se administra en persona. Encuestadores capacitados por Lapop entrevistan a las personas encuestadas elegibles y disponibles al momento de la encuesta. Se selecciona a una sola persona encuestada por hogar y no se requiere volver a visitar el mismo hogar. En los estudios en persona, Lapop utiliza el “emparejamiento de frecuencias”, una técnica que asegura que las muestras obtenidas reflejen las distribuciones nacionales de edad y género del marco muestral. Este emparejamiento se implementa al nivel de conglomerado. En los países donde la encuesta se aplica mediante el sistema Cati, Lapop usa el marcado aleatorio de dígitos (RDD, por sus siglas en inglés) de teléfonos celulares. En los casos de llamadas sin respuesta, cada número seleccionado en la muestra es marcado al menos cinco veces antes de ser descartado.

La estrategia de diseño de la muestra del Barómetro de las Américas en los estudios presenciales generalmente produce observaciones autoponderadas. En casos excepcionales, se utiliza la calibración de las ponderaciones para compensar las desviaciones en el tamaño de la muestra. Lapop calcula estas ponderaciones utilizando las distribuciones de la población según los estratos de población urbana y rural, género y edad. Para los estudios Cati, las ponderaciones se calculan estimando probabilidades de base ajustadas por la elegibilidad y la no respuesta. Luego, se calibran basándose en las muestras de esos países del Barómetro de las Américas de 2018/19 según género, educación, edad y región. Las ponderaciones a lo largo del tiempo y entre países se estandarizan para garantizar que cada país y año tengan el mismo tamaño muestral efectivo.

Los talleres de capacitación incluyen varios componentes clave. Primero, un componente presencial en el que personal de trabajo de campo, entrenado por Lapop instruye a las y los encuestadores y auditores de control de calidad sobre la logística, los protocolos de seguridad y el monitoreo del trabajo de campo. Segundo, un componente virtual en el que representantes de Lapop repasan los cuestionarios completos y las muestras del país con cada equipo. Además, se proporcionan videos de capacitación en los que se revisan las mejores prácticas en la investigación con encuestas, los principios éticos y las operaciones con la plataforma de recolección de datos. Por último, se lleva a cabo una prueba piloto completa de la encuesta en la que el personal de trabajo de campo practica lo aprendido antes del lanzamiento de la encuesta real. Las sesiones de capacitación generalmente duran dos días completos y concluyen con una evaluación de lo aprendido. Las y los entrevistadores deben aprobar esta evaluación (respondiendo correctamente al 80 % o más de las preguntas) para recibir la certificación que les permite trabajar en el proyecto.

Desde 2016, el Barómetro de las Américas emplea el algoritmo de trabajo de campo de Lapop para el control de normas y operaciones de la encuesta (Falcon, por sus siglas en inglés). Falcon recolecta múltiples tipos de paradatos, incluyendo grabaciones de voz e imágenes de la o el entrevistador, el tiempo en completar las preguntas y el cuestionario, entre otros indicadores del desempeño del entrevistador/a. Estos indicadores se monitorean a diario durante la recolección de datos, lo que permite aplicar correcciones o cancelaciones en tiempo real si no se cumplen los estándares de control de calidad. Las bases de datos finales contienen solo entrevistas de alta calidad. Cada informe técnico de las encuestas del Barómetro resume los resultados de este proceso.

Una de las contribuciones más valiosas del Barómetro de las Américas es su capacidad para observar la evolución de la opinión pública a lo largo del tiempo. Un aspecto crucial para detectar cambios es la identificación del problema más importante del país, en este caso, Perú. Entre 2006 y 2021 se han evidenciado cambios significativos en las preocupaciones ciudadanas. La economía (que incluye una variedad de respuestas como el desempleo, los bajos salarios, el alto costo de vida, etc.) fue una preocupación predominante entre 2006 y 2014. No obstante, a partir de 2014, menos de un tercio de la muestra mencionó algún tema económico como el problema más importante del país (Gráfico 1).

El Gráfico 1 muestra cómo los temas relacionados con la corrupción y la seguridad han ganado importancia con el tiempo. En 2006, apenas un 10 % de las personas entrevistadas mencionaba la seguridad como el principal problema del país. Sin embargo, en la encuesta de 2014, ese porcentaje aumentó al 47 %. Durante la ronda 2016/17, la preocupación por corrupción se incrementó de manera dramática, alcanzando el 27 % de la muestra, en comparación con el 10 % registrado en 2014, mientras que un reducido 21 % mencionaba algún tema económico como el más importante. La seguridad ciudadana y la corrupción están íntimamente vinculadas con el desempeño del Estado. Cuando la ciudadanía menciona déficits en términos de seguridad o expresa preocupación por la corrupción, está identificando carencias del Estado (Mainwaring 2006). En las encuestas aplicadas de 2014 a 2018/9, entre el 50 % y el 60 % de las personas afirmaron que el problema más importante del país estaba relacionado con una falla estatal: la seguridad o la corrupción.

