Las elecciones generales de 1931 significaron un importante paso para la modernización del sufragio peruano, pues, luego de décadas de votaciones conflictivas y cerradas, se incentivó una participación ciudadana más masiva y directa de la vista hasta entonces. Este desarrollo del proceso electoral no permaneció indiferente al juego de las fuerzas políticas, quienes las condicionaron o apoyaron según el contexto. Esto fue más notorio en los primeros años del siglo XX, cuando los nuevos actores políticos buscaron influenciar el aparato electoral a distintos niveles¹. Estas fuerzas políticas se venían desplegando desde el Oncenio y reuniendo apoyo popular, por lo que su interés por las elecciones generales de 1931 fue decisivo.

El registro electoral para estos comicios tuvo, entonces, un nuevo valor. La tecnificación que tuvo este proceso reveló el interés que suscitó la representación ciudadana para las votaciones. Un ejemplo fue la emisión de la libreta electoral como un concepto moderno y masivo que acreditó al votante a nivel personal. La entrega de este documento durante el registro electoral implicó un proceso de modernización, tanto de conceptos como de instrumentos electorales, para reconocer al votante.

El desarrollo de los instrumentos electorales reveló el interés social por la sistematización de este proceso. Esto llama la atención, pues en aquel año la sociedad peruana había vivido con desconfianza los procesos electorales, conviviendo con fuerzas políticas leguiístas, autoridades militares y los inevitables partidos de masas. Considerando este contexto, la pregunta es: ¿cómo se desarrollaron los aspectos modernos del registro electoral para los comicios de 1931?

Los estudios sobre los procesos electorales suelen dejar de lado el desarrollo de sus registros, y prefieren enfocarse en la contienda política y sus resultados. Aun así, y lejos de desmerecer aquellas investigaciones, pueden rescatarse algunos aportes sobre este tema.

Una base teórica se puede obtener del Diccionario electoral, publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. De aquí se obtiene una definición básica del registro electoral, el cual se entiende como un proceso donde se determina a los ciudadanos que pueden votar. En su desarrollo se inscribe al ciudadano políticamente activo, se desprenden los no votantes, se influye del registro civil y se presenta a los participantes activos de los sufragios. Estas condiciones la vuelven un soporte importante para el sistema democrático.

Jorge Basadre, en su libro Elecciones y centralismo en el Perú: apuntes para un esquema histórico, rescata el valor del trabajo electoral previo a las votaciones y la necesidad de su modernización para resultados más fiables. De hecho, reconoce las elecciones de 1931 como el hecho inicial para un registro votante moderno y sistemático. Las decisiones políticas que la condicionaron están mencionadas en su obra Historia de la República del Perú; sin embargo, y a pesar de seguir a las fuerzas políticas involucradas, no se adentra en la importancia de los documentos de presentación votante sino hasta más adelante.

Las elecciones de 1931 también son rescatadas en las publicaciones oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Elecciones presidenciales en el Perú (1931 - 2016) presenta datos necesarios para tener un panorama amplio y estadístico sobre aquellos comicios. Se presentan como elecciones de medidas personalizadas (rezago del conservadorismo electoral previo) con ejecuciones modernas. Mayor detalle sobre las especificaciones legales se obtiene en el libro Elecciones parlamentarias en el Perú (1931 - 2011).

A modo de comparación, existen trabajos que revelan las influencias para la ejecución del registro electoral. Sin alejarse demasiado de 1931, en La “ciudadanía corporativa” en el Perú republicano (1834-1896), Alicia del Águila² aprovecha aquellos años para revelar a las políticas electorales como medidas de control ciudadano, vigilando su participación y supervisando el concepto de elector. Se evidencia la necesidad de un registro cívico determinado por el acuerdo de los partidos políticos dominantes. Su estudio puede continuarse con Las elecciones de hace un siglo: la Junta Electoral Nacional de 1896-1912, de Roisida Aguilar Gil, donde se agregan mayores detalles de la organización electoral fuera de Lima. En ambos textos se resalta que la representación ciudadana se desarrolló por la búsqueda del dominio político. Se amplían más claramente estas ideas en El sistema electoral durante la República Aristocrática (1895-1919) de Luna Jacobs. Mientras explica el sistema de sufragio de aquellos años, muestra a la dinámica de fuerzas políticas influyentes entre sí que no se limitan al desarrollo institucional o intenciones partidistas. El juego de estas variables fue lo que mantuvo el centralismo electoral en la llamada República Aristocrática.

