En este artículo los autores sostienen que, a pesar de las percepciones generalizadas, la democracia ha demostrado ser notablemente resiliente en el siglo XXI. Los temores de una “ola inversa” o de un “resurgimiento autoritario” mundial aún no se han confirmado. La gran mayoría de las democracias de la “tercera ola” (aquellas que adoptaron instituciones democráticas entre 1975 y 2000) han sobrevivido durante mucho tiempo a las condiciones globales favorables que permitieron su creación. Según los autores, esta resiliencia de las democracias de la tercera ola después de la desaparición de la hegemonía del Occidente liberal posterior a la Guerra Fría se debe al desarrollo económico y la urbanización, así como a la dificultad de consolidar y sostener un régimen autoritario emergente en condiciones políticas competitivas.

Palabras clave: Democratización, democracia liberal, resiliencia democrática, retroceso democrático, autoritarismo.

Against widespread perceptions, the authors argue that democracy has proven remarkably resilient in the twenty-first century. Fears of a “reverse wave” or a global “authoritarian resurgence” have yet to be borne out. The vast majority of “third wave” democracies—those that adopted democratic institutions between 1975 and 2000—have long outlived the favorable global conditions that enabled their creation. The authors attribute the resilience of third-wave democracies after the demise of the liberal West's post–Cold War hegemony to economic development and urbanization, and also to the difficulty of consolidating and sustaining an emergent authoritarian regime under competitive political conditions.

Keywords: Democratization, liberal democracy, democratic resilience, democratic retreat, authoritarianism.

La democracia ha demostrado ser sorprendentemente resiliente en el siglo XXI. La extraordinaria expansión democrática global de finales del siglo XX llegó a su fin y varias democracias prominentes, como las de Hungría, India, Filipinas, Tailandia, Turquía y Venezuela, experimentaron retrocesos o colapsos. No obstante, la gran mayoría de las democracias de la “tercera ola” (regímenes que se convirtieron en democracias entre 1975 y 2000) perduran. ^² A pesar de un entorno internacional cada vez más desfavorable, los temores de una “ola inversa” o un “resurgimiento autoritario” mundial aún no se han confirmado. Además, el último cuarto de siglo sigue siendo, por mucho, el más democrático de la historia.

La democracia ha sobrevivido a la desaparición de las condiciones globales que impulsaron la tercera ola. Comenzando en el sur de Europa a mediados de la década de los setenta, extendiéndose por América del Sur en los años 80 y alcanzando su punto máximo en la década posterior al colapso de la Unión Soviética, esta ola casi triplicó el número de democracias en el mundo (de 36 en 1975 a 95 en 2005, según el proyecto Variedades de la Democracia). Esta expansión democrática sin precedentes tuvo sus raíces en un entorno internacional inusualmente favorable (Huntington 1991; Gunitsky 2017). Durante la era posterior a la Guerra Fría —aproximadamente desde la caída del Muro de Berlín en 1989 hasta la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003—, la democracia recibió más apoyo que en cualquier otro periodo de la historia. Sumado a esto, el colapso soviético desacreditó la idea de partido único como modelo de régimen y eliminó la principal fuente de apoyo externo a las dictaduras de partido único; además, destruyó la razón de ser de las dictaduras anticomunistas.

La caída del comunismo condujo a un breve pero trascendental periodo de hegemonía liberal occidental, durante el cual Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se convirtieron en las potencias militares, económicas e ideológicas dominantes a nivel mundial. Este virtual monopolio de Occidente como proveedor de asistencia económica creó fuertes incentivos para que los Estados periféricos adoptaran instituciones de estilo occidental, en particular las elecciones multipartidarias. Simultáneamente, Estados Unidos y otras potencias occidentales promovieron la democracia como nunca antes. El fin de la Guerra Fría eliminó una significativa prioridad de política exterior en competencia, lo que allanó el camino para una promoción más consistente y enérgica de la democracia. La UE utilizó estrictas condiciones de membresía para alentar la democratización en Europa central y oriental, mientras que Washington aplicó presión económica, diplomática y ocasionalmente militar para desalentar golpes de Estado y alentar a los autócratas a abandonar el poder o celebrar elecciones competitivas.

Las consecuencias de estos cambios geopolíticos tuvieron un impacto significativo: despojadas del apoyo externo y enfrentando graves problemas económicos, las dictaduras —tanto las respaldadas por los soviéticos como las anticomunistas— se hundieron en crisis a principios de los años noventa. A lo largo de África, la ex Unión Soviética y partes de Asia y América, autócratas aislados y en quiebra celebraron elecciones competitivas o perdieron el poder en la década de 1990, lo que dio lugar a docenas de nuevos regímenes multi-partidarios. El número de regímenes unipartidistas de jure en África cayó de 29 en 1989 a cero en 1994 (Bratton y Van de Walle 1997, 8). Aunque no todos estos nuevos regímenes multipartidarios eran plenamente democráticos, muchos eran bastante competitivos. Para mediados de la década de 1990, la democracia era “el único juego disponible” en muchas partes del mundo.

El alcance extraordinario de la tercera ola apunta a un hecho subestimado: las democracias tuvieron un desempeño superior en la era posterior a la Guerra Fría (Treisman 2023). De hecho, décadas de investigación en ciencias sociales han identificado una variedad de condiciones estructurales que hacen más probable la democratización y la supervivencia democrática. Estas condiciones incluyen el desarrollo capitalista, clases medias y trabajadoras más gran- des, una sociedad civil fuerte, baja desigualdad social, instituciones estatales efectivas y el crecimiento económico. Durante la década de 1990, la democracia surgió en países con pocas o ninguna de estas condiciones, como Albania, Benín, Bolivia, El Salvador, Ghana, Honduras, Madagascar, Malí, Mongolia y Nicaragua. A menudo se consideró que estas sorprendentes democratizaciones desafiaban o incluso desconfirmaban las teorías estructuralistas establecidas.

