El voto preferencial (VP), es decir, la posibilidad de que el electorado altere el orden de la lista definido previamente por las organizaciones políticas, se estableció por primera vez con el inicio de la transición democrática en Perú cuando se incluyó en la convocatoria para las elecciones a la Asamblea Constituyente en 1977. Luego este fue eliminado para las elecciones de 1980 y restablecido en las elecciones de 1985. Este elemento del sistema electoral peruano se mantiene vigente desde entonces (Campos 2015).

Desde su introducción en la legislación electoral, esta modalidad de voto no ha estado exenta de debate por sus diversos impactos en la construcción de las preferencias de las y los votantes, en la emisión del voto y su conteo, en la composición del parlamento y en las dinámicas internas de los partidos (Tuesta 2013, 258-262). Y, respecto al perfil de la candidata o candidato que puede tener éxito bajo este tipo de reglas, se ha señalado que quien postula debe tener "recursos económicos; obtener uno de los primeros puestos de la lista; tener influencia o ascendencia en un grupo profesional, social o sindical; haber tenido una visibilidad pública como deportista, persona del mundo de los medios o, por esas casualidades, algo que llame la atención de los medios" (Tuesta 2013, 266).

Respecto a la elegibilidad de las mujeres, la literatura que analizó los condicionantes para la eficacia de las medidas de acción afirmativa -aplicable también a las medidas de paridad- identificó, entre otros factores inherentes al sistema electoral, el tipo de lista en el que se realizan las nominaciones (Norris 2006; Archenti y Tula 2008). Si bien hasta hace algunos años se había sostenido a partir de evidencia de algunos países, entre ellos Perú, que las mujeres podían tener éxito para ser electas en sistemas con listas cerradas y desbloqueadas o abiertas y votación preferente (Schmidt 2004), otros autores han señalado que las listas cerradas y bloqueadas potencian la elección de mujeres en particular cuando se combinan con mandatos de posición (Jones 2008; Archenti y Tula 2008; Roza et al. 2010). Por tanto, las listas cerradas y bloqueadas son más beneficiosas para acercarse a un número mínimo (en el caso de las cuotas) o paritario (en el caso de las medidas de paridad) en la elección de mujeres. Desde diferentes ámbitos, entre ellos, la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política creada en 2018, se ha recomendado sin éxito eliminar el voto preferencial y establecer la lista cerrada y bloqueada (Tuesta et al. 2019). Además, varios proyectos de ley se han presentado en el Congreso para tal fin, pero no han logrado ser aprobados (Tuesta et al. 2019).

A lo largo de los años, el caso peruano ha brindado evidencias mixtas, dependiendo de cada elección y las reglas institucionales vigentes, sobre cómo el voto preferencial afecta la elección de las mujeres y su competitividad electoral bajo este tipo de reglas. Un análisis de las elecciones de 1995 (cuando aún no estaban vigentes las cuotas) y de las del 2000 realizado por Schmidt (2004) encontró que la combinación del voto preferencial doble con el que el electorado puede equilibrar sus opciones votando por un hombre y una mujer, en el marco de una elección en distrito electoral único (utilizada solo hasta el 2000) y con candidatas que disfrutaban de gran popularidad, hizo a las mujeres competitivas y obtener "éxitos no anticipados" (Schmidt 2004, 137).

Un estudio, esta vez de las elecciones parlamentarias de 2006 (ya con un distrito electoral múltiple, regulado a partir de las elecciones de 2001), concluyó que -incluso afrontando desventajas por las inequidades de género en el encabezamiento de las listas, la cobertura mediática y el acceso al financiamiento privado para la campaña- "las mujeres son altamente competitivas para ganar votos preferenciales" (Gallo et al. 2008, 195). Al analizar qué factores explicaban el porcentaje femenino electo, la variable "atractivo electoral de las mujeres", calculada en función de los votos preferenciales obtenidos por ellas, era el factor más importante de su éxito o fracaso. Nuevamente se consideró a las candidatas como bastante competitivas, pues, a pesar de que el 38,3% del total postularon en los partidos que accedieron al Congreso, lograron el 37,3% de todos los votos preferenciales aun cuando los hombres encabezaron el 75,4% de las listas ganadoras (Gallo et al. 2008, 190).

Otro análisis de las elecciones de 2006 volvió a identificar una mayor propensión al voto preferencial hacia las mujeres, en particular en organizaciones con mayor rendimiento electoral. Las mujeres en los partidos que obtuvieron representación en el Congreso registraron el 38,6% de las candidaturas y captaron el 37,3% de los votos preferenciales mientras que en 2001 habían obtenido el 30,08% de votos (Dador et al. 2007). Sin embargo, en las elecciones de 2011, el voto preferencial de las mujeres se redujo a un 27,4% del total (diez puntos menos que lo obtenido en 2006). Las causas de este descenso fueron una disminución de la preferencia de la o del votante por haber perdido la condición de candidaturas ajenas al establishment, por escándalos de algunas legisladoras que generaron juicios más estrictos e incluso falta de arrastre electoral por sus perfiles (Llanos y Tello 2012).

A partir de las investigaciones de las elecciones parlamentarias de 2006 se profundizaron los estudios respecto a las variables que afectan la competitividad de las mujeres y, por tanto, su capacidad de obtener votos preferenciales. Entre las variables estudiadas destacan el encabezamiento de las listas electorales, al acceso a una cobertura equitativa a medios de comunicación o el acceso al financiamiento privado para sus campañas. Respecto al primer factor, el encabezamiento de las listas, esta posición no solo tiene un efecto de mayor visibilidad de cara al electorado y a los medios de comunicación, sino también tiene un componente altamente simbólico en la medida en que esta ubicación se reserva para aquellas o aquellos que tienen un peso importante en el liderazgo del partido, un alto perfil político, profesional o mediático. En consecuencia, son las personas que encabezan las listas las que poseen una capacidad de arrastre de votos importante. En el caso peruano, diferentes análisis han demostrado que quienes ocupan esa posición tienen mayores probabilidades de ingresar al parlamento, ya que el voto preferencial suele ser favorable a esa posición. Por ejemplo, de los veintiún partidos que obtuvieron representación parlamentaria en las elecciones 2001, 2006 y 2011, quien ocupaba la posición uno ingresó diecisiete veces; la posición dos, quince veces; y, la tres, doce veces. Así, cuanto más inferior era la posición -salvo excepciones-, menos posibilidad existía de ser electa o electo (Tuesta 2013, 267). En general se ha observado que quienes se ubican en el primer tercio de las listas han tenido más opciones de acceder a un escaño, pues el electorado peruano no altera de modo significativo el orden de la lista al usar el voto preferencial (Ayala et al. 2020).

En paralelo, el encabezamiento de las listas ha sido uno de los espacios más esquivos para las mujeres debido a que las organizaciones políticas siguen siendo reacias a distribuir estas posiciones equitativamente para ubicar a más mujeres, lo que mejoraría su competitividad. En las elecciones parlamentarias de 2001, cuando ya estaba vigente la cuota de 30% -tomando en cuenta a los partidos que lograron representación en el Congreso-, solo 11,2% de mujeres ocuparon la posición número 1 y, en 2006, 24,5% (Dador et al. 2007). Pese a ello, en 2006, las mujeres mostraron una eficacia en su elegibilidad similar a los hombres para ser electas al ser ubicadas en estas posiciones: de las 41 mujeres cabeza de lista, el 29,3% fue elegido, mientras que, en el caso de los varones, el 33%. (Dador et al. 2007). En las elecciones de 2011, el porcentaje de mujeres en esta posición descendió a 18,6% y a la par varió ligeramente la brecha de elegibilidad de mujeres (27,6%) y hombres (32,3%) ubicados en esta posición (Llanos y Tello 2012). Mientras que, en las elecciones de 2011, ese porcentaje se ubicó en 27,1% para los partidos que obtuvieron representación en el Congreso (PNUD, ONU Mujeres e IDEA Internacional 2018). Estudios realizados sobre todas las candidaturas presentadas durante las elecciones congresales extraordinarias de 2020 muestran que solo el 15% de las cabezas de lista fue ocupada por mujeres (Ayala et al. 2020).

Respecto al segundo factor, la cobertura mediática, los medios masivos siguen siendo la vía principal -aunque no la única tras la irrupción de las redes sociales-, en los que se desarrolla la campaña electoral y en los que candidatas y candidatos puedan hacerse conocidos y transmitir con un alcance más amplio sus propuestas, posturas y opiniones a la mayoría del electorado. En el caso de un sistema con voto preferencial en el que se da en simultáneo una competencia interpartidaria y otra intrapartidaria, el contar con esa cobertura es importante de cara a una mayor competitividad, en particular para aquellas o aquellos que no cuentan con una trayectoria política, profesional o mediática previa.

Diversos monitoreos de medios con enfoque de género realizados en las últimas elecciones parlamentarias muestran en promedio y, en relación con su presencia en las listas, que las mujeres han tenido una menor cobertura que los hombres en los tres tipos de medios analizados (televisión, radio y prensa escrita). En 2006, mientras el porcentaje de candidatas en todo el país fue de 39%, la cobertura promedio medida en espacio y tiempo en televisión fue 22,2%, en radio de 26,2% y en prensa escrita de 18,6% (Dador et al. 2007). En 2011, solo para el caso de Lima, las candidatas fueron un 33,7% y su cobertura fue de 32,3% en televisión, 20,9% en radio y 19,8% en prensa escrita (Llanos y Tello 2012). En ambas elecciones, unas pocas candidatas acapararon cerca de la mitad de la cobertura. Por último, en 2016, cuando las candidatas representaron un 39,6%, la cobertura en televisión fue de 26,5%, en radio de 20% y en prensa escrita de 29,3% (Jurado Nacional de Elecciones e IDEA Internacional 2016).

Finalmente, en relación con el financiamiento privado de campañas electorales, también desde la literatura se ha manifestado la necesidad de nivelar, en este aspecto, el piso de la competencia electoral. Esto último porque existe una brecha de género y el acceso al dinero puede ser una de las principales barreras para hacer política, por lo que sería necesario conocer más sobre las estrategias de las mujeres para conseguir financiamiento para sus campañas (Muñoz y Freidenberg 2018). Sin embargo, también se ha advertido que hay factores relacionados con la institucionalidad y la forma de hacer política que hacen que esta variable tenga mayor peso en la elegibilidad. Entre estos factores destacan el número de audiencia a la que la candidatura debe alcanzar, cuando la nominación es en lista cerrada y desbloqueada o lista abierta y cuando hay una fuerte personalización de la política (e incluso clientelismo) (Ferreira 2009, 7-9). Todas estas variables han estado presentes en el contexto peruano.

En todo caso, en Perú se ha realizado una primera aproximación a esas brechas en un análisis de la campaña electoral de 2007, cuando se estimó que el gasto de los candidatos por Lima en publicidad contratada en prensa, radio y televisión fue 4,6 veces más que el de las candidatas (Dador et al. 2007). Esta proporción (cuatro veces más) se repitió en las elecciones de 2011, en las que también se observó que en televisión los candidatos por Lima gastaron nueve veces más y que la mayor inversión de las candidatas fue en la radio (Llanos y Tello 2012). Sobre las estrategias de recaudación de las mujeres, otro estudio sobre candidatas al parlamento en Lima en las elecciones de 2011 concluyó que si bien el acceso al financiamiento difiere en función de factores endógenos (relacionados con el propio perfil de la candidata como el nivel de educación o la experiencia política previa) y exógenos (como la ubicación en las listas o el nivel de exposición en medios), las mujeres tienen campañas austeras y financiadas con sus propios recursos o con aportes del entorno cercano o mediante actividades de pequeña recaudación (Llanos e Incio s/f).

2. Metodología

Este artículo se centra en las últimas elecciones parlamentarias de 2021. Tiene un enfoque predominantemente descriptivo que permite observar el desempeño electoral de las y los candidatos electos en términos de obtención de votos y algunas de las condiciones de la competencia electoral que podrían impactar en ese desempeño. El análisis se realiza tanto a nivel nacional como en la circunscripción de Lima. La capital es la circunscripción de mayor magnitud, lo que implica una mayor cantidad de escaños en juego (33 escaños) y un mayor grado de competencia electoral. De ahí la importancia de observar sus dinámicas en esta primera aproximación que, además, ha sido uno de los abordajes realizados en estudios previos con los que este artículo dialoga. Esto no obsta para que en futuros y más amplios estudios comparativos se realicen análisis de circunscripción en circunscripción.