Como era de esperarse, la pandemia declarada en marzo de 2020 cambió las percepciones de la gente acerca del problema principal en el país. En el Gráfico 1 se observa que en 2021 el rubro “otros” superó ampliamente a los de economía, seguridad y corrupción. Este “otros” incluye temas directamente relacionados con la crisis sanitaria, como la falta de vacunas y el colapso del sistema de salud para atender los contagios por Covid-19.

En la encuesta de 2021 también se observa un incremento en la proporción de personas que mencionan la economía como el problema principal. Sin duda, la pandemia también creó condiciones de vulnerabilidad económica, lo que se refleja en este crecimiento. Es la primera vez desde 2008 que el porcentaje de personas preocupadas por la economía crece, ya que hasta entonces decrecía con cada medición.

4. El bajo apoyo a la democracia

El Barómetro de las Américas revela que el apoyo a la democracia en Perú es bajo, especialmente cuando se compara con el promedio regional. Además, este apoyo ha disminuido desde 2014. En la primera ronda de encuestas en Perú, aplicada en 2006, un bajo 53 % estaba de acuerdo con la afirmación de que la democracia, a pesar de todos sus problemas, es mejor que cualquier otra forma de gobierno2 Esta cifra contrastaba notablemente con el promedio del 68 % registrado en otros países latinoamericanos3 Esa brecha de apoyo a la democracia entre la ciudadanía peruana y el promedio latinoamericano se ha mantenido en cada ronda del Barómetro de las Américas, como se aprecia en el Gráfico 2. Más aún, las diferencias entre los promedios de Perú y América Latina son estadísticamente significativas en cada ronda4 Desde una perspectiva temporal, se observa una fluctuación en estos porcentajes de apoyo a la democracia en Perú, alcanzando sus puntos más altos en 2008 y 2012. En la última medición (2021), el apoyo a la democracia es diez puntos porcentuales inferior a lo registrado en 2012, lo cual representa una caída considerable (ver Gráfico 2).

.Explicar por qué el apoyo a la democracia en Perú es tan bajo en términos comparativos requeriría un análisis mucho más extenso. Sin embargo, se pueden ofrecer algunas ideas puntuales. En primer lugar, aunque el crecimiento económico ha sido significativo desde el inicio del milenio y existe una reducción de la pobreza, la desigualdad económica y social persiste. Con excepción de los años 2009 (gran recesión internacional) y 2020 (pandemia), la economía creció de manera consistente desde 2002, y en algunos años alcanzó tasas de crecimiento superiores al 5 % anual. Este crecimiento sostenido ha reducido de manera notable la pobreza, especialmente la pobreza extrema. No obstante, los beneficios del crecimiento económico y la reducción de la pobreza no se han distribuido equitativamente. Existen profundas desigualdades, sobre todo en el acceso a servicios públicos de calidad, como educación y salud (Cotler y Cuenca 2011; Schuldt 2004; Jungbluth 2016). Asimismo, el crecimiento de la economía se ha sustentado fundamentalmente en la exportación de productos minerales (Cruz Saco 2021). La mayoría de peruanas y peruanos continúa trabajando en el sector informal, caracterizado por escasa productividad, bajos ingresos y falta de protección estatal (Gamero y Pérez 2020). Junto con los problemas asociados con el empleo informal, también deben mencionarse las fallas del Estado y las carencias de representación política, que discutiremos más adelante. Todo esto contribuye con el descontento político.

Antes de profundizar en las razones del descontento, es necesario preguntarse si existe alguna relación entre el apoyo a la democracia y la condición socioeconómica de las personas encuestadas. Existen diversas maneras de medir esta condición; en este caso, seguimos la metodología de Lapop, que utiliza activos o bienes del hogar como indicador de riqueza material. Lapop construye quintiles de riqueza que usaremos para nuestro análisis, agrupando los dos quintiles más pobres y los dos más ricos para obtener tres grandes grupos: los dos quintiles más pobres, un quintil intermedio y los dos quintiles más ricos5 El Gráfico 3 muestra la evolución del apoyo a la democracia en Perú en cada uno de estos tres grupos. La información presentada es clara: aquellos con menor riqueza material tienen niveles de apoyo a la democracia consistentemente más bajos que aquellos en los sectores de mayor riqueza. La diferencia entre ambos grupos es estadísticamente significativa en todas las rondas de las encuestas, excepto en 2014 y 2018/19. En la encuesta aplicada en 2021, la diferencia en el apoyo a la democracia entre ambos sectores era de 15 puntos porcentuales. Incrementar el nivel de compromiso actitudinal entre la población de menor riqueza relativa es un desafío pendiente para la democracia peruana. Es importante señalar que el grupo intermedio de riqueza tiende a mostrar niveles de apoyo estadísticamente distintos de los dos grupos entre los que se encuentra. Solo en algunas rondas (por ejemplo, 2016/17 y 2021), el porcentaje de apoyo a la democracia en el grupo intermedio fue significativamente distinto del grupo del 40 % más rico (Gráfico 3).