Sin embargo, una explicación más plausible es que las condiciones internacionales fueron tan excepcionalmente favorables para la democracia que atenuaron los efectos de los factores estructurales.

Las condiciones favorables de la década de 1990 no perdurarían (Diamond 2019). El ascenso de China y el resurgimiento de Rusia como potencia agresiva e iliberal remodelaron el panorama mundial, lo que puso fin a la hegemonía liberal occidental. A medida que cambió el equilibrio de poder, la influencia de las democracias liberales occidentales disminuyó. Cada vez más, los autócratas podrían recurrir a Beijing, Moscú o potencias regionales emergentes, como Irán y Arabia Saudita, en busca de apoyo militar y económico. Al mismo tiempo, los picos históricos en los precios del petróleo, el gas y otras exportaciones minerales permitieron que muchos regímenes autocráticos se establecieran (Ecuador, Venezuela), se consolidaran (Azerbaiyán, Rusia) o se reconsolidaran (Argelia, Camerún, República del Congo, Gabón). La combinación de apoyo externo y recursos abundantes amplió el margen de maniobra de los gobiernos autócratas, lo que redujo su dependencia del Occidente liberal. Como consecuencia, para la década de 2010 la democracia ya no era el único juego disponible.

Al mismo tiempo, la crisis financiera mundial de 2008, los fracasos de Estados Unidos en Afganistán e Irak, así como el surgimiento de fuerzas iliberales dentro de las democracias establecidas erosionaron el prestigio y la autoconfianza de las potencias occidentales. Como consecuencia, disminuyeron la voluntad y la capacidad de estas potencias para promover la democracia en el extranjero. La UE, que fue tan influyente en el sur de Europa en los 70 y en Europa central en la década de 1990, hizo poco para combatir el autoritarismo emergente en Hungría, Serbia y otros lugares en la década de 2010 (Kelemen 2020). Del mismo modo, mientras que diversos gobiernos estadounidenses intervinieron con éxito para bloquear la toma de poder autoritaria en República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Haití, Paraguay y otros lugares a finales del siglo XX, Washington no actuó de manera similar en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela en el nuevo siglo.

En ese contexto, durante la década de 2010, los costos externos del autoritarismo habían disminuido notablemente. Incluso los gobiernos de Estados periféricos con estrechos vínculos con Occidente como El Salvador, Hungría y Nicaragua descubrieron que podían atacar las instituciones democráticas y salirse con la suya.

Por otro lado, las dificultades inherentes a gobernar en “lugares difíciles” resultaron igualmente desafiantes para muchas democracias de la tercera ola (Mainwaring y Masoud 2022). Por lo general, las nuevas democracias son más vulnerables al colapso, pero estas son especialmente propensas a las crisis en países con Estados débiles, pobreza y violencia criminal generalizadas, economías volátiles y desigualdad arraigada. A principios del siglo XXI, muchas democracias nuevas enfrentaron todas o casi todas estas condiciones, por lo que no sorprende que los gobiernos electos en estas democracias gobernaran mal. Los malos resultados económicos, la corrupción, el aumento de las tasas de criminalidad y las políticas sociales insuficientes e ineficaces generaron un amplio descontento público. En una democracia incipiente, sin instituciones fuertes ni un historial de gobiernos democráticos, ese descontento puede ser fatal.

Dado este contexto, existían buenas razones para esperar que muchas democracias de la tercera ola fracasaran a principios del siglo XXI, pues la democracia había surgido en muchos lugares difíciles y las condiciones internacionales excepcionalmente favorables que alguna vez facilitaron la democratización en estos lugares ya no existían.

De hecho, muchas democracias nacidas en condiciones especialmente desfavorables experimentaron retrocesos (Benín, Bolivia, El Salvador, Honduras) o colapsos (Malí, Nicaragua). Numerosos países de ingresos medios —afectados por una aguda inestabilidad económica, desigualdad, corrupción o violencia criminal— experimentaron un creciente descontento público y la elección de figuras populistas o autoritarias que amenazaban las instituciones democráticas. Varias de estas democracias sufrieron retrocesos (Ecuador, Filipinas, Sri Lanka, Túnez, Turquía), mientras que otras colapsaron (Tailandia, Venezuela).

Estas crisis emergentes produjeron un cambio drástico en la percepción de las y los observadores de la democracia. Académicos y académicas escribieron sobre una “recesión democrática” emergente, un “resurgimiento autoritario” mundial (Diamond 2008, 2015) e incluso una “tercera ola de autocratización” (Lührmann y Lindberg 2019). El informe anual de 2022 de Freedom House señaló una expansión global del gobierno autoritario. Así también, el informe de 2023 del Proyecto Variedades de Democracia (V-Dem) indicó que los niveles globales de democracia habían disminuido a los niveles de 1986 (Papada et al. 2023, 11) y, por lo tanto, que los avances democráticos globales de los últimos treinta y cinco años “se han esfumado” (Papada et al. 2023, 8).

