10.53557/Elecciones.2022.v21n23.05

Varia

Fragmentación electoral y judicialización: las claves del proceso electoral en Ecuador

Electoral fragmentation and judicialization: the keys to the electoral process in Ecuador

DOLORES GANDULFO

<loligandulfo@gmail.com> Universidad Del Salvador, Argentina

ORCID: 0000-0002-2424-0573

MARÍA FLORENCIA PAGLIARONE

<mafpagliarone@gmail.com> Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina

ORCID: 0000-0002-6698-7114


[Resumen]

El interés de este trabajo es realizar una lectura sobre el proceso de elecciones generales (pri- mera y segunda vuelta) ocurridas en Ecuador a comienzos de 2021, considerando la utilización de meca- nismos judiciales para la proscripción de candidaturas y el papel de los organismos electorales en dicho proceso. Además, conforme los resultados electorales, se analiza el impacto del clivaje regional (costa- sierra) en la estructuración del voto. En conjunto, estos elementos permiten elaborar un análisis sobre los resultados de la primera y segunda vuelta.

[Palabras clave] Ecuador, elecciones, fragmentación política, judicialización, clivajes.


[Abstract]

This work offers an overview of the general election process (first and second round) that occurred in Ecuador at the beginning of 2021, considering the use of judicial mechanisms for the pros- cription of candidacies and the role of electoral bodies in said process. In addition, according to the electoral results, an analysis is made about the impact of the regional cleavage (coast-highlands) in how the votes are structured. Taken together, these elements allow for an analysis of the results of the first and second round.

[Keywords] Ecuador, elections, political fragmentation, judicialization, cleavages.


[Recibido] 20/12/21 y [Aceptado] 10/04/22

1. Introducción

En Ecuador, el camino hacia las elecciones de 2021 se vio signado por algunas disputas en el campo político sucedidas en los últimos años: en 2017, Lenín Moreno ganó las elecciones con un discurso de campaña que lo ubicaba como el sucesor de Rafael Correa, teniendo en cuenta que, de 2007 a 2013, durante la primera y segunda presidencia de Correa, se había desempeñado como vicepresidente de la República; sin embargo, al poco tiempo de asumir la presidencia, la relación entre ambos se debilitó y Moreno comenzó lentamente a identificarse -tanto discursiva como políticamente- con los sectores de derecha.

El conflicto estallaría abiertamente con el caso Odebrecht,1 en el que estaría involucrado su compañero de fórmula, Jorge Glas, quien fue privado de sus funciones, y posteriormente acusado de corrupción y condenado a seis años de prisión (Gandulfo 2020). Tras su salida, la vicepresidencia fue ocupada por Alejandra Vicuña,2 quien también debió renunciar debido a la denuncia de un excolaborador que la acusó de recibir depósitos en su cuenta personal provenientes de funcionarios que colaboraban con ella cuando se desempeñaba como asambleísta. El tercer vicepresidente fue Otto Sonnenholzner, un outsider de la política ecuatoriana vinculado a la radiodifusión. Tras muchos rumores sobre su posible candidatura para las elecciones generales de 2021 -las mediciones electorales de agosto de 2020 indicaban que tenía una intención de voto del 27,3 %, ubicándose en segundo lugar luego del candidato de Correa (Celag 2020a)-, el siete de julio de 2020 también renunció. Finalmente, María Alejandra Muñoz, quien había sido directora general del Servicio Nacional de Aduana, ocupó el cargo de vicepresidenta hasta el final del mandato de Lenín Moreno.

En el plano económico, la puesta en marcha de una política de austeridad implicó un programa de ajuste y reducción del Estado con el objetivo de hacer frente a compromisos asumidos con organismos internacionales. En marzo de 2019, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un acuerdo por 4.200 millones de dólares en tres años (Ecuavisa 2019), a lo que se sumaron 6.000 millones de organismos multilaterales. En este contexto tendrían lugar las movilizaciones de octubre de 2019, luego de que el presidente Moreno anunciara la decisión de eliminar los subsidios a los combustibles. Las movilizaciones, iniciadas por el gremio de los transportistas y continuadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se extendieron por doce días y fueron reprimidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, contabilizando ocho fallecidos y 1.340 heridos (Rea 2020; Ramírez 2020; Gómez 2020). Para los fines de este artículo, los sucesos de octubre fueron importantes en dos sentidos: por un lado, el procesamiento del conflicto que desoyó los reclamos de la ciudadanía e insistió, por el contrario, en denunciar ante la comunidad internacional un supuesto “intento desestabilizador”, alegando la presencia de “turbios intereses infiltrados en las manifestaciones” (García 2019) y profundizó el descontento. Por otro lado, el gran ganador de octubre fue el movimiento indígena al lograr representar múltiples y diversos sectores descontentos con las políticas implementadas por el Gobierno de Moreno, y huérfanos de identificaciones partidarias, en el sentido de que no se sentían representados en la grieta trazada entre correísmo y anticorreísmo.