4.1 Una mirada más cercana a las actitudes democráticas

La discusión previa sugiere que el compromiso actitudinal con la democracia es relativamente bajo en Perú, especialmente en comparación con el promedio regional latinoamericano. Sin embargo, esta conclusión se basa en la respuesta a una sola pregunta. Por lo tanto, es necesario profundizar usando otras preguntas que aborden el tema del apoyo a acciones no democráticas.

Una de estas preguntas se relaciona con el tema tradicional de los golpes de Estado, una acción claramente antidemocrática. Debido a que existe una sanción social hacia los golpes militares, lo que se intenta explorar es el porcentaje de la población adulta que los apoyaría en situaciones extraordinarias. Desde 2006, Lapop ha preguntado si la persona encuestada justificaría un golpe militar en caso hubiera mucha corrupción en el país. El Gráfico 4 presenta el porcentaje de entrevistados/as que justificarían esta acción en Perú, en comparación con el promedio de América Latina.

Como en el caso anterior, las actitudes democráticas en Perú son más débiles que en el promedio regional. Por ejemplo, en 2006, un 61 % de peruanas y peruanos justificaba un golpe militar en casos de mucha corrupción, mientras que en el resto de la región solo un 43 % estaba dispuesto a hacerlo. En 2021, la brecha en la justificación de un golpe militar era un poco menor, pero aún reflejaba una diferencia significativa de 13 puntos porcentuales. Dada la magnitud de la diferencia, no es ninguna sorpresa que, en cada año de las encuestas, las brechas en los porcentajes descritos son estadísticamente significativas.

Como veremos más adelante, una proporción bastante alta de la población piensa que la mayoría de las y los funcionarios públicos y políticos están vinculados/as con la corrupción. Esta percepción genera una actitud antipolítica que se manifiesta en el apoyo a una intervención militar para erradicar la corrupción, lo que podría explicar el alto grado de apoyo a golpes militares. Aunque no sea necesario señalarlo, sabemos que los gobiernos militares no están exceptos de corrupción. Un aspecto relativamente positivo del Gráfico 4 es que el apoyo a los golpes militares es menor a partir de 2014 en comparación con el periodo 2006-2012, aunque se observa un aumento significativo en 2018/19.

Una forma alternativa de acabar con la democracia proviene del Poder Ejecutivo y sus acciones contra los parlamentos que actúan como contrapeso y oposición. Estos llamados “autogolpes” o “golpes presidenciales” se han convertido en un método adicional para desmantelar el orden constitucional (Cameron 1998). En Perú, existen dos ejemplos de este tipo de acción antidemocrática: el golpe exitoso de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992 y el fallido intento de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Desde la ronda de 2010, el Barómetro pregunta si se justificaría que la o el presidente cierre el Congreso y gobierne sin él “cuando el país enfrenta momentos muy difíciles”.

Como en los análisis anteriores, las respuestas a esta pregunta en Perú se comparan con el promedio regional. Los resultados se presentan en el Gráfico 5.

Este gráfico muestra que, en comparación con el apoyo a los golpes militares en casos de mucha corrupción, el respaldo a que las y los presidentes gobiernen sin Congreso era menor hasta la ronda 2016/17. Sin embargo, esto no significa que no haya motivo de preocupación. El Gráfico 5 revela un aumento creciente en el porcentaje de personas entrevistadas dispuestas a justificar esta acción, pasando de un 26 % en 2010 a un 45 % en 2021. En la ronda 2018/19 hubo un pico extraordinario de 59 %, lo que refleja una coyuntura política especial, con un presidente muy popular enfrentado a un Congreso muy impopular. Esta situación debería preocuparnos, ya que, aunque esta combinación de un mandatario muy popular y un Congreso muy impopular no ha sido frecuente en los últimos años, no puede descartarse en el futuro. Es evidente que existe un porcentaje significativo que estaría dispuesto a apoyar una acción anticonstitucional por parte de la o el presidente.

Debe agregarse que, una vez más, el apoyo a la opción no democrática es consistentemente más alto en Perú que en el promedio regional. Estas diferencias son, en cada año presentado, estadísticamente significativas.