Los datos no respaldan tales afirmaciones. En su informe correspondiente a 2013, Freedom House enumeró noventa países como libres; una década después, esa cifra fue de 84. Según V-Dem (Papada et al. 2023), el número de democracias liberales y electorales en el mundo disminuyó de 96 en 2016 a 90 en 2022. Ambos índices reportan que en la actualidad existen casi tantas democracias como a principios del siglo XXI —y muchas más democracias que en 1995, durante el apogeo de la tercera ola—. Este modesto declive democrático contrasta de manera marcada con el periodo entre las dos guerras mundiales, cuando el número de democracias cayó en más de un tercio, de 27 a 17 (Gunitsky 2017, 103). Otros índices, como la base de datos Polity y el Lexical Index of Electoral Democracy, encuentran poca o nula evidencia de una recesión democrática. Lo más destacado es que Andrew Little y Anne Meng, quienes desarrollaron un índice de democracia basado en medidas objetivas que incluyen la rotación de gobernantes, la proporción de votos y escaños en las elecciones, así como datos sobre la represión de los periodistas compilados por el Comité para la Protección de los Periodistas, encuentran “poca evidencia de retroceso” (Little y Meng 2024, 2). Las medidas de Little y Meng son directas y no logran captar muchas formas de abuso autoritario, pero su análisis des- taca un hecho importante: la tasa de rotación de gobernantes “se ha mantenido bastante constante desde finales de los años 1990” (Little y Meng 2024, 2).

Por lo tanto, incluso si Freedom House y V-Dem tuvieran razón al identificar un aumento en el abuso de los gobernantes en la última década, las consecuencias de ese abuso parecen ser modestas, ya que muchos gobernantes de tendencia autocrática no están logrando afianzarse en el poder. Por ejemplo, en países como Albania, Benín, Bolivia, Bulgaria, Croacia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Honduras, Malawi, México, Moldavia, Mongolia, Panamá, Perú, Rumania, Ucrania y Zambia, los regímenes han experimentado entre tres y seis rotaciones de gobernantes desde 1990. Algunos de estos regímenes no son completamente democráticos, pero la competitividad de las elecciones y la regularidad de la rotación sugieren que tampoco son “autocratizantes”.

Si los principales índices sugieren solo una erosión modesta de la democracia global, ¿qué explica esta percepción generalizada de un declive pronunciado? Existen varias razones para ello. En primer lugar, la elección de líderes iliberales o autoritarios a menudo se confunde con un retroceso democrático. Elegir a un o una presidenta o primera ministra con tendencias autocráticas ciertamente aumenta el riesgo de retroceso, pero no debe tomarse como evidencia de retroceso, pues las y los líderes electos con dudosas credenciales democráticas pueden gobernar democráticamente. Ejemplos de esto son Ernesto Pérez Balladares de Panamá, quien fue elegido con el Partido Demócrata Revolucionario de Manuel Noriega apenas cinco años después del derrocamiento de Noriega; Ollanta Humala de Perú, líder de un golpe fallido que lanzó su carrera política como un populista radical en el molde de Hugo Chávez; el populista multimillonario Andrej Babiš, quien fue primer ministro de la República Checa de 2017 a 2021; y Giorgia Meloni de Italia, primera ministra desde 2022 (cuyo partido, Hermanos de Italia, tiene raíces en el fascismo italiano). En otros casos, las y los líderes intentan debilitar o subvertir las instituciones democráticas, pero se ven frustrados y, por lo tanto, dejan el cargo con la democracia intacta. Ejemplos de esto incluyen a Álvaro Uribe en Colombia, Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil y, muy probablemente, Andrés Manuel López Obrador en México.

Una segunda razón por la que las percepciones sobre el declive democrático global no coinciden con la realidad es que los casos de retroceso democrático suelen ser de corta duración. Muchas personas autócratas electas que subvirtieron las instituciones democráticas en el siglo XXI perdieron el poder en una década, lo que muy a menudo resultó en un “retroceso” para la democracia. Por ejemplo, la democracia de Moldavia retrocedió después de que el Partido Comunista llegó al poder en la década del 2000, pero se recuperó cuando los comunistas perdieron en las urnas en 2009. En Ucrania, el retroceso bajo Viktor Yanukovich se revirtió después de su caída durante las manifestaciones del Euromaidán de 2014. De manera similar, la caída hacia la autocracia en Sri Lanka fue frenada en 2015 por la derrota electoral del presidente Mahinda Rajapaksa, y nuevamente en 2022 después de que la familia Rajapaksa fuera derrocada tras el estallido social. En Macedonia del Norte, el retroceso bajo el gobierno del primer ministro Nikola Gruevski se detuvo después de que las protestas públicas lo obligaran a renunciar. En Ecuador, el retroceso del presidente Rafael Correa se revirtió después de que dejara el cargo en 2017. Del mismo modo, el retroceso en Zambia se revirtió después de que el presidente Edgar Lungu fuera derrotado en las elecciones de 2021 y, en Honduras, después de que el presidente Juan Orlando Hernández dejara el poder en 2022.

Una tercera razón por la que el nivel general de “autocratización” es más modesto de lo que parece es que los casos de retroceso democrático han sido compensados por avances democráticos en otros países. Por ejemplo, Armenia, Colombia, Gambia, Liberia, Malasia, Moldavia, Nepal, Senegal, Sierra Leona y Sri Lanka han logrado avances democráticos en los últimos quince años, pero estos casos recibieron menos atención —tanto de los medios como de la academia— que otros conocidos reincidentes como Hungría, Turquía y Venezuela. Lo mismo aplica para muchos éxitos anónimos o democracias que han sobrevivido en “lugares difíciles” como Rumania, Ghana y Mongolia. Aunque la resiliencia democrática en Rumania (un país pobre bajo el gobierno estalinista hace apenas unas décadas) es tan sorprendente como el retroceso en la vecina Hungría, este último caso ha recibido mucha mayor atención.

En resumen, la erosión democrática en este siglo ha sido modesta. Existe poca evidencia de una ola inversa comparable a las que siguieron a la primera y segunda ola de democratización. Dado que (i) muchas de las transiciones de la tercera ola ocurrieron en países con condiciones internas desfavorables; (ii) el entorno internacional se ha vuelto menos favorable; y (iii) la volatilidad económica, la debilidad del Estado, la corrupción y la violencia criminal han erosionado la confianza pública en los gobiernos electos en todo el mundo, la supervivencia de tantas nuevas democracias revela una sorprendente resiliencia.

La asombrosa persistencia de los regímenes democráticos y casi democráticos tiene sus raíces en dos factores estructurales distintos. En algunos países, esta persistencia se basa en la fortaleza social, principalmente producto del desarrollo socioeconómico. En otros se sustenta —de manera más precaria— en la debilidad del poder autoritario, que en gran medida es producto de la incapacidad del Estado.

Una de las razones que justifican la supervivencia de muchas democracias de la tercera ola es la modernización, ya que décadas de investigación han demostrado una sólida correlación entre el desarrollo económico y una democracia estable.^³ Excluyendo a los principales productores de petróleo, 51 de los 53 países de mayores ingresos del mundo son democracias (con Hungría y Singapur como las únicas excepciones).

¿De qué manera precisa la democracia promueve el desarrollo económico? Una escuela de pensamiento, ejemplificada por Seymour Martin Lipset y, más recientemente, por Ronald Inglehart y Christian Welzel, destaca el papel de la educación en la generación de valores democráticos de tolerancia y autoexpresión (Lipset 1959; Inglehart y Welzel 2005). Otros académicos/as sostienen que, al reducir la desigualdad social, el desarrollo frena el radicalismo y la polarización (nuevamente Lipset) o reduce el costo de la democracia para las élites ricas al aliviar la presión por la redistribución y aumentar la movilidad del capital.^⁴ Por otro lado, algunas personas sostienen que la industrialización debilita a las clases terratenientes antidemocráticas y fortalece a las clases sociales como la burguesía y la clase trabajadora, cuyos intereses se promueven mejor bajo la democracia liberal (Ansell y Samuels 2014; Rueschemeyer et al. 1992).

Nuestro enfoque, basado en el trabajo de Robert A. Dahl, se centra en la distribución del poder y los recursos en la sociedad (Dahl 1971, 76-80). Para Dahl es más probable que la democracia surja y sobreviva en un “orden social pluralista”, en el que la riqueza, los ingresos, las habilidades, el estatus y otros recursos críticos estén dispersos en toda la sociedad.

La concentración de recursos es una receta para la autocracia. Cuando el Estado monopoliza las principales fuentes de riqueza e ingresos, la ciudadanía depende del gobierno para obtener recursos esenciales para su sustento: empleos, ingresos, vivienda, préstamos y contratos. Los gobiernos pueden explotar esta dependencia negando a sus rivales y críticos el acceso a recursos muy necesarios (mientras ofrecen acceso preferencial a quienes les son leales). La democracia requiere oposición y la oposición sostenible requiere organización. En ese sentido, las organizaciones autónomas deben tener acceso independiente a los recursos. Además, si las y los ciudadanos que temen perder sus empleos, ingresos o vivienda tienen menos probabilidades de unirse a organizaciones cívicas o de oposición. Asimismo, las empresas cuya supervivencia depende de subsidios, créditos, contratos o licencias estatales tienen menos probabilidades de financiar a dichos grupos. En este contexto, es casi imposible para los grupos de oposición movilizar a un gran número de personas o construir organizaciones duraderas. Al final, muchas de estas organizaciones son cooptadas por el gobierno, confinadas a los márgenes políticos o desaparecen como consecuencia de las privaciones.

Cuando los recursos se concentran en el Estado, los grupos de oposición son casi invariablemente débiles, desorganizados y vulnerables a la cooptación o al colapso. Así, la concentración autoritaria de recursos puede adoptar varias formas; una de ellas es el estatismo económico. En este contexto, el Estado controla los medios de producción y las principales fuentes de empleo e ingresos, y los sectores privados son pequeños y dependientes. Esto priva a las oposiciones de bases financieras, y los críticos pueden verse fácilmente despojados de los medios para ganarse la vida (Riker 1982; Fish 2005). En países como China, Cuba, Corea del Norte, Vietnam, Bielorrusia y Rusia poscomunistas, el control estatal de la economía genera extremas asimetrías de poder que socavan la viabilidad de la oposición. De hecho, según el Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage, de los veinticinco países más estatistas a nivel económico, solo dos (Surinam y Timor-Leste) eran plenamente democráticos en 2023. ^⁵

Otra forma de concentración extrema de recursos son los petro-Estados. En las economías rentistas basadas en el petróleo —como Arabia Saudita y sus monarquías vecinas— el Estado posee la mayor parte de la riqueza, lo que crea una situación similar a una economía de mando. El control gubernamental sobre la distribución de recursos aumenta drásticamente el costo de alzar la voz o protestar para los ciudadanos/as, las empresas y la sociedad civil. Por tanto, las bases estructurales de la oposición —y, en consecuencia, de la democracia— son débiles. De hecho, según el Banco Mundial, 20 de los 21 estados en los que las rentas petroleras constituyeron al menos una décima parte del PBI en 2021 son autocracias, a excepción de Guyana.

Históricamente, la fuente más común de concentración autoritaria de recursos ha sido el subdesarrollo. Las sociedades agrarias pobres, en las que la propiedad y la riqueza se concentran en el Estado y en una élite terrateniente, mientras que la abrumadora mayoría de la ciudadanía subsiste en zonas rurales, proporcionan una base deficiente para la democracia. Antes de la Revolución industrial estas condiciones dieron lugar a monarquías absolutas o a oligarquías constitucionales (si las élites terratenientes controlaban el poder de manera real). Distribuidas por el campo y carentes de recursos y organización, las mayorías pobres y rurales generalmente carecían de la fuerza de movilización para lograr o sostener la democracia.

Esta fuerza emerge con el desarrollo económico, en particular con el desarrollo capitalista. Por un lado, el desarrollo económico genera mayores ingresos individuales, es decir, un nivel de ingresos más elevado, sobre todo si se generan de forma privada, empodera a los ciudadanos/as a mejorar su autonomía. Una ciudadanía más rica depende menos del Estado o de las redes clientelares, es menos propensa a vender su voto y, por tanto, está mejor posicionada para oponerse de manera activa al gobierno. Además, posee el tiempo, las habilidades y los recursos para unirse a organizaciones independientes, y buscar y obtener información de medios privados. Una ciudadanía más rica también ayuda a financiar organizaciones cívicas y de oposición, que pueden ser fundamentales para su supervivencia. Por lo tanto, la riqueza social aumenta dramáticamente tanto la demanda como la oferta de medios independientes, asociaciones cívicas y grupos de oposición.

El desarrollo capitalista también da lugar a un sector privado más sólido y menos vulnerable a la cooptación o sanciones socioeconómicas. Las clases capitalistas emergentes no solo buscan fortalecer las limitaciones institucionales al poder estatal, sino que también poseen los recursos para sostener movimientos de reforma democrática (Ansell y Samuels 2014). Las empresas privadas suelen ser una fuente importante de financiación para los partidos políticos, los medios independientes, las asociaciones de la sociedad civil y los movimientos democráticos. Como demostró Lisa Mueller, un impulso importante detrás del aumento de las protestas políticas en el África del siglo XXI fue el crecimiento de clases medias capaces de financiarlas (Mueller 2018). Los individuos capitalistas no siempre apoyan la democracia; de hecho, en algunos contextos han respaldado dictaduras de derecha (por ejemplo, en gran parte de Asia oriental y América Latina durante la Guerra Fría). No obstante, un sector privado sano y autónomo es una condición necesaria para una democracia duradera.

El desarrollo económico también fortalece a las clases anteriormente marginadas, en particular a las clases trabajadoras. Al igual que los individuos capitalistas, la clase trabajadora industrial no siempre es prodemocrática (Levitsky y Mainwaring 2006). Sin embargo, el crecimiento de estas clases trabajadoras industriales mejora la capacidad de movilización colectiva de las personas pobres de zonas urbanas, lo que con frecuencia desplaza la distribución del poder en la sociedad y la aleja de las élites oligárquicas o de regímenes autoritarios. De hecho, la expansión de la clase trabajadora fortaleció dramáticamente los movimientos democráticos a principios del siglo XX en Europa y a finales del siglo XX en Brasil, Polonia, España, Sudáfrica y Corea del Sur (Rueschemeyer et al. 1992; Seidman 1994).

De manera similar, la urbanización mejora la capacidad de organización y movilización colectiva de las sociedades (Beissinger 2022). Las personas residentes de áreas urbanas pueden compartir información de manera rápida y construir redes que se conviertan en bases para la acción política organizada (Staniland 2010, 1628). Las ciudades también acercan las protestas de la oposición al “sistema nervioso del gobierno”, lo que aumenta sus probabilidades de éxito (Beissinger 2022, 4, 15). Las movilizaciones colectivas no violentas (que Mark Beissinger denomina “revoluciones urbanas”) aumentan el costo de la represión y pueden abrumar la capacidad represiva de un Estado. Las revoluciones urbanas no siempre son democratizadoras; no obstante, como muestra Beissinger, estas han tenido un impacto neto positivo tanto en la democracia electoral como en las libertades civiles en las últimas décadas (Beissinger 2022, 14, 406-11).

Finalmente, una mayor educación y alfabetización facilitan la movilización política al aumentar la autoeficacia de la ciudadanía, su conocimiento sobre política y su exposición a nuevas ideas y prácticas. De hecho, investigaciones recientes muestran una relación clara entre la expansión de la educación y la participación política a largo plazo (Larreguy y Marshall 2017).

En resumen, el desarrollo capitalista genera fuentes independientes de poder económico y social, lo que dispersa los recursos fuera del Estado y dificulta que las y los líderes monopolicen el control político. Ingresos más altos, sectores privados más ricos, clases medias y trabajadoras más numerosas, y ciudades más grandes generan lo que podría llamarse un poder social compensatorio, fundamental para lograr y sostener la democracia. De este modo, al mejorar la capacidad de la ciudadanía para organizarse independientemente del Estado, el desarrollo económico crea las bases estructurales para una oposición viable.

Por supuesto, el surgimiento de un poder social compensatorio no garantiza la democratización, especialmente a corto plazo, pues el desempeño económico, las sucesiones de liderazgo, las guerras y otras contingencias configuran la probabilidad de transiciones democráticas (Przeworski et al. 2000; Treisman 2020). No obstante, con el tiempo, la existencia de un orden social pluralista y de un poder social contrarrestante dificulta la sostenibilidad del autoritarismo. Las oposiciones bien financiadas y con amplias bases de apoyo son más costosas de reprimir, más difíciles de cooptar y más desafiantes en las urnas. La dispersión de la riqueza social y los recursos incrementa la probabilidad de que el colapso del régimen autoritario conduzca a una democratización, y aumenta las probabilidades de supervivencia de las nuevas democracias. La toma y consolidación del poder autocrático se vuelve mucho más difícil cuando los recursos están dispersos en la sociedad, en lugar de concentrados en el Estado.

La modernización nos ayuda a comprender la resiliencia democrática contemporánea porque el mundo actual está considerablemente más desarrollado en comparación con el inicio de la tercera ola en los años setenta. Hace medio siglo, pocos países fuera de Europa occidental y Norteamérica presentaban niveles de desarrollo capitalista, urbanización y educación que sugirieran una democracia estable. Incluso países ahora industrializados como Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur y Taiwán eran predominantemente rurales a principios de los años setenta. En Asia, América Latina y la Europa central y oriental comunista, los sectores privados, los movimientos laborales independientes y las sociedades civiles eran débiles o inexistentes, lo que limitaba el poder social compensatorio. Además, las democracias estables que surgían en esas regiones (Costa Rica, India, Venezuela) eran casos atípicos.