El último acontecimiento que terminó por marcar el rumbo del Gobierno fue el impacto de la pandemia del coronavirus, que tuvo en Ecuador uno de los escenarios más trágicos de América Latina en materia sanitaria: fue el primer país en la región con más casos de mortalidad por cada millón de habitantes (Ramírez y Moreno 2020), lo que llevó a la profundización de la crisis en las otras agendas. Apenas iniciada la pandemia, en marzo de 2020, renunció la ministra de Salud, alegando falta de fondos y apoyo político para hacer frente a la emergencia sanitaria (Trujillo 2020). Incluso -a contramano de la recomendación de los organismos internacionales de privilegiar la inversión en la cuestión sanitaria-, el entonces ministro de Finanzas decidió pagar USD 341 millones por capital e intereses de los bonos 2020 (El Universo 2020a).

El agravamiento de la situación económica y social terminó por impactar en el Gobierno de Moreno. En 2020, la contracción económica rondó el -9 %, la deuda pública se acercó al 70 % del PBI y el déficit fiscal fue mayor al 9 % (Cepal 2020). A diciembre de 2020, la tasa de pobreza multidimensional fue de 40,2 % mientras que la pobreza extrema multidimensional fue de 17,8 % (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2021). En diciembre de 2019, antes de iniciar la pandemia, ambas tasas eran de 38,1 % y 16, 9 % respectivamente (Instituto Nacional de Estadística y Censos 2021).

La aceptación cercana al 80 % que Moreno tenía a los cien días de iniciado su mandato (El Universo 2017a) descendió en mayo de 2020 al 14 % (El Universo 2020b). Un mes antes de los comicios, solo el 7,54 % consideraba como buena su gestión (Perfiles de Opinión 2021).

A esta compleja coyuntura se añadieron, en los meses previos a las elecciones, las propias de un proceso electoral signado por amenazas a su desarrollo normal, a partir de sucesivos episodios de judicialización a las candidatas y los candidatos.

En la primera vuelta de las elecciones, celebradas en febrero de 2021, compitieron dieciséis binomios presidenciales, el doble de los que habían participado en la elección presidencial de 2017. De estos dieciséis binomios, cuatro fuerzas políticas fueron claves. La primera se vinculaba al correísmo, con la candidatura de Andrés Arauz, un economista que durante la Presidencia de Correa se desempeñó como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, y ministro de Cultura y Patrimonio. En segundo lugar estuvo el banquero Guillermo Lasso, quien participó por tercera vez en la elección presidencial en el marco de una alianza con el Partido Social Cristiano, histórica organización política de derecha. En tercer lugar, Yaku Pérez, un abogado ambientalista, que de 2013 a 2019 fue presidente de la Ecuarunari (Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador), organización perteneciente a las y los indígenas de la sierra ecuatoriana, considerando que en Ecuador el 7 % de la población es indígena (aproximadamente 1,1 millones). Y, en cuarto lugar, estuvo Xavier Hervas de la Izquierda Democrática, un empresario ligado al agronegocio que por primera vez incursionó en política y obtuvo una votación del 15,68 %, lo que a Izquierda Democrática le significó ampliar el número de asambleístas de cuatro a dieciocho.

En la primera vuelta, Arauz se impuso con el 32,72 % de los votos, mientras que Lasso alcanzó 19,74 % y Pérez, 19,39 % -apenas 32.115 votos de diferencia entre ambos-. Cabe destacar que este resultado fue el más alto desde la fundación de Pachakutik, si se tiene en cuenta que, en 2013, alcanzaron solo el 3 % y en 2017 el 6 %. Esta amplia votación le significó ampliar su número de asambleístas de cinco a veintisiete.

La segunda vuelta se disputó entre Lasso y Arauz, obteniendo la victoria electoral el primero con 52,36 % de los votos frente a 47,64 %. La novedad de esta elección fue el alto porcentaje de votos nulos, como parte de la estrategia de Pérez y su partido, Pachakutik. Este propuso llamar a votar nulo, alegando que los dos candidatos ingresaban con fraude a la segunda vuelta.

En el marco de este escenario, la propuesta de este artículo es analizar el proceso de elecciones generales teniendo en cuenta la aplicación de mecanismos judiciales para la proscripción de candidaturas y el papel de los organismos electorales en dicho proceso. Además, conforme los resultados electorales, se analiza el impacto del clivaje regional (costa-sierra) en la estructuración del voto.

Para la recolección de la información se utilizan como fuentes periódicos nacionales de Ecuador, y diarios y portales de información internacional, así como documentos oficiales publicados por las instituciones y declaraciones vertidas en redes sociales.

