Tabla 1. Edad para ser electo o electa en sistemas bicamerales

	Argentina	Chile	Uruguay	Colombia	México
Edad de la Cámara de Diputados y Diputadas	25	21	25	25	21
Edad Senado	30	35	30	30	28

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles en cada uno de los países.

Es más, estas brechas son mayores si se tiene en cuenta el tiempo de espera para que las personas jóvenes logren acceder a los parlamentos. Según los datos reportados por el informe de la Unión Interparlamentaria (UIP), la edad promedio de legisladores y legisladoras en el mundo oscila entre los 41 y 70 años, y tan solo el 2,2% de personas en el Parlamento son menores de 30 años (Unión Interparlamentaria 2018). Si se focaliza en América, los datos son relativamente parecidos, apenas el 3,8% de representantes son menores de 30.

En esta línea, siguiendo a la Unión Interparlamentaria (2020), si se analiza teniendo en cuenta el género, las cohortes más jóvenes (31-40) y (21-30), hay aproximadamente el doble de hombres que de mujeres. A nivel mundial, si se focaliza en los porcentajes de parlamentarios y parlamentarias, en la cámara única y en la baja, las mujeres menores de 40 años todavía ocupan solo el 5% de los escaños. Estas disparidades disminuyen un poco, a medida que se reduce la edad. Entre los diputados y diputadas menores de 30 años, los hombres jóvenes (1,2%) superan ligeramente en número a las mujeres jóvenes (0,9%).

Todo lo anterior evidencia que la igualdad efectiva en la representación legislativa a favor de las juventudes no es una tarea urgente para los Estados, y sigue estando la agenda juvenil y de género como pendiente.

En relación a las reformas electorales de género, estas han posibilitado el acceso de las mujeres a las candidaturas para cargos de representación popular y de esta manera se ha logrado el aumento del número de escaños ocupados por mujeres en el poder legislativo (Llanos 2019).

En la Declaración de Brasilia² se incluyó la promoción de la participación juvenil en la conformación de las listas electorales, y se enfatizó especialmente en la identidad de género, las poblaciones indígenas, y las y los afrodescendientes. Sin embargo, las jóvenes de la región siguen reclamando escaños reservados para la diversidad de mujeres y denuncian que su participación política es prácticamente nula (Generación Igualdad 2020).

En este sentido, en algunos países se han tratado de impulsar leyes de juventudes que también pretendían mejorar la representación juvenil en los espacios de toma de decisiones. A diferencia de las cuotas de género, estas cuotas juveniles quedaron a discreción de los partidos políticos. Como señala Mario Isaías Tórrez (2021), las autoridades electorales correspondientes nunca sentenciaron cumplir con los estatutos internos partidarios ni obligaron a postular en sus candidaturas a un mayor porcentaje de personas jóvenes.

Por todo lo anterior, este estudio pretende demostrar que los países seleccionados que han avanzado en leyes de paridad y presentan mayor participación de mujeres como legisladoras también ostentan más mujeres jóvenes como parlamentarias; mientras que en los países que tienen menores avances en cuotas de género la participación de las mujeres jóvenes también será en menor proporción.

2. Discusión teórica

Este apartado consiste en un breve análisis de las juventudes que parte de la perspectiva de género. Esto implica incorporar a las juventudes a los trabajos feministas. Además, se relaciona lo anterior con la compresión de las juventudes como factor de cambio social. Y, de esta forma, se puede materializar el empoderamiento de las mujeres que servirá, a su vez, de preámbulo para referirse a la participación política de las mujeres en general y focalizarse en las jóvenes.

En este estudio se entienden las juventudes como una categoría relacional (Chaves 2006), lo cual implica comprender la heterogeneidad de las juventudes como una construcción histórica y cultural -en nuestro caso, en América Latina- a partir de la diversidad de trayectorias (Balardini 2005). Las juventudes como categoría relacional representan el espacio de resistencias y luchas en la distribución del poder (Quijano 2007).

En este sentido, el uso del concepto de juventudes es funcional a la puesta en evidencia de esta diversidad de trayectorias biográficas juveniles de mujeres en distintas circunstancias, las cuales se encuentran atravesadas por su identidad de género y/o sexual, sus condiciones socioeconómicas, la etnia, la generación, entre otras. Esto implica entender a las juventudes como marcos estructurales no reductibles a un conjunto homogéneo (Duarte 2000).