No obstante, a principios del siglo XXI, las condiciones internas en gran parte del mundo se volvieron más favorables para la democracia: el mundo se había enriquecido considerablemente. Entre 1987 y 2022, el número de países clasificados como de “altos ingresos” por el Banco Mundial se duplicó con creces, pasando de 25 a 53 (excluyendo los petro-Estados). Sumado a esto, la urbanización aumentó notablemente: mientras que en 1974 alrededor de un tercio de la población mundial vivía en ciudades, hoy esa cifra supera la mitad (56 %). Por último, la alfabetización mundial también ha aumentado de manera significativa y la proliferación de la tecnología de las comunicaciones ha ampliado drásticamente el acceso a la información, mejorando el potencial de movilización colectiva.

Las consecuencias políticas de estos cambios han sido profundas, como lo ejemplifica el caso de Corea del Sur. Cuando el golpe militar del general Park Chung Hee puso fin a un breve experimento democrático en 1961, el país era pobre y abrumadoramente rural, con clases medias y trabajadoras pequeñas e incapaces de sostener una sociedad civil sólida. Sin embargo, la rápida industrialización lo cambió todo. En 1987, cuando las y los estudiantes se movilizaron contra la dictadura, recibieron el respaldo de sindicatos poderosos y una clase media urbana numerosa, próspera y cada vez mejor organizada, cuyas “tropas de corbata” contribuyeron al éxito de las manifestaciones prodemocracia (Choi 2012, 91). Posteriormente, los gobiernos democráticos recurrieron al apoyo de la clase media para expulsar al personal militar de la política a principios de los años noventa. El nuevo régimen capeó fácilmente la crisis financiera asiática de 1997, y hoy Corea del Sur tiene la duodécima economía más grande del mundo y mantiene una democracia sólida.

Del mismo modo, el primer movimiento democrático significativo de Sudáfrica, liderado por el Congreso Nacional Africano (CNA) en la década de 1950, fue aplastado después de la masacre de Sharpeville en 1960. En ese momento, Sudáfrica era una sociedad mayoritariamente rural con pequeñas clases medias y trabajadoras afrodescendientes, lo que permitió que el apartheid perdurara durante casi una generación sin mayores desafíos. Sin embargo, la rápida industrialización de las décadas de 1960 y 1970 dio origen a un poderoso movimiento laboral y a una sólida sociedad civil urbana, que sostuvieron las protestas masivas que hicieron posible la democratización (Seidman 1994). Actualmente, la sociedad sudafricana está cerca del 70 % de urbanización y es más de cuatro veces más rica (per cápita) que en los años 1970. Además, el país ha mantenido una democracia estable durante tres décadas. Procesos similares de industrialización generaron condiciones estructurales favorables para la democracia en Grecia, España, Taiwán y, en menor medida, en Argentina, Brasil y Uruguay.

Otros casos de la tercera ola se desarrollaron rápidamente después de la democratización, respaldados en gran medida por sólidos vínculos con Occidente. Ejemplos notables incluyen a Portugal, Chile, México, Panamá, los Estados bálticos y gran parte de Europa central. Algunos de estos países, como República Dominicana y Rumania, eran inicialmente bastante pobres y carecían de Estados eficaces y sociedades civiles sólidas; de hecho, sus transiciones fueron impulsadas por una intensa presión externa. No obstante, con el tiempo, los fuertes vínculos con Occidente probablemente generaron un rápido desarrollo económico y el surgimiento de Estados y sociedades civiles más fuertes.^⁶ Así, aunque estos regímenes comenzaron la tercera ola con condiciones internas desfavorables, el entorno internacional contribuyó al surgimiento de bases democráticas más sólidas.

Las democracias ricas no son inmunes a los retrocesos, como lo demuestran los acontecimientos recientes en Hungría, Israel, Turquía e incluso Estados Unidos. Sin embargo, las democracias ricas son notablemente más sólidas que las más pobres. De hecho, las democracias más ricas del mundo han mantenido una tasa de supervivencia perfecta desde la Segunda Guerra Mundial. Además, las democracias ricas de la tercera ola también han demostrado una notable estabilidad. En 2022, veinte países democratizadores durante la tercera ola se encontraban en el grupo de altos ingresos o muy cerca de alcanzarlo. Estos países son Chile, Croacia, Chipre, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Panamá, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Corea del Sur, España, Taiwán y Uruguay. El vigésimo país es Bulgaria, que no alcanzó el umbral del Banco Mundial. De estos veinte, diecinueve mantienen democracias estables, con Hungría como la única excepción.

Tomando esto en consideración, la modernización es una fuente importante de resiliencia democrática a nivel mundial. Además, la democracia rara vez fracasa en las sociedades ricas, cuyo número aumentó drásticamente a principios del siglo XXI.

Sin embargo, el desarrollo económico no puede explicar la resiliencia de todas las democracias de la tercera ola. Incluso en países con condiciones estructurales menos favorables, muchos regímenes democráticos o casi democráticos

—es decir, aquellos con elecciones altamente competitivas y rotación regular, pero que no cumplen todos los criterios de la democracia liberal, como Albania, Benín, Georgia, Indonesia, Malawi, Moldavia, Senegal, Ucrania y Zambia— persisten a principios del siglo XXI. Esta persistencia está fuerte- mente enraizada en la debilidad del autoritarismo.