En cuanto a la organización del texto, en el primer apartado se aplica una descripción contextual que permite situar al lector en el escenario previo a las elecciones presidenciales de 2021. En el segundo apartado, se hace referencia al proceso de judicialización de la política, describiendo la actuación del Poder Judicial y la proscripción de la candidatura de Rafael Correa. En el tercer apartado, se analiza el papel de las instituciones electorales en la eliminación de partidos políticos y la proscripción de candidaturas, como la de Álvaro Noboa, conjuntamente con las intervenciones de otras instituciones, como la Contraloría General. El cuarto apartado se concentra en los resultados electorales de la primera y segunda vuelta, destacando el componente territorial del voto.

2. Contexto de las elecciones

Las cuatro fuerzas políticas claves de esta elección conjugaron nuevos actores en la política nacional, como las figuras políticas de Arauz y Hervas, con liderazgos políticos de larga data, como Lasso y Pérez en el marco del clivaje correísmo-anticorreísmo.

En el caso de Arauz, aun cuando fuera presentado como el “sucesor” de Correa, durante la campaña trató de desmarcarse del expresidente insistiendo en que al momento de gobernar sería él quien tome las decisiones (Noboa 2021). Además, señaló algunos errores cometidos por la Revolución Ciudadana en lo que respecta a la confrontación y criminalización de la protesta social.

No obstante, la mayor novedad fue el candidato de la Izquierda Democrática, Xavier Hervas, un outsider de la política ecuatoriana ligado a la producción y exportación de brócoli congelado mediante su empresa Nova Alimentos. Públicamente se presentó como “exportador, comerciante y transportista” (García 2020). Su participación en los comicios fue su primera experiencia ligada a un partido político. En su estrategia de campaña, recurrió al uso masivo de las redes sociales, especialmente TikTok, considerando que su voto se concentra en los jóvenes de dieciocho a veintiún años (García 2021), sin dejar de lado los encuentros cara a cara, aprovechando el trabajo territorial de la histórica dirigencia de Izquierda Democrática.

La participación de Guillermo Lasso en elecciones presidenciales no es nueva: en 2013 obtuvo 22,68 % de los votos; en la primera vuelta de 2017, 28,09 %; y en la segunda vuelta, 48,84 %. Fue presidente del Banco de Guayaquil durante veinte años y se autodefine como un liberal, presumiendo su pasado como banquero “para defender que él sabe cómo crear empleo y financiar empresas a través del sector privado, y que ahora hará lo mismo desde el [sector] público” (BBC 2021).

En el caso de Pérez, gran parte de su capital político se debe a su trabajo como abogado de algunas comunidades que se opusieron a los proyectos de minería de oro,3 lo que en 2019 le significó ganar las elecciones seccionales para la prefectura de Azuay. Durante la campaña, utilizó un discurso de centro izquierda aunque “no cuestiona ninguno de los pilares del capitalismo dependiente ecuatoriano, como la dolarización, el extractivismo -solo plantea que se cumplan los estándares ambientales y tender a cambiar la matriz energética-, ni la existencia de grandes capitales concentrados nacionales y extranjeros -a lo sumo, plantea algún impuesto a la riqueza-” (Dalai y D'león 2021). Además, una de sus propuestas de campaña era la promoción de la banca extranjera para reducir la tasa de interés y la posibilidad de entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Esto no es una novedad si se tiene en cuenta que para las elecciones presidenciales de 2017 había llamado a votar por la derecha argumentando que prefería a un banquero antes que una dictadura (El Universo 2017b). Incluso, habló de la posibilidad de entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos (El Universo 2021), y celebró el golpe institucional contra Dilma Rousseff (Pérez 2017) y contra Evo en Bolivia (La Historia 2019). Su estrategia de utilizar plataformas como TikTok para la campaña electoral fue fundamental para conseguir extender su votación más allá del mundo indígena e incluir al electorado urbano y joven, que rechazaba tanto las políticas neoliberales de Lenín Moreno -y que Lasso estaría dispuesto a continuar- como las políticas conservadoras de Correa, sobre todo lo que tiene que ver con la cuestión ambiental y las políticas de género (Dalai y D'león 2021).

En lo que respecta al ámbito institucional, las elecciones se dieron en un contexto de nuevas reglas electorales como consecuencia de las reformas aplicadas al Código de la Democracia, que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional el 22 de enero de 2020. En esta oportunidad, 180 artículos fueron reformados, lo que equivalía al 44 % de la norma destacando sobre todo el cambio en el sistema de asignación de escaños del método D’Hondt al método Webster, mediante el cual los partidos de minoría pueden acceder a curules en la Asamblea Nacional (El Telégrafo 2020). También se adoptó el sistema de listas cerradas y bloqueadas dejando atrás el sistema de listas abiertas; la incorporación de la paridad horizontal de forma progresiva; la incorporación de la violencia política de género como infracción grave y tipificación de las causales; la regulación de los debates presidenciales obligatorios y la inclusión de una cuota de jóvenes en la conformación de listas. Esto contribuyó a la igualdad de oportunidades y participación de las mujeres en el ámbito de la política (Instituto Nacional Demócrata 2021).

