10.53557/elecciones.2023.v22n25.03
Artículos
<[email protected]> Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, Buenos Aires, Argentina
ORCID: 0000-0001-6073-2244
[Resumen]
Los niveles de confianza ciudadana en los procesos electorales y en los organismos que los administran forman parte de los elementos centrales en el debate sobre la integridad electoral en las democracias. Este artículo se propone retomar la discusión acerca de la relación entre los tipos de diseño institucional de los organismos electorales en América Latina (gubernamentales, mixtos o independientes) y los niveles de confianza que generan en la ciudadanía. Utilizando datos disponibles del Latinobarómetro para 2017, 2018 y 2020, se busca profundizar en el estudio de estos factores en los países de la región. En esta investigación se compara el diseño de estos organismos en los tres países con mayor nivel de confianza (Costa Rica, Uruguay y Colombia) con los tres países con menor confianza (El Salvador, Paraguay y Honduras). Este estudio pone a prueba la mirada que sostiene la existencia de una relación lineal entre el diseño institucional y la confianza ciudadana, al tiempo que propone continuar la investigación sobre el diseño de los organismos electorales en la región para identificar otros puntos en común y diferencias en estas experiencias.
[Palabras clave] Integridad electoral, confianza electoral, organismos electorales, Latinobarómetro.
[Abstract]
Citizen trust levels in electoral processes and in electoral management bodies (EMB) are key elements when debating electoral integrity in democracies. This article aims to bring back the discussion about the relationship between the types of EMB institutional design in Latin America (governmental, mixed, or independent) and the levels of trust they hold. The data available from Latinobarómetro for 2017, 2018 and 2020 allow us to further study these factors in the countries of the region. This paper compares the EMB design in the three countries with the highest trust level (Costa Rica, Uruguay, and Colombia) against the three with the lowest trust levels (El Salvador, Paraguay, and Honduras). This study tests the theory that there is a linear relation between institutional design and citizen trust, while proposing to deepen the research on EMB design in the region, to identify other points in common and differences in these experiences.
[Keywords] Electoral integrity, EMB, electoral trust, Latinobarometer.
[Recibido] 04/04/23 y [Aceptado] 23/06/23
1. Introducción1
En los últimos años ¿Cuántas veces hemos escuchado a alguien quejarse o sospechar de la limpieza en los comicios de países latinoamericanos? ¿Cuántas veces hemos escuchado quejas o sospechas sobre la administración del proceso electoral en democracias latinoamericanas? ¿Cuántos presidentes en ejercicio, elegidos democráticamente, han denunciado fraude tras ser derrotados en las urnas? ¿Cuántas veces se acusa de fraude a un organismo electoral desconocido para la ciudadanía, y a una administración electoral cuyo funcionamiento no es del todo comprendido?
En los debates sobre democracia y elecciones, los partidos y la competencia electoral han acaparado la mayor parte de la producción académica, sobre todo en América Latina. Asimismo, se destaca y se celebra el imparable crecimiento de la agenda de los estudios de género que analizan la participación política y la inclusión de las mujeres en las democracias de la región, así como visibilizan las inequidades que persisten. Ahora bien, en comparación con esos temas, la agenda de investigaciones vinculadas a la integridad electoral ha sido menos abundante. Recién durante la última década ha surgido una mayor producción sobre este tópico (
Los partidos, las transiciones, los sistemas electorales, la inestabilidad de los presidencialismos en la región y la participación política de las mujeres, lógicamente coparon la agenda de investigaciones recientes, algo comprensible dada la necesidad de conocer más sobre esas temáticas y su injerencia, en especial tras la tercera ola democratizadora. La integridad electoral, por su parte, parece un problema reservado sobre todo para países que han consolidado sus democracias y solo cuando la democracia se vuelve efectivamente the only game in town (
First, elections must be inclusive, [ ... ] that is, all citizens must be effectively enabled to exercise their right to vote in the electoral process; second; elections must be clean, in other words, voters’ preferences must be respected and faithfully registered; third; elections must be competitive, that is, they must offer the electorate an unbiased choice among alternatives; and fourth; the main public offices must be accessed through periodic elections, and the results expressed through the citizens’ votes must not be reversed. [Primero, las elecciones deben ser inclusivas, (...) es decir, toda la ciudadanía debe estar habilitada de manera efectiva para ejercer su derecho al voto en el proceso electoral. Segundo, las elecciones deben ser limpias; es decir, las preferencias del electorado deben respetarse y registrarse fielmente. Tercero, las elecciones deben ser competitivas; es decir, deben ofrecer al electorado una opción imparcial entre las alternativas. Cuarto, el acceso a los principales cargos públicos debe ser a través de elecciones periódicas, y los resultados expresados a través del voto de la ciudadanía no deben revertirse. (Traducción de la editora)] (2009, 88)
A partir de esta premisa es posible afirmar que la integridad del proceso electoral depende de la ausencia de restricciones en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, así como de la existencia de una libre competencia partidaria. Al mismo tiempo, los organismos que administran elecciones deben velar por la transparencia y la imparcialidad de los procesos, para garantizar los cuatro puntos básicos señalados.