Para resumir los hallazgos de esta sección: en comparación con el promedio regional, en Perú existe un nivel relativamente bajo de apoyo a la democracia como régimen político. Este hallazgo es consistente con el hecho de que, en comparación con el resto de la región, en Perú es mayor el apoyo actitudinal hacia golpes militares en casos de mucha corrupción y la justificación de acciones presidenciales para cerrar el Congreso y gobernar sin él. La conclusión es inescapable: existe un débil compromiso de la opinión pública peruana con la idea de democracia y el ejercicio democrático del poder. En las siguientes páginas intentaremos ofrecer una explicación de este fenómeno.

5. El descontento con el funcionamiento de la democracia

Consideramos que uno de los factores que debilita el apoyo hacia la democracia es el descontento de la mayoría de la ciudadanía con el desempeño de su sistema político. ¿Cómo medir este descontento? Existen varias formas, pero ninguna es perfecta. Por ejemplo, se podría utilizar la evaluación del desempeño de la o el presidente. Sin embargo, la popularidad de los presidentes no es estable, generalmente es mayor al comienzo de sus administraciones que en los últimos meses. Otra opción es usar preguntas sobre la confianza en las instituciones políticas, aunque esto mide desconfianza y no descontento. Por ello, a pesar de sus limitaciones, emplearemos la pregunta sobre qué tan satisfecha se encuentra la persona encuestada con la manera en que la democracia funciona en el país (satisfacción con la democracia o SCD). Aunque algunas personas consideran que la SCD mide el grado de legitimidad del sistema político (Anderson y Guillory 1997; Fuchs 1993; Klingemann 1999), otras sugieren que está muy relacionada con las evaluaciones del desempeño del Poder Ejecutivo (Dalton 1999). Debido a este debate, algunos sostienen que no es conveniente usar la SCD (Canache et al. 2001). No necesitamos tomar una posición en este debate; pocos negarán que esta variable mide, por lo menos, el grado de satisfacción política y una evaluación de cómo el sistema político se está desempeñando (Inglehart 1977; Schmitt 1983). De hecho, en un análisis reciente, Singh y Mayne (2023) concluyeron que existe un consenso emergente que considera la SCD “como un indicador de nivelmedio de apoyo político” (2023, 194). Esto no significa rechazar que esta pregunta capture o esté “contaminada” de alguna forma por percepciones como el apoyo al presidente/a. Al menos, mide el grado de apoyo al desempeño del sistema político, que es lo que nos interesa aquí, ya que queremos usarla como un indicador de descontento.

El Gráfico 6 muestra la distribución del porcentaje de ciudadanas y ciudadanos satisfechos con la manera en que la democracia funciona en el país6 Esta evidencia destaca un descontento político consistentemente mayor en Perú que en el promedio regional, con diferencias estadísticamente significativas (ver Gráfico 6). Solo en 2012, durante los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala, la satisfacción con el funcionamiento de la democracia superó el 50 %. A partir de ese año, la caída ha sido sostenida, al punto que, en 2021, apenas dos de cada diez peruanos/as adultos/as manifestaban satisfacción con el funcionamiento de la democracia.

En secciones anteriores observamos que los grupos con mayor riqueza material tienden a apoyar más a la democracia que aquellos con menor riqueza. El Gráfico 7 aborda una pregunta similar: ¿Existe una asociación entre bienestar material y descontento político? Los resultados sugieren una respuesta negativa. Aunque en algunos años las personas con menor bienestar económico mostraban tendencia a un mayor grado de insatisfacción con la manera en que funcionaba la democracia en comparación con el grupo de mayor riqueza, esas diferencias no alcanzaron significancia estadística. Es más, a partir de 2014 la relación se invirtió, y las personas más acomodadas económicamente comenzaron a manifestar mayor descontento que aquellas con menor riqueza. El único año en que las diferencias resultaron significativas fue 2012. Lo notable en el Gráfico 7 es la manera en que los niveles de satisfacción con el funcionamiento de la democracia caen en los tres grupos desde 2012. La caída más dramática se observa en el grupo con mayor riqueza material, que pasó del 57 % en 2012 a solo el 18 % de satisfacción en 2021.

No cabe duda entonces: el descontento político es generalizado en Perú. En las secciones siguientes, exploraremos las razones de este descontento.

6. La historia reciente de desencanto político

Para entender el gran descontento político en Perú, es esencial reconocer la historia reciente de profunda decepción con líderes políticos que en su momento fueron muy populares. Aunque esta no es la única razón que explica el descontento actual, constituye el sustrato histórico necesario para comprender el escepticismo existente. Desde 1980, ha habido una serie de presidentes que inicialmente generaron mucha esperanza y obtuvieron gran apoyo popular, pero que luego desilusionaron profundamente. Este factor, aunque no puede ser cuantificado en una tabla o gráfico, contribuye a que, a mediados de la primera década del nuevo milenio, el apoyo y la satisfacción con la democracia en Perú se encontraran en niveles más bajos que el promedio regional. Esta desilusión ha erosionado de manera sustancial el “reservorio de apoyo” en el país, desgastándose a lo largo de las dos últimas décadas. A continuación, presentamos un breve listado que empieza con el retorno a la democracia en 19807 La esperanza de un cambio en las condiciones de vida de la población, que surgió cuando los militares se retiraron a sus cuarteles y la democracia política regresó, fue rápidamente defraudada.

Tal vez la desilusión más notable de los años ochenta fue el primer gobierno de Alan García. Como líder joven del partido más antiguo del país, su elección marcó un hecho histórico, ya que fue la primera vez que este partido accedía al poder, poniendo fin al largo veto militar a esta agrupación de origen populista, que había experimentado significativos virajes políticos a lo largo de su historia. Alan García generó un notable entusiasmo que se reflejó en sus niveles iniciales de popularidad, que en la actualidad serían casi imposibles de lograr. Por ejemplo, en setiembre de 1985, al cumplir dos meses de gobierno, su popularidad alcanzó el 90 %. Un año después, en julio de 1986, su popularidad se mantenía en un sólido 70 % (Reyna 2000, 55). Las multitudes que asistían a sus famosos “balconazos” eran la manifestación física de estas cifras. No obstante, la incapacidad de su gobierno para controlar la inflación y combatir a Sendero Luminoso, junto con la inesperada e inconsulta nacionalización de la banca y seguros, llevó a la población a abandonarlo. La caída política fue más abrupta debido a la elevada popularidad inicial de Alan García. Del 90 % que tenía en setiembre de 1985, cayó al 13 % en julio de 1989 (Reyna 2000, 187). En el último mes de su gobierno, su popularidad era de 21 % (Reyna 2000, 251).

En la década de los noventa, el ciclo de ilusión y desencanto se repitió, esta vez con Alberto Fujimori. El cierre del Congreso el 5 de abril de 1992, junto con su éxito en estabilizar la economía y derrotar la insurgencia interna, le generaron un apoyo popular significativo. Aunque su popularidad nunca alcanzó los niveles de Alan García, su punto más alto se dio cuando disolvió el Congreso, llegando al 81 %. Luego, su popularidad disminuyó, pero se mantuvo en el rango del 60-70 % durante la primera parte de su gobierno. En mayo de 1995, esta aprobación estaba en 80 % (Carrión 2006). Sin embargo, sus esfuerzos para intentar una segunda reelección y el fraude electoral que fraguó para conseguirla derivaron en un descontento considerable. Cuando se reveló toda la corrupción asociada con su gobierno, la popularidad de Fujimori apenas alcanzó el 24 % en el último mes de su mandato. Perú observó pasmado, tras su renuncia, el grado de corrupción que caracterizó a su administración. Ese desencanto no solo generó una actitud antifujimorista relativamente fuerte, sino también un alto escepticismo hacia las y los políticos en general.

El nuevo milenio marcó la transición del fujimorismo a la democracia electoral. Las primeras elecciones de este periodo, en 2001, se distinguieron de las siguientes por la ausencia de polarización que caracterizaría las elecciones a partir de 2006. Alejandro Toledo, quien había liderado la oposición en el último año de Fujimori, llegó a la presidencia con un impresionante apoyo. En la segunda vuelta, derrotó fácilmente a Alan García en todos los departamentos del país, excepto en siete. Toledo fue el candidato más votado en las regiones del oriente, el centro y el sur del país. Inició su mandato con un 59 % de aprobación, pero rápidamente decepcionó a la mayoría de la población peruana: nueve meses después de asumir el gobierno, su aprobación apenas llegaba al 17 %.8

Una presidencia con altas expectativas, pero rápida desilusión volvió a registrarse en 2011. La elección de Ollanta Humala en segunda vuelta reprodujo prácticamente los resultados de 2001. Humala ganó en todos los departamentos excepto en cinco, con un fuerte apoyo en la selva, el centro y el sur del país. Sus promesas de inclusión social renovaron la esperanza entre aquellos que no se beneficiaban sustancialmente del crecimiento económico que Perú experimentaba desde 2002. Aunque pueden señalarse algunos logros importantes, el gobierno de Humala no pudo mantener su apoyo inicial: pasó de una aprobación del 55 % al inicio de su gestión a un 33 % nueve meses después.9

Sobre este sustrato de frecuentes desengaños deben considerarse dos problemas centrales que, en nuestra opinión, explican el alto grado de insatisfacción con la democracia en el país. El primero está relacionado con la representación política. El segundo, con las fallas del Estado, específicamente la falta de control de la corrupción y una lucha fallida contra la delincuencia.

7. Los déficits de representación

Una de las condiciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia es que los mecanismos de representación política cumplan su labor de manera efectiva. En general, la representación en democracias se efectúa en dos dimensiones.10 La primera dimensión se refiere al derecho de la ciudadanía de escoger, el día de las elecciones, entre los diversos programas políticos que se ofertan. Esta dimensión se conoce como “representación como mandato”, porque una mayoría de votantes elige qué programa político debe orientar al gobierno electo (Manin et al. 1999, 30). La segunda dimensión de la representación política se relaciona con la habilidad de las y los votantes de premiar o castigar a sus representantes electos si estos fallan en cumplir con sus promesas o si su desempeño es nefasto. Esto se conoce como “representación como responsabilidad” (accountability) (Manin et al. 1999, 40). Por razones que solo mencionaremos brevemente, estas dos dimensiones de representación han fallado en Perú en las últimas dos décadas.

En décadas recientes, el primer caso abierto de violación del principio de representación como mandato ocurrió con Alberto Fujimori, quien hizo campaña en 1990 contra programas de estabilización económica, para luego implementar uno bastante radical (Stokes 2001). Con el regreso a la democracia política, cada candidato triunfante ha llevado a cabo programas de gobierno distintos a los que ofreció durante la campaña electoral (Dargent y Muñoz 2012, 264; Vergara y Encinas 2016, 160-161). En las elecciones de 2001, 2006 y 2011, los triunfadores en la segunda vuelta fueron candidatos que ofrecieron políticas que enfatizaban, utilizando el lenguaje de Stokes (2001), mensajes de seguridad económica y un Estado más activo en la economía. No obstante, una vez en la presidencia, estos mandatarios implementaron lo que Stokes llama “políticas de eficiencia” (2001). La política económica continuó sin cambios, manejada por el famoso “piloto automático” (Meléndez y Sosa Villagarcía 2013). En las elecciones de 2016, el candidato ganador de la segunda vuelta, Pedro Pablo Kuczynski, ofreció una alternativa al posible regreso del fujimorismo al poder. Sin embargo, una vez en la presidencia, Kuczynski adoptó una postura tímida frente a la mayoría fujimorista en el Congreso. Cuando su presidencia estuvo en peligro debido a una moción de vacancia, prefirió formar una alianza con un sector del fujimorismo y a cambio perdonó al expresidente Alberto Fujimori, traicionando así el voto antifujimorista que lo llevó al poder. El caso más reciente es el de Pedro Castillo, quien, a pesar de sus promesas de inclusión política y lucha contra la pobreza, una vez en el poder abandonó cualquier interés en gobernar y, en cambio, se dedicó a establecer redes de corrupción en diversos aparatos del Estado, especialmente aquellos vinculados con la construcción. Posteriormente, intentó cerrar el Congreso cuando las investigaciones comenzaron a acercarse a estas redes..

El segundo déficit de representación está asociado con la imposibilidad de los votantes peruanos/as de castigar a sus gobernantes por traicionar sus programas o por una mala labor en la presidencia, debido a razones institucionales y organizacionales. La ausencia de partidos políticos sólidos y la restricción de la reelección presidencial consecutiva han impedido que las y los votantes castiguen a sus mandatarios y a los partidos con los que candidatearon desde el retorno de la democracia en 2000. Este fenómeno ha sido descrito como una “responsabilidad (accountability) vertical débil” y señalado como uno de los causantes de la alta insatisfacción política en Perú (Vergara y Watanabe 2019, 32). El transfuguismo, la fragmentación de los partidos, el surgimiento de candidaturas independientes y los efectos no anticipados de la legislación electoral han debilitado a los partidos en lugar de fortalecerlos (Zavaleta 2014; Levitsky y Zavaleta 2016). En este contexto de ausencia de partidos políticos fuertes y la prohibición de la reelección inmediata, los votantes no tienen la oportunidad de “votar retrospectivamente” (Zavaleta 2014, 147).

Esta falla dual de representación (Carrión y Zárate 2023) alimenta en parte el alto grado de descontento político que se refleja en la disminución de los porcentajes de personas entrevistadas que manifiestan estar satisfechas con el funcionamiento de la democracia en el país. No obstante, el descontento también está asociado con las fallas del Estado en diversas áreas de políticas públicas. Aquí exploramos dos: el control de la corrupción y la lucha contra la delincuencia. En las dos secciones siguientes, documentaremos la evolución de la opinión pública en relación con estos temas, utilizando datos del Barómetro de las Américas.

8. Percepciones de corrupción

El tema de la corrupción de las y los funcionarios públicos y políticos es crucial en Perú, especialmente considerando la experiencia reciente con el gobierno de Fujimori y varios de los gobiernos subsiguientes. Desde la primera medición del Barómetro de las Américas en 2006, el porcentaje de personas que considera que la corrupción está generalizada entre las y los funcionarios públicos en Perú siempre ha sido superior al promedio regional (ver Gráfico 8)11 A excepción de 2012, las diferencias en los porcentajes son estadísticamente significativas todos los años. El hecho de que en la mayoría de los casos ocho de cada diez personas entrevistadas perciban la corrupción como generalizada ilustra la profunda desconfianza que genera el aparato público y sus funcionarios/as.

En esa línea, el Gráfico 9 muestra que la gran mayoría de los adultos en Perú, en porcentajes superiores a los del resto de la región, perciben de manera pesimista la penetración de la corrupción en la política.12 En la encuesta de 2021, casi el 90 % de las personas entrevistadas en Perú consideraban que más de la mitad o todos los políticos estaban involucrados en corrupción, en comparación con el 65 % del promedio latinoamericano. Esta percepción crítica generalizada hacia la clase política puede interpretarse como un indicador adicional del descontento político existente. Las constantes noticias de casos de corrupción en todos los niveles de gobierno —nacional, regional y local— indican que la democracia peruana enfrenta un serio problema para controlarla. Además, es probable que esta corrupción esté relacionada con la inexistencia de verdaderos partidos políticos y el uso de la política como un mecanismo para apoyar actividades y negocios de naturaleza privada, no siempre lícitos. Zavaleta (2023) lo expresa con claridad: “la política en el Perú atrae a individuos de bajo prestigio e interesados en obtener beneficios personales mientras repele a aquellos con más talento”.

Independientemente de si las percepciones se corresponden con la realidad, es evidente que la idea de que la corrupción es una lacra que afecta a la mayoría de la administración pública y a los políticos/as no coadyuva a incrementar la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en el país.

9. El temor generado por la delincuencia

Otra área en la que el Estado peruano también falla es en el control de la delincuencia. En varios informes del Barómetro de las Américas se ha señalado que la victimización por delincuencia en Perú es consistentemente una de las más altas de la región.13 Aquí nos enfocaremos en la prevalencia del temor que la delincuencia causa entre la ciudadanía. Algunos estudios que usan datos del Barómetro de las Américas han demostrado que el temor al crimen tiene un impacto consistente en los niveles de apoyo a la democracia en América Latina (Carrión y Balasco 2016).

El Barómetro de las Américas ha planteado esta pregunta desde sus primeras encuestas: “Hablando del lugar o el barrio donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?”. Esta pregunta busca medir la intensidad del temor o miedo al crimen o la delincuencia. El Gráfico 10 presenta el porcentaje de personas entrevistadas que eligen las opciones “algo inseguro” o “muy inseguro” en Perú y en el resto de América Latina. Los resultados muestran que la gran mayoría de peruanos/as vive con un alto temor a ser víctimas de la delincuencia. En cada encuesta aplicada, el temor al crimen es más alto en Perú que en el promedio latinoamericano. De manera similar a lo encontrado anteriormente, las diferencias de promedios son estadísticamente significativas en cada ronda del Barómetro. En 2021, prácticamente seis de cada diez personas entrevistadas manifestaron sentirse “algo inseguras” o “muy inseguras” debido a la delincuencia, mientras que el promedio latinoamericano era de cuatro de cada diez. Un estudio publicado hace algunos años reveló que el temor a la delincuencia es mayor entre las mujeres, los residentes urbanos (en particular, en Lima Metropolitana), las personas con educación primaria y aquellos que han sido víctimas de un acto delincuencial o criminal (Carrión et al. 2020, 116).

Las secciones anteriores sugieren que el compromiso actitudinal con la democracia en Perú es débil, atribuible al descontento ciudadano con el desempeño del sistema político. Para medir este descontento, usamos como indicador la pregunta sobre el grado de satisfacción con la democracia. Se propone que parte de ese descontento se explica por una serie de factores, algunos de largo aliento (como el desencanto causado por varios proyectos políticos muy populares en su momento), y por fallas relacionadas con la calidad de la representación política y el desempeño del Estado en el control de la corrupción y la delincuencia. Antes de culminar con las conclusiones, es importante abordar un tema central para el funcionamiento saludable de la democracia: la confianza en las elecciones.

10. Confianza en las elecciones

Concluimos esta discusión con un tema crucial para el presente y futuro de la democracia peruana: la confianza ciudadana en las elecciones. Una democracia requiere elecciones regulares en las que las personas elegidas para conducir el país lo hagan en competencias que todos acepten como justas y limpias. Este requisito es esencial para evitar que un cambio de gobierno degenere en violencia debido a la negativa de los perdedores/as a aceptar los resultados. Si quienes gobiernan intentan mantenerse en el poder de manera injusta, manipulando las elecciones, también puede producirse una reacción violenta por parte de la ciudadanía. Así, tan importante como tener elecciones limpias y justas es la confianza de la población en ellas. Por ello, resulta tan nefasto cuando, a pesar de que las elecciones han sido limpias y equitativas, las y los perdedores las ponen en duda por simples cálculos políticos.14

A diferencia de varios gráficos anteriores, el Gráfico 11 resalta que los porcentajes en Perú y en el resto de América Latina son relativamente cercanos, excepto en 2021, cuando la brecha fue considerable. En la ronda de 2012, prácticamente no había diferencia entre Perú y el resto de América Latina en cuanto al porcentaje de la población que tenía confianza en las elecciones. La brecha aumentó ligeramente en 2014, cuando la confianza cayó en Perú. Aunque la diferencia resultó estadísticamente significativa, fue de solo cinco puntos porcentuales. En la ronda 2016/17 no se observaron diferencias entre Perú y América Latina, pero a partir de 2018/19 la brecha no solo fue estadísticamente significativa, sino que se amplió a diez puntos porcentuales en 2021. En otras palabras, mientras la confianza ciudadana en las elecciones se recuperó en América Latina entre 2018/19 y 2021, en Perú se mantuvo sin cambios. Esta tendencia es preocupante, considerando que es posible que la brecha aumente en la siguiente ronda debido a los reclamos infundados de fraude electoral en la segunda vuelta de las elecciones de 2021, realizados después de la medición del Barómetro de las Américas ese año.

11. Conclusiones

La información presentada en este artículo es un llamado de atención para todos aquellos comprometidos con la democracia en Perú. Para muchos/as peruanos/as, la idea misma de democracia no concita mucho entusiasmo. Es preocupante observar que, en comparación con el promedio regional, el compromiso actitudinal con la democracia es menor en el país. Asimismo, existe una tendencia mayor, nuevamente en comparación con el promedio latinoamericano, hacia el apoyo a golpes militares en casos de corrupción generalizada y hacia el respaldo a acciones anticonstitucionales contra el Congreso. En este artículo se argumenta que parte de la explicación de este bajo apoyo a la idea de democracia radica en el creciente descontento político, reflejado en las respuestas sobre la satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Perú.

Las razones de descontento político son múltiples y aquí hemos enfatizado dos aspectos. En primer lugar, la crisis dual de representación política, es decir:

(i) crisis de representación efectiva del programa de gobierno por el cual vota el electorado y (ii) crisis de oportunidad de castigar a presidentes/as y sus partidos por cambios de posición o mal desempeño en el gobierno. Esta crisis de representación dual está indudablemente asociada con la carencia de partidos políticos estables. En segundo lugar, el descontento político se ve agravado por fallas del Estado y de los gobiernos por combatir la corrupción política y acabar con la delincuencia generalizada. Este descontento político también afecta los niveles de confianza ciudadana en la limpieza de las elecciones.

Las afirmaciones del párrafo anterior no serían posibles sin la información de las encuestas bianuales del Barómetro de las Américas. Este proyecto continental es de una utilidad excepcional para quienes están interesados/as no solo en el estudio de la opinión pública, sino también en entender cómo la población percibe el sistema político y su desempeño. Es evidente que la democracia peruana enfrenta serios problemas de legitimidad, en la medida en que una buena parte de la ciudadanía está descontenta con su funcionamiento y estaría dispuesta a apoyar acciones no democráticas, más aún cuando la confianza en las elecciones ha disminuido significativamente desde 2016.

Aquí nos hemos centrado en el análisis de algunos aspectos que contribuyen al descontento político, pero existen otros que no hemos abordado por razones de espacio. Esto no significa que no sean importantes también. El tema de la desigualdad social y económica —que además tiene un componente geográfico— es un tema crucial, ya que la capital presenta los mejores indicadores, mientras que varios departamentos del sur muestran los peores. Del mismo modo, resulta relevante la deficiente provisión de servicios públicos (infraestructura, educación y salud) en vastos sectores del país. La discriminación de género y étnica sigue sin ser abordada seriamente por las y los representantes políticos. La explotación ilegal de recursos naturales continúa dañando el ambiente. Existe una larga lista de carencias y fallas estatales que alimentan el creciente descontento político en Perú.