3. La judicialización de la política

3.1 El caso de Rafael Correa

En los últimos años, en América Latina se verifica el avance del Poder Judicial con un activo rol en la esfera política, la vida de los partidos políticos y los procesos electorales. Desde 2017, se registran casos de judicialización de los procesos electorales en varios países de la región.4 A partir del análisis comparado, se pueden identificar tres tipos de casos (Gandulfo 2020): a) sentencias que inciden sobre el proceso electoral, tanto provenientes de la justicia electoral como originadas en cámaras sin fueros en la materia; b) sentencias contrarias a la Constitución y que influyen en el proceso electoral; y c) la promoción de procesos judiciales en busca de imposibilitar candidaturas, como sería el caso de Ecuador, donde el proceso de judicialización política estuvo dirigido sobre todo a la oposición y, en especial, hacia los actores vinculados al correísmo.

Dicho proceso comenzó con los cambios acontecidos en la institucionalidad judicial, luego del referéndum constitucional y consulta popular de 2018, que concedió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) la potestad de evaluar el desempeño de instituciones políticas claves y, de ser necesario, cesar a las autoridades. En consecuencia, se procedió a la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, alegando el incumplimiento de los parámetros de evaluación que había fijado el Cpccs. Cabe destacar que una de las causales presentadas fue el conflicto de intereses, señalando la supuesta amistad de Jalkh con el expresidente Correa en sus cargos de secretario particular, ministro de Gobierno y ministro de Justicia (El Comercio 2018a). La cercanía con Correa también fue una de las acusaciones vertidas por un representante del Partido Social Cristiano, Henry Cucalón, en ocasión del juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno.5 En la oportunidad, se lo acusó de ser “mano derecha e incondicional del presidente Rafael Correa” (El Comercio 2018b).

Asimismo, la promoción de procesos judiciales en contra de Correa tuvo numerosos episodios. Durante 2020, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho agravado en calidad de autor mediato. Además, se inhabilitaron sus derechos políticos por veinticinco años. Esto se dio en el marco de la causa Sobornos 2012-2016,6 en el que la Fiscalía General del Estado investigó los presuntos aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado en beneficio del movimiento político de Correa, y que habrían sido recibidos por altos funcionarios del Gobierno. El caso comenzó con una denuncia periodística basada en las anotaciones de la libreta personal de Pamela Martínez, exasesora del Gobierno, quien sostuvo que en 2018 escribió detalladamente el esquema de corrupción que supuestamente tuvo lugar de 2012 a 2016, aunque, “en ningún momento, a lo largo de la investigación y el juicio, la Fiscalía pudo demostrar un vínculo directo entre este esquema de financiación ilegal y el entonces mandatario. Sin embargo, el tribunal concluyó que el flujo de dinero era tal que Correa debía estar al tanto” (Télam 2020). Si bien la condena sobre Correa fue ratificada por el Tribunal de la Corte Nacional (Ortiz 2020), el exmandatario ha logrado eludirla dada su residencia en Bélgica desde 2017. Además, en tres oportunidades la Interpol se ha negado a tramitar las órdenes internacionales de detención cuestionando la veracidad de la información enviada por la Justicia ecuatoriana, llamando la atención sobre la existencia de una persecución política que va en contra de los derechos humanos y entra en contradicción con el documento constitutivo de esta institución(Telesur 2021).

A lo anterior se le agregó la imposibilidad de participar en la fórmula presidencial con Arauz en el marco de la plataforma Unión por la Esperanza (Unes), dado que el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció reformas al reglamento de Democracia Interna de las organizaciones políticas. Estas reformas incluían una transitoria que, si bien establecía que durante la pandemia de Covid-19 las organizaciones políticas podían desarrollar sus asambleas o convenciones para elegir directivas y candidaturas de elección popular a través de medios telemáticos, esta vía no sería aceptada para la proclamación y aceptación de las precandidaturas, ya que el acto de aceptación debía ser “expreso, indelegable y personalísimo” (El Universo 2020c). Tal determinación del CNE constituyó un obstáculo, dado que un posible retorno de Correa a la ciudad de Quito para aceptar la candidatura como vicepresidente implicaba el riesgo de ser capturado por su presunta participación en el delito de plagio, estando vigente una orden de prisión preventiva por parte de la Corte Nacional.

Frente a ello, el movimiento correísta presentó un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en contra de las reformas al reglamento de Democracia Interna de las organizaciones políticas. De igual forma, Correa ratificó su decisión de participar en los comicios a través de su representante legal y mediante una conferencia transmitida por redes sociales.