Así, se puede plantear que este registro electoral fue parte de un lento proceso de modernización, determinado por su nivel de desarrollo, intereses y coyuntura política. A manera de hipótesis, este trabajo afirma que el registro reformado tuvo torpezas en sus primeros días por los rezagos centralistas de los partidos políticos. No obstante, los aspectos modernos que planteó el nuevo estatuto hicieron que más adelante se adapten y terminen recuperando la confianza para las elecciones, como en las generales de 1931.

2. Antecedentes del registro electoral

Desde los inicios de la República peruana, los registros cívicos fueron instrumentos políticos necesarios para mantener en el poder a ciertos grupos.3 Mientras la representación ciudadana en la política tuvo su lenta evolución, el país desarrolló sus aparatos de control social. Uno de ellos fue el electoral, de crecimiento dependiente y enajenado por su coyuntura, sobre todo en los primeros años republicanos. Las herramientas primitivas que designaron, como medio de identificación, al nuevo ciudadano republicano fueron las partidas de bautizo y la Carta de ciudadanía.

Uno de los hitos importantes del progreso electoral fue la aparición de la Junta Electoral Nacional, primer organismo independiente que reunió tras de sí todas las juntas, organismos e instrumentos del escenario electoral⁴. Se creó en 1896 bajo el gobierno de Nicolás de Piérola con la intención de reformar diversas instituciones y mejorar su propio panorama político. Luego de casi un año de debate, el 20 de noviembre de 1896, se emitió la Ley Electoral de 1896, dedicándole todo el título IV a la conformación de la Junta Electoral Nacional, desde sus integrantes hasta sus funciones. Así, se definieron sus responsabilidades, desde dirigir a las demás juntas (regionales, departamentales, etc.) hasta encargarse de los registros civiles.

Piérola reveló el uso práctico de la modernización electoral, pues quiso mantenerlo como una autoridad libre de influencias políticas, aunque conservando su propio control sobre los votantes. Sobre ellos fueron valorados mientras fuesen parte de los mayores contribuyentes (ciudadanos alfabetizados de grandes ingresos)⁵. Fue importante para Piérola tenerlos en un registro cívico, pues le serviría contar con su respaldo político influyente, además de deshacerse de grupos menores como los analfabetos. Además de excluir a la población provincial del registro -para centrarse en potenciales aliados limeños-, generó unos inconstantes documentos personales de representación votante: los títulos electorales⁶.

La idea de este título fue importante, pues simbólicamente fue el primer intento de entregar el poder de representación política al ciudadano. La propuesta fue tenerlos en cuestiones nacionales y relacionarlos con los candidatos, aunque solo incluyesen a los mayores contribuyentes. No obstante, los futuros cambios en la junta electoral, variación de enfoques, poca obligatoriedad del documento y mínima utilidad hizo que quedase rezagado en el registro. Cabe mencionar que en la normativa para estos títulos, Ley Electoral de 1896, los analfabetos perdieron su condición de votantes y su participación política para futuras elecciones.

De hecho, los demás cambios electorales fueron replanteados luego del gobierno de Piérola. Entre futuras reformas, cambio de autoridades y ejecuciones imprácticas se estancó la modernización electoral durante la llamada República Aristocrática y el Oncenio de Leguía.7 Aun así, la posibilidad de los instrumentos electorales modernizados fue una idea presente en diversos proyectos sufragistas. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la libreta electoral, se mantuvo la idea de que exista algo que acredite ser un ciudadano votante, ser emitidas por la mayor entidad electoral, entregadas en las mesas de registro y con la inversión directa del Tesoro Nacional.

Los cambios en la práctica del registro electoral ocasionaron demasiados problemas para las elecciones. Se sabe que durante las elecciones hubo confusión, ausencia de votantes, anulación de votos y falsificaciones. Además, el título electoral, llamado Libreta de conscripción militar desde 1915,8 estuvo concentrado en pocos votantes y en poco uso frente a la más necesaria lista de contribuyentes.9 Es decir, la entrega del poder electoral al votante no fue la prioridad, sino el registro de todos los candidatos posibles para el gobernante. Todo esto, sumado a los resultados poco fiables de las elecciones, terminó depreciando la práctica electoral.

En 1930 se dio la revolución de Arequipa con Luis M. Sánchez Cerro, lo que terminó con el largo régimen autoritario de Augusto B. Leguía. Como aquel presidente continuó el estancamiento de la modernización electoral,10 las fuerzas políticas populares -que se vinieron gestando en aquellos años- aprovecharon el golpe de Estado con intensos debates, intentos y reformas electorales. Aquello culminó con la renuncia de Luis M. Sánchez Cerro y la anulación de un proceso electoral en marcha y con supuestos aires de reforma¹¹.

Cabe detallar las condiciones electorales de estos últimos meses, pues en ellos se gestaría la máxima normatividad para los comicios: el Estatuto Electoral.

3. La búsqueda de un estatuto electoral

Luego del Oncenio se instaló la Junta Militar de Gobierno en 1930, presidida por el comandante Luis M. Sánchez Cerro, el cual se comprometió a convocar a nuevas elecciones para un pronto regreso a la constitucionalidad con una nueva Asamblea Constituyente. Por este motivo se aprobó un nuevo reglamento electoral para reformar lo establecido en la Constitución de 1920.

La duración de este reglamento fue fugaz debido, en gran medida, a las inquietudes políticas del contexto. La creciente inestabilidad del Gobierno de Sánchez Cerro, junto a la presión opositora y su poca aceptación pública, hizo que termine el año 1930 con poco apoyo público. La confirmación de su candidatura a la presidencia, conservando la dirigencia de las instituciones electorales, solo aumentó la desconfianza en su figura.

La crisis obligó a Sánchez Cerro a anular aquel proceso electoral y renunciar a la presidencia de la Junta Militar de Gobierno el 1 de marzo de 1931. Se instaló una nueva junta compuesta ahora por civiles. La nueva Junta Nacional de Gobierno la presidió David Samanez Ocampo quien, entre otras medidas, convocó de inmediato a una comisión de jóvenes académicos que elaborasen el anteproyecto de una nueva ley electoral. Los integrantes de la comisión fueron José Antonio Encinas, César Antonio Ugarte, Luis E. Valcárcel, Jorge Basadre, Federico More, Luis Alberto Sánchez, Alberto Arca Parró, Carlos Manuel Cox y Carlos Enrique Telaya¹². Cabe destacar que lejos de las simpatías políticas y posturas posteriores, las ideas debatidas por la comisión incentivaron propuestas importantes como el poder electoral autónomo, la representación de las minorías, el voto secreto y obligatorio, y la organización científica de los registros electorales.

El proyecto terminado fue presentado a la junta de civiles, la cual lo observó y le agregó algunos cambios. Así, el 26 de mayo de 1931 se publicó el definitivo Estatuto Electoral con el Decreto Ley N.° 7177 y con gran atención de la prensa, pues inmediatamente también se convocaron a elecciones generales para presidente de la República y a un Congreso Constituyente.

Con la promulgación de la nueva ley electoral se estableció el Jurado Nacional de Elecciones, máximo ente fiscalizador y arbitrario, encargado del desarrollo transparente de los comicios. A partir de él se abrió paso a la participación colectiva: En todas las capitales de país debían instalarse los Jurados Departamentales de Elecciones como entidades descentralizadas, para encargarse durante semanas del registro de cada votante disponible. La vigilancia del registro electoral, los mismos comicios, el escrutinio y la proclamación de resultados recayó en los respectivos Jurados Departamentales antes del cómputo final del Jurado Nacional de Elecciones. De entre todas estas instituciones electorales una de las mayores modernidades técnicas se vio con el Registro Electoral Nacional.

4. El moderno Registro Electoral Nacional

Entre las primeras prioridades de la Junta Nacional de Elecciones estuvo la de enlistar a los ciudadanos y reconocerlos votantes. Para ello se fundó una institución llamada el Registro Electoral Nacional, encargado el proceso práctico de forma metódica para garantizar el orden.

Según el Estatuto Electoral, se señalaron primero los servicios a cargo de la nueva institución¹³. Fueron, entre otros, la identidad personal, el desarrollo de la inscripción y el recojo de datos para el estudio estadístico (art. 1.°). Se ejecutarían mediante oficinas en la capital de cada provincia para la inscripción ciudadana y la entrega de libretas (art. 2.°). Para ello, distribuiría a cada despacho estos instrumentos modernos para el registro (art. 4.°): libros de inscripción, partidas duplicadas, otros documentos para la identidad nacional como fichas individuales dactiloscópicas y solicitudes, libretas electorales, libros y demás documentos auxiliares según se necesite.

Entre ellos, la libreta electoral fue definida como “el único título de sufragio del ciudadano a cuyo favor ha sido otorgado, y, al mismo tiempo, su cédula de identidad personal” (art. 5.°). Se puede considerar que el registro cívico y electoral se hicieron casi simultáneamente en aquellas oficinas, confirmando el acto con la entrega de la libreta. La importancia de este documento se extendió también en otras responsabilidades cívicas, lo que la colocó por encima de los demás instrumentos¹⁴.

Para obtener el derecho de sufragio se debían cumplir los siguientes requi- sitos (Tabla 1):

Otro instrumento de inscripción electoral modernizado fue la lista de registro. Se estableció que deban ser distribuidos de manera obligatoria en todas las oficinas con la nómina de “libros de inscripción” (art. 24.°), siendo un documento público y con posibilidad de entrega a los ciudadanos mediante copia certificada (art. 25.°). Las partidas de inscripción tendrían dos ejemplares, una para la oficina de registro y otra para el Jurado Departamental respectivo (art. 26.°). Cada partida de inscripción debía contener los siguientes datos (art. 27.°): nombre y apellidos, nombre de los padres, lugar de nacimiento y residencia, edad, estado civil, ocupación, estatura, impresión digital, firma del inscrito y retrato fotográfico. Como se ve, el registro de los datos importantes de electos se mantiene en la lista como en elecciones anteriores¹⁵.

Una vez definido al elector, la ley se encargó de normar a los funcionarios encargados del registro. Existirían dos tipos de oficinas: provinciales y comisionados (art. 13.°). Para ser un registrador provincial era necesario ser notario público o abogado en ejercicio. Para ser un registrador comisionado, podían serlo también un notario y un abogado, pero, ante su ausencia, podrían ser reemplazarlos por un juez de paz (art. 14.°). Ese personal se regía bajo la ley de Notariado, además de ser elegido por las Cortes Superiores de Justicia con un salario estable por dos meses de funciones (arts. 16.° y 18.°). Luego de haber terminado con sus funciones, los registradores provinciales trasladarían el registro electoral al archivo (art. 21.°). En cuanto al material utilizado por los registradores comisionados, se enviarían a las oficinas de los registradores provinciales respectivamente (art. 22.°). Los registradores provinciales ejercieron sus funciones mayormente en las provincias de las capitales, y los comisiona- dos, en los distritos y localidades.

En las oficinas de registro, estas debían permanecer abiertas al público por lo menos unas ocho horas al día y, para inscribirse, el votante debía acreditar su derecho (arts. 31.° y 32.°). Como elementos de prueba, la persona podía entrar a ellas y acreditar su identidad con los siguientes elementos (art. 33.°): partida de registro civil, de nacimiento o de matrimonio, partida parroquial de bautismo o matrimonio, certificado de trabajo, carnet profesional o de matrícula de instituciones docentes, título profesional, auto judicial de emancipación, certificado de identidad judicial municipal o policial, certificado domiciliario, pasaporte nacional, libreta de conscripción militar y carta de nacionalización. Para aquellas personas que pudieran tener analfabetismo, los registradores podían someter exámenes de lectura y escritura (art. 34.°)¹⁶.

Con los actores del registro definidos, la prensa publicó posteriormente el inicio de la fecha de inscripción, el 15 de agosto (art. 30.°), para durar entre 30 y 45 días hasta el mes de agosto. En la práctica, y debido a problemas como la emisión del registro, la demora de los registradores y la instalación de algunas oficinas provinciales, se extendió la fecha límite a nivel nacional. Mediante el Decreto Ley N.° 7266 se aplazó hasta el 31 de agosto, además de establecer el día de las elecciones el domingo 11 de octubre.

5. La ejecución del Registro Electoral Nacional

5.1 Preparaciones previas y partidos políticos

Debido a que la instalación de estas nuevas instituciones tomaría tiempo, y por la premura por nuevos comicios, el Gobierno había instalado la Sección Electoral como un mecanismo inicial de respaldo¹⁷. A su vez, instaló la oficina de Servicio de Estadística y Censo Electoral para la elaboración de un registro electoral científico con la información obtenida. Mientras tanto, durante junio y agosto se instalaron los Jurados Departamentales en toda la República, y el Jurado Nacional de Elecciones propiamente en funciones terminó de establecerse en setiembre.

A pesar de estos avances por parte del nuevo estatuto, la opinión pública mantuvo inicialmente cierta desconfianza¹⁸. Más interesados en los alcances del anterior anteproyecto no se concentraron en el registro electoral sino hasta ya empezada la convocatoria, aproximadamente en quince días. Esto se obtuvo por los primeros comentarios políticos, apocados y reservados con la inscripción abierta.

Para las elecciones generales de 1931 se presentaron cuatro candidatos a la presidencia:

• Unión Revolucionaria - Luis Miguel Sánchez Cerro

• Partido Aprista Peruano - Víctor Raúl Haya de la Torre

• Partido Descentralista - José María de la Jara y Ureta

• Coalición Nacional - Arturo Osores Cabrera

A pesar de las diferencias políticas, todos reaccionaron de similar manera frente al registro cívico como una fuerza política de función intermediaria. También se sabe que en sí participaron ocho partidos políticos, quienes colaboraron con estos candidatos a distintos niveles. Por ejemplo, el Partido Acción Republicana apoyó libremente a José María de la Jara y Ureta, del Partido Descentralista.

Cabe mencionar que el registro en Lima y Callao tuvo un despliegue extenso e ininterrumpido. Unos días antes de las Fiestas Patrias, el Gobierno garantizó por decreto sus labores continuas.

El Estado declaró hábiles para el registro los días 28, 29 y 30 de julio. En estos días las oficinas debían estar abiertas y funcionar durante cinco horas. El comunicado fue estricto en su difusión: “Conforme al Decreto Supremo del 24 del presente, las oficinas del Registro Electoral funcionarán en Lima, Callao y balnearios los días 28, 29 y 30 de julio, de 8 y 30 a. m. a 1 y 30 p. m.”²⁰. Aquello demuestra la importancia que se dio en el proceso a la convocatoria ciudadana.

5.2 Convocatoria abierta: la Sección Electoral y la prensa partidista

Dado el interés de participación masiva para estas elecciones, los periódicos fueron una prensa activa durante todo el proceso por la publicación de notas oficiales y comentarios editoriales. Por ejemplo, la Sección Electoral informó sobre las oficinas de registro ya listas en la capital tempranamente y, de esta manera: “LA VICTORIA: Registradores Dr. C. Gandolfo y L. Espejo: local del Consejo Distrital, de 8 a 12 m. y de 5 a 9 p. m.”. También se avisó constantemente que las inscripciones eran gratuitas y que llevasen algunos elementos.

La Sección Electoral informó también sobre las oficinas que podrían estar a punto de abrir manteniendo el interés: “En el curso de la semana ya ha empezado a funcionar el Registro en los distritos del Rímac y La Victoria, y el lunes iniciarían su labor los registradores de Chorrillos, Miraflores, Barranco, Magdalena y San Miguel”. De la misma manera, le aseguró al público el orden en conjunto con otras entidades públicas: “[…] tiene conocimiento de que los Juzgados y Consejos Municipales de provincias cooperan eficazmente a la pronta organización del Registro Electoral, el que ha de funcionar en cuanto libros y documentos electorales han sido recibidos”²².

La información brindada por la Sección Electoral continuó evolucionando con los días. Llegó a dar alcances cuantitativos de los electores inscritos y su entrega de libretas, por ejemplo: “Hasta la fecha se han remitido ‘documentos electorales’ a 94 provincias, en las que se calcula una inscripción de 430 000 electores sobre un total de 550 000”. Se hizo también un seguimiento de la entrega de libretas para el trabajo censal: “La remisión de documentos electorales se hace con un estricto control tendiente de asegurar la efectividad del censo electoral. Cada libro de inscripción lleva una numeración única correlativa con la de las libretas electorales”.23 Además, avisó de modernizaciones prácticas, como la importación de máquinas tabuladoras de marca Hollerith, las cuales se usaron en los censos de Estados Unidos.

Dada la disponibilidad de estos avisos, se lograron resolver algunos problemas de iniciales en el registro. La falta de espacios iniciales, tanto para la entrega de recursos como para el registro mismo, tuvo apoyo gracias a algunas entidades que se manifestaron a los registradores por medio de la Sección Electoral. Algunos de ellos fueron la Casa Nacional de Moneda, Aduana del Callao, Superintendencia General de Aduanas, Fábrica Nacional de Tejidos de Santa Catalina, Banco Alemán Transatlántico y el Terminal Marítimo del Callao.24 Cabe mencionar que las intervenciones de terceros en estas publicaciones no eran comunes, pues usualmente la sección encontraba asuntos importantes para difundir:

Por su lado, los partidos políticos dejaron publicar abierta y libremente los avisos de la Sección Electoral en su prensa. Se tiene el ejemplo del diario La Tribuna, de afiliación al Partido Aprista Peruano, que le brindó un espacio para informar de algunos detalles necesarios.

De todos los periódicos políticos disponibles, los que más intervinieron en esta inscripción fueron el mencionado La Tribuna del Partido Aprista Peruano y El Perú: diario de la mañana de Acción Republicana. Otros como El Peruano, del partido Unión Revolucionaria, participaron con simples avisos formales.

De hecho, inicialmente todos los partidos políticos intervinieron con pequeños informes. Publicaron referencias pasivas que respaldaron el proceso y resolvieron algunas dudas comunes para el ciudadano. Entre estas dudas estaban la obligatoriedad de la libreta, la necesidad de los timbres y la obtención de fotos, todas relacionadas con las nuevas reformas de estatuto. Cabe señalar que los partidos se enfocaron particularmente en algunos detalles técnicos, como el valor de la libreta militar para La Tribuna²⁷ o el costo económico del timbre electoral para El Perú²⁸.

Un paso importante para la aceptación pública de este estatuto se vio en El Perú el 19 de junio. En esta publicación se respaldó abiertamente la inscripción ciudadana y se apoyó la constitucionalidad del proceso, mostrando gran confianza en el estatuto y prometiendo mayor divulgación. Se detalló lo moderno del registro, incluyendo gráficos de cédulas de registro, modelos de ánforas, ejemplos de publicación de inscritos, pliegos de impugnación, etc.²⁹

Por otro lado, otros partidos como la Unión Revolucionaria siguieron insistiendo mediante cortos avisos hasta el último día: “A los sanchecerristas que no se hayan inscrito en los registros electorales se les avisa que solo están pocos días para el cierre de las inscripciones”³⁰. En ambos casos se mantuvo el interés por el registro, además de encontrar en el desarrollo formas de obtener nuevos partidarios.

5.3 El nuevo ciudadano votante: posible afiliado político

Los partidos involucrados, de base popular y con necesidad de crecimiento, aprovecharon este contacto directo con tantos electores masivos para realizar actividades proselitistas. Y dado que el estatuto ya definió gran parte del proceso de registro, se enfocaron en ser los mediadores de asuntos prácticos.

Un ejemplo de esto fue un problema que tuvieron los primeros registrados: la necesidad de fotos tamaño pasaporte a 20 centavos. Este detalle resultó moderno para una población no acostumbrada al registro o la participación política, por lo que su obtención fue muy valorada. Ante esto, en junio el APRA ofreció constantemente establecimientos formales de fotografías³¹ para acercarlos posteriormente a sus propios gabinetes. De hecho, en algunos lugares-como en Belén N.° 1065- se ofreció un servicio especial para los apristas, dejando abierta la posibilidad de inscripción para nuevos miembros: “Los compañeros que no puedan pagar el valor del retrato, se servirán entrevistarse con el compañero secretario de organización del comité departamental”³².

Algo similar hizo el partido Acción Republicana, el cual, a través de El Perú notificó que en una de sus oficinas (Filipinas N.° 597) los partidarios podrían “recabar GRATUITAMENTE la orden para el fotógrafo que los retratará, con el objeto de que lleven al registro las fotografías indispensables”³³. Como se ve, en ambos casos se comprometió abiertamente la afiliación política con el registro cívico, transformando el trámite de reconocimiento ciudadano a publicidad para su partido.

Es necesario agregar que mientras la prensa partidista realizaba estos actos, el jefe de Sección Electoral no dependió de ellos ni los referenció, concentrado en impulsar la participación al registro. Se continuó avisando de la inscripción en los feriados de las Fiestas Patrias³⁴, la prórroga hasta el 31 de agosto³⁵ y la fecha de las elecciones³⁶.

Con todo esto dicho se puede ver que el nuevo rol de los partidos como intermediarios hizo que tuvieran mayor presencia para las elecciones, contacto directo con los electores y posibles nuevos miembros. Se pudieron resumir sus intervenciones partidistas de dos maneras formales:

• Resolviendo las dudas de la inscripción

• Instalando gabinetes fotográficos

Por otro lado, existieron extrañas dificultades en el registro que podrían interpretarse como intervenciones políticas informales.

5.4 El registro permanente: las dificultades y rezagos centralistas

Dado que el Estatuto Electoral planteó un registro permanente para futuros comicios, centrado en estas únicas fechas, fue evidente el creciente interés de cada ciudadano por participar. Llegó al punto en que esta masividad hizo que los problemas usuales de procesos anteriores se volvieran dificultades preocupantes. A pesar del apoyo popular, fue inevitable reconocer el poco cuidado de los trabajadores encargados de la inscripción: los registradores. Luego de habérselos escogido en los Consejos Municipales, se les entregó el material para su trabajo³⁷, para pedirles que tuviesen tiempo para ensayar la inscripción con los primeros electores³⁸.

Después del 15 de junio, la Sección Electoral continuó llamando a los registradores que no recogieron su documentación (o ni se presentaron). Si bien estas quejas desaparecieron con los días, fue la antesala del descuido común de los registradores en la primera mitad del proceso: registros desordenados, fatigosos e innecesariamente largos, falta de celeridad, incumplimiento de los horarios, etc. Por ejemplo, en la Municipalidad de Lima el registro llegó a demorar media hora por persona, desanimando a los asistentes en espera. En la oficina de la Avenida Uruguay muchos ciudadanos abandonaron la espera por este motivo, a pesar de que sus registradores argumentaron cumplir con las normas establecidas³⁹.

Hubo ocasiones en que el horario establecido no fue cumplido por sus funcionarios. Se acusó al registrador de la Municipalidad de Lima de atender dos horas tarde con excusas inciertas⁴⁰. Las condiciones de algunos locales hicieron innecesariamente incómoda la espera, provocando quejas públicas como en el Concejo Provincial del Callao⁴¹. Otras oficinas no cumplieron en trabajartodos los días disponibles para el registro. El caso más grave fue el de la comunidad obrera de Vitarte, donde el registrador trabajó solo los primeros dos días. Los interesados ante la oficina cerrada tuvieron que esperar o irse innecesaria- mente a otros locales de registro. En Vitarte, la gran masa de trabajadores no tuvo facilidades para registrarse por parte de las fábricas -facilidades como horas o días libres- y se sospecha que tampoco fueron razonables frente a la jefatura electoral⁴². Muchas de estas deficiencias se reportaron junto con la defensa de los registradores. El juez decano de la provincia de Lima informó que sus oficinas de inscripción, a pesar de las quejas, cumplían con todo lo que dictaba el Decreto Ley N.° 7132⁴³. Igualmente, Rodríguez Sarmiento, registrador de Magdalena del Mar, avisó que sus funciones las cumplía en estricto seguimiento de los horarios fijados⁴⁴. Ya desde fines de junio la prensa propuso como solución el aumento de personal o de días de registro, pues el proceso no parecía cumplir con las expectativas.

Estos problemas fueron usuales en la capital y en las zonas urbanas, donde la inscripción de ciudadanos era un proceso conocido y no había mucha sensación de urgencia. El tedio y aburrimiento se hizo común con la espera; sin embargo, en las zonas provinciales, donde un registro permanente otorgaría un futuro poder político a una gran masa silenciada por décadas, las limitaciones fueron más graves.

Se dieron muchas negaciones de registro. Algunos se excusaron con la limitación de las personas analfabetas, rezago que se mantuvo de leyes electora- les anteriores. Aun así, resaltó la insistencia de estos grupos en provincia: “… muchos de los quejosos, al ser sometidos a prueba de lectura y escritura, han resultado analfabetos y, por lo tanto, incapacitados para ser inscritos”⁴⁵. Su presencia demostró una masa analfabeta presente con interés de formar parte del registro permanente. Pero en provincias el registro se concentró en pocas oficinas urbanas, descuidando a los ciudadanos de las zonas alejadas. Por ejemplo, en Cajamarca hubo protestas contra los funcionarios registrales, a quienes se les pedía que recorrieran los distritos faltantes para inscribir a sus ciudadanos en vez de esperarlos. La falta de gastos para movilidad y transportes disponibles dificultaron inicialmente la representación ciudadana⁴⁶. Otras negaciones de registro tenían motivos sospechosos. Desde Pallasca se informó que el nota- rio Jesús León, obedeciendo al juez letrado Vallejo, se negó a inscribir a ciertos ciudadanos a fines de junio por razones aleatorias⁴⁷. Similar situación ocurrió en agosto en Carampoma y Casta, ambas provincias de Huarochirí⁴⁸. Si bien en estos casos no se acusó directamente a partidos políticos concretos, sí se mostraron acusaciones a las autoridades locales.

También aparecieron algunos negocios informales. Desde Yungay se informó que su oficina pedía cincuenta centavos por la entrega de cada timbre electoral. Esto complicaba a los interesados, pues la siguiente oficina más cercana, la de Sayán, se encontraba a tres días de viaje⁴⁹. Otros problemas fueron las oficinas que, a pesar de contar con registrador, auxiliares y ciudadanos interesados, no comenzaron su registro. El caso más grave estuvo en Huarochirí, donde a fines de agosto algunos de sus pueblos aún no pudieron inscribirse a pesar de contar con el personal necesario. Este problema fue interpretado por algunos como el resultado de una intervención política ilícita, sin mayores detalles dados por la prensa⁵⁰.

No obstante, fue notorio el gran ánimo constante de la población analfabeta para el registro electoral. A pesar del sesgo contra los analfabetos, se recuperó con este hecho la importancia de las corrientes descentralistas y su replanteamiento frente al Estado.

Cabe mencionar que algunos de estos problemas se presentaron en la capital en menor medida. Hubo venta de tarjetas enumeradas para ser atendidos primero en La Victoria⁵² y un escándalo registro selectivo con el registrador provincial de Lima, Julio Teves, con atención preferencial a “…las personas afiliadas a determinados partidos políticos”.⁵³ Arca Parró, jefe de Sección Electoral, terminó por publicar cartas dirigidas directamente a los registradores del país pidiendo orden.

A pesar de todos estos casos reportados, el registro ciudadano fue considerado un avance por el creciente interés de los ciudadanos a nivel nacional. Se resaltó que la frialdad de procesos electorales anteriores desaparecía frente al entusiasmo común por recibir la libreta electoral.

5.5 La libreta electoral: el poder elector a nivel personal

Todo el desarrollo del registro culminó con la entrega de la libreta electoral (o con un certificado de su futura dispensa). El efímero título votante de años anteriores evolucionó en un documento principal de identidad personal, único permitido para participar en los comicios. La idea fue que el elector tuviese una libreta electoral efectiva y disponible para que lo represente en cualquier acción pública importante, como las elecciones (Decreto Ley N.° 7177 de 1931).

Cada libreta adjuntaba los datos importantes que aseguraban su poder político. El ciudadano dio sus datos, como sus apellidos y su filiación política, además de demostrar su nivel educativo, si lo deseaba el registrador. Estos datos se apuntaron en una libreta electoral confeccionada después o simultáneamente, según la prisa de los funcionarios. En el registro electoral quedaron la información del ciudadano, como su firma y su impresión digital, mientras que en la libreta electoral quedaron su firma, su impresión digital, su fotografía y la estampilla electoral.

La mayoría de oficinas entregaron sus libretas electorales a tiempo, por lo que puede considerarse a los primeros en el registro como los dueños de las primeras libretas electorales por local. Así, por ejemplo, el Concejo Provincial de Lima tuvo como primer ciudadano inscrito a Augusto Ramos Llontop y Ballesteros, un abogado natural de Trujillo de 51 años.⁵⁴ En las oficinas del Cuartel del Sexto, el primer inscrito fue Leoncio Rivera de Lafuente, natural de Mollendo, de 24 años.⁵⁵ En el Edificio Fabri de la calle La Rifa, el primer inscrito fue el señor Alfonso Vila Acuña, empleado de 24 años natural del Callao.⁵⁶ En la Municipalidad del Rímac, el primer inscrito fue don Domingo Pacheco Latorre, un empleado natural de Palpa.⁵⁷ En el local de la Cámara de Diputados, el primer inscrito fue don Abel N. Rodríguez Ramírez, abogado limeño de 40 años.⁵⁸

Una vez terminado el registro, la entrega de cada libreta electoral se dio sin mayores inconvenientes. Por lo tanto, y luego de una larga espera, el ciudadano terminaba la jornada siendo reconocido por su capacidad de votar. Es decir, la persona común tuvo un paso importante para dejar de ser una masa desigual detrás de sus representantes y ser actores activos individuales, con decisión más directa por los candidatos y con una acreditación física útil. De ahora en adelante, la preocupación por su pérdida, como se dio un mes después del registro,⁵⁹ cobró mayor significado.

A grandes rasgos, todo el registro electoral se pudo caracterizar como un proceso de accidentado inicio e interés inestable hasta un definitivo entusiasmo. Esto demuestra la influencia que tuvo en el proceso la constante convocatoria, la publicidad, el apoyo partidista y el interés por los asuntos electorales en la población. El Jurado Nacional de Elecciones realizó este primer proceso electoral de manera ordenada, en comparación con anteriores casos. Más adelante, las elecciones generales de 1931 se dieron sin mayor problema, resultando ganador el comandante Luis M. Sánchez Cerro. Este asumió el mando como presidente de la República el 8 de diciembre de aquel año.

6. Conclusiones

El Registro Nacional ha sido, desde su origen, un proceso imprescindible para el control ciudadano, y desarrollar sus instrumentos, como el documento personal de voto, fue necesario para su mejor ejecución. Su evolución hacia la libreta electoral moderna es un recorrido que muestra cómo la evolución de la representación ciudadana ha estado determinada por la coyuntura, la presión social y los intereses políticos. El Estatuto Electoral de 1931 fue una normativa clave, pues estableció el procedimiento para el Registro Electoral Nacional en un contexto favorable para su realización.

El registro electoral desplegó la modernidad de su estatuto mediante la convocatoria masiva, un nuevo ciudadano votante, un registro permanente y una nueva libreta electoral. Cada aspecto tuvo problemas tanto por su ejecución como por las intervenciones partidistas. Estos últimos apoyaron el registro y algunos influyeron indirectamente, siendo no tan determinantes por los resultados posteriores de las elecciones. El rezago centralista se mantuvo, pero es notorio el interés de las zonas no urbanas por ser reconocidas como votantes. Por otro lado, la libreta electoral, aunque sea como planteamiento, fue el instrumento elector mejor recibido y que no causó mayores problemas.

Anexos

Imagen 1

Oficina del Registro Electoral en el local del Concejo Provincial de Lima. Se ve al doctor Julio Teves registrando a un ciudadano

Oficina del Registro Electoral en el Portal de Escribanos

Oficina del Registro Electoral en la Avenida Uruguay

Timbre electoral

Modelo de pliego de remisión de documentos electorales

Modelo de pliego de impugnación que los ciudadanos usaban para sus reclamaciones

Modelo de la lista de inscritos

Modelo de libreta electoral