Al igual que las nuevas democracias, la mayoría de las nuevas autocracias son frágiles. Para una persona política de tendencia autoritaria es relativa- mente fácil llegar al poder en una democracia (Bolsonaro en Brasil o Trump en Estados Unidos, por ejemplo). No obstante, consolidar un régimen autoritario es mucho más difícil. Esta tarea se facilita en Estados rentistas (como Angola, Azerbaiyán, Kazajstán o República del Congo), en Estados donde el gobierno con- trola gran parte de la economía (como Bielorrusia, Birmania o Turkmenistán) o en países muy pobres (como Burundi, Chad o Sudán del Sur). También es más probable en casos de revoluciones sociales violentas (como Cuba, Eritrea, Irán, Ruanda o Vietnam), que a menudo desmantelan sociedades civiles preexisten- tes y generan partidos gobernantes e instituciones estatales inusualmente fuertes (Levitsky y Way 2022).

Sin embargo, las autocracias emergentes con frecuencia carecen de estas condiciones favorables. De hecho, la mayoría de aspirantes a autócratas heredan Estados débiles, plagados de corrupción, ineficiencia burocrática y escasez fiscal. La debilidad del Estado socava los gobiernos autoritarios al limitar su capacidad para monitorear y controlar la disidencia, cooptar o reprimir a los medios independientes, castigar a las élites económicas que financian la oposición y reprimir las protestas. En casos extremos, el personal burocrático local o de nivel medio puede no seguir las órdenes de cometer fraude electoral, mientras que las fuerzas del orden, mal pagadas y equipadas, podrían negarse a reprimir las protestas e incluso unirse a ellas. Esta incapacidad estatal derribó autocracias embrionarias en Georgia, Haití, Kirguistán y Madagascar en los años 1990 y principios del 2000.

Muchos/as nuevos/as autócratas también carecen de partidos gobernantes fuertes, cruciales para un autoritarismo duradero. Estos partidos coordinan y organizan a las élites, repartiendo el botín del poder para mantenerlas felices y leales al régimen (Brownlee 2007). Además, la mayoría de las autocracias posteriores a la Guerra Fría celebran elecciones multipartidistas de manera periódica, lo que hace que los partidos sean vitales para movilizar, comprar o robar votos. La falta de partidos fuertes hace que muchos/as autócratas sean vulnerables a las deserciones de las élites y a la derrota electoral. La debilidad del partido gobernante ha socavado el autoritarismo emergente o contribuido a la caída de presidencias autocráticas en Benín, Ecuador, Malawi, Moldavia, Nigeria, Perú, Senegal, Zambia, Ucrania, entre otros lugares.

Estos son casos de “pluralismo por defecto”, en los que las y los gobernantes carecen de los recursos y la capacidad coercitiva para consolidar un gobierno autoritario.^⁷ En esos casos, el pluralismo y la política competitiva persisten no porque las instituciones democráticas o la sociedad civil sean fuertes, sino porque los gobiernos carecen de las herramientas organizativas o administrativas básicas para robar elecciones, cerrar medios de comunicación independientes, reprimir a los grupos de oposición o contener las protestas.

Un ejemplo de “pluralismo por defecto” es Ucrania. En 2014, el autócrata electo Viktor Yanukovich tuvo que huir de la presidencia y del país en medio de las protestas del Euromaidán, en parte porque las fuerzas de seguridad se dividieron y lo abandonaron. Ese mismo año, Petro Poroshenko ganó las elecciones presidenciales sin el respaldo de un partido establecido. Cuando Poroshenko intentó declarar la ley marcial en 2018, en un aparente esfuerzo por retrasar las próximas elecciones, enfrentó una intensa oposición, incluso entre sus propios aliados. Las elecciones siguieron adelante y Volodymyr Zelensky derrotó rotundamente a Poroshenko. Así, la debilidad autoritaria ha sido una fuente importante de la democracia en Ucrania.

Benín es un ejemplo aún más sorprendente de pluralismo por defecto. Este país, uno de los menos desarrollados del mundo, mantuvo su democracia durante casi tres décadas, entre 1991 y 2018. La persistencia del pluralismo, las elecciones competitivas y la rotación de gobernantes no pueden explicarse por la fuerza de la oposición (que estaba fragmentada y era débil) ni por los líderes prodemocráticos. Más bien, los presidentes Nicéphore Soglo, Mathieu Kérékou y Thomas Boni Yayi carecieron de partidos gobernantes o de control efectivo sobre el aparato coercitivo, lo que les impidió inclinar a su favor el campo de juego electoral (Soglo), extender su permanencia en el cargo (Kérékou) o imponer a su sucesor (Yayi). Como resultado, se produjeron cuatro victorias de la oposición y cambios de gobernante entre 1991 y 2016.

Más allá de estos casos extremos de pluralismo por defecto, los esfuerzos contemporáneos por consolidar el autoritarismo a menudo se ven socavados por los innumerables desafíos que plantea gobernar en países de ingresos medios con Estados débiles. En África, América Latina y partes de Asia, las instituciones estatales débiles resultan en niveles de corrupción de moderados a altos, déficits fiscales crónicos, prestación deficiente y desigual de servicios públicos, gasto social insuficiente y, en muchos casos, violencia criminal generalizada. Estos problemas representan una amenaza tanto para las nuevas democracias como para las autocracias emergentes. En los últimos años —y ante la erosión del apoyo público— las presidencias autocráticas o de tendencia autocrática en países como Albania, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Macedonia, Malawi, Moldavia, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Tailandia, Ucrania, Zambia, entre otros, perdieron elecciones o se vieron obligadas a ceder el poder a sucesores/as que gobernaron más democráticamente. En otras palabras, el fracaso de los gobiernos autoritarios eventualmente condujo a un “retroceso” hacia una mayor democratización.