Finalmente, con la confirmación de la condena e inhabilitación política, se retiró su candidatura a la vicepresidencia. La fuerza política propuso el cambio de fórmula incorporando al periodista Carlos Rabascall, quien durante el Gobierno de Correa (2007-2017) trabajó para la televisión estatal. Este reemplazo debió sortear un recurso judicial planteado por el movimiento Ahora ante el TCE (Nodal 2020) y, no exento de disidencias, finalmente el CNE concedió el plazo para el reemplazo en el binomio presidencial.

Actualmente, Correa tiene 34 causas judiciales abiertas: diez por peculado; una por falsedad de documento público, persecución, amenazas y genocidio; nueve por tráfico de influencias; dos por traición a la patria; una por robo; una por instigación; tres por fraude procesal; una por delitos de odio; una por alteración de evidencia y elementos de prueba; una por homicidio; una por delincuencia organizada; una por defraudación tributaria; una por tentativa de asesinato y otra por asesinato (Primicias 2020).

3.2 El rol de las instituciones electorales en la proscripción de las candidaturas

En el proceso electoral de 2021, otras candidaturas, como la de Álvaro Noboa, fueron proscriptas por las instituciones electorales en el marco de un proceso signado por las intervenciones de otras instituciones, como la Contraloría General.

En agosto de 2019, la Contraloría General7 emitió un examen especial al sistema de verificación de firmas del CNE y determinó que se habían cometido errores que habían llevado a que cuatro organizaciones políticas fueran inscritas y participaran en las elecciones seccionales de 2019,8 a pesar de no cumplir con el requisito de contar con el 1,5 % de afiliadas y afiliados que estipula el artículo 109 de la Constitución (García 2020a).9 Dentro de estas cuatro organizaciones se encontraba Fuerza Compromiso Social, la organización política de Rafael Correa, que en las elecciones seccionales de 2019 había ganado las elecciones para prefecto en dos de las provincias más importantes en cantidad de electoras y electores: Pichincha y Manabí. Otra de las organizaciones políticas afectadas era Justicia Social, que impulsaba la candidatura presidencial de Álvaro Noboa,10 quien de acuerdo a las encuestas difundidas contaba con una intención de voto de 22,9 %, ubicándose como segunda opción electoral después de Arauz y antes que Pérez (Celag 2020b).

En enero de 2020, el CNE determinó que estos partidos no podían ser depurados por no caber dentro de ninguna de las causales legales para su cancelación (Consejo Nacional Electoral 2020a, Acta Resolutiva n.º 1). Cinco meses después, la Contraloría General alertó a los consejeros del CNE que estos podían ser sustituidos por no haber seguido su recomendación de eliminar del registro electoral a los partidos políticos con supuestas irregularidades que invalidaban su registro (Contraloría General del Estado 2020). La justificación del CNE era que había decidido mantenerlos porque habían adquirido derechos al participar en las elecciones seccionales de 2019; sin embargo, en virtud de las presiones, el 19 de julio, el CNE decidió suspender a las cuatro organizaciones políticas (Consejo Nacional Electoral 2020b, 16 m 24 s).

En agosto de 2020, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE)11 a partir de la interposición de recursos de los movimientos políticos, dejó sin efecto las suspensiones establecidas por el CNE, fundamentando la existencia de una lesión a los derechos políticos (Telesur 2020), lo que puso en evidencia la clara tensión entre las dos autoridades de la función electoral. En consecuencia, el CNE le otorgó un plazo de treinta días a los movimientos políticos alcanzados por la sentencia del TCE para presentar sus descargos respecto a las irregularidades para su existencia, disponiendo solo de catorce días para llevar adelante las elecciones primarias. Cumplido aquel plazo y faltando dos días para la inscripción de candidaturas, el CNE comunicó la decisión final de eliminar las cuatro organizaciones políticas del Registro de Organizaciones Políticas de la institución al ratificarse la existencia de firmas con inconsistencias (Consejo Nacional Electoral 2020c); sin embargo, los cuatro movimientos acudieron al TCE apelando dicha decisión.

En el caso de Justicia Social, el 30 de octubre el TCE resolvió en segunda instancia conceder igualdad de tiempo y trámite para que Democracia Interna realice su inscripción y calificación de candidatas y candidatos para las elecciones generales, y ampliando estas medidas aun más en un fallo posterior. Posteriormente, en diciembre, luego de que se dieran a conocer los dieciséis binomios presidenciales definitivos, el CNE remitió una resolución para que la Corte Constitucional dirima el conflicto que surgió con la sentencia del TCE, que ordenó como medida de reparación el otorgamiento a Justicia Social de nuevos plazos para inscribir las candidaturas de cara a las elecciones generales de 2021 (García 2020b). A finales de diciembre, la Corte Constitucional resolvió no admitir a trámite la demanda por incumplir el requisito de presentar los “fundamentos constitucionales en que se apoya su pretensión, debidamente argumentados” (Corte Constitucional del Ecuador 2020) señalando, además, que este tipo de conflictos no constituye materia que pueda ser conocida y resuelta por la Corte Constitucional.