Ahora bien, ¿todos los organismos electorales se encuentran en condiciones de alcanzar en igual forma esa integridad? Resulta difícil medir la limpieza de las elecciones y en especial los fraudes electorales (Lehoucq 2007). Los hechos ocurridos en los Estados Unidos de América en 2020, con las denuncias de fraude electoral por parte de un presidente en ejercicio (
Más recientemente,
Como referencia en esta área se encuentran los trabajos de Barrientos del Monte sobre gestión electoral en América Latina, en los que aborda la relación entre el diseño de los organismos electorales y sus niveles de confianza. En uno de sus estudios,
A la luz de estos antecedentes, espero realizar un aporte en este campo de estudio mediante la comparación de los diseños de los organismos electorales con mayores y menores niveles de confianza ciudadana en América Latina. En la actualidad, contamos con importantes encuestas a nivel regional que indagan sobre la confianza en los organismos encargados de administrar elecciones. Gracias a ellas, podemos profundizar nuestro conocimiento acerca de la relación entre esos niveles de confianza y de diseño de los organismos electorales.
Precisamente, la pregunta que orienta este trabajo es ¿Qué tipo de relación se observa entre los diseños de los organismos electorales latinoamericanos y los niveles de confianza ciudadana en ellos? Se entiende que sin una ciudadanía que confíe en los procesos electorales, y sin organismos electorales que los gestionen de manera imparcial, resulta imposible alcanzar vías hacia la integridad electoral, entendida como el cumplimiento de las pautas básicas del proceso electoral antes mencionadas. Al mismo tiempo, esta falta de confianza puede afectar también la participación política (
2. Estudio del diseño de los organismos electorales latinoamericanos
En esta sección se presentan diferentes enfoques y discusiones en torno a los tipos de diseño de los organismos electorales en América Latina en los últimos años. Además, se establece la clasificación para los organismos electorales considerados en este trabajo.
Como se ha señalado, la integridad del proceso electoral en las democracias multipartidistas depende en gran medida de mantenerse imparcial y ajeno a la injerencia del Poder Ejecutivo, y también a la voluntad del partido -o coalición- del gobierno de turno. En América Latina, resulta importante analizar en detalle las diferentes características en el diseño de los organismos electorales. Para garantizar la imparcialidad en la administración electoral en esta región, atravesada por la inestabilidad presidencial, se ha implementado un cuarto poder constitucional denominado “Poder Electoral”. Este poder se incorpora a los tres poderes tradicionales, a fin de marcar su separación del resto de la administración estatal (
Tanto en la academia como en think tanks especializados se realizan esfuerzos por clasificar los diseños de los organismos electorales. Antes de abordar ese debate, primero debemos definir qué es un organismo electoral.
Los organismos electorales independientes, según
Por otro lado, los organismos gubernamentales, según
Finalmente, en los modelos mixtos, según
Este enfoque ha sido aplicado en América Latina de manera integral, por
Además de los enfoques centrados en la independencia respecto al Ejecutivo, se suman otros trabajos que clasifican a los organismos electorales en función de otras variables, como (a) los niveles de injerencia partidista (
Otra línea interesante de investigación la propone Picado de León (2006) quien, enfocado en el diseño institucional y los tipos de funciones de administración electoral de los organismos de México y Centroamérica, llega a la conclusión de que el nivel de confianza ciudadana en los tribunales electorales no guarda relación con el nivel de independencia formal de la administración electoral. Mientras que en casos como el de México (en el nivel superior) y Nicaragua (en el inferior) se encuentra una correlación positiva entre los niveles de confianza y de diseño de un organismo electoral independiente del Ejecutivo; en otros, como El Salvador2 (en el nivel superior) y Guatemala (en el inferior) ya no se observa esa misma correlación. A partir de ello, reflexiona que la relación entre el diseño de los organismos electorales y la confianza ciudadana, lejos de no existir, se encuentra intervenida por otros factores. Para medir los niveles de confianza en los tribunales electorales, Picado de León (2006) toma datos de la encuesta de Lapop de 2004, en tanto que el índice de independencia formal de la administración electoral que utiliza es de su propia elaboración.
3. Cómo abordar el análisis de la confianza ciudadana y el diseño de los organismos electorales en América Latina
En esta sección analizaremos las distintas vías que pueden transitarse para medir los niveles de confianza ciudadana en los organismos electorales, al mismo tiempo que se desarrollará la estrategia a seguir en este artículo.
En primer lugar, deben destacarse las encuestas de Lapop (Barómetro de las Américas) utilizadas en trabajos como el de
Por otro lado, tenemos a disposición la encuesta de Latinobarómetro que, además de medir dimensiones específicas sobre creencia y apoyo al régimen democrático en diversos países de América Latina desde 1995, desde hace unos años incluye también en su publicación una pregunta específica sobre la confianza ciudadana en el organismo encargado de la administración de los comicios.
En este trabajo vamos a utilizar los resultados disponibles para la categoría “confianza ciudadana en el organismo electoral” de los informes del Latinobarómetro (2017; 2018; 2020) y, a partir de ellos, vamos a comparar el diseño institucional de los organismos electorales con mayores y menores niveles de confianza en la región. Con este abordaje, que hasta el momento no había sido visto desde esta perspectiva comparada, espero aportar a la literatura que indaga sobre esta área y, al mismo tiempo, colaborar en el debate sobre recomendaciones, en pos de mejorar la integridad de los procesos electorales en la región.
Con el fin de aprovechar las ventajas del método comparado, adoptaré una estrategia enfocada en los casos “extremos”, es decir, aquellos que presentan particularidades que revisten mayor interés que los casos “centrales” (
4. Organismos electorales y niveles de confianza ciudadana en América Latina (2017-2020)
En esta sección analizaremos los niveles de confianza ciudadana en los organismos electorales de democracias competitivas en América Latina, con el fin de identificar cuáles serán nuestros casos de estudio. A partir de los datos del período 2017-2020 me concentraré en seis países: los tres con mayor promedio de confianza y los tres con menor promedio durante esos años (Ver Tabla 1). Tal como mencioné, para elaborar la base de datos correspondiente a niveles de confianza ciudadana de la Tabla 1 utilicé datos provenientes de los informes de Latinobarómetro correspondientes a los años 2017, 2018 y 2020.
Tabla 1. Niveles de confianza ciudadana en el órgano de administración electoral en países latinoamericanos democráticos 2017, 2018 y 2020 Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro (2017; 2018; 2020) y
Países
2017
2018
2020
Promedio
Tipo OE 20203
1. Costa Rica
46
56
45
49
Independiente
2. Uruguay
20
47
64
43.7
Independiente
3. Colombia
22
48
54
41.3
Mixto
4. Perú
38
33
32
34.3
Mixto
5. Chile
31
29
41
33.7
Mixto
6. México
33
32
36
33.7
Mixto
7. Panamá
29
25
38
30.7
Independiente
Promedio Latam
29
28
31
29.3
8. Brasil
25
26
36
29
Independiente
9. Rep. Dominicana
23
30
31
28
Mixto
10. Bolivia
30
25
27
27.3
Independiente
11. Nicaragua
30
14
27
23.7
-
12. Venezuela
32
18
21
23.7
-
13. Ecuador
27
25
16
22.7
Independiente
14. Guatemala
25
24
17
22
Independiente
15. Argentina
27
22
15
21.3
Mixto
16. El Salvador
18
12
27
19
Independiente
17. Paraguay
17
26
13
18.7
Independiente
18. Honduras
20
18
13
17
Independiente
Una vez identificados los casos a comparar, se pueden analizar los diseños institucionales de los organismos electorales de esos seis países, tomando en consideración diversos indicadores de la literatura antes mencionada como antecedente de este trabajo, a fin de clasificar cada uno por su diseño institucional.
Como puede observarse en la Tabla 1, los datos correspondientes a este período oscilan entre un valor máximo de 64 (Uruguay en 2020) y un mínimo de 13 (Paraguay y Honduras en 2020). Además, el promedio de valoración positiva en 2017, 2018 y 2020 está encabezado por los organismos de Costa Rica, Uruguay y Colombia (en ese orden). Estos datos pueden resultar llamativos respecto a otras encuestas, como la de Lapop 2021, en la que Colombia se sitúa en las últimas posiciones (
Algo similar a lo observado en las primeras posiciones se da con los casos de El Salvador, Paraguay y Honduras, cuyos organismos electorales se encuentran en los últimos lugares en niveles de confianza y valoración en otras encuestas de la región, como la mencionada Lapop 2021. Por otro lado, cabe aclarar que este trabajo considera exclusivamente casos con elecciones competitivas, de allí que los casos de Nicaragua y Venezuela quedaron apartados de la valoración, aun cuando los organismos de ambos países no se encuentran entre los primeros ni tampoco entre los últimos (Ver Tabla 1).
A continuación, iniciamos el análisis con aquellos organismos electorales que, durante el período 2017-2020, tuvieron la menor calificación promedio en términos de confianza ciudadana (El Salvador, Paraguay y Honduras) para luego continuar con los tres que encabezan el podio en términos de confianza (Colombia, Uruguay y, por último, el líder Costa Rica).
4.1. Los casos de Honduras, Paraguay y El Salvador
4.1.1. Honduras
Desde la reforma de 2018, la administración electoral recae formalmente en manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, órgano con rango constitucional encargado de tareas operativas y logísticas junto al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Sin embargo, ambos organismos administraron su primera elección recién en 2021,4 de modo que para este trabajo (hasta 2020) se considera a la institución precedente, el Tribunal Supremo Electoral (TSE). El TSE concentraba las tareas administrativas, técnicas y logísticas para las que fue creado, en cumplimiento de los Acuerdos Cívicos de 2001. Su conformación surgía de una terna de magistrados/as elegida por dos tercios del Congreso Nacional. Además, la primera elección administrada por el TSE fue en 2005 (
El punto común entre el TSE y el actual TJE es que la elección de sus miembros se realiza por voto del Congreso Nacional y que, en ambos casos, utilizan la figura de magistrado/a para denominar a quienes integran sus plenarios. La principal diferencia es que desde los comicios de 2021, el TJE solo concentra funciones judiciales, mientras que las cuestiones logísticas recalan ahora en el CNE. Las y los consejeros del CNE de Honduras, a diferencia de las y los magistrados, pueden tener un título universitario distinto al de Derecho, pero también son elegidos/as por dos tercios del Congreso Nacional.
Las elecciones de 2021, un año después de la última medición considerada en este artículo, fueron las primeras en ser organizadas por esta nueva configuración de autoridades electorales. En función del período analizado y de las características formales y constitutivas del mismo, consideraremos al TSE de Honduras como “independiente”.
4.1.2. Paraguay
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (Tsje) de Paraguay es la máxima autoridad electoral del país, con funciones determinadas por la Constitución Nacional de 1992. El nombramiento de su plenario se rige por el mismo mecanismo implicado en la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos nombramientos deben ser aprobados por el Senado y el presidente de la República.5
El Tsje de Paraguay es el principal organismo electoral del país, aunque desarrolla tareas de administración electoral en conjunto con los tribunales y juzgados electorales locales, fiscalías electorales y el Registro Electoral (Tsje 2021). Por las características institucionales que se desprenden de su composición y funciones, consideramos al Tsje de Paraguay como un organismo electoral “independiente”.
4.1.3. El Salvador
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador es el máximo organismo electoral del país, y desempeña funciones tanto jurisdiccionales como administrativas. El Organismo Colegiado del TSE salvadoreño está compuesto por magistradas/os elegidos por un período de cinco años. Además del Tribunal, en la administración de los comicios participan las Juntas Electorales Departamentales y las Juntas Electorales Municipales (
La designación del pleno del TSE salvadoreño se realiza mediante votación por dos tercios de la Asamblea Legislativa; tres provenientes de cada una de las fuerzas partidarias más votadas y, por último, dos a propuesta de ternas de la Corte Suprema de Justicia.6 En función de su diseño, el TSE en El Salvador se clasifica como “independiente”.
4.2. Los casos de Colombia, Costa Rica y Uruguay
4.2.1. Colombia
En el caso colombiano, existen dos organismos electorales que concentran las principales funciones electorales: el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil (Rnec). El CNE es la máxima autoridad encargada de resolver los recursos interpuestos por los partidos sobre el proceso electoral; al mismo tiempo, regula y vigila el cumplimiento constitucional de toda la normativa electoral y vela por la imparcialidad de las y los funcionarios públicos involucrados en el proceso. La Rnec, por su parte, se ocupa fundamentalmente de la organización técnico-administrativa de los comicios y de la documentación e identificación de las y los votantes (
El pleno del CNE colombiano es elegido por el Congreso Nacional y está integrado por representantes de las diversas fuerzas políticas por un período de cuatro años. El Registrador Nacional, en cambio, es electo por las y los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado (Función Pública 2023). Dada la composición y funciones diferenciadas de estos dos organismos electorales en Colombia, su modelo de administración electoral puede clasificarse como “mixto”.
4.2.2. Uruguay
En Uruguay existe un organismo electoral que se destaca de las demás oficinas que colaboran en la administración de comicios: la Corte Electoral. El ámbito de acción de la Corte abarca todos los actos y procedimientos de los comicios: primarias, cuestiones partidarias, realización de los escrutinios y proclamación de los resultados. La designación de las y los magistrados que la componen se realiza mediante el voto de la Asamblea Legislativa, con dos tercios de los votos (Corte Electoral s. f.).
Además de la Corte Electoral, están las juntas y oficinas electorales departamentales, que se encargan de cuestiones operativas de la gestión de los comicios, pero actúan en conjunto y bajo la supervisión de la Corte Electoral. Debido a esta estructura y funcionamiento, se clasifica a la Corte Electoral de Uruguay como un organismo “independiente”.
4.2.3. Costa Rica
En Costa Rica el máximo organismo electoral es el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). El TSE es un órgano constitucional “al que corresponde en forma exclusiva y excluyente la función electoral” (
Existen otras oficinas con tareas electorales en Costa Rica, pero son más bien herramientas de gestión específicas para asistir al TSE, como el Registro Civil (encargado del padrón electoral) y el Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos, así como las juntas electorales distritales. Sin embargo, tanto por su relevancia en el sistema electoral, como por todas las características y funciones de administración electoral que concentra y ejerce, el TSE de Costa Rica se clasifica como un organismo “independiente”.
Una vez realizada la clasificación en función de los mecanismos de conformación, normativas y diseños institucionales de los seis organismos electorales seleccionados, avanzamos con la comparación de sus diseños en relación con los casos de mayor y menor nivel de confianza.
5. Tipos de organismos electorales y niveles de confianza en América Latina
Tabla 2. Países latinoamericanos por nivel de confianza y tipo de administración electoral Fuente: Elaboración propia con base en Latinobarómetro (2017; 2018; 2020) y
Países
2017
2018
2020
1. Costa Rica
Independiente
Independiente
Independiente
2. Uruguay
Independiente
Independiente
Independiente
3. Colombia
Mixto
Mixto
Mixto
16. El Salvador
Independiente
Independiente
Independiente
17. Paraguay
Independiente
Independiente
Independiente
18. Honduras
Independiente
Independiente
Independiente
En la Tabla 2 se presentan los organismos con mejor y peor puntaje en términos de confianza, en función de la clasificación de
Por otro lado, la Tabla 2 transita parcialmente en el mismo sentido de lo advertido por
El caso de Colombia, en la tercera posición, es interesante ya que posee un modelo mixto y queda próximo a otros países con modelos mixtos en posiciones más cercanas a la valoración promedio. Como se observa en la Tabla 1, los modelos mixtos van desde la posición 3 (Colombia) hasta la 15 (Argentina), pasando por Perú (4), Chile (5), México (6) y República Dominicana (9). Ninguno de estos seis países con modelos mixtos de administración electoral se encuentra en las últimas tres posiciones. En todos estos casos, la posición de los modelos mixtos tampoco arroja una orientación clara en la relación entre los niveles de confianza ciudadana y de independencia frente al Ejecutivo. El caso de Honduras deberá seguirse con atención en los próximos años, dado que estrenó un diseño con formato mixto en los comicios del 2021.
Ahora bien, otros aspectos como el tipo de organización constitucional de los países tampoco parecen variables relevantes para incidir en los factores aquí comparados. Cabe destacar que de los cuatro países federales en América Latina, México y Argentina optaron por organismos electorales mixtos, en tanto que Brasil y Venezuela (este último sin elecciones democráticas en el período estudiado) optaron por un único organismo que, formalmente, cuadra con un formato independiente.
En resumen, la Tabla 2 sigue parcialmente la línea de los trabajos analizados anteriormente que intentan vincular el diseño de los organismos electorales con los niveles de confianza, así como la percepción de limpieza e integridad de los mismos. En todos los casos, las investigaciones previas han concluido que los diseños institucionales por sí solos no guardan una correlación significativa con dichos valores, y alientan a identificar otras variables que desempeñen un rol interviniente en los niveles de confianza ciudadana.
6. Reflexiones preliminares
En momentos como el actual, en los que el vínculo entre la confianza ciudadana en los organismos electorales parece resquebrajarse en las democracias de América Latina y a nivel mundial, surge nuevamente la pregunta sobre el diseño institucional de los organismos electorales como un factor influyente en esa confianza. Así, se revisaron estudios previos sobre este tema, con el objetivo de analizar la integridad de los comicios a través de diversas variables y enfoques.
Este trabajo no busca argumentar sobre el diseño institucional o proponer que las capacidades institucionales de cada organismo electoral no son importantes. Sin embargo, plantea la necesidad de llevar a cabo una agenda de investigación que continúe buscando, identificando y analizando factores y variables que ayuden a poner en discusión cómo se ven influenciados los niveles de confianza en los diversos organismos electorales en cada país.
Mientras se escriben estas líneas, los organismos electorales preparan elecciones que ya están siendo puestas en duda, incluso antes de desarrollarse. Es cierto que los temores de la ciudadanía respecto a la integridad de los procesos electorales no se basan en análisis detallados sobre el diseño institucional de sus organismos, y mucho menos en la evaluación de pruebas objetivas sobre la imparcialidad de las y los funcionarios electorales. Por el contrario, es mucho más frecuente y sencillo desacreditar el trabajo profesional de los organismos electorales con acusaciones o noticias virales de dudosa validez, en lugar de adoptar medidas que los doten de confianza y transparencia a largo plazo. Los modelos de gestión electoral más exitosos evidencian ciertos patrones en la distribución de funciones y competencias de la administración electoral que deben mantenerse, mientras que las buenas prácticas de estos organismos deben ser replicadas por aquellos que aún no las han adoptado.
Junto al estudio de los diseños de los organismos electorales, en futuras investigaciones sería importante incorporar otros factores, como se sugiere en trabajos previos, como (a) niveles de injerencia partidista, (b) resultados socioeconómicos, (c) niveles de competitividad, (d) niveles de confianza frente a las demás instituciones públicas, (e) niveles de percepción de corrupción, entre otros. Es evidente que una mala gestión presidencial puede afectar la confianza pública en todas las instituciones, pero si una o un presidente que pierde las elecciones denuncia fraude en los comicios simplemente porque no logró los resultados que anhelaba, la crisis y la desconfianza pueden ser mucho más graves.
El camino hacia la desconfianza ciudadana que tiende a empañar la integridad del proceso electoral es corto; en cambio, la ruta para lograr la institucionalización de organismos electorales percibidos como imparciales y confiables es muy larga. Queda en la clase política, en interacción con los factores contextuales propios de su sistema político, la decisión sobre qué camino tomar en el viaje de su administración electoral.
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Notas:
El autor agradece al equipo editorial y evaluadores por los comentarios recibidos en el proceso de aprobación.
En el período analizado, el organismo electoral de El Salvador era más dependiente del Ejecutivo.
Para identificar los tipos de organismos electorales de la Tabla 1 se analizaron normativas electorales nacionales (vigentes a 2020) y, en función de ellas, se consideraron los siguientes organismos por país. Argentina: Cámara Nacional Electoral y Dirección Nacional Electoral; Bolivia: Órgano Electoral Plurinacional; Brasil: Tribunal Superior Electoral; Colombia: Registraduría del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral; Costa Rica: Tribunal Supremo de Elecciones; Chile: Servicio Electoral y Tribunal Calificador de Elecciones; El Salvador: Tribunal Supremo Electoral. Guatemala: Tribunal Supremo Electoral; Honduras: Tribunal Supremo Electoral; Paraguay: Tribunal Superior de Justicia Electoral, México: Instituto Nacional Electoral y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Panamá: Tribunal Electoral; Perú: Jurado Nacional de Elecciones y Oficina Nacional de Procesos Electorales; República Dominicana: Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral; por último, Uruguay: Corte Electoral.
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