Una vez contextualizada la heterogeneidad del término juventudes, es necesario retomar la socialización diferencial de género. De esta manera, las trayectorias y formas de expresión de chicas y chicos se van construyendo sobre la base del aprendizaje dicotómico de lo que se considera femenino y masculino. De acuerdo con Izquierdo (1998, 16), "lo que les ocurre a las mujeres lo es en relación a lo que les ocurre a los hombres". Además, estas vivencias están mediadas por la "compleja interacción de un amplio espectro de instituciones económicas, sociales, políticas, religiosas, educativas, etc." (Alvarado et al. 2012, 36).

Relacionado con lo anterior, Sánchez (citado en Alvarado et al. 2012) afirma que la perspectiva de género en juventudes permite evidenciar las relaciones de poder desiguales, concretamente el modo en el que se perpetúan los estereotipos sexistas, los mecanismos de poder, la dominación y discriminación que condicionan y limitan lo que se entiende por ser hombre o mujer.

La propuesta de reflexión de las juventudes de las mujeres se entiende como la estrategia de impulsar el empoderamiento de las mujeres jóvenes como agentes de cambio dentro de sus propias comunidades.

Tradicionalmente desde los estudios de sociología de la juventud, y también desde la práctica en el ámbito político, se asociaron las juventudes con las posibilidades de cambio social (Allerbeck y Rosenmayr 1979; Cembrano 1986; Feixa 1998; Martín Criado 1998). Justamente, en los países de América Latina y el Caribe, las juventudes fueron protagonistas desde el siglo XX de la construcción de alternativas de cambio en los contextos socioculturales, políticos, económicos y de las lógicas hegemónicas de los respectivos países. En este sentido, las prácticas políticas de las y los jóvenes latinoamericanos -que su vez eran estudiantes, campesinos y campesinas, indígenas, afrodescendientes y trabajadores o trabajadoras- y sus múltiples formas de organización y de acción en el ámbito público los y las constituyen como sujetos históricos y políticos con voz y acción (Alvarado y Vommaro 2010).

Si se focaliza en la participación política de las jóvenes, primero es necesario reflexionar sobre los orígenes de la participación política desigual de mujeres y hombres en el ámbito público. En este sentido, estas desigualdades de género tienen que ver con las relaciones estructurales de poder, de dominación masculina heteronormativa y privilegios masculinos: colectivos de varones que ostentan otros privilegios de clase y raza, entre otros.

De forma que el espacio público y político, históricamente, ha sido el escenario privilegiado del hombre. Dicho de otra forma, la esfera de las instituciones públicas y organizaciones políticas -sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguajes y normas- fueron creadas bajo la omnipresencia de los varones. Por tanto, tal como constata Maffía (s.f. 73), estos problemas estructurales de desigualdad deben ser abordados rechazando las causas individuales que responsabilizan a las sujetas víctimas de esta injusticia como si fueran desajustes personales los que impiden que las mujeres y los colectivos subalternizados participen en la política en condiciones de igualdad.

Siguiendo a Vega y Tello (2009, 16-17), la incursión femenina en el espacio público estuvo originada por la necesidad de lucha por la protección y desarrollo colectivo de sus derechos civiles, y las relaciones de las mujeres y el Estado.

La participación política de las mujeres en la región cuenta con avances significativos, aunque estos son desiguales, heterogéneos e insuficientes. En los últimos 30 años se han realizado más de 40 reformas electorales inclusivas en materia de género en 17 países latinoamericanos (Observatorio de Reformas Políticas en América Latina 2020). Si se analiza por etapas, estos procesos reformistas pueden sistematizarse en diferentes olas de cambio institucional: 1) primera ola: los mecanismos de acción afirmativa para sugerir u obligar a los partidos políticos a incluir mujeres en las candidaturas; 2) segunda ola: reformas encaminadas a obtener una representación paritaria y 3) tercera ola: la paridad como una manera de alcanzar la igualdad sustantiva indispensable para llegar a democracias paritarias. Estas reformas han obligado a los partidos políticos a incluir mujeres en sus listas (Freidenberg y Lajas García 2015). Tal como indica ONU Mujeres (2020), la paridad ha representado la política más exitosa para incrementar el número de mujeres en los parlamentos latinoamericanos.

De los países que se focalizan en este estudio, Argentina (1991) fue pionera en implementar las cuotas de género; y le sigue México³ en 2014. En la actualidad, México y Argentina han adoptado la paridad vertical⁴ para conformar las listas legislativas plurinominales, y México aprobó la paridad horizontal⁵ en las candidaturas uninominales. En Chile, la ley está en un 40% en obligatoriedad de representación de mujeres y Colombia en el 30%. En el caso de Uruguay, a fines de 2017 se aprobaron modificaciones de la legislación sobre cuotas de 2009 (del 33%) que regula la participación de hombres y mujeres en todos los cargos electos de forma indefinida.

Siguiendo la temática de las cuotas, estudios como los de Freidenberg y Caminotti (2016, 15-16) indican que se necesita un diseño de "cuotas de género fuertes", lo cual implica: un porcentaje alto de umbral (el 30% que debería ser el piso se convierte en el techo; intermedio 40% y 50% paritario) y aplicar la fórmula a todas las candidaturas (titularidad y suplencia). A su vez, según las autoras, la posición en las listas debe ser explícita y clara, y se debe considerar la aplicación de instrumentos de enforcement: formas de evaluación, monitoreo, control, sanciones importantes por incumplimiento de cuotas, además de eliminar las facilidades para eludir el cumplimiento de la ley; por ejemplo, la celebración de primarias para seleccionar las candidaturas.

Según datos del "Mapa Mujeres en Política: 2020" de la Unión Interparlamentaria (UIP) y ONU Mujeres, el número de mujeres en cargos electos a través de partidos políticos en América Latina y el Caribe se ha estancado, con una caída drástica de las mujeres jefas de Estado/Gobierno, luego de finalizados los gobiernos de Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004), Cristina Fernández en Argentina (2007-2015), Laura Chinchilla en Costa Rica (2010-2014), Dilma Rousseff en Brasil 2011-2016) y Michelle Bachelet en Chile (2006-2010 y 2014-2018). En 2018 asumió Paula-Mae Weekes como presidenta de Trinidad y Tobago, de manera que solo queda una mujer, tras una década insólita con cuatro mujeres como presidentas -al mismo tiempo- que tuvieron que romper techos de vidrio en la región. Desde ese mismo año, en Costa Rica se encuentra Epsy Campbell Barr, mujer afrodescendiente, como Vicepresidenta.

Si bien es cierto que la política continúa siendo "cosa de hombres" en América Latina (Freidenberg 2015a); la región sigue manteniéndose a la cabeza del camino a la paridad en los parlamentos nacionales a nivel mundial y a fines de 2020 alcanzaba un promedio de casi el 33%. A diciembre de 2020, de los países estudiados, México y Argentina superan el 40% de la representación de mujeres en sus parlamentos, mientras que Uruguay no alcanza el 30%. Colombia se encuentra por debajo del 20% de representación femenina (Unión Interparlamentaria 2018).⁶

De esta manera, a pesar de la igualdad formal ante la ley y la introducción de mecanismos de acción afirmativa (como las leyes de cuota de género y de paridad), las mujeres todavía hoy se encuentran con restricciones e impedimentos tanto para acceder a la política como para la continuidad de dicha participación. Las situaciones de discriminación y violencia política se sustentan sobre la base de este orden patriarcal que justifica la presencia, por excelencia, masculina como ámbito de actuación propio de los varones y naturaliza esta exclusión de más del 50% de la población: las mujeres.

Así, en el ámbito político, y concretamente en los partidos políticos, se reproduce la lógica de funcionamiento patriarcal de discriminaciones de género, estereotipos sexistas, actos y actitudes de menosprecio cotidianos por sus pares varones bajo el supuesto disfraz de relaciones naturales entre hombres y mujeres. De modo que, tal como rescatan Arroyo y Girón (2008, 80), la exclusión de las mujeres en el interior de los partidos es parte de la cultura ideológica de la sociedad y es por ello que ellas se encuentran con un "techo de cristal" para llegar a los puestos de toma de decisiones.

El concepto de empoderamiento se ha utilizado extensamente, y en este marco teórico se quiere evitar uno de los riesgos que advierte Sartori (1970): el estiramiento de los conceptos, en donde se amplía un concepto de forma que este va perdiendo su contenido.

