El 1 de julio de 2018, México vivió la jornada comicial más grande de su historia, las y los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a quienes habrían de ocupar alguno de los 3,416 cargos en disputa tanto a nivel local como federal. Desafortunadamente, la violencia vivida en los meses previos a la celebración de las elecciones cobró la vida de, al menos, 145 personas relacionadas con los procesos electorales o eran actores políticos de sus localidades, entre el 8 de septiembre de 2017 –fecha del inicio del proceso electoral a nivel federal– y el 31 de agosto de 2018.

Las víctimas tenían perfiles diversos: aspirantes a una candidatura, candidatos, integrantes de los equipos de campaña o de trabajo de los candidatos y candidatas, funcionarios públicos en activo y del pasado, así como militantes y dirigentes de partidos políticos, y funcionarios electorales. La característica común a todos y todas era que participaban en la esfera pública de sus comunidades.

La violencia y, particularmente, los homicidios en el contexto del proceso electoral fueron uno de los principales aspectos documentados por las diferentes misiones de observación electoral que estuvieron en México el año pasado con motivo de las elecciones. En todos los informes de observación elaborados se dio cuenta de esta preocupante situación. Destacan entre estos los reportes elaborados por instancias como la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (2018), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (2018), el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (2018), Transparencia Electoral (2018) y la Organización de los Estados Americanos (2018), cuyo informe es el que más ahonda sobre este tema.

2. Encuadre teórico

Ante la multiplicidad de aproximaciones al tema de violencia política y violencia electoral, buscando delimitar el espectro del análisis, hemos decidido enmarcar los hallazgos surgidos de esta revisión utilizando el encuadre teórico desarrollado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, en su documento de trabajo Conflictos y violencia electoral en el ámbito subnacional. Análisis de los hechos registrados en los procesos electorales de 2010 y 2011, publicado en 2013.

Con relación al conflicto electoral y a la violencia electoral, la ONPE establece que, si bien el conflicto es un aspecto propio de la contienda electoral, este puede manifestarse de una manera pacífica −por la vía de los órganos jurisdiccionales electorales, la organización de protestas, presentando denuncias en los medios de comunicación o incluso absteniéndose de participar en el proceso electoral− o a través del ejercicio de la violencia. Al respecto, la ONPE presenta varias definiciones de lo que se considera violencia electoral, siendo la desarrollada por Friedrich (2001) la que estimamos que funciona mejor para el caso de lo vivido en México el año pasado:

Si bien no contamos con la evidencia suficiente para aseverar que los perpetradores de la violencia fueron primordialmente los participantes de la contienda, al analizar aspectos como la dispersión geográfica de los ataques queda claro que estos asesinatos tienen explicaciones más allá del contexto de violencia generalizada que se vive en el país y está relacionada con las dinámicas generadas por los grupos del crimen organizado.

Estos actos de violencia son perpetrados por diversos actores, los cuales pueden clasificarse, en principio, como estatales y no estatales. En el primer grupo se encuentran las autoridades gubernamentales de diversos órdenes y en el segundo están los grupos relacionados con la delincuencia organizada, terroristas, pero también candidatos rivales e incluso los partidos políticos. Al respecto, Dunaiski (2015) establece que los principales elementos diferenciadores de la violencia electoral con respecto de otras formas de violencia política –como el conflicto armado, la represión estatal o el terrorismo– son el motivo y el momento o temporalidad de su ocurrencia.

Como ya se ha establecido, la violencia tiene múltiples manifestaciones, por lo cual hemos decidido acotar el espectro de nuestra observación a los casos de homicidios dolosos; es decir, cuando los perpetradores de la violencia buscaron intencionadamente la muerte de la víctima como resultado de sus acciones.

3. Recopilación de la información

El primer aspecto para destacar es la dificultad para recopilar la información necesaria, pues no hay una fuente oficial que concentre, ni a nivel estatal ni nacional, los homicidios que pueden clasificarse como violencia electoral. En virtud de lo anterior, las fuentes de información a partir de las cuales se recuperaron los datos empleados en la elaboración de este reporte fueron notas periodísticas. El criterio para incluir un caso fue que este pudiera ser verificado cuando menos en dos fuentes diferentes, preferentemente un medio local y uno nacional.

A partir de la detección de un caso por medio de estas notas, se recopilaba información complementaria con el objetivo de poder contar, para cada caso, con la siguiente información: sexo de la o las víctimas, lugar y fecha del ataque, instituto político en el que militaba, y su rol dentro del contexto político o electoral de su localidad. Con esta información, se elaboró una base de datos a partir de la cual se pudo realizar un análisis descriptivo de los asesinatos sucedidos en el contexto electoral de México entre 2017 y 2018.

4. Principales hallazgos

4.1 Temporalidad

Como ya se adelantaba, el registro de casos se hizo dentro del periodo en el que se desarrolló el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PEF); esto es, del 8 de septiembre de 2017 al 1 de septiembre de 2018. A propósito de esto, vale la pena recordar que el pasado no fue un solo proceso electoral, sino que fueron 29 procesos locales concurrentes con el federal y dado que cada uno de estos es independiente de los otros, las fechas y duración de cada etapa variaron de una entidad a otra.

Durante estos casi 12 meses de observación, registramos 145 casos de asesinatos que, dadas algunas características de los casos, pueden considerarse como violencia electoral.¹ Resulta sintomático que haya dos momentos en los que se dispara la violencia: al inicio de las precampañas −o, dicho de otra forma, en la etapa previa a la definición de candidaturas− en diciembre de 2017, y en los dos meses previos a la jornada comicial, en los que primordialmente se desarrolla la parte medular de las campañas (mayo y junio de 2018). Dado que la tasa de homicidios se incrementó en los periodos de más alta competencia, esto pudiera sugerir que estos asesinatos buscaban influir de una forma u otra en quienes ostentaron candidaturas o bien, en la propia competencia electoral durante las campañas.

Gráfico 1. Distribución temporal de los homicidios

Gráfico 2. Incidencia de homicidios de actores políticos por entidad

Gráfico 3. Incidencia por partido político