El cambio de gobernantes en regímenes autoritarios débiles no debe confundirse con la democracia. De hecho, estos cambios rara vez dan lugar a una democracia estable y más a menudo se asocian con regímenes inestables y propensos a crisis (Albania, Ecuador, Malawi, Ucrania, Zambia). No obstante, la persistencia del pluralismo, las elecciones competitivas y la rotación de gobernantes no son insignificantes, ya que, como mínimo, inhiben la consolidación autoritaria. En ese sentido, dado que los gobiernos de tendencia autocrática son incapaces de construir redes duraderas de clientelismo o establecer un control firme sobre instituciones como el Poder Judicial, el Ejército y las autoridades electorales, las fuerzas democráticas están mejor posicionadas para resistir los esfuerzos por imponer una autocracia total.

A pesar de la desaparición de la hegemonía del Occidente liberal posterior a la Guerra Fría, vivimos en el periodo más democrático de la historia. En gran parte del mundo, el pluralismo persiste e incluso prospera en lugares donde hace medio siglo no existía. Esta resiliencia se basa en cambios estructurales a largo plazo. Aunque el entorno internacional se ha vuelto menos favorable para la democracia, las condiciones internas han mejorado sustancialmente en las últimas décadas: el mundo se ha vuelto más rico, más urbano, mejor educado y más interconectado. En Europa central y oriental, América Latina, Asia oriental y gran parte de África, el desarrollo económico ha redistribuido recursos políticos y económicos desde el Estado hacia grupos previamente excluidos. Esto ha fortalecido los movimientos de oposición y la sociedad civil, aumentando así el costo de los abusos. Además, muchas personas autócratas carecen de los recursos y la capacidad organizativa y coercitiva para monopolizar el control político. Por otro lado, los Estados débiles y los problemas sociales endémicos desafían a las nuevas autocracias del mismo modo en que desafían a las nuevas democracias, lo que impide que numerosos caudillos/as aspirantes consoliden su gobierno.

Para ser claros, esto no significa que todo esté bien. Las democracias en todo el mundo enfrentan serios desafíos. El poder chino y la agresión rusa plantean amenazas reales, al igual que el creciente iliberalismo y la polarización dentro de muchas democracias occidentales. Más aún, por razones que apenas empezamos a comprender, el descontento público y la desconfianza hacia las élites e instituciones políticas han aumentado dramáticamente en las democracias de todo el mundo.^⁸ En este entorno difícil, algunas democracias establecidas y prominentes —desde Hungría y Polonia hasta Brasil, India, Israel, México y Estados Unidos— están bajo presión. Estos acontecimientos son profundamente preocupantes y podrían empeorar, especialmente si la crisis democrática en Estados Unidos persiste o se profundiza.

Sin embargo, para proteger la democracia es fundamental comprender sus vulnerabilidades y fortalezas. Los profundos cambios sociales, económicos y tecnológicos del siglo XXI plantean desafíos a las democracias, pero también fortalecen a las fuerzas prodemocráticas en todo el mundo. Aunque las fuerzas autoritarias siguen siendo fuertes en muchos lugares, consolidar la autocracia se ha vuelto más difícil. A medida que la riqueza y las ciudades continúan expandiéndose, estas vulnerabilidades autoritarias podrían profundizarse. Si bien esto no garantiza la supervivencia democrática, ha dado a las fuerzas democráticas en un número sin precedentes de países una oportunidad de luchar.

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Steven Levitsky: conceptualización, investigación, diseño de metodología, redacción (borra- dor original), redacción (revisión y edición).

Lucan A. Way: conceptualización, investigación, diseño de metodología, redacción (borrador original), redacción (revisión y edición).

Profesor David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos y de Gobierno en la Universidad de Harvard. También es director del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos de Harvard. Su investigación se centra en la democratización y el autoritarismo, los partidos políticos y las instituciones débiles e informales, con especial atención en América Latina. Es coautor (con Daniel Ziblatt) de How Democracies Die (Crown, 2018), que fue un best-seller del New York Times y se publicó en 25 idiomas. Ha escrito o editado otros 11 libros sobre estos temas.

Profesor Distinguido de Democracia en la Universidad de Toronto, codirector del Programa Petro Jacyk para el Estudio de Ucrania y copresidente del Consejo Editorial del Journal of Democracy. Su investigación se centra en los patrones globales de democracia y dictadura. Su libro más reciente publicado en coaturía con Steven Levitsky, Revolution and Dictatorship: The Violent Origins of Durable Authoritarianism (Princeton University Press) ofrece una explicación histórica comparada de la extraordinaria durabilidad de las autocracias (China, Cuba, URSS) nacidas de una revolución social violenta. Además, ha publicado los libros Pluralism by Default: Weak Autocrats and the Rise of Competitive Politics (Johns Hopkins, 2015) y Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War, en coautoría con Steven Levitsky (Cambridge University Press, 2010).

1 Levitsky, Steven, y Lucan A. Way. 2023. “Democracy’s Surprising Resilience”. Journal of Democracy 34 (4): 5-20.

2 De acuerdo con el Instituto V-Dem (2023), tres cuartos de los países que se volvieron democráticos por un periodo mínimo de cinco años entre 1975 y 2000 aún eran considerados países democráticos en 2022.

3 Para una revisión reciente de la evidencia estadística, ver Treisman (2020).

5 Ver https://www.heritage.org/index/. Dos países, Bolivia y Zambia, podrían considerarse casi democracias.

6 Ver Rapacki y Prochniak (2019). Para una perspectiva alternativa, ver Andersen et al. (2019).

8 Ver Rhodes-Purdy et al. (2023).

La sorprendente resiliencia de la democracia

Democracy's Surprising Resilience