En este sentido, en este trabajo se entiende como necesaria la autonomía y el fortalecimiento de las mujeres para asegurar la efectiva participación de las mujeres. Así, para fortalecer su ciudadanía y ampliar su participación en los procesos de toma de decisiones y en las esferas de poder, es necesario el empoderamiento. Este empoderamiento debe erigirse como el elemento fundamental para la participación política de las mujeres, y se comprende como la capacidad de generar el desarrollo de una conciencia crítica como factor de autoemancipación. En esta línea, Flavia Freindenberg (2019) afirma que las mujeres ya están empoderadas, el problema es de representación, ya que no están ocupando los cargos de toma de decisiones políticas y públicas. En esta misma línea se encuentran las juventudes que comparten la misma situación.

Finalmente, si se focaliza en la participación de las mujeres jóvenes, la participación se analiza como derecho y ejercicio de ciudadanía. Por tanto, se entiende que las habilidades de la práctica democrática no se adquieren al nacer, sino que se aprenden, y en la medida que las jóvenes se involucren en procesos de participación, se constituyen como un motor multiplicador de construcción de ciudadanía juvenil.

3. Metodología

Este documento es una investigación comparada empírica retrospectiva, de tipo no experimental transversal, fundamentalmente de carácter descriptivo. En esta publicación la comparación constituye el método de control del alcance de las hipótesis (Panebianco 1994; Sartori 1994).

En esta pretensión de delimitar el método comparado, la unidad de análisis del estudio propuesto son países. Los países seleccionados son cinco que tienen sistemas parlamentarios bicamerales: Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y México. Dicha selección es discrecional, teniendo en cuenta que abarca países con paridad vertical y horizontal, con cuotas de género y países con implementación tardía de medidas de acción afirmativa. Además, se tuvo en cuenta la disponibilidad de información estadística de legisladores y legisladoras por edad. La fuente de información es el análisis de datos y de documentos.

4. Análisis de datos

Este estudio se focalizará en cada uno de los cinco países seleccionados para dar cuenta del avance de las reformas electorales por razón de género y de algunos de los hitos contemporáneos del movimiento de mujeres para relacionarlo con el análisis de la presencia de mujeres jóvenes en las Cámaras.

4.1 Argentina

Argentina fue pionera en el mundo al aprobar las cuotas de género en 1991, que obligó a los partidos políticos a incluir un 30% de mujeres en sus listas. En el marco de la tercera ola de las reformas electorales de género, en Argentina se aprobó la ley de paridad de género en las listas legislativas en noviembre de 2017. Concretamente la paridad vertical en las candidaturas para los distritos plurinominales.

En este marco, es necesario resaltar que los movimientos de mujeres en Argentina han procurado dotar a las políticas públicas de una perspectiva de género. Tal como indica Dora Barrancos (2019), el amplio movimiento de mujeres es único en el mundo, tanto por su forma de construcción como su constancia y su historia de 35 años de Encuentros Nacionales de Mujeres (ENM).

El Ni Una Menos de 2015 significó la ampliación de los feminismos, con la entrada masiva de muchas jóvenes y adolescentes que habitaban el espacio público con sus cuerpos. Dora Barrancos hace alusión a este fenómeno de masividad utilizando la metáfora de romper la capilla sixtina del feminismo. Y, además, las jóvenes muestran nuevas formas de ocupar las calles que transgreden con lo tradicional; Diana Maffía lo define como una nueva manera de habitar el espacio público y lo ve como una "disrupción generacional" (Ruiz Tena y D’Alessandro 2019).

En 2018 se gestó la agenda transversal por el aborto legal, seguro y gratuito, más allá de ideologías políticas, clases sociales e intergeneracional que contagió gran parte de Latinoamérica y otras latitudes. Las autoras lo consideran como un caso de innovación política feminista, no solo por el enorme potencial político de las mujeres para ampliar la agenda feminista, sino también por incidir en la transformación del ejercicio de la democracia y así, mostrar nuevas formas de hacer política. Fue en diciembre de 2020 cuando se alcanzó el hito histórico de aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

Después de la primera elección con paridad en el país y de la incidencia política de los movimientos feministas; en las diputaciones, las mujeres representan el 41,2% estableciéndose un incremento de casi tres puntos en comparación con la legislatura anterior (2017-2019). Por su parte, en el Senado se registra una participación de mujeres del 40,3%, prácticamente igual a la composición del bienio anterior.⁷

Si se focaliza en los datos sobre la edad, el promedio de las y los legisladores es de casi 52 años. En general, el porcentaje de mujeres menores de 40 no llega al 10%, y de menos de 30 no alcanza el 2% de las legisladoras.

Tabla 2. Cantidad de representantes de las cámaras bicamerales de menos de 30 años

	Argentina	Total	Chile	Total	Uruguay	Total	Colombia	Total	México	Total
Diputadas jóvenes	24 (3 menores de 30)	109	13 (7 menores de 30)	35	5	20	10 (3 menores de 30)	31	80 (18 menores de 30)	241
Diputados jóvenes	24 (2 menores de 30)	148	28 (6 menores de 30)	120	26 (1 menores de 30)	79	44 (9 menores de 30)	134	63 (8 menores de 30)	259
Senadoras jóvenes	4	28	-	-	0	9	6	22	27	44
Senadoras jóvenes	1	44	-	-	1	21	12	84	5	58

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de la UIP.⁸

Sin embargo, si se compara el número de legisladoras jóvenes versus sus pares varones en menores de 40, los porcentajes son los mismos. E incluso en menores de 30, las mujeres representan un porcentaje ligeramente mayor: 1,17% versus 0,78%. Esta representación equilibrada entre mujeres y hombres jóvenes responde a la ley de paridad implementada desde 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de la UIP

4.2 Chile

Chile es uno de los países de incorporación tardía de las cuotas para las elecciones legislativas nacionales. Así, se suma a la tercera ola de las reformas electorales de género con la ley de 2015. En esta se establece una cuota del 40% de obligatoriedad de candidatas mujeres para los partidos políticos en cada distrito electoral, y así mantener el voto por candidatura individual; a partir de las elecciones de 2017 hasta las de 2029. Además, se determina que en la conformación de las listas de candidaturas ningún sexo puede estar representado por sobre un 60%.

El estallido social chileno de octubre de 2019 puso en el foco las condiciones estructurales de desigualdad. Suárez-Cao (2021a) recuerda que las protestas surgen de las movilizaciones estudiantiles de 2006 y 2011. En 2018 fueron las adolescentes y las jóvenes estudiantes quienes tomaron las calles y las universidades ya no solo por una educación gratuita y de calidad, sino también por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y una vida libre de violencias, específicamente las sexuales.

Las movilizaciones de 2019 trataron de reducirse por medio de la represión y criminalización de las protestas por parte del gobierno. Sin embargo, continuó el desafío de los y las jóvenes, y el hecho de mostrar que no tenían miedo frente la declaración del estado de emergencia, las fuerzas militares en las calles y el toque de queda en varias regiones del país.

Después de las históricas elecciones de mayo de este año, Chile tendrá la primera Constitución paritaria del mundo con 78 hombres y 77 mujeres. Este logro fue posible debido a la protesta social y la incapacidad de las instituciones por canalizar las demandas ciudadanas, sumado al impulso de las organizaciones de mujeres entre las que jugó un papel fundamental la Red de Politólogas de Chile.

Es necesario resaltar que la performance artística del "violador en tu camino" de Las Tesis fue clave para articular las demandas feministas de 2018 con las actuales. Así como para mostrar el alcance de la denuncia de las violencias de género y sexuales sufridas por parte de las instituciones policiales, permear en toda Latinoamericana y otras latitudes; y finalmente, conectar con experiencias latinoamericanas de construcción de agendas feministas desde los Sures (Ruiz Tena 2020).

Siguiendo con la representación política, tal como indica Julieta Suárez-Cao (2021b), en 2017 la cuota del 40% se tradujo en menos del 23% de incorporación de mujeres a las cámaras legislativas. Las elecciones constituyentes de ese año fueron simultáneas con las municipales y regionales. Arce-Riffo y Suárez-Cao (2021) afirman que se puso en evidencia que "cuando no hay medidas de acción afirmativa: no llegan mujeres a las listas", pues las mujeres solo alcanzaron una representación de 22,6% y 39% para concejales. Došek et al. (2021) también alerta que la presencia de mujeres en las gobernaciones se redujo al 18,75%. Por ello, los y las autoras afirman que sería necesario "acompañar la paridad en la Convención Constituyente con la paridad en las listas electorales para los cargos ejecutivos regionales y locales" (Došek et al 2021).

Si se centra el análisis sobre la edad, la media de las personas legisladoras es de casi 50 años. En general, el porcentaje de mujeres menores de 40 es del 8% frente al 18% de varones. Mientras que las menores de 30 solo representan 4,5% y los varones no llegan al 4%.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de la UIP.

4.3 Uruguay

Uruguay ostenta una larga tradición democrática. Su peculiar sistema de partidos contuvo la fragmentación partidaria mediante el sistema de fracciones que representan distintos grupos dentro de un mismo partido. Esta pluralidad -propia de los gobiernos de coalición- permitió que entrara en escena un tercer partido (Frente Amplio) y se consolide un sistema pluralista moderado (Chasquetti y Buquet 2004; Chasquetti 2015).

Este país registra grandes avances en su agenda de derechos de las mujeres. De hecho, Uruguay fue de los primeros en el mundo (1932) en otorgar la ciudadanía política a las mujeres sin restricciones. Además, el Parlamento uruguayo presenta una bancada feminista bicameral desde 2010, que sirve como un espacio de articulación entre legisladoras de distintos partidos (Johnson 2015). Sin embargo, Uruguay no ha regulado constitucionalmente el principio de igualdad entre hombres y mujeres ni el de paridad. En relación con el movimiento de mujeres en Uruguay, este se encuentra muy institucionalizado. En 2012 fueron pioneras en la región con la promulgación de la despenalización del aborto (Johnson 2015). Tras 10 años de intenso debate, además del veto del presidente Tabaré Vázquez al proyecto de despenalización del aborto aprobado por el Parlamento en 2008, quien luego de ejercerlo dimitió, dicha despenalización fue efectiva (Johnson 2011).

En relación a la legislación sobre las cuotas⁹ del 33,3%, se establece la obligación de incluir personas de ambos sexos en cada terna (tres lugares sucesivos) de candidaturas (titulares y suplentes) en las listas presentadas en elecciones nacionales y subnacionales (Garrido 2021). Es por ello, tal como indica el PNUD (2020), el porcentaje de mujeres que ocupan escaños en el Parlamento (26,2%) es inferior al promedio de la región (31,4%) y también al de los países de muy alto desarrollo humano (28,3%).¹⁰

Si se hace referencia al análisis de la edad, el promedio de edad de las personas legisladoras es de 48,68 años. Solamente el 5,05% de las legisladoras son menores de 40, mientras que los jóvenes menores de 40 representan el 26% de la totalidad de varones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de la UIP

4.4 Colombia

Colombia es uno de los países más tardíos en la incorporación de acciones afirmativas. Desde 2011 el país tiene ley de cuotas en un 30% de obligatoriedad de representación de mujeres en listas cerradas (Freidenberg y Lajas 2015). En diciembre de 2020, Colombia aprobó el nuevo Código Electoral en el que se incluye la paridad de género para las listas del Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales. Sin embargo, la ley no se encuentra vigente y sigue en proceso de revisión por la Corte Constitucional (Misión de Observación Electoral 2021).

Este logro histórico se produjo gracias al movimiento de mujeres. En este punto, han surgido movimientos políticos feministas en Colombia como Estamos Listas¹¹ en Medellín, conformado por más de 2.000 mujeres que obtuvieron un curul en el Concejo mediante la candidatura colectiva (Espinal Solano 2019).

Es preciso enmarcar los feminismos colombianos en el contexto del conflicto armado más largo de la región. Tal es así, que la determinación del proceso de paz es una agenda asumida por el movimiento de mujeres como protagonistas de las movilizaciones de paz evidenciando problemáticas que la guerra invisibilizó. En este sentido, las mujeres operan en un escenario de recrudecimiento de la violencia y la reconfiguración en la presencia de grupos armados ilegales (Sinisterra-Ossa et al. 2020).

Un efecto del accionar de los movimientos feministas fue la obtención de alcaldías y gobernaciones de importancia nacional por parte de mujeres, como Claudia López en Bogotá. En relación a la participación política parlamentaria de las mujeres, la cuota del 30% tuvo un impacto directo en el aumento del porcentaje de candidatas. Así, se pasó del 20,5% de candidaturas femeninas en 2010 a un 32,4% de mujeres en 2014 y un 34,5% en 2018. Entre 2010 y 2014, la representación parlamentaria saltó de un 14,2% a un 20,9% en 2014. Sin embargo, en 2018 se estancó con el 19,7% de participación femenina en el Congreso (ONU Mujeres 2020). El Congreso sigue lejos de la cuota del 30% establecida por el propio país. Según el estudio de Batlle et al. (2021) sobre las trayectorias políticas de las mujeres en los países andinos, en Colombia el 40% de las mujeres iniciaron sus carreras en el nivel nacional lo cual se relaciona con las cuotas de género.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de la UIP

4.5 México

México es uno de los países que aprobaron una recomendación a los partidos en 1996 de incluir a mujeres en las candidaturas. Sin embargo, no fue hasta 2002 que se pasó de la recomendación a la obligación en la legislación electoral de un porcentaje de representación de mujeres del 30% (Freidenberg y Lajas 2015). En 2011, el país pasó del 30% al 40% aumentando el porcentaje de cuotas. Debido a las resistencias por parte de los partidos para aplicar estos porcentajes, se establecieron una serie de medidas para fortalecer el diseño electoral de género. Este fenómeno para frenar la competitividad de las candi- daturas femeninas se conoce como las "juanitas" (2009).

Entre estas medidas, se estableció el impulso del mandato de posición, la exigencia del cumplimiento de sanciones fuertes por no cumplir la cuota y la eliminación de las válvulas de escape a los partidos por el incumplimiento de la ley, así como la obligación de que la cuota sea exigida para la fórmula de candidaturas titulares y suplentes. Todas estas medidas fueron sancionadas con el objetivo de enfrentar los obstáculos que se encontraban las mujeres en el acceso a la política (Freidenberg 2018).

En 2014 México reemplazó las cuotas de género por leyes de paridad de género en candidaturas a legisladoras y legisladores federales y locales. Así, aprobaron la "paridad vertical" en las candidaturas para los distritos plurinominales en el Senado en 2017. También la "paridad horizontal" para distritos uninominales nacionales y locales. En este punto, el país avanzó en el camino para una composición paritaria de las listas electorales en el momento de la inscripción. Incluso, se incorporó una medida de monitoreo que responde al principio de competitividad: incluir mujeres en distritos poco competitivos. Muñoz-Pogossian (2016) subraya que entre los países que presentan buenas prácticas para adoptar la paridad de género se encuentra México.

La articulación de las mujeres tiene un largo recorrido que estaba en la agenda del movimiento de mujeres y de la sociedad civil desde la década de 1990. Entre algunos hitos recientes, el Ni Una Menos argentino en 2015 hasta al Vivas Nos Queremos mexicano de 2016 se presentan como puntos de inflexión ofreciendo respuestas políticas colectivas frente a las violencias de género. También el #MeToo (Yo También) de Hollywood en Estados Unidos tuvo sus réplicas en México permeando en distintas colectivas de profesionales, entre las cuales, el periodismo, el cine, el teatro, la política, la academia, la publicidad y la programación. En 2019, el #NoMeCuidanMeViolan reunió a mujeres en las calles para protestar contra la violencia policial.

También fue en 2019 que la lucha de las mujeres en México hizo historia con la incorporación de la paridad en todos los niveles estatales. Paridad de género vertical (legislativa, ejecutiva y judicial) y también horizontal (a nivel comunitario, municipal, estatal y federal). Asimismo, es un logro contemporáneo el reconocimiento de la violencia política en razón de género como delito. Esta lucha histórica tomó mucha relevancia a partir de las elecciones de 2015, cuando las organizaciones de la sociedad civil documentaron casos de violencia (Freidenberg 2015b).

De esta manera, las elecciones de junio de 2021 fueron las de la aplicación de la paridad, pero también se encontraron marcadas por altos niveles de violencias políticas durante la campaña. Freidenberg (2021) pone el foco a nivel subnacional "11 entidades serán gobernadas por mujeres, un hito en un país que solo ha tenido siete gobernadoras en toda su historia".

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos disponibles de la UIP

5. Conclusiones

Retomando la hipótesis inicial planteada, esta investigación pretendía verificar si los países de análisis que han avanzado en la igualdad sustantiva con la aprobación de leyes de paridad y que tienen mayores cuotas de participación de mujeres como legisladoras, también presentan más mujeres jóvenes como parlamentarias. Mientras que, en los países donde hay menores avances en medidas de acción afirmativa, la participación de las jóvenes también será en menor proporción.

Es importante tener en cuenta que todavía hoy no se cuenta con instrumentos jurídicos interamericanos para impulsar los derechos de las juventudes, y específicamente sobre participación política en las Américas, por lo que sus derechos se inscriben en las convenciones de derechos humanos a nivel global. Es más, en los países estudiados que presentan cuotas juveniles, a diferencia de las cuotas de género, la presencia de jóvenes queda a discreción de los partidos políticos.

Para recapitular, de los cinco países analizados, en Argentina y México de forma expresa se contempla un 50% de paridad de género exigible a los partidos y movimientos políticos en sus listas presentadas en los diferentes procesos electorales. Argentina cuenta con alternancia en las listas, y en México se aprobó la paridad en todo. Por su parte, en Colombia la ley de paridad de fines de 2020 sigue en la Corte Constitucional y está en vigencia la cuota del 30%. Chile presenta avances en medidas de acción afirmativa tardías, se establece una cuota del 40% de obligatoriedad y ningún sexo puede superar el 60%. Mientras que, Uruguay solo avanzó en legislación de cuotas del 33,3% en 2009 prorrogada en 2017 indefinidamente.

En este punto, México y Argentina, que contemplan leyes de paridad, tienen una representación de mujeres mayor superando la barrera del 40% en sus parlamentos. Por su parte Colombia se sitúa por debajo del 20% sin cumplir el 30% de la ley de cuotas vigente. De igual forma en Chile, la cuota del 40% se traduce en menos de 23% de incorporación de mujeres en las cámaras legislativas. Uruguay presenta una cuota del 33,3%, pero la representación de las mujeres no llega al 30%.

Si se compara la participación de las mujeres jóvenes (de 40 o menos años) en las cámaras legislativas en los cinco países, se evidencia una participación muy baja que no llega al 10%, exceptuando México que alcanza el 16%. Concretamente, en Argentina la representación es menor del 10%, en Chile del 8%, en Colombia del 6% y, por último, Uruguay del 5%. En este punto, los países que tienen mayor porcentaje de representación de mujeres jóvenes son los que presentan mayores avances en reformas electorales de género (México y Argentina).

Al analizar los datos comparados con sus pares varones en cada uno de los países, coincide que los países que más avanzaron hacia la igualdad sustantiva (México y Argentina) presentan unos porcentajes de participación de mujeres jóvenes (menores de 40) ligeramente mayores o iguales que sus pares varones jóvenes. En México es casi el 13% en varones versus el 16% en mujeres y en Argentina es del 10% en ambos géneros.

En referencia a las diputaciones, la cantidad de jóvenes legisladoras (de 40 años o menos), en comparación con la totalidad de diputadas en cada uno de los países, presenta porcentajes relativamente parecidos que oscilan entre 30-40%, a excepción de Argentina que es la menos representativa con un 22% de jóvenes mujeres de todas las diputadas (Gráfico 1). A Argentina le sigue Uruguay con el 25% (Gráfico 2), mientras que Chile es del 37% (Gráfico 3), México del 33% (Gráfico 4) y Colombia del 32% (Gráfico 5).

Sobre el Senado, todos los países presentan porcentajes muy bajos, en gran parte se explica por las restricciones de acceso a dicha Cámara. Tal como muestra la Tabla 1, en Chile se establece la edad más alta de 35 años seguido por Argentina, Uruguay y Colombia que es de 30 y México de 28. Si se cruzan estos datos con los de la Tabla 2, coincide que México tiene un porcentaje notable de representación de mujeres menores de 40 años, casi el 23% de la totalidad de senadoras. Sin embargo, Colombia despunta con casi el 27% seguido por Argentina con el 14%, mientras que Uruguay y Chile no tienen representación de jóvenes senadoras.

Finalmente, en este trabajo se puede afirmar que los países analizados que tienen mayor recorrido hacia la igualdad sustantiva, también ostentan una mayor representación de mujeres jóvenes como legisladoras. Sin embargo, de los países estudiados los que siguen con obligatoriedad de cuotas con un porcentaje del 30-40% o que todavía no han aprobado medidas de acción afirmativa, presentan una menor representación de mujeres jóvenes en sus cámaras de representantes.

Referencias bibliográficas

Allerbeck, Klaus, y Leopold Rosenmayr. 1979. Introducción a la sociología de la juventud. Buenos Aires: Kapelus.

Alvarado, Sara Victoria, y Pablo Vommaro. 2010. Jóvenes, cultura y política en América Latina: algunos trayectos de sus relaciones, experiencias y lecturas (1960-2000). Rosario: Clacso.

Alvarado, Sara Victoria, Silvia Borelli, y Pablo Vommaro. 2012. GT juventud y prácticas políticas en América Latina: comprensiones y aprendizajes de la relación juventud- política-cultura en América Latina desde una perspectiva investigativa plural. Rosario: Clacso.