Las reformas políticas en América Latina han buscado replantear la arquitectura constitucional, o el funcionamiento del régimen político, el sistema electoral o los partidos políticos (Casas 2016:17). Las razones para iniciar estas reformas han sido diversas, entre las más recurrentes se encuentran el agotamiento de los marcos constitucionales y la insatisfacción crónica del funcionamiento del sistema político y una convicción de que la ingeniería institucional puede ayudar a paliar sus problemas (Casas 2016:17). Ahora bien, el foco de análisis de la literatura especializada han sido principalmente las reformas ejecutadas por las instituciones políticas nacionales y subnacionales. Sin embargo, las reformas políticas no han sido exclusivas de los sistemas políticos, sino que se han hecho presentes en espacios cerrados donde los derechos básicos como la igualdad, libertad y autonomía se encuentran restringidos.

Este es el caso del Penal de Lurigancho (PL), que históricamente se había caracterizado por la violencia interna por el control del reclusorio. Sin embargo, desde el 2012 estos enfrentamientos se reducen dramáticamente por la puesta en marcha de una reforma política que modificaba la forma de elección de los representantes penitenciarios. Esta reforma introducía al espacio carcelario procesos democráticos y de participación. Es por ello, que nos interesa preguntarnos ¿cómo funciona el método de elección de "delegados penitenciarios" en el periodo 2016-2017 en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho? Con esta interrogante pretendemos indagar sobre formas de representación dentro del penal y las repercusiones de la reforma electoral penitenciaria en la vida cotidiana de la cárcel.

El fenómeno carcelario como tema de estudio en el Perú ha sido poco abordado básicamente por la dificultad de accesos que este acarrea o por las limitadas fuentes de información (Constant 2016). Por ello, la investigación es relevante en tanto explora las reglas sociales y políticas en una de los penales más antiguos, y aporta así al debate desde las ciencias sociales sobre los sistemas penitenciarios y reformas políticas en estos espacios. Como el estudio aborda el juego político en cárceles, espera contribuir a la literatura académica que analiza los procesos electorales y cómo los patrones que se dan en sociedades pueden también replicarse en comunidades institucionalmente cerradas.

En esa misma línea, investigar los mecanismos de reformas democráticas dentro de las cárceles no solo es relevante por su aporte a las ciencias sociales, sino también porque re-humaniza a los internos. La investigación mostró que la práctica de la elección de representantes ha generado dos aportes importantes: i) favorece la fiscalización de la gestión por parte de los agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y ii) contribuye a la prevención de la violencia. Vemos también que los requisitos generales de la democracia procedimental pueden adaptarse al contexto carcelario que funciona como un sistema donde los procedimientos han podido garantizar la alternancia del poder.

El texto se estructura de la siguiente forma. Primero se presenta la metodología empleada. Luego se expone la historia del PL y sus cambios en el tiempo. Paso seguido se analiza el concepto de reforma política y democracia procedimental y cómo estas están presentes en el caso de estudio. En cuarto lugar, se da cuenta de los resultados obtenidos. Por último, se consignan conclusiones.

2. Metodología

La comprensión plena de la elección de delegados en el PL demandó el empleo de estudio de caso exploratorio, este método emplea conceptos teóricos que sumados a data observacional ayudan a construir una "descripción gruesa", thick description, sobre la unidad de análisis en investigación (Yin 2014). Ahora bien, a continuación, presentamos las medidas de seguridad de quienes participaron en la investigación, la selección de entrevistados, el proceso de entrevista y las consideraciones epistemológicas y éticas.

Luego de seleccionar al PL como el caso de estudio, se procedió a contactar a una familiar de un recluso, tras este contacto se comenzó a visitar en múltiples ocasiones el penal para identificar las medidas de seguridad.¹ En esta primera etapa se realizaron las siguientes tareas: conocer las instalaciones para familiarizarse con la distribución de los espacios, salidas y entradas, zonas de seguridad, celdas, espacios comunes y horarios; identificar las normas de conducta (vocabulario y señas); interactuar con las familiares de los reclusos, funcionarios penitenciarios y reclusos de los diferentes pabellones. Esta última acción permitió conseguir tres avances: i) ponderar la actitud de los reclusos para participar en la investigación; ii) solicitar consejos a los agentes penitenciarios sobre las personas, los pabellones y las modalidades que reduzcan los riesgos para los investigadores y garanticen la calidad de información que se necesitaba y; iii) generar lazos de amistad con las familiares de los reclusos, lo que garantizaba seguridad y confianza de los posibles internos a ser entrevistados.

Luego de identificar las medidas de seguridad, se decidió entrevistar a los reclusos de los pabellones 7 y 9, donde se encuentran reclusos sentenciados por narcotráfico. Esta selección se explica por tres razones: i) el método de elección de representantes por métodos democráticos ha funcionado de manera ininterrumpida desde el 2012 en este pabellón, ii) registraban un historial de poca o ninguna confrontación física y iii) sugerencia de expertos y funcionarios penitenciarios.² Luego de la selección, se pudieron evaluar las preguntas con diversos agentes penitenciarios con los que se hizo contacto en la primera etapa de intervención. Esto permitió identificar las preguntas que podrían generar reacciones adversas de los entrevistados. Para la selección de las primeras personas entrevistadas se tomó en cuenta las sugerencias de los agentes penitenciarios, luego se empleó un muestreo de bola de nieve para seleccionar a más entrevistados.³

