[Keyword] Violence against women in politics, Political parties, Mexico

[Recibido] 05/04/21 y [Aceptado] 25/05/21

1. Introducción

La violencia política contra las mujeres en razón de género está presente en todo el mundo y es frecuente en los países de América Latina, donde se ha identificado como uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos por parte de las mujeres (Krook 2020; Albaine 2017). En muchos casos, este fenómeno se ha vuelto más visible a partir de las reformas que permitieron lograr un incremento en el número de las mujeres en los cargos de elección popular. Incluso, cuando su presencia en los espacios de poder crece, distintos actores políticos siguen percibiendo a las mujeres como intrusas en la política (Elman 2013, 236). Las reacciones a esa "intrusión" con frecuencia toman forma de los actos de violencia política contra las mujeres.

México es un país con altos niveles de violencia política contra las mujeres en razón de género. Son frecuentes las expresiones de rechazo a la participación política de las mujeres por parte de los políticos varones que expresan cuestionamientos acerca de sus capacidades, su idoneidad y sus trayectorias;¹ son comunes ataques en las redes sociales o medios de comunicación que niegan el derecho de las mujeres a ejercer la política², además son frecuentes los actos de violencia física en contra de las aspirantes a los cargos públicos, incluidos los feminicidios.³

Las mujeres enfrentan a la violencia en todos los ámbitos de la participación política: como votantes, como aspirantes y candidatas, y como funcionarias electas. Con frecuencia, la violencia es ejercida al interior de los partidos políticos; estas organizaciones fundamentales para el funcionamiento de la democracia engloban y controlan la mayor parte de los espacios de incidencia y participación política.

Los partidos políticos son organizaciones generizadas. Las relaciones de género al interior de los partidos políticos, que colocan a las mujeres en una posición subordinada, limitan su capacidad de agencia, dificultan su acceso a las candidaturas y posiciones de liderazgo, y generan desigualdades en la distribución de los recursos internos, además, reflejan la estructura generizada y la distribución sexuada de poder al interior de estas organizaciones. Estos patrones se reproducen y perpetúan, de modo que impiden a las mujeres desarrollar sus carreras y ejercer sus derechos en la igualdad de condiciones que sus contrapartes masculinas; deben reconocerse como formas de violencia política en razón de género; deben analizarse como tales y ser atendidos por los Estados para erradicar este fenómeno y garantizar la igualdad real entre las mujeres y los hombres en el ejercicio de la política.

La reforma política y electoral aprobada en México en la materia de violencia política en razón de género en abril de 2020 reconoció el papel clave de los partidos como potenciales agentes de cambio, por lo que propuso una serie de obligaciones para que los institutos políticos modifiquen sus reglas, estructuras y relaciones internas, y establezcan dinámicas más favorables para la igualdad de género. Este trabajo pretende analizar tanto el contenido de la reforma respecto a las obligaciones de los partidos como la reacción de estos y su grado de cumplimiento con las nuevas reglas.

El argumento sostiene que los partidos políticos, a pesar de haber participado en la aprobación de las reformas que les impusieron nuevas obligaciones relativas a la creación de los mecanismos de atención a los casos de violencia política contra las mujeres, se han mostrado renuentes a incluirlos en sus normas internas. Esta resistencia -permitida por la ausencia de mecanismos eficientes que pudieran obligar a los partidos a un pronto y efectivo cumplimiento con las nuevas normas- evidencia que, en el fondo, los institutos políticos mexicanos son organizaciones generizadas y, más allá del discurso, poco comprometidas con la erradicación de la violencia política en razón de género y con la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, tal y como lo han evidenciado investigaciones previas (Cerva 2014).

Para ello, en el segundo apartado, se aborda la discusión teórica sobre el papel de los partidos políticos en la producción y reproducción de la violencia política contra las mujeres en razón de género. En el tercer apartado se explica el contexto y los alcances de las reformas en materia de violencia política de género aprobados en México en abril de 2020, además, se detallan las obligaciones que esta reforma impuso a los partidos políticos y se propone una herramienta metodológica para analizar su cumplimiento. En el apartado cuarto se emplea aquella herramienta para analizar el nivel de cumplimiento por parte de los partidos, para lo cual se enfatiza, especialmente, en las diferencias identificadas entre los partidos políticos y frente a las distintas dimensiones de estudio. Finalmente, en el apartado quinto, se concluye acerca de los avances y resistencias mostrados por los partidos políticos mexicanos respecto a las acciones encaminadas a erradicar la violencia política en razón de género, y se plantean algunas explicaciones tentativas en relación con las causas de las resistencias partidistas.

2. Los partidos políticos y violencia política en razón de género

La violencia política en razón de género es entendida como diversos comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres con el propósito de que abandonen la política, y de esa manera presionarlas para que renuncien a ser candidatas a un cargo público (Krook 2020; Cerva 2014). Otra perspectiva sobre este fenómeno señala que se trata de la distribución sexuada de poder y la utilización -consciente o inconsciente- de cualquier medio que se tenga a disposición para preservarla (Bardall et al. 2019, 7). En general, se considera que la violencia política en razón de género ocurre cuando 1) se ejercen diversos tipos y modalidades de decisiones y actos de violencia para negar o limitar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, o cuando 2) la violencia afecta a las mujeres en formas o grados distintos frente a los hombres.

La violencia política en razón de género toma diversas formas y modalidades. Puede ser dirigida a las mujeres como colectivo o afectarlas de manera individual, puede ser física (diversas formas de agresiones físicas y sexuales), no física (distintas afectaciones sociopsicológicas o económicas) y simbólica (Bardall 2018). Con frecuencia, toma forma de "actos inconscientes -de comisiones y omisiones- que sostienen y nutren las desigualdades estructurales presentes en la vida cotidiana y en las actitudes de las personas" (Bardall 2020, 384), que han sido normalizados durante mucho tiempo y que con frecuencia son considerados como válidos o aceptados por amplios sectores de la sociedad o, por lo menos, cuentan con la silenciosa complicidad de las partes, incluidas las propias víctimas (Bardall 2020).

El papel de los partidos políticos en la reproducción y en la erradicación de la violencia política en razón de género sigue siendo un tema poco explorado por la literatura. Los partidos políticos -como otras organizaciones e instituciones- son "organizaciones generizadas", es decir que reproducen la valoración de los individuos basada en el género y ampliamente extendida en la sociedad (Childs y Kittilson 2016; Lovenduski y Norris 1993). Muchos de los patrones existentes al interior de los partidos y que buscan excluir a las mujeres o limitar sus capacidades y posibilidades de incidencia política reproducen los patrones y las estructuras de violencia de género. En este sentido, el rol de los partidos resulta fundamental para comprender cómo la violencia de género se reproduce y cómo se puede erradicar.

Históricamente, los partidos políticos han mostrado resistencias hacia la participación y representación política de las mujeres (Llanos y Roza 2018). Si bien abrían sus filas hacia las militantes, cuyas contribuciones al mantenimiento de la organización, y al mantenimiento y a la movilización de las bases partidistas eran bienvenidas, impedían su inclusión en los espacios de poder al interior de los partidos y en las postulaciones a cargos electivos (Fowlkes et al. 1979). La literatura evidencia que los partidos tienden a adoptar una actitud instrumental hacia las mujeres militantes, por lo cual aceptan y alientan su participación, y adoptan postulados de igualdad mientras esa estrategia resulta redituable electoralmente, por lo tanto, apoyan su inclusión en los espacios de poder cuando los beneficios resultan para ellos mismos mayores que los costos de perder los espacios (Valdini 2019). Sin embargo, comúnmente evitan involucrarse en acciones concretas que puedan favorecer la incorporación de las mujeres en posiciones de liderazgo dentro y fuera de sus estructuras (Sacchet 2005).

Los partidos son instituciones altamente generizadas a partir de las normas, reglas formales e informales y relaciones entre su militancia (Freidenberg 2017). Los patrones generizados se manifiestan "en los procesos, estructuras, normas e ideologías de los partidos; [en ellos] existe una red compleja de prácticas compartidas que tienen un impacto diferenciado sobre mujeres y hombres" (Childs y Kittilson 2016, 4; Verge 2015; Lovenduski 2005). Estos patrones limitan la actividad de las mujeres a las cuestiones organizativas y sociales, limitan su acceso a los espacios de liderazgos y a las candidaturas y, en general, les impiden recibir reconocimiento por su labor y desarrollar carreras políticas exitosas (Franceschet et al. 2012, 238).

Al tratarse de procesos y relaciones generizadas, la asignación de tareas basada en los roles de género al interior de los partidos y la exclusión de las mujeres de las posiciones de liderazgo y de las postulaciones se convirtió en una estructura fuerte y altamente resistente al cambio. La introducción de las cuotas de género y otras medidas afirmativas fue un incentivo para que los partidos cambiaran sus dinámicas internas. Sin embargo, no sucedió así: la cultura interna de los partidos políticos parece ser altamente resistente a los cambios (Bjarnegård y Zetterberg 2016; Bjarnegård y Kenny 2016; Bjarnegård 2013; Hinojosa 2012). Respecto a las postulaciones, se han logrado mejoras, aunque estas requirieron de legislaciones fuertes y de la actuación firme de las autoridades electorales para obligar a los partidos a cumplir con las cuotas o paridad en las candidaturas (Hinojosa y Vázquez Correa 2018; Caminotti y Freidenberg 2016; Caminotti 2016; Bareiro y Soto 2015; Palma y Chimal 2012).

Sin embargo, al interior de los partidos, respecto a la inclusión de las mujeres en los órganos directivos internos y a la modificación de las relaciones de género, la situación permaneció más o menos igual. En la búsqueda de candidaturas, los partidos con frecuencia recurrían a candidatas externas al partido o vinculadas con los liderazgos masculinos (Hinojosa y Vázquez Correa 2018). Las mujeres que integraban las bases y que trabajaban a favor del mantenimiento de las estructuras y los éxitos electorales de sus partidos con frecuencia quedaban marginadas y fuertemente subrepresentadas en los órganos directivos (Llanos y Roza 2018).

La literatura reporta la existencia de diversos límites culturales e institucionales, y de valores patriarcales que resultan en discriminación, exclusión y vulneración de los derechos de las mujeres (Llanos y Roza 2018; Cerva 2014). En sus actividades como militantes, aspirantes o candidatas, las mujeres enfrentan "la falta de reconocimiento al desempeño profesional, la indiferencia, el menosprecio y descrédito, así como el hostigamiento por ser mujeres" (Cerva 2014, 126). Estos patrones de discriminación y exclusión, que están encaminados a -y logran- impedir a las mujeres acceder a los espacios de liderazgo y de poder político, constituyen violencia política en razón de género, un fenómeno cuya presencia e impacto ha crecido en los últimos años como reacción ante el incremento de la presencia femenina en la política (Freidenberg y del Valle 2017; Albaine 2015), y que "difícilmente se identifica y se nombra como tal" (Cerva 2014, 120).

3. Mecanismos contra la violencia política en razón de género en los estatutos partidistas

3.1. Las obligaciones partidistas a partir de la reforma mexicana de 2020

México cuenta con un robusto marco normativo, constitucional y legal, encaminado a alcanzar la paridad en la integración de las autoridades políticas del país en todos sus ámbitos y niveles. Esta exigencia es el resultado de un largo -y sinuoso- camino que, a través de la adopción y del perfeccionamiento del diseño de las cuotas de género y, más tarde, de la paridad, logró incrementar la presencia de las mujeres en los espacios de representación política. A lo largo de dos décadas, las mujeres que llegaban al poder buscaban fortalecer los mecanismos existentes para facilitar la llegada de otras más y, con el respaldo de las autoridades electorales, promovían la adopción de nuevas normas y la adecuada implementación de las ya existentes (Freidenberg y Gilas 2020b).

Una consecuencia -no deseada- del incremento de la representación política de las mujeres fue el aumento en los casos de violencia política de género. Un mayor número de mujeres que enfrentaban este fenómeno en los distintos espacios de participación política empezaron a visibilizar las prácticas discriminatorias y afectaciones a sus derechos políticos, y a exigir la atención por parte de las autoridades que no contaban con los mecanismos legales idóneos para hacerse cargo de estas denuncias.⁴

Finalmente, en abril de 2020, se aprobó la reforma en materia de violencia política contra la mujer en razón de género. Esta reforma fue el resultado, sobre todo, de movimientos de mujeres que lograron no solo visibilizar la violencia, sino que también promovieron su conceptualización y el reconocimiento de la importancia de introducir una ley que regulara su atención, sanción y erradicación. La reforma llegó después de ocho años de esfuerzos de las legisladoras⁵ que consideraban que el reconocimiento legal era necesario ante la creciente ola de violencia contra las mujeres en la política (Cárdenas 2018; Otálora Malassis 2020; Albaine 2017), para dotar a las autoridades de herramientas legales necesarias a fin de atender, investigar y sancionar a las personas responsables por los actos de violencia (Alanis Figueroa 2017).

Con esta reforma, el Congreso federal, integrado paritariamente, logró materializar la demanda de las organizaciones feministas y de las mujeres políticas respecto al reconocimiento legal de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Las reformas abarcaron el contenido de diversas leyes de distinta naturaleza jurídica⁶ que, además de construir la definición de este fenómeno, establecieron mecanismos para prevenir, atender y sancionar los actos de violencia política contra las mujeres, a cargo de las autoridades electorales.

En la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se incluyó un capítulo completo de violencia política. En primer lugar, fue incorporada la definición de este fenómeno como:

(…) toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo (LGAMVLV artículo 20 Bis).

La Ley General reconoce que la violencia contra las mujeres puede tomar distintos tipos y formas, y ser perpetrada por diversas personas, por lo que señala que se considerará que se está frente a la violencia contra las mujeres en razón de género cuando las acciones u omisiones "se dirijan a una mujer por el simple hecho de ser mujer y afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella" (LGAMVLV artículo 20 Bis). Asimismo, las adiciones a esta ley contemplan un catálogo de las veintidós conductas que se consideran violencia política en razón de género (LGAMVLV artículo 20 Ter), así como las sanciones que se impondrán a las personas responsables de la comisión de los actos de violencia (LGIPE artículos 10 y 456).

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) es otra de las legislaciones que fue modificada para reglamentar las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones políticos y electorales de las ciudadanas y los ciudadanos. Establece que el Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales y los partidos políticos deberán garantizar el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres, y que estos derechos se ejercerán libres de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación por origen étnico o nacional, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil u otra que atente contra la dignidad humana (LGIPE artículo 7). La ley detalla las responsabilidades de los institutos y de los tribunales electorales respecto a la prevención, investigación y sanción de los actos de violencia, así como un catálogo de sanciones a quienes hubiesen incurrido en estos, entre las cuales destaca la inelegibilidad de las personas sancionadas por estas conductas (LGIPE artículo 10) y la reducción o suspensión de las prerrogativas a los partidos políticos responsables (LGIPE artículos 159 y 163). Asimismo, establece los procedimientos, las medidas de protección y de reparación para las víctimas de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Dos de las legislaciones, la LGIPE y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), establecen diversas obligaciones para los partidos políticos. Conforme a las normas, los partidos deben garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política (LGPP artículo 25 inciso t). Para llevar a cabo este objetivo, los partidos deben cumplir con una serie de obligaciones: 1. garantizar en igualdad de condiciones la participación de mujeres y hombres en sus órganos internos de dirección y espacios de toma de decisiones (LGPP artículo 25 inciso s); 2. garantizar la no discriminación por razón de género en la programación y distribución de tiempos del Estado (LGPP artículo 25 inciso w); 3. informar trimestralmente de manera pormenorizada y justificada sobre la aplicación de los recursos destinados para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres (LGPP artículo 25 inciso v); y 4. abstenerse, en su propaganda, de emitir contenidos que discriminen o constituyan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género (LGIPE artículo 247). Adicionalmente, los partidos podrán aplicar los recursos destinados para la capacitación, la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres a través de la creación o fortalecimiento de mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género (LGPP artículo 73 inciso d).

Los partidos tienen también obligaciones relativas a la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en razón de género (LGPP artículo 39 inciso g). Para ello, además de las actividades ya mencionadas encaminadas a cambiar la cultura organizacional de los partidos, aquellos partidos deben establecer mecanismos de sanción aplicables (LGPP artículo 37 inciso g) para estar en capacidad de atender por medio de los mecanismos y procedimientos internos todo acto relacionado con la violencia política contra las mujeres en razón de género (LGPP artículo 25 inciso u). Las nuevas regulaciones impusieron a los partidos la necesidad de adecuar sus procesos internos, modificar las relaciones entre su militancia, promover la igualdad de género y comprometerse con combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. Finalmente, les obligó a realizar adecuaciones a sus estatutos para crear mecanismos específicos e idóneos para cumplir con estos objetivos.

Sin embargo, este marco robusto que delimitó nuevas e importantes obligaciones para los partidos políticos fue debilitado por no incluir un plazo en el cual aquellas instituciones debieran realizar las adecuaciones normativas correspondientes. Esta ausencia de un plazo forzoso debilitó la exigencia normativa, de modo que dejó abierta la posibilidad de que los partidos no atendieran el mandato legal antes del arranque de las elecciones intermedias de 2021 (es decir, antes de septiembre de 2020).

3.2. ¿Cómo analizar la armonización?

La reforma en la materia de violencia política en razón de género impuso a los partidos políticos una serie de obligaciones relacionadas con las acciones y los mecanismos que estos deben implementar para erradicar este fenómeno. Para cumplir los objetivos de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género y lograr la igualdad plena de mujeres y hombres en el ejercicio de los derechos políticos, la reforma obligó a los partidos a implementar una serie de modificaciones a su vida interna y también a modificar sus documentos básicos. A partir de abril de 2020, los partidos políticos fueron obligados a incorporar en sus estatutos nuevos elementos necesarios para armonizar su normativa interna con los mandatos legales, y así establecer mecanismos efectivos para atender los casos de violencia política en razón de género y promover la paridad.

El análisis del contenido de la legislación apunta a que estas obligaciones derivan en la necesidad de que los partidos políticos incluyan en sus estatutos y otros documentos internos modificaciones relativas a por lo menos tres elementos necesarios para erradicar el fenómeno de violencia política en razón de género: 1) el reconocimiento de la existencia de la violencia política en razón de género y la necesidad de su erradicación; 2) que este reconocimiento se lleve a cabo en los estatutos o, por lo menos, en un protocolo especial; 3) los mecanismos adecuados para prevenir, atender y sancionar los actos de violencia política de género al interior de cada instituto político y 4) los mecanismos que contribuyan a revertir las relaciones sexuadas de poder, construir la igualdad de género y generar las condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, sin exponerlas a la violencia política. En este sentido, las exigencias normativas hacen eco de los factores que identifica la teoría y la literatura académica, que apunta a que los partidos políticos tienen una responsabilidad en la reproducción de las violencias contra las mujeres y que, para revertir esa situación, se requiere no solo reconocer y atender la violencia, sino también deconstruir las relaciones de género al interior de los partidos (Childs y Kittilson 2016, 4; