10.53557/Elecciones.2022.v21n23.05
Varia
<loligandulfo@gmail.com> Universidad Del Salvador, Argentina
ORCID: 0000-0002-2424-0573
<mafpagliarone@gmail.com> Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina
ORCID: 0000-0002-6698-7114
[Resumen]
El interés de este trabajo es realizar una lectura sobre el proceso de elecciones generales (pri- mera y segunda vuelta) ocurridas en Ecuador a comienzos de 2021, considerando la utilización de meca- nismos judiciales para la proscripción de candidaturas y el papel de los organismos electorales en dicho proceso. Además, conforme los resultados electorales, se analiza el impacto del clivaje regional (costa- sierra) en la estructuración del voto. En conjunto, estos elementos permiten elaborar un análisis sobre los resultados de la primera y segunda vuelta. [Palabras clave] Ecuador, elecciones, fragmentación política, judicialización, clivajes. [Abstract]
This work offers an overview of the general election process (first and second round) that occurred in Ecuador at the beginning of 2021, considering the use of judicial mechanisms for the pros- cription of candidacies and the role of electoral bodies in said process. In addition, according to the electoral results, an analysis is made about the impact of the regional cleavage (coast-highlands) in how the votes are structured. Taken together, these elements allow for an analysis of the results of the first and second round. [Keywords] Ecuador, elections, political fragmentation, judicialization, cleavages. [Recibido] 20/12/21 y [Aceptado] 10/04/22
1. Introducción
En Ecuador, el camino hacia las elecciones de 2021 se vio signado por algunas disputas en el campo político sucedidas en los últimos años: en 2017, Lenín Moreno ganó las elecciones con un discurso de campaña que lo ubicaba como el sucesor de Rafael Correa, teniendo en cuenta que, de 2007 a 2013, durante la primera y segunda presidencia de Correa, se había desempeñado como vicepresidente de la República; sin embargo, al poco tiempo de asumir la presidencia, la relación entre ambos se debilitó y Moreno comenzó lentamente a identificarse -tanto discursiva como políticamente- con los sectores de derecha. El conflicto estallaría abiertamente con el caso Odebrecht,1 en el que estaría involucrado su compañero de fórmula, Jorge Glas, quien fue privado de sus funciones, y posteriormente acusado de corrupción y condenado a seis años de prisión ( En el plano económico, la puesta en marcha de una política de austeridad implicó un programa de ajuste y reducción del Estado con el objetivo de hacer frente a compromisos asumidos con organismos internacionales. En marzo de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo por 4.200 millones de dólares en tres años ( El último acontecimiento que terminó por marcar el rumbo del Gobierno fue el impacto de la pandemia del coronavirus, que tuvo en Ecuador uno de los escenarios más trágicos de América Latina en materia sanitaria: fue el primer país en la región con más casos de mortalidad por cada millón de habitantes ( El agravamiento de la situación económica y social terminó por impactar en el Gobierno de Moreno. En 2020, la contracción económica rondó el -9 %, la deuda pública se acercó al 70 % del PBI y el déficit fiscal fue mayor al 9 % (Cepal 2020). A diciembre de 2020, la tasa de pobreza multidimensional fue de 40,2 % mientras que la pobreza extrema multidimensional fue de 17,8 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2021). En diciembre de 2019, antes de iniciar la pandemia, ambas tasas eran de 38,1 % y 16, 9 % respectivamente ( La aceptación cercana al 80 % que Moreno tenía a los cien días de iniciado su mandato (El Universo 2017a) descendió en mayo de 2020 al 14 % ( A esta compleja coyuntura se añadieron, en los meses previos a las elecciones, las propias de un proceso electoral signado por amenazas a su desarrollo normal, a partir de sucesivos episodios de judicialización a las candidatas y los candidatos. En la primera vuelta de las elecciones, celebradas en febrero de 2021, compitieron dieciséis binomios presidenciales, el doble de los que habían participado en la elección presidencial de 2017. De estos dieciséis binomios, cuatro fuerzas políticas fueron claves. La primera se vinculaba al correísmo, con la candidatura de Andrés Arauz, un economista que durante la Presidencia de Correa se desempeñó como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, y ministro de Cultura y Patrimonio. En segundo lugar estuvo el banquero Guillermo Lasso, quien participó por tercera vez en la elección presidencial en el marco de una alianza con el Partido Social Cristiano, histórica organización política de derecha. En tercer lugar, Yaku Pérez, un abogado ambientalista, que de 2013 a 2019 fue presidente de la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), organización perteneciente a las y los indígenas de la sierra ecuatoriana, considerando que en Ecuador el 7 % de la población es indígena (aproximadamente 1,1 millones). Y, en cuarto lugar, estuvo Xavier Hervas de la Izquierda Democrática, un empresario ligado al agronegocio que por primera vez incursionó en política y obtuvo una votación del 15,68 %, lo que a Izquierda Democrática le significó ampliar el número de asambleístas de cuatro a dieciocho. En la primera vuelta, Arauz se impuso con el 32,72 % de los votos, mientras que Lasso alcanzó 19,74 % y Pérez, 19,39 % -apenas 32.115 votos de diferencia entre ambos-. Cabe destacar que este resultado fue el más alto desde la fundación de Pachakutik, si se tiene en cuenta que, en 2013, alcanzaron solo el 3 % y en 2017 el 6 %. Esta amplia votación le significó ampliar su número de asambleístas de cinco a veintisiete. La segunda vuelta se disputó entre Lasso y Arauz, obteniendo la victoria electoral el primero con 52,36 % de los votos frente a 47,64 %. La novedad de esta elección fue el alto porcentaje de votos nulos, como parte de la estrategia de Pérez y su partido, Pachakutik. Este propuso llamar a votar nulo, alegando que los dos candidatos ingresaban con fraude a la segunda vuelta. En el marco de este escenario, la propuesta de este artículo es analizar el proceso de elecciones generales teniendo en cuenta la aplicación de mecanismos judiciales para la proscripción de candidaturas y el papel de los organismos electorales en dicho proceso. Además, conforme los resultados electorales, se analiza el impacto del clivaje regional (costa-sierra) en la estructuración del voto. Para la recolección de la información se utilizan como fuentes periódicos nacionales de Ecuador, y diarios y portales de información internacional, así como documentos oficiales publicados por las instituciones y declaraciones vertidas en redes sociales. En cuanto a la organización del texto, en el primer apartado se aplica una descripción contextual que permite situar al lector en el escenario previo a las elecciones presidenciales de 2021. En el segundo apartado, se hace referencia al proceso de judicialización de la política, describiendo la actuación del Poder Judicial y la proscripción de la candidatura de Rafael Correa. En el tercer apartado, se analiza el papel de las instituciones electorales en la eliminación de partidos políticos y la proscripción de candidaturas, como la de Álvaro Noboa, conjuntamente con las intervenciones de otras instituciones, como la Contraloría General. El cuarto apartado se concentra en los resultados electorales de la primera y segunda vuelta, destacando el componente territorial del voto.
2. Contexto de las elecciones
Las cuatro fuerzas políticas claves de esta elección conjugaron nuevos actores en la política nacional, como las figuras políticas de Arauz y Hervas, con liderazgos políticos de larga data, como Lasso y Pérez en el marco del clivaje correísmo-anticorreísmo. En el caso de Arauz, aun cuando fuera presentado como el “sucesor” de Correa, durante la campaña trató de desmarcarse del expresidente insistiendo en que al momento de gobernar sería él quien tome las decisiones ( No obstante, la mayor novedad fue el candidato de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, un La participación de Guillermo Lasso en elecciones presidenciales no es nueva: en 2013 obtuvo 22,68 % de los votos; en la primera vuelta de 2017, 28,09 %; y en la segunda vuelta, 48,84 %. Fue presidente del Banco de Guayaquil durante veinte años y se autodefine como un liberal, presumiendo su pasado como banquero “para defender que él sabe cómo crear empleo y financiar empresas a través del sector privado, y que ahora hará lo mismo desde el [sector] público” ( En el caso de Pérez, gran parte de su capital político se debe a su trabajo como abogado de algunas comunidades que se opusieron a los proyectos de minería de oro,3 lo que en 2019 le significó ganar las elecciones seccionales para la prefectura de Azuay. Durante la campaña, utilizó un discurso de centro izquierda aunque “no cuestiona ninguno de los pilares del capitalismo dependiente ecuatoriano, como la dolarización, el extractivismo -solo plantea que se cumplan los estándares ambientales y tender a cambiar la matriz energética-, ni la existencia de grandes capitales concentrados nacionales y extranjeros -a lo sumo, plantea algún impuesto a la riqueza-” ( En lo que respecta al ámbito institucional, las elecciones se dieron en un contexto de nuevas reglas electorales como consecuencia de las reformas aplicadas al Código de la Democracia, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 22 de enero de 2020. En esta oportunidad, 180 artículos fueron reformados, lo que equivalía al 44 % de la norma destacando sobre todo el cambio en el sistema de asignación de escaños del método D’Hondt al método Webster, mediante el cual los partidos de minoría pueden acceder a curules en la Asamblea Nacional (