Como ya se conocían los espacios, se escogió el patio de comidas de ambos pabellones lo que garantizó la seguridad de los investigadores y el anonimato de los entrevistados. Las entrevistas se dieron durante los horarios de visita (sábados y miércoles), lo que garantizaba que el trabajo de campo no llame la atención y pase desapercibido tanto por los reclusos como los agentes penitenciarios. Reconociendo que existía una asimetría entre los investigadores y los reclusos, antes de iniciar las entrevistas, se les expuso de la forma más clara y asertiva posible los objetivos del estudio, se les proporcionó un acta de consentimiento informado que les garantizaba no solo el anonimato, sino que ellos podían declinar la entrevista y ello no les traería ningún perjuicio. Luego de esto, muchos reclusos decidieron no participar de la entrevista. Pese a la renuncia de un pequeño número de reclusos, se logró concretar veinte entrevistas.

Finalmente, se entrevistó a diez agentes penitenciarios a los que se contactó en la primera etapa de intervención. Del total de entrevistas, cuatro se dieron durante sus horas de guardia en el PL. Las otras seis entrevistas fueron ejecutadas fuera del horario laboral de los agentes penitenciaros y fuera del PL.

3. Transformación del penal de Lurigancho en el tiempo

El PL es el más grande en Perú. Se construye a partir de 1966, con una capacidad inicial de 2 mil internos. El penal buscaba hacer realidad los enfoques de la ciencia penal de su época. Sus diseñadores buscaron superar los enfoques clásicos de castigo y represión. Para lograr dicho objetivo no se incluyeron solo espacios de encierro total, sino también áreas dedicadas al estudio y al trabajo (El Peruano 2017). Pero dicha política entusiasta, orientada a lograr el cambio de conducta del recluso se vio interrumpida por diversos factores políticos y sociales que lo llevaron a convertirse en uno de los penales más peligrosos del país entre la década del ochenta y noventa.

Ahora bien, a lo largo de sus 53 años de existencia, el PL ha tenido cuatro etapas claramente identificadas. La primera etapa se inicia con su creación en 1966 y termina en 1987, año en el cual la Guardia Republicana abandona el penal dejando en libertad a los 500 presos recluidos en ese momento.⁴ Una característica importante sobre la época era que se vivía una agitada situación en los penales. Sobre todo, en aquellos penales en los que se encontraban los internos por el delito de terrorismo (CVR 2003). De acuerdo a las opiniones de la época, la ausencia de condiciones mínimas de vida en las cárceles, la lentitud de los procesos judiciales y el maltrato sistemático a los internos caracterizaban la situación penitenciaria y del sistema judicial (CVR 2003).

El panorama era aprovechado por Sendero Luminoso (SL), organización terrorista que ocupaba las cárceles como centros para su accionar político. SL planificaba y desarrollaba sus actividades subversivas dentro de los penales con conocimiento y tolerancia de las autoridades (CVR 2003:738). Dicha situación se agravaba porque no existía una política adecuada para tratar a estos internos (CVR 2003). El hecho más importante del periodo fue el motín simultáneo ejecutado tanto en el penal del Frontón como en Lurigancho en 1986, dejando en este último, un saldo de 124 muertos (CVR 2003). Este panorama cambiaría con el surgimiento de una cultura delictiva: la cultura del faite (Pérez 1994).

La cultura del faite era sutil y poco visible, correspondía a categorías valorativas estrictamente delictivas, que le generaban al recluso un estatus dentro del penal (Pérez 1994). Este estatus estaba marcado en la mayoría de veces por el récord de delitos que traía de la calle; es decir, el delito que practicaban designaba la escala de prestigio delictivo. Para ilustrar esta situación, Pérez (2000) explica que no es lo mismo un delincuente que asalta con cuchillo a otro que lo hace con pistola. No es lo mismo un primerizo en la cárcel que uno con experiencia carcelaria. Los primeros serían considerados atorrantes y los segundos faites. El término faite, era un término valorativo, y solo se usaba para denominar a cierto tipo de delincuente (Pérez 2000: 172). El faite era el ideal de todo delincuente, pero solo se lograba a través del tiempo, cuando se había ganado prestigio y era, por lo tanto, el más valiente y respetado.

Entre 1987 y 1992, en la segunda etapa del penal se dio un proceso de reestructuración de los encargados del control interno (Pérez 2000). "El periodo de ausencia de las fuerzas policiales sirvió para poner en manifiesto, en toda su amplitud la organización interna ya existente del faite" (Pérez 2000: 37). Esta época se caracteriza por tener los niveles más altos de violencia y quien dominaba el penal era el taita, aquel que personificaba el poder en el penal. La función de este agente era el de definir de manera determinante cualquier asunto interno, sobre todo en discusiones y peleas (Pérez 2000: 199). Ante la ausencia del control policial y carencia de servicios básicos (escasez de espacios, alimentos, hacinamiento, etc.) el taita ganaba mayor poder y controlaba los recursos dentro del penal. Esto generó una ingobernabilidad de los presos, como un conjunto de interacciones (conflicto, alianza, compromiso, evasión), la cual creó un pliegue de regulaciones que produjeron ciclos de orden y desorden. La violencia se volvió un límite de la gobernanza. En 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori y con el autogolpe, las fuerzas policiales⁵ retomaron el control del penal imponiendo nuevamente un estricto orden institucional; pero la organización informal de los reclusos no desapareció por completo, sino que se adecuó a los nuevos arreglos.

Con el retorno de los agentes penitenciarios al penal se inicia la tercera etapa, la que se prolongará hasta el 2012 y posee una característica importante: la disputa de los taitas contra los delegados por mantener el control del penal. Los delegados eran personajes que cumplían funciones administrativas dentro del penal como si fueran alcaldes municipales. Estos nacieron junto al taita, pero nunca tuvieron un poder real. Pérez (1994, 2000) nos dice que los delegados eran las marionetas de los taitas, hacían lo que este les ordenaba, esto porque el taita no quería ser una figura visible.

Para terminar con esta subordinación, durante la gestión de Wilfredo Pedraza como presidente del INPE, entre los años 2004 y 2005, se adjudicó a los delegados la categoría de trabajo ad honorem, con el fin de otorgarles el beneficio penitenciario del "2x1".⁶ Esto con el objetivo de empoderar a los delegados para que trabajen con autonomía y así disminuir el círculo de poder de los taitas (La República 2012b).

La medida iniciada por Pedraza tuvo los efectos deseados: generó la pérdida de poder de los taitas y significó el ascenso de los delegados. La disputa por el control del penal estuvo marcada por constantes enfrentamientos violentos entre ambos bandos, los cuales dejaron un centenar de muertos. Para reforzar la iniciativa de Pedraza y terminar con los enfrentamientos, en 2012, el entonces presidente del INPE, José Pérez Guadalupe ejecutó una política de traslados. De esta manera, los reclusos más peligrosos y poderosos del penal fueron enviados a centros penitenciarios de máxima seguridad, siendo uno de ellos el de Challapalca en Tacna.

Esta disposición trajo cambios importantes. El primero estuvo referido a la extinción de los taitas, según los entrevistados. O, mejor dicho, a la ausencia de figuras con tanta concentración de poder dentro del penal. El segundo, que es consecuencia del primero, está referido más bien a la autonomía de los delegados; en otras palabras, ya empiezan a tomar decisiones sin restricciones. El espacio reducido de los pabellones hace que todos los internos se conozcan, lo que obliga a los delegados a formarse una buena imagen para poder competir en las elecciones internas.

Con el traslado de los reclusos más peligrosos y poderosos del penal se inicia la cuarta etapa, la que se prolonga hasta la actualidad. La característica más importante es la institucionalización de la elección de delegados por métodos democráticos. Las reformas introducidas por las autoridades penitenciarias permitieron cambiar la lógica de coerción y castigo −bajo el dominio de los taitas− a una de equilibrio de poder entre los oficiales correccionales y los reclusos. Esta reforma logró darles voz a los reclusos en los asuntos del penal, así como una autonomía limitada con respecto a las decisiones personales.⁷ La reforma en el PL, así como las reformas para expandir la participación en América Latina, permitieron darles mejores condiciones de vida a los reclusos, sobre todo a los grupos que habían sido sometidos a torturas y violencia por parte de los que ostentaban mayor poder de decisión (Ver Anexo 1).

4. Marco teórico

4.1. Reforma política en américa latina

América Latina históricamente ha sido una región con marcadas exclusiones estructurales y con una tradición política caudillista. Por ello, las reformas políticas y electorales han sido, en algunos casos, el primer intento de los Estados por ampliar la participación política (Romero 2016). Estas reformas han beneficiado principalmente a las poblaciones históricamente excluidas de la participación y contienda política como la indígena, población rural, mujeres, etc. (Romero 2016; Llanos & Sample 2008; Weinstock 1999). Además, de forma progresiva se incorporaron nuevas elecciones con el objetivo de afianzar el poder de la democracia, empoderar al ciudadano, mejorar la representatividad y la rendición de cuentas (Romero 2016). En el caso del PL, como se expuso en el recuento histórico, el proceso fue similar. Los líderes penitenciarios (taitas) se caracterizaron por ser autoritarios y abusar de sus pares. La voluntad de la población penitenciaria y el acceso a los servicios ofrecidos por el Estado se veían limitados porque estos taitas acaparaban todo el aparato dentro del penal.

Estas reformas políticas en América Latina significaron un cambio en las reglas de juego, lo que implicaba que las élites entrasen en procesos competitivos, con las que buscaban alterar el modo en que se distribuía el poder (Freidenberg & Došek 2016). Sin embargo, estos procesos competitivos se encontraban dominados por intereses partidistas, que comúnmente "no incluían la participación directa de la ciudadanía o, incluso, muchas veces se realizaba a sus espaldas" (Freidenberg & Došek 2016: 27). Estos actores políticos buscan influenciar la competencia política con sus preferencias, imponer su visión normativa, maximizar sus beneficios electorales o impedir que otros actores tengan mejores opciones de competencia (Freidenberg & Došek 2016). Del mismo modo, en el PL luego del 2012, los taitas que históricamente se habían caracterizado por ser líderes autoritarios, violentos y mantenerse en el anonimato, buscaron insertarse en la carrera política dentro del penal para seguir manteniendo su poderío y no necesariamente por un interés real en mejorar las condiciones de reclusión de los presos.

Por otro lado, una forma de analizar la fortaleza de las reformas institucionales es a través de la estabilidad de sus reglas (Levitsky & Murillo 2010). La estabilidad de las reglas indica la institucionalización de los cambios (Freidenberg & Došek 2016). Esta institucionalización incide directamente en la satisfacción y la confianza de la ciudadanía en su funcionamiento.⁸ En el PL, reformar el método de elección de representantes ganó legitimidad entre la población penitenciaria porque les permitió fiscalizar la gestión de sus representantes y con esto garantizar una mejor gestión de los recursos como alimentos, agua, espacios, entre otros. También les permitió cesar la violencia y darle mayores garantías de protección. Sumado a lo expuesto, cuando nos referimos a reformas políticas hablamos directamente de reglas formales, entonces estas deberían de estar inscritas en documentos y tener validez legal. Sin embargo, en el PL estas reglas se encuentran validadas y legitimadas únicamente entre sus actores. Por ello, se podría decir que no es propiamente una reforma política, pero la evidencia nos sugiere que han existido casos en las que estas reformas se han mezclado con procesos no necesariamente formales o legales (Romero 2016). Como ejemplo de esta premisa tenemos el caso de los estados de Oaxaca y Tlaxcala (México) donde se designan representantes mediante una técnica llamada "usos y costumbres". La técnica permite elegir a las autoridades levantando la mano o apuntando en un pizarrón. En general, sostenemos que las reformas políticas rebasan la lógica únicamente legal y que no se ha indagado aún lo suficiente sobre las reformas políticas en otras instituciones. Este trabajo busca contribuir exploratoriamente con este vacío, mostrando que las reformas políticas pueden darse no solo en instituciones electorales y políticas, sino en comunidades cerradas como los centros penitenciarios.

4.2. Democracia procedimental

La democracia procedimental en líneas generales puede ser entendida como un método y no asegura necesariamente la justicia ni los resultados de las acciones de los gobiernos (Quiroga 2000). La democracia procedimental no garantiza la generación de sociedades justas, tampoco puede asegurar resultados justos de las políticas públicas y mucho menos puede garantizar eficiencia y eficacia en los gobiernos (Quiroga 2000). En otras palabras, "procedimientos justos no crean órdenes justos" (Quiroga 2000: 364). Por el contrario, la concepción sustantiva de la democracia no se agota con el procedimiento. La democracia debe legitimarse con el cumplimiento de un conjunto de valores sociales; la democracia sustantiva exige el bien común de la sociedad (Quiroga 2000). Estas dos posturas son el reflejo de dos tradiciones de pensamiento político históricamente en conflicto: la liberal y la republicana.

En esta investigación nos centramos en la democracia procedimental o lo que para Sartori sería un conjunto de "definiciones instrumentales". Si bien la reforma en la elección de representantes permitió mejoras en el funcionamiento del penal, no se puede hablar aquí de una democracia sustantiva en tanto no se agota con el procedimiento, y su legitimidad depende también del cumplimiento de ciertos valores sociales. Por ser la cárcel nuestra unidad de observación, sabemos que diversos derechos se encuentran restringidos y, por tanto, no podríamos hablar propiamente de una democracia sustantiva (Álvarez 2013).

La literatura especializada nos dicta que la democracia procedimental incluye valores como la igualdad política (derecho de voto, de participación, de propaganda) y derechos civiles clásicos (de reunión, asociación, expresión) sin los cuales no se podría desarrollar una competencia pacífica por el poder, limpia y pluralista, además de la necesaria tolerancia política entre mayorías y minorías. Uno de los exponentes de esta literatura, Robert Dahl, solía resaltar dos elementos centrales constitutivos de la democracia, los derechos de "participación" y "oposición", para invitarnos a estudiarlos gradualmente en la realidad política y determinar qué tanto nos acercamos al ideal de democracia en un prudente sentido weberiano (Cepeda 2014).

Dahl asignó cinco criterios en "La democracia y sus críticos" para que un régimen pueda acercarse a la utopía teórica de la democracia y sea considerado una poliarquía. (1) Participación efectiva: los ciudadanos deben tener oportunidades iguales y efectivas de formar su preferencia y lanzar cuestiones a la agenda pública y expresar razones a favor de un resultado u otro; (2) igualdad de voto en la fase decisoria: cada ciudadano debe tener la seguridad de que sus puntos de vista serán tan tenidos en cuenta como los de los otros; (3) comprensión informada: los ciudadanos deben disfrutar de oportunidades amplias y equitativas de conocer y afirmar qué elección sería la más adecuada para sus intereses; (4) control de la agenda: el demos o el pueblo debe de tener la oportunidad de decidir qué temas políticos se someten y cuáles deberían someterse a deliberación; e (5) inclusividad: la equidad debe ser extensiva a todos los ciudadanos del Estado. Todos tienen intereses legítimos en el proceso político (Dahl 1993: 157). Para que estos criterios se cumplan se requiere la institucionalización de las siguientes prácticas: funcionarios electos, control de las decisiones gubernamentales, sufragio universal, derecho a ocupar cargos públicos, derecho a ser candidato, libertad de expresión, variedad de fuentes de información, canales de información alternativos, autonomía asociativa y libertad de reunión.

Si se toman definiciones contemporáneas acerca de la democracia procedimental, salta a la vista un intento por ubicar como fundamento del modelo un tipo específico de racionalidad política, la cual está estrechamente vinculada con los conceptos de orden, ley, razón y libertad. Como se ha visto, actualmente la democracia se define principalmente en términos del juego de procedimientos y reglas que garantizan la libertad de los individuos. Guillermo O’Donnell la sintetiza a partir de cuatro características: elecciones limpias e institucionalizadas; una apuesta inclusiva y limitadamente universalista; un sistema legal que sanciona y respalda los derechos y las libertades incluidas en la definición del régimen democrático; y finalmente, un sistema legal que previene a cualquiera de ser legibus solutus, es decir, que no puede existir nadie por encima de la ley (O´Donnell 2004:39).

De esta manera, en ciertos contextos, observar la dinámica de la democracia procedimental en los penales resultaría clave para comprender el proceso de interacción de los internos y su cultura política. Para esta investigación consideraremos ciertos supuestos que por las condiciones de un penal no podrían estar presentes, como la presencia de instituciones democráticas (parlamento, Poder Judicial, organismos de procesos electorales, entre otros). Nuestro objetivo no es ver que la elección de delegados penitenciarios cumpla todos los requisitos de una democracia procedimental, sino comprender que estos procesos pueden adecuarse a espacios en los cuales los derechos están restringidos. Este enfoque nos permite entender que, pese a las limitaciones, los procesos de representación no dejan de ser legítimos y contribuyen a una mejor gestión de recursos y control del penal.

5. Hallazgos

5.1. Sobre los actores y sus funciones

Para comprender la reforma política en el PL, iniciaremos presentando de manera detallada a los actores que permiten que el nuevo modelo de elección de representantes funcione y esté legitimado. La investigación realizada por Pérez (1994) hace más de dos décadas acerca de la composición social del PL permite entender que este establecimiento posee una compleja organización interna. Ahí se pueden encontrar tres niveles o estructuras que se cruzan y complementan resultando en una macro-organización interna. Estas estructuras son la territorial, la grupal y la de prestigio (Pérez 2000). Nos concentraremos en la territorial pues está compuesta por los pabellones.

Los reclusos se encuentran divididos de manera formal en doce pabellones y una serie de pequeños agrupamientos de internos ubicados en diferentes ambientes del penal que no estaban destinados a albergar presos. En estos pabellones se realizan labores administrativas y de gestión de información de los internos, con las cuales se determinan, por ejemplo, la distribución de alimentos según el número de reclusos en cada pabellón (Pérez 2000). Asimismo, cada pabellón alberga a un policía encargado llamado alcaide, a la población de reclusos y a los delegados.

Ahora bien, para comprender la representación interna, iniciaremos con las funciones cumplidas por los delegados. Estos personajes son autoridades administrativas de cada pabellón y todas las actividades dentro del penal (campeonatos, huelgas, quejas, fiestas, celebraciones, eventos, y cualquier otra actividad social) son llevados a cabo por ellos (Pérez 2000). Esta figura⁹ es creada por los presos y reconocida por la Policía Nacional del Perú,¹⁰ institución que se encarga del control del penal desde 1993. Este reconocimiento y traspase de funciones se da porque las fuerzas policiales reconocen las limitaciones de su actuación. Las limitaciones en la actualidad se exacerban si se toma en consideración que existen aproximadamente 130 guardias para vigilar a 9,580 internos (INEI 2016).¹¹

La reforma política dentro del PL permitió que estos delegados sean elegidos en cada pabellón por la elección general de los reclusos registrados en dicha área. El estar registrado en el pabellón es fundamental para poder votar. Una parte de los reclusos que viven en los pabellones no están registrados y esto responde a que son refugiados. Esta categoría es el nombre que se les otorga a los reclusos que fueron expulsados de sus pabellones por mala conducta, deudas con el personal administrativo o porque la estadía en sus pabellones ponía en peligro su seguridad personal. Uno de los reclusos entrevistados nos cuenta que está refugiado en el pabellón 5, aunque oficialmente está inscrito en el pabellón 9, pero como tuvo problemas con sus compañeros tuvo que retirarse.

Un segundo actor es el Comité Electoral, compuesto por tres personas: el presidente y dos vocales. Este comité es elegido por la población de reclusos de los pabellones y su instancia de control y fiscalización se limita al pabellón en el cual está inscrito. Hay que tener claro que al mencionar inscritos significa que, a su ingreso al penal, el INPE decide el pabellón del preso, el cual es designado dependiendo de la naturaleza del delito.

La población de cada pabellón propone a las personas que formarán el Comité Electoral. La totalidad de las afirmaciones nos dice que las personas propuestas son en su mayoría exdelegados o aquellos que son respetados en el pabellón por ser los más antiguos, no estar involucrados en delitos dentro del penal (no ser extorsionadores, vendedores de drogas, vendedores de licor). Memo es un comerciante, tiene un restaurante de comida selvática en el pabellón 9 y está sentenciado a veinte años por tráfico ilícito de drogas, él nos contó lo siguiente:

Este testimonio junto a los testimonios de los entrevistados nos muestra que las representaciones de prestigio y estatus dentro del PL han cambiado si lo comparamos con el primer estudio realizado por Pérez (1994), quien en líneas generales afirma que el prestigio y estatus lo tenían los reclusos más peligrosos y violentos.

Por otro lado, tenemos al Consejo de la Policía Nacional,¹² el cual está compuesto por el Comandante, el Mayor y el alcaide. Tanto el Comandante como el Mayor son los responsables de la seguridad del penal en general y el alcaide es el responsable de la seguridad del pabellón. Los tres personajes se encargan de la fiscalización de las elecciones el día de la votación. Los entrevistados mencionaron que la presencia de este consejo le otorgaba mayor legitimidad al proceso, y es un símbolo del apoyo de la institución policial al autogobierno de los reclusos.

Pero volvamos a los delegados. Las funciones internas de cada uno de ellos es velar por el buen desarrollo y mantenimiento del pabellón, por la limpieza, el orden y la distribución de los alimentos, entre otros. Su función fuera del pabellón es la representación de su pabellón ante las autoridades oficiales del penal; es decir, el Coronel y el Comandante encargados del cuidado externo del penal. Asimismo, de manera periódica se reúne con sus homólogos de otros pabellones para determinar actividades conjuntas.

En este contexto, cada pabellón no solo cuenta con un delegado general, sino con una serie de delegados anexos que conforman una especie de gabinete de gobierno. Pérez resalta que esta red de delegados se extendió en todo el penal de manera espontánea por parte de los internos. Las autoridades formales del penal (Policía Nacional del Perú e INPE) se limitaron a reconocer a los delegados como los representantes de los presos y a coordinar con ellos algunas acciones de carácter administrativo (Pérez 2000).

En la investigación de Pérez de 1994 se descubrió a ocho delegados anexos: el delegado jurídico, el de alimentos, el de disciplina, el de cultura, el de mantenimiento, el de salud, el de deportes y el de economía. La función de cada uno se describa en la Tabla 1.

En nuestro trabajo de campo encontramos a cuatro delegados además de los ya mencionados; estos fueron: el subdelegado general, el delegado de almacén, el delegado de trabajo y el delegado de gimnasio. Tengamos en cuenta que cada delegado cuenta con un subdelegado por lo que tenemos un total de veinticuatro delegados que son elegidos por el periodo de un año.

6. Método de elección de "delegados penitenciarios" en el PL

Luego de presentar a los actores involucrados en la elección de delegados, en esta sección nos concentramos en el método de elección de delegados penitenciarios en el PL. En teoría, todos los pabellones del penal deben de tener a un delegado general y once delegados anexos elegidos (cada delegado con su respectivo subdelegado) por la población de cada pabellón. En el pabellón el delegado es quien tiene la representación del pueblo y manda sobre la mayoría de la población. El delegado "da la cara" a la autoridad, cuando hay un homicidio, una "bronca" o un herido y es, además, el enlace entre los reclusos y las autoridades penitenciarias (Pérez 1994). Por eso, la reforma impulsada inicialmente por las autoridades penitenciarias y luego apoyada por los reclusos buscaba que el delegado sea elegido democráticamente en los pabellones. Con esto se buscaba evitar que los puestos de las delegaturas sean tomadas por la fuerza. Es decir, evitar que se dé un golpe a los delegados elegidos y que los golpistas se queden en el poder de manera indefinida hasta que otro grupo venga y por la fuerza los saquen de sus puestos. Para comprenderlo mejor podríamos decir que era como hacer un golpe de Estado, pero en este caso el nombre de este fenómeno donde prima la violencia es el batacazo.

Como se precisó, nuestros hallazgos se concentran en los pabellones 7 y 9. Todo recluso del pabellón tiene la libertad y autonomía de asociarse y armar la lista de los 24 delegados y subdelegados y postular en las elecciones. Con respecto a la cantidad de listas que postulan, no existe ningún límite máximo. En el caso de relección, la cantidad de veces es indefinida. El responsable de la inscripción de la lista con los candidatos y todo el proceso de fiscalización es el Comité Electoral.

La inscripción de las listas de candidatos se inicia con la convocatoria a elecciones por el delegado general y termina quince días después. La mayoría de veces la convocatoria a elecciones se realiza la primera semana de abril. Dos meses después, el último día de junio, se lleva a cabo la elección de representantes por votación general. Cabe remarcar que todo el proceso de inscripción, campaña y día de elección está reglamentado por la Base General de Elección. Podríamos equiparar este conjunto de normas a la Ley Orgánica de Elecciones emitida por el Jurado Nacional de Elecciones en Perú. Dicho documento fue elaborado por los propios reclusos, en él se encuentran las disposiciones sobre los órganos electorales, de la convocatoria, de la inscripción y candidatos, de la propaganda electoral, de los personeros, de las actividades preliminares al sufragio, del sufragio, de las garantías del proceso y de la nulidad de las elecciones.

Una vez formalizada la inscripción y aceptada esta por el Comité Electoral, se inicia la campaña. La propaganda más empleada por los candidatos son los polos estampados con el número de la lista, los cuales son repartidos a la población de todo el pabellón. También se reparten volantes. Otra estrategia es colgar gigantografías en las ventanas de los pabellones. A todo esto, es necesario precisar que las listas que postulan no son reconocidas con nombres particulares, sino mediante números que son designados por sorteo.

Pero los candidatos no solo gastan en publicidad, sino que también regalan comida a todos los internos del pabellón. En la mayoría de veces, estos gastos son sustentados no solo por las listas que postulan a los cargos, sino también por auspiciadores que suelen ser aquellos reclusos con gran poder adquisitivo, como los dueños de restaurantes, bodegas, y negocios. El propósito de financiar la campaña de alguna lista es ganar prestigio y por otro conseguir contratos de trabajo si gana la lista que financian. Por ejemplo, para un día festivo, como es el Día de la Madre, el restaurante que apoyó al delegado ganador en la campaña será contratado para proveer de comida a todos los reclusos y sus familias, lo cual significa mayores ingresos para el propietario del negocio.

La estrategia de los que postulan es generar redes de colaboración que por un lado ayudan al candidato y, por el otro, favorece al patrocinador. Como ya se indicó, parte de la campaña consiste en traer a grupos musicales, pues el objetivo es demostrar la capacidad de gestión de los que postulan. Asimismo, se les brinda un espacio en el mural de las noticias para que puedan colocar los nombres de los candidatos y un resumen de sus propuestas. Para el cierre de campaña todas las listas brindan un discurso y hacen un resumen de sus propuestas en el balcón del segundo piso de cada pabellón. A esta práctica se le conoce como el balconazo y es el espacio en el cual toda la población se reúne para escuchar a los candidatos.

Un punto importante a tener en cuenta es que todos los candidatos cuentan con una capacidad adquisitiva similar, por tanto, no existe mucha diferencia entre las campañas electorales. Mucho de esto se explica porque estamos hablando de pabellones compuestos por acusados y sentenciados de tráfico ilícito de drogas. Para tener un cálculo aproximado del gasto que implica postular al cargo de representación presentamos la entrevista realizada a un candidato de años anteriores.

Nuestros entrevistados comentaban que el pabellón 7 y 9 movilizan grandes sumas de dinero durante las campañas. Situación muy diferente la tienen otros pabellones en los cuales las campañas suelen ser más austeras y muchas veces no sobrepasan los mil soles de inversión. Esto porque son pabellones con menos presencia de negocios y es otro el perfil de los internos.

El día de las elecciones, las ánforas para la elección son instaladas a las ocho de la mañana y están habilitadas hasta las cuatro de la tarde. Para controlar todo el proceso de elección, la delegatura de disciplina pone en servicio a treinta reclusos encargados de mantener el orden en todo el pabellón. El Consejo de la Policía Nacional se hace presente para verificar que el proceso esté libre de cualquier tipo de fraude que beneficie a alguno de los candidatos. Esta labor la realiza junto al Comité Electoral. Parte de la fiscalización consiste en contabilizar y firmar las cédulas de sufragio. La cantidad de cédulas emitidas debe de coincidir con la cantidad de reclusos inscritos en cada pabellón. En las últimas elecciones del treinta de junio de 2017 la cantidad total de la población apta para votar fue de 825, en un pabellón que tiene una capacidad de 150 personas.

A las 4 de la tarde se cierra el ánfora, las personas de las listas y el Comité Electoral se reúnen en la oficina del alcaide del pabellón e inician el conteo de los votos. Al día siguiente de las elecciones, el Comité Electoral da a conocer a los delegados electos y se concluye así el proceso de elección de representantes. Es importante precisar que este método de elección carece de fuentes oficiales que den testimonio de su existencia. La principal fuente de información son los testimonios de las personas entrevistadas y el conocimiento previo de la organización interna de los reos.

7. La resignificación de la democracia procedimental en los pabellones 7 y 9

Lo que ocurre en el penal de Lurigancho no es más que un atisbo de la democracia sustantiva, y no es nuestro interés demostrar lo contrario, sino el de dar cuenta que todo el proceso de elección no tiene mucho de diferente de lo que ocurre con la democracia procedimental y que esta se dio por una reforma en la elección de representantes promovida por las autoridades penitenciarias y legitimada por los reclusos. La evidencia cualitativa y el registro observable nos permiten sostener que el enfoque minimalista de democracia se hace presente en espacios en los cuales los derechos políticos están restringidos.

Resignificar la democracia procedimental bajo el contexto penitenciario nos permite también encontrar una diferencia con aquellas organizaciones en las que se realizan elecciones, pero que no necesariamente consideramos regímenes democráticos. Hablar de democracia procedimental implica más que solo la presencia de elecciones.¹⁴ Veremos en las siguientes líneas cómo se hacen presentes, con sus limitaciones, la presencia de los requisitos de las democracias procedimentales.

El primer requisito por analizar es el de elecciones libres e imparciales. En los pabellones 7 y 9, el resultado de las elecciones refleja la voluntad popular de la población penitenciaria. Para garantizar el debido proceso se tiene, por un lado, al Comité Electoral que se encarga de fiscalizar todo el proceso de elecciones y el correcto funcionamiento y aplicabilidad de las reglas electorales. Por otro lado, al Consejo de la Policía Nacional que centra su labor el día de las elecciones en prevenir cualquier intento de fraude. A todas las listas participantes se les brindan los espacios para que tengan una campaña libre y sin ningún tipo de represión.

En segundo lugar, en el espacio penitenciario, cada reo tiene el derecho a participar y ser elegido en la elección de delegados. Es necesario precisar que, si bien es cierto, todos tienen el derecho a participar, solo algunos lo hacen. Los que postulan para estos cargos de representación son en su mayoría reclusos de buenas condiciones económicas. Esto podría explicarse porque cada delegado debe de aportar económicamente a la campaña y así llegar a la mayoría de electores. Al ser la división territorial de los pabellones relativamente pequeña, esto favorece a que todos los miembros de los pabellones se conozcan. Por esto, la carrera política y la hoja de vida de los candidatos juegan un papel fundamental.

En tercer lugar, los candidatos pueden asociarse para postular juntos. Como explicamos en el apartado anterior, los candidatos tienen la libertad de organizarse y postular, y esto evidencia la existencia de una autonomía asociativa. En cuarto lugar, los reclusos entrevistados mencionaron que pueden expresarse libremente e incluso cuestionar a los candidatos, sin temor a sufrir represalias. Esto se ve en la gestión de los delegados, la población puede exigir la destitución de los cargos si sienten que no se realiza un buen trabajo. La destitución no es un método muy utilizado por los reclusos porque el tiempo de gestión de cada lista ganadora es de un solo año. Esto no significa que no hayan existido casos en los cuales la población ha solicitado la vacancia de los delegados o la rendición de cuentas. Un ejemplo representativo es la vacancia del delegado general y el subdelegado del pabellón 11B o más conocido como el pabellón de los policías condenados por diversos delitos, en el año 2015. Los reclusos se quejaron con el director del penal, aludiendo que sus representantes abusaban de sus cargos y recibían no solo malos tratos, sino también se les presionaba para dar altas sumas de dinero. Esto ocasionó que ambos delegados fueran retirados de sus cargos y expulsados del pabellón.

En quinto lugar, en las elecciones, toda la población penitenciaria tiene el derecho a votar en el pabellón en el que esté inscrito formalmente. Por ser un establecimiento para población masculina, solo los hombres pueden elegir. Se observa así, la presencia del sufragio universal. Por último, el requisito de funcionarios electos hace referencia a que posteriormente al proceso electoral, el candidato ganador representará a sus votantes y gobernará por un periodo determinado. En la elección de delegados, sucede lo mismo, es decir, una lista de candidatos gana y asume el poder de gobernar. En el caso específico del penal de Lurigancho, todos los delegados tienen un periodo de gobierno de un año, lo que no significa que los candidatos puedan buscar la reelección de manera indefinida y quedarse en el poder. No existe un límite de veces para la reelección. Todo dependerá del apoyo que tienen de los votantes, de los internos del pabellón.

Luego de dar cuenta sobre los requisitos, queda todavía la interrogante de por qué es que encontramos un juego democrático en los pabellones 7 y 9. La explicación a este fenómeno se encontraría en la estructura organizativa del narcotráfico. Según Juan Carlos Garzón (2008) el tráfico ilícito de drogas no funciona en una estructura jerárquica en la que fácilmente se puede hacer un organigrama o haya una división perfecta y especializada de las tareas. El crimen organizado funciona en una red compleja, con altos grados de descentralización y horizontalidad. Es una red que racionaliza la violencia, y no busca llamar la atención de las autoridades policiales ni judiciales. Generalmente, la violencia será el último recurso de las redes criminales, empleado sobre todo en ajuste de cuentas entre organizaciones (Garzón 2008). Todo lo contrario, sucede en los pabellones que albergan a presos condenados por crímenes patrimoniales (como en el pabellón 5) los que poseen una estructura altamente jerárquica que favorece la existencia de formas de organización política más autoritarias.

Un argumento adicional que nos permite entender la consolidación de las elecciones en algunos pabellones tiene que ver con el nivel adquisitivo de los presos. El 7 y 9 son identificados como los mejores pabellones, básicamente por el nivel adquisitivo de los internos. Esta característica se asocia al hecho de que están mejor informados y poseen mayores niveles educativos que el resto.

Se encontró además que una de las grandes motivaciones para postular a los cargos de representación están vinculadas a tener mayores facilidades para esquivar las reglas de la institución carcelaria. Un exdelegado, apodado "Chancaca" nos cuenta lo siguiente.

Vemos que no solo se replican las formas de representación, sino que también muchos de los vicios de la administración dentro del gobierno: la presencia de grandes y pequeñas redes de corrupción. Pero, pese a esto, los entrevistados argumentan que la democracia les ha traído un conjunto de beneficios. En primer lugar, les garantiza no solo sentirse representados, sino también con el derecho a fiscalizar la gestión y con esto, tener mejores condiciones en sus pabellones, lo cual hace más llevaderas sus condenas. El empleo de la democracia en la toma de decisiones también les ha permitido disminuir la violencia reinante en el penal de Lurigancho. En este sentido Pérez dice lo siguiente.

Es así que la autonomía para la organización y el trabajo coordinado (policías-delegados) ha contribuido al manejo de control de la cárcel. Incluso en aquellos pabellones en las que los delegados no son elegidos de manera democrática. Recordemos que, hasta antes del 2012, el PL afrontaba una serie de situaciones que ponían en riesgo la vida de los efectivos policiales y funcionarios del INPE e internos. Asimismo, comprometía la seguridad, control y vigilancia de las instalaciones, habiéndose producido amotinamientos, reyertas, toma de rehenes, fugas masivas, protestas y otros actos que generaron el caos en la población penal. Es el respeto y reconocimiento a las formas de elección y representación de la población penal lo que ha permitido en gran medida el cese de la violencia.

8. Conclusiones

Investigar un penal según los cánones de la democracia procedimental nos ha servido para reconocer que esta hace posible la representación y garantiza la formación de un modelo de organización con roles y procesos que facilitan su gestión interna. Concluimos, por tanto, lo siguiente:

Por último, concluimos que este abordaje descriptivo constituye un insumo para retomar una mayor atención sobre las interacciones sociales y políticas en los centros penitenciarios. La revisión de literatura en las dos últimas dos décadas apunta a que existe un descuido de la academia y del Estado peruano por indagar más en detalle sobre lo que acontece al interior de estos. Por tanto, pensar en próximas reformas que ubiquen como bien último la resocialización, eviten el hacinamiento y procuren condiciones inhumanas de reclusión, deben de partir por el reconocimiento de un sistema político que se ha formado por la agencia de los mismos internos, y que, por tanto, goza de legitimidad.

Referencias bibliográficas

Álvarez, L. 2013. La democracia liberal-procedimental. Un análisis del concepto desde la teoría postfuncional. Tesis de doctorado, Universidad Autónoma Metropolitana, México.