Aun cuando el TCE dispuso a un juez de primera instancia que verificara el cumplimiento de la sentencia con la que fue restituida la personería jurídica de la organización política, el CNE insistió en la idea de que ya había aplicado la reparación (Vélez 2020). De esta forma, la reconsideración del CNE eliminó de la competencia electoral a Álvaro Noboa.

Ante lo sucedido, Justicia Social, el partido de Noboa decidió acusar a los cuatro vocales del CNE de haber incumplido con las medidas de reparación otorgadas por el TCE. Esta petición fue acogida por el juez Contencioso Electoral, quien dispuso la destitución de los cuatro vocales del CNE por haber cometido una infracción electoral grave, además del establecimiento de una multa de USD 28.000 y la pérdida de derechos políticos por cuatro años. El CNE catalogó lo sucedido como un “intento de interferencia en las elecciones generales de 2021” (Consejo Nacional Electoral 2021), mencionando que la sentencia “vulnera la estabilidad democrática del Ecuador” (Consejo Nacional Electoral 2021).

4. Resultados electorales

Durante el escrutinio de la primera vuelta, el anuncio anticipado de los resultados del conteo rápido12 por parte de la presidenta del CNE sembró incertidumbre: su mensaje ubicó a Arauz en primer lugar (31,5 %) y a Pérez (20,04 %) en segundo, lo cual habilitaba una segunda vuelta entre ambos candidatos (Atamaint 2021). En este escenario preliminar, Lasso se ubicaba en tercer lugar con el 19,97 %; sin embargo, algunos minutos después, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, anunció que con la actualización del conteo rápido se habían modificado los resultados (El Comercio 2021), lo que significaba que Lasso entraba a la segunda vuelta con Arauz, desplazando a Pérez al tercer lugar.

Ante lo sucedido, Pérez denunció un intento de fraude electoral e ingresó una solicitud al CNE a fin de que se aplique un recuento voto a voto en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro, Pichincha y Bolívar. A raíz de ello, y por la estrecha diferencia de votos entre el segundo y tercer puesto, se llegó a un acuerdo verbal, carente de legalidad, entre Pérez y Lasso, de llevar a cabo una verificación del 100 % de las urnas de la provincia de Guayas y el 50 % de dieciséis provincias más, lo que significaba casi el 40 % del total de la elección.

El informe técnico que recomendaba el recuento parcial de los votos fue sometido a votación por el Pleno del CNE y no fue aprobado, ya que contó con el voto positivo de solo dos de sus miembros, un voto en contra, una abstención y una ausencia. Seguidamente, el veintiuno de febrero, el órgano electoral finalmente proclamó los resultados oficiales y la realización de una segunda vuelta, a desarrollarse el once de abril.

Con la proclamación de los resultados oficiales, el contralor general del Estado, Pablo Celi, informó al órgano electoral la solicitud para realizar una auditoría al sistema informático utilizado en los comicios, antes de la segunda vuelta electoral. Con posterioridad, la Fiscalía General del Estado dispuso también la recolección del contenido digital del sistema informático electoral y la aplicación de una pericia informática, a raíz de una denuncia presentada por la ciudadanía en representación del Movimiento Pachakutik por presunto fraude electoral.

En la segunda vuelta, Lasso se convirtió en presidente al obtener 4.656.426 votos (52,36 %), mientras que Arauz obtuvo 4.236.515 votos (47,64 %). La novedad de la segunda vuelta fue el crecimiento del voto nulo. Del total de los votos, hubo 1.935.782 (17,88 %) votos no válidos: 1,61 % fueron votos en blanco y 16,27 %, votos nulos. En comparación, solo en la primera vuelta de las elecciones de 2006, el voto nulo había rondado el 12 %, mientras que, en la segunda vuelta de 2017, el voto nulo se había ubicado en torno al 6,3 %.

Cabe destacar que, días antes de la segunda vuelta, Pérez y su partido Pachakutik hicieron un llamado a votar nulo. Incluso, en algunas provincias como Azuay, Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Bolívar, Arauz obtuvo una votación inferior al porcentaje de votos nulos. En Azuay, por ejemplo, obtuvo una votación cercana al 29 %, mientras que el voto nulo fue del 30,5 %.

4.1 La estructuración del voto por regiones13

La historia política del Ecuador está marcada por la pertenencia a un espacio territorial por sobre la adscripción partidaria, lo que ha supuesto un desafío para los partidos políticos con miras a contar con una implantación política electoral uniforme. Esto es lo que se denomina “el sesgo espacial del voto” (Alcántara y Freidenberg 2001, 124) para hacer referencia a la “configuración de ‘fuerzas polares’ -en torno a la costa y la sierra-, con estructura y estilos particulares de funcionamiento” (2001, 128) que los vuelve exitosos regionalmente.

Con el fin de observar el impacto del clivaje regional en la estructuración del voto, a continuación se muestra en el Gráfico 1 los mapas de la votación recibida por Moreno en la primera vuelta de 2017 y Arauz en la primera vuelta de 2021.

Gráfico 1. Comparación del voto entre Moreno (2017) y Arauz (2021) en primera vuelta

Fuente: Rodriguez (2021)

Al analizar la votación de Arauz se observa el predominio de la costa, una tendencia que ya estaba presente en la votación de Moreno en 2017. En el caso de Manabí, la provincia que fue epicentro del terremoto en 2016, Moreno obtuvo 53,99 % de los votos en la primera vuelta de 2017, frente al 18,13 % de Lasso. Arauz obtuvo una votación similar de 52,22 %, mientras que Lasso disminuyó al 14,75 %. Arauz creció en Esmeraldas, donde Moreno obtuvo en la primera vuelta 40,57 % y Arauz, 44,26 %; o Guayas, la provincia más azotada por la pandemia, donde Moreno obtuvo 38,77 % en 2017 y Arauz, 41,83 %.

El siguiente dato a destacar lo constituye la baja votación que recibieron tanto Arauz como Lasso en la Amazonía. Si se tiene en cuenta la variable étnica, en la primera vuelta de 2017 las provincias con mayor porcentaje de población indígena, tanto en la sierra como en la Amazonía, votaron mayoritariamente por Lasso. Sin embargo, en la primera vuelta de las presidenciales 2021 se observan dos tendencias: por un lado, en estas provincias, Arauz no consiguió retener la votación obtenida por Moreno en 2017. Por otro lado, Lasso perdió un importante caudal de votos que fue probablemente captado por Pérez. Estas tendencias se reflejan en la Tabla 1 que sigue a continuación:

Primera vuelta Elecciones presidenciales 2017 Primera vuelta Elecciones presidenciales 2021
Provincia % Población indígena % Votos Moreno % Votos Lasso % Votos Arauz % Votos Lasso % Votos Pérez
Bolívar 25,40 25,08 44,25 14,00 13,73 47,92
Cañar 15,20 34,73 29,32 23,23 12,08 44,23
Cotopaxi 22,10 30,56 32,63 18,58 11,26 43,80
Chimborazo 38,00 27,65 42,11 16,90 14,95 41,55
Imbabura 25,80 43,11 25,68 29,37 17,19 22,39
Morona Santiago 48,40 29,01 53,76 16,32 9,63 52,08
Napo 56,80 24,95 55,77 13,59 17,18 43,90
Pastaza 39,80 26,44 47,77 22,53 25,86 16,71
Zamora Chinchipe 15,60 29,69 46,43 16,88 12,53 40,03
Sucumbíos 13,40 39,46 27,23 34,92 8,23 37,01
Orellana 31,80 36,01 37,80 25,83 12,04 34,02

Elaboración propia basada en datos del CNE

En función de lo anterior, la votación de Pérez se concentró geográficamente en la sierra y Amazonía, profundizando el clivaje regional, como lo muestra el Gráfico 2 que sigue a continuación:

Gráfico 2. Distribución del voto a Pérez (2021) en primera vuelta

Fuente: Rodriguez (2021)

La buena perfomance electoral que alcanzó el movimiento indígena en esta elección fue producto de muchos factores. Estos “partidos etnopopulistas” (Madrid 2008) -caracterizados por ser partidos de base étnica que adoptan estrategias electorales populistas clásicas- evitan utilizar “retórica excluyente” (Madrid 2008), generando acercamientos hacia otros grupos sociales. En la explicación de los resultados electorales, Rodríguez Sandoval (2021) destaca las movilizaciones de octubre de 2019, el desgaste de la clase política, las preferencias de los jóvenes, la pandemia y el trabajo político desarrollado por Pérez en la sierra sur, pero también da énfasis en la dispersión del voto provocada por el gran número de candidaturas (Rodríguez 2021).

5. Conclusiones

El proceso electoral de 2021 evidenció la puesta en funcionamiento de diversos mecanismos tendientes a incidir sobre el mismo, como lo fueron las persecuciones judiciales, la proscripción de candidaturas y la intervención de la justicia en los órganos electorales.

En el caso de Rafael Correa, luego de su desafiliación del partido Alianza País, tuvo varios intentos de inscribir una nueva fuerza política -inicialmente Revolución Ciudadana-, rechazadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). A ello se sumó la eliminación de su organización política Fuerza Compromiso Social y, posteriormente, el establecimiento de un nuevo mecanismo de inscripción de candidatura, en el que las y los candidatos debían ratificar su postulación de forma personal, imposibilitando, de esta forma, su presentación y la necesidad de postular un nuevo vicepresidente que acompañara la candidatura presidencial de Arauz. También fue el caso de Álvaro Noboa, cuyo partido político fue eliminado de la competencia electoral por el CNE.

Sumado a este derrotero, el proceso no estuvo exento de noticias falsas, cada vez más recurrentes en los procesos electorales en la región, que desinforman y socavan la democracia. Días antes de los comicios se difundieron rumores de que el partido Unes había recibido financiamiento de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) (Semana 2021), que el candidato Arauz había sido vacunado en Argentina incluso antes de que las primeras vacunas lleguen a ese país (Página 12 2021), además de la viralización de un video sobre una supuesta entrega de 250 dólares a las y los votantes antes de las elecciones (Clarín 2021).

En este contexto, y con fuerzas políticas metidas de lleno en los litigios judiciales, es difícil diseñar campañas propositivas con propuestas de políticas públicas y de modelo de país de cara a la ciudadanía.

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[Sobre las autoras]

Dolores Gandulfo

Directora del Observatorio de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina y de la Red de Politólogas - #NoSinMujeres. Doctoranda en Ciencia Política (Unsam), magíster en Políticas Públicas (Georgetown University) y licenciada en Relaciones Internacionales (Usal). Profesora de la Universidad del Salvador, Universidad Nacional Scalabrini Ortiz y el Instituto Nacional de Capacitación Política del Ministerio del Interior (Argentina).

María Florencia Pagliarone

Becaria doctoral Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de Villa María. Doctoranda en Ciencia Política (Unsam). Magíster en Ciencia Política (Flacso sede Ecuador). Licenciada en Historia (Unrc) y licenciada en Ciencia Política (Unrc).


Notas:

  1. Odebrecht se encontraba presente en Ecuador desde hacía treinta años. En 2008, tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, Correa expulsó a la compañía y rescindió todos sus contratos. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano de 2007 a 2016.

  2. Asambleísta de Alianza País proveniente del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA), y ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda de Lenín Moreno.

  3. En 2010 fue acusado de sabotaje y terrorismo, y condenado a un año de prisión por obstruir rutas cuando protestaba contra la minería y en defensa del agua.

  4. El Salvador (Legislativas 2018), México (Presidenciales 2018), Honduras (Presidenciales 2018), Brasil (Presidenciales 2019).

  5. Durante febrero de 2018, el fiscal general del Estado Carlos Baca Mancheno divulgó una conversación telefónica entre el entonces presidente de la Asamblea Nacional, exministro del Interior, José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit (prófugo de la justicia por el caso Odebrecht). En el audio difundido se hablaba de la posibilidad de remover al fiscal por incumplir acuerdos para ocultar hechos de corrupción. Tras lo acontecido, Serrano fue destituido y, en abril de 2018, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la censura y destitución de Carlos Baca Mancheno de su cargo de fiscal general del Estado.

  6. Para más información, véase https://bit.ly/3u8Tv2X

  7. El artículo 211 de la Constitución del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos.

  8. Fueron celebradas el veinticuatro de marzo de 2019 para elegir veintitrés prefecturas (gubernaciones provinciales), veintitrés viceprefecturas, 221 alcaldías, 867 concejalías urbanas, 438 concejalías rurales y 4.089 vocalías principales de las juntas parroquiales. En la misma elección fueron electos los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

  9. Estas irregularidades ya habían sido advertidas en una auditoría realizada al CNE en el periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2013 y el 31 de agosto de 2019.

  10. Las otras tres eran Libertad es Pueblo, en el que participaba el hermano del presidente Lenín Moreno, Gary Moreno, y Juntos Podemos, del exprefecto de Azuay Paúl Carrasco.

  11. El Tribunal Contencioso Electoral tiene como funciones: a) conocer y resolver los recursos electorales contra los actos del Consejo Nacional Electoral y de los organismos desconcentrados, así como los asuntos litigiosos de las organizaciones políticas; b) sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y, en general, por vulneraciones a las normas electorales; y c) determinar su organización, y formular y ejecutar su presupuesto.

  12. El conteo rápido selecciona una muestra del total de actas existentes a nivel nacional y desarrolla un cálculo preliminar. Si bien constituye un resultado oficial, no tiene el carácter de permanente. La muestra con la que se hace el conteo rápido es acordada por el CNE y los partidos políticos, y se aplica según el número de juntas receptoras del voto, el total de papeletas y de actas.

  13. Las autoras agradecen haber recibido los gráficos de parte de Javier Rodríguez Sandoval.