3. La judicialización de la política
3.1 El caso de Rafael Correa
En los últimos años, en América Latina se verifica el avance del Poder Judicial con un activo rol en la esfera política, la vida de los partidos políticos y los procesos electorales. Desde 2017, se registran casos de judicialización de los procesos electorales en varios países de la región.4 A partir del análisis comparado, se pueden identificar tres tipos de casos ( Dicho proceso comenzó con los cambios acontecidos en la institucionalidad judicial, luego del referéndum constitucional y consulta popular de 2018, que concedió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la potestad de evaluar el desempeño de instituciones políticas claves y, de ser necesario, cesar a las autoridades. En consecuencia, se procedió a la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, alegando el incumplimiento de los parámetros de evaluación que había fijado el Cpccs. Cabe destacar que una de las causales presentadas fue el conflicto de intereses, señalando la supuesta amistad de Jalkh con el expresidente Correa en sus cargos de secretario particular, ministro de Gobierno y ministro de Justicia ( Asimismo, la promoción de procesos judiciales en contra de Correa tuvo numerosos episodios. Durante 2020, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado en calidad de autor mediato. Además, se inhabilitaron sus derechos políticos por veinticinco años. Esto se dio en el marco de la causa Sobornos 2012-2016,6 en el que la Fiscalía General del Estado investigó los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado en beneficio del movimiento político de Correa, y que habrían sido recibidos por altos funcionarios del Gobierno. El caso comenzó con una denuncia periodística basada en las anotaciones de la libreta personal de Pamela Martínez, exasesora del Gobierno, quien sostuvo que en 2018 escribió detalladamente el esquema de corrupción que supuestamente tuvo lugar de 2012 a 2016, aunque, “en ningún momento, a lo largo de la investigación y el juicio, la Fiscalía pudo demostrar un vínculo directo entre este esquema de financiación ilegal y el entonces mandatario. Sin embargo, el tribunal concluyó que el flujo de dinero era tal que Correa debía estar al tanto” ( A lo anterior se le agregó la imposibilidad de participar en la fórmula presidencial con Arauz en el marco de la plataforma Unión por la Esperanza (Unes), dado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció reformas al reglamento de Democracia Interna de las organizaciones políticas. Estas reformas incluían una transitoria que, si bien establecía que durante la pandemia de Covid-19 las organizaciones políticas podían desarrollar sus asambleas o convenciones para elegir directivas y candidaturas de elección popular a través de medios telemáticos, esta vía no sería aceptada para la proclamación y aceptación de las precandidaturas, ya que el acto de aceptación debía ser “expreso, indelegable y personalísimo” ( Frente a ello, el movimiento correísta presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de las reformas al reglamento de Democracia Interna de las organizaciones políticas. De igual forma, Correa ratificó su decisión de participar en los comicios a través de su representante legal y mediante una conferencia transmitida por redes sociales. Finalmente, con la confirmación de la condena e inhabilitación política, se retiró su candidatura a la vicepresidencia. La fuerza política propuso el cambio de fórmula incorporando al periodista Carlos Rabascall, quien durante el Gobierno de Correa (2007-2017) trabajó para la televisión estatal. Este reemplazo debió sortear un recurso judicial planteado por el movimiento Ahora ante el TCE ( Actualmente, Correa tiene 34 causas judiciales abiertas: diez por peculado; una por falsedad de documento público, persecución, amenazas y genocidio; nueve por tráfico de influencias; dos por traición a la patria; una por robo; una por instigación; tres por fraude procesal; una por delitos de odio; una por alteración de evidencia y elementos de prueba; una por homicidio; una por delincuencia organizada; una por defraudación tributaria; una por tentativa de asesinato y otra por asesinato (
3.2 El rol de las instituciones electorales en la proscripción de las candidaturas
En el proceso electoral de 2021, otras candidaturas, como la de Álvaro Noboa, fueron proscriptas por las instituciones electorales en el marco de un proceso signado por las intervenciones de otras instituciones, como la Contraloría General. En agosto de 2019, la Contraloría General7 emitió un examen especial al sistema de verificación de firmas del CNE y determinó que se habían cometido errores que habían llevado a que cuatro organizaciones políticas fueran inscritas y participaran en las elecciones seccionales de 2019,8 a pesar de no cumplir con el requisito de contar con el 1,5 % de afiliadas y afiliados que estipula el artículo 109 de la Constitución ( En enero de 2020, el CNE determinó que estos partidos no podían ser depurados por no caber dentro de ninguna de las causales legales para su cancelación ( En agosto de 2020, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)11 a partir de la interposición de recursos de los movimientos políticos, dejó sin efecto las suspensiones establecidas por el CNE, fundamentando la existencia de una lesión a los derechos políticos ( En el caso de Justicia Social, el 30 de octubre el TCE resolvió en segunda instancia conceder igualdad de tiempo y trámite para que Democracia Interna realice su inscripción y calificación de candidatas y candidatos para las elecciones generales, y ampliando estas medidas aun más en un fallo posterior. Posteriormente, en diciembre, luego de que se dieran a conocer los dieciséis binomios presidenciales definitivos, el CNE remitió una resolución para que la Corte Constitucional dirima el conflicto que surgió con la sentencia del TCE, que ordenó como medida de reparación el otorgamiento a Justicia Social de nuevos plazos para inscribir las candidaturas de cara a las elecciones generales de 2021 ( Aun cuando el TCE dispuso a un juez de primera instancia que verificara el cumplimiento de la sentencia con la que fue restituida la personería jurídica de la organización política, el CNE insistió en la idea de que ya había aplicado la reparación ( Ante lo sucedido, Justicia Social, el partido de Noboa decidió acusar a los cuatro vocales del CNE de haber incumplido con las medidas de reparación otorgadas por el TCE. Esta petición fue acogida por el juez Contencioso Electoral, quien dispuso la destitución de los cuatro vocales del CNE por haber cometido una infracción electoral grave, además del establecimiento de una multa de USD 28.000 y la pérdida de derechos políticos por cuatro años. El CNE catalogó lo sucedido como un “intento de interferencia en las elecciones generales de 2021” (
4. Resultados electorales
Durante el escrutinio de la primera vuelta, el anuncio anticipado de los resultados del conteo rápido12 por parte de la presidenta del CNE sembró incertidumbre: su mensaje ubicó a Arauz en primer lugar (31,5 %) y a Pérez (20,04 %) en segundo, lo cual habilitaba una segunda vuelta entre ambos candidatos ( Ante lo sucedido, Pérez denunció un intento de fraude electoral e ingresó una solicitud al CNE a fin de que se aplique un recuento voto a voto en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. A raíz de ello, y por la estrecha diferencia de votos entre el segundo y tercer puesto, se llegó a un acuerdo verbal, carente de legalidad, entre Pérez y Lasso, de llevar a cabo una verificación del 100 % de las urnas de la provincia de Guayas y el 50 % de dieciséis provincias más, lo que significaba casi el 40 % del total de la elección. El informe técnico que recomendaba el recuento parcial de los votos fue sometido a votación por el Pleno del CNE y no fue aprobado, ya que contó con el voto positivo de solo dos de sus miembros, un voto en contra, una abstención y una ausencia. Seguidamente, el veintiuno de febrero, el órgano electoral finalmente proclamó los resultados oficiales y la realización de una segunda vuelta, a desarrollarse el once de abril. Con la proclamación de los resultados oficiales, el contralor general del Estado, Pablo Celi, informó al órgano electoral la solicitud para realizar una auditoría al sistema informático utilizado en los comicios, antes de la segunda vuelta electoral. Con posterioridad, la Fiscalía General del Estado dispuso también la recolección del contenido digital del sistema informático electoral y la aplicación de una pericia informática, a raíz de una denuncia presentada por la ciudadanía en representación del Movimiento Pachakutik por presunto fraude electoral. En la segunda vuelta, Lasso se convirtió en presidente al obtener 4.656.426 votos (52,36 %), mientras que Arauz obtuvo 4.236.515 votos (47,64 %). La novedad de la segunda vuelta fue el crecimiento del voto nulo. Del total de los votos, hubo 1.935.782 (17,88 %) votos no válidos: 1,61 % fueron votos en blanco y 16,27 %, votos nulos. En comparación, solo en la primera vuelta de las elecciones de 2006, el voto nulo había rondado el 12 %, mientras que, en la segunda vuelta de 2017, el voto nulo se había ubicado en torno al 6,3 %. Cabe destacar que, días antes de la segunda vuelta, Pérez y su partido Pachakutik hicieron un llamado a votar nulo. Incluso, en algunas provincias como Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, Arauz obtuvo una votación inferior al porcentaje de votos nulos. En Azuay, por ejemplo, obtuvo una votación cercana al 29 %, mientras que el voto nulo fue del 30,5 %.
4.1 La estructuración del voto por regiones13
La historia política del Ecuador está marcada por la pertenencia a un espacio territorial por sobre la adscripción partidaria, lo que ha supuesto un desafío para los partidos políticos con miras a contar con una implantación política electoral uniforme. Esto es lo que se denomina “el sesgo espacial del voto” ( Con el fin de observar el impacto del clivaje regional en la estructuración del voto, a continuación se muestra en el Gráfico 1 los mapas de la votación recibida por Moreno en la primera vuelta de 2017 y Arauz en la primera vuelta de 2021. Gráfico 1. Comparación del voto entre Moreno (2017) y Arauz (2021) en primera vuelta
Fuente: Rodriguez (2021) Al analizar la votación de Arauz se observa el predominio de la costa, una tendencia que ya estaba presente en la votación de Moreno en 2017. En el caso de Manabí, la provincia que fue epicentro del terremoto en 2016, Moreno obtuvo 53,99 % de los votos en la primera vuelta de 2017, frente al 18,13 % de Lasso. Arauz obtuvo una votación similar de 52,22 %, mientras que Lasso disminuyó al 14,75 %. Arauz creció en Esmeraldas, donde Moreno obtuvo en la primera vuelta 40,57 % y Arauz, 44,26 %; o Guayas, la provincia más azotada por la pandemia, donde Moreno obtuvo 38,77 % en 2017 y Arauz, 41,83 %. El siguiente dato a destacar lo constituye la baja votación que recibieron tanto Arauz como Lasso en la Amazonía. Si se tiene en cuenta la variable étnica, en la primera vuelta de 2017 las provincias con mayor porcentaje de población indígena, tanto en la sierra como en la Amazonía, votaron mayoritariamente por Lasso. Sin embargo, en la primera vuelta de las presidenciales 2021 se observan dos tendencias: por un lado, en estas provincias, Arauz no consiguió retener la votación obtenida por Moreno en 2017. Por otro lado, Lasso perdió un importante caudal de votos que fue probablemente captado por Pérez. Estas tendencias se reflejan en la Tabla 1 que sigue a continuación:
Elaboración propia basada en datos del CNE En función de lo anterior, la votación de Pérez se concentró geográficamente en la sierra y Amazonía, profundizando el clivaje regional, como lo muestra el Gráfico 2 que sigue a continuación: Gráfico 2. Distribución del voto a Pérez (2021) en primera vuelta
Fuente: Rodriguez (2021) La buena
5. Conclusiones
El proceso electoral de 2021 evidenció la puesta en funcionamiento de diversos mecanismos tendientes a incidir sobre el mismo, como lo fueron las persecuciones judiciales, la proscripción de candidaturas y la intervención de la justicia en los órganos electorales. En el caso de Rafael Correa, luego de su desafiliación del partido Alianza País, tuvo varios intentos de inscribir una nueva fuerza política -inicialmente Revolución Ciudadana-, rechazadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A ello se sumó la eliminación de su organización política Fuerza Compromiso Social y, posteriormente, el establecimiento de un nuevo mecanismo de inscripción de candidatura, en el que las y los candidatos debían ratificar su postulación de forma personal, imposibilitando, de esta forma, su presentación y la necesidad de postular un nuevo vicepresidente que acompañara la candidatura presidencial de Arauz. También fue el caso de Álvaro Noboa, cuyo partido político fue eliminado de la competencia electoral por el CNE. Sumado a este derrotero, el proceso no estuvo exento de noticias falsas, cada vez más recurrentes en los procesos electorales en la región, que desinforman y socavan la democracia. Días antes de los comicios se difundieron rumores de que el partido Unes había recibido financiamiento de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) ( En este contexto, y con fuerzas políticas metidas de lleno en los litigios judiciales, es difícil diseñar campañas propositivas con propuestas de políticas públicas y de modelo de país de cara a la ciudadanía.
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El Comercio, Noviembre 22. https://bit.ly/3HXc5AI [Sobre las autoras] Dolores Gandulfo Directora del Observatorio de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Doctoranda en Ciencia Política (Unsam), magíster en Políticas Públicas (Georgetown University) y licenciada en Relaciones Internacionales (Usal). Profesora de la Universidad del Salvador, Universidad Nacional Scalabrini Ortiz y el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior (Argentina). María Florencia Pagliarone Becaria doctoral Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Villa María. Doctoranda en Ciencia Política (Unsam). Magíster en Ciencia Política (Flacso sede Ecuador). Licenciada en Historia (Unrc) y licenciada en Ciencia Política (Unrc). Notas: Odebrecht se encontraba presente en Ecuador desde hacía treinta años. En 2008, tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, Correa expulsó a la compañía y rescindió todos sus contratos. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano de 2007 a 2016. Asambleísta de Alianza País proveniente del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), y ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Lenín Moreno. En 2010 fue acusado de sabotaje y terrorismo, y condenado a un año de prisión por obstruir rutas cuando protestaba contra la minería y en defensa del agua. El Salvador (Legislativas 2018), México (Presidenciales 2018), Honduras (Presidenciales 2018), Brasil (Presidenciales 2019). Durante febrero de 2018, el fiscal general del Estado Carlos Baca Mancheno divulgó una conversación telefónica entre el entonces presidente de la Asamblea Nacional, exministro del Interior, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit (prófugo de la justicia por el caso Odebrecht). En el audio difundido se hablaba de la posibilidad de remover al fiscal por incumplir acuerdos para ocultar hechos de corrupción. Tras lo acontecido, Serrano fue destituido y, en abril de 2018, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la censura y destitución de Carlos Baca Mancheno de su cargo de fiscal general del Estado. Para más información, véase https://bit.ly/3u8Tv2X El artículo 211 de la Constitución del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Fueron celebradas el veinticuatro de marzo de 2019 para elegir veintitrés prefecturas (gubernaciones provinciales), veintitrés viceprefecturas, 221 alcaldías, 867 concejalías urbanas, 438 concejalías rurales y 4.089 vocalías principales de las juntas parroquiales. En la misma elección fueron electos los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estas irregularidades ya habían sido advertidas en una auditoría realizada al CNE en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de agosto de 2019. Las otras tres eran Libertad es Pueblo, en el que participaba el hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno, y Juntos Podemos, del exprefecto de Azuay Paúl Carrasco. El Tribunal Contencioso Electoral tiene como funciones: a) conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, así como los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas; b) sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y, en general, por vulneraciones a las normas electorales; y c) determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto. El conteo rápido selecciona una muestra del total de actas existentes a nivel nacional y desarrolla un cálculo preliminar. Si bien constituye un resultado oficial, no tiene el carácter de permanente. La muestra con la que se hace el conteo rápido es acordada por el CNE y los partidos políticos, y se aplica según el número de juntas receptoras del voto, el total de papeletas y de actas. Las autoras agradecen haber recibido los gráficos de parte de Javier Rodríguez Sandoval.
Primera vuelta Elecciones presidenciales 2017
Primera vuelta Elecciones presidenciales 2021
Provincia
% Población indígena
% Votos Moreno
% Votos Lasso
% Votos Arauz
% Votos Lasso
% Votos Pérez
Bolívar
25,40
25,08
44,25
14,00
13,73
47,92
Cañar
15,20
34,73
29,32
23,23
12,08
44,23
Cotopaxi
22,10
30,56
32,63
18,58
11,26
43,80
Chimborazo
38,00
27,65
42,11
16,90
14,95
41,55
Imbabura
25,80
43,11
25,68
29,37
17,19
22,39
Morona Santiago
48,40
29,01
53,76
16,32
9,63
52,08
Napo
56,80
24,95
55,77
13,59
17,18
43,90
Pastaza
39,80
26,44
47,77
22,53
25,86
16,71
Zamora Chinchipe
15,60
29,69
46,43
16,88
12,53
40,03
Sucumbíos
13,40
39,46
27,23
34,92
8,23
37,01
Orellana
31,80
36,01
37,80
25,83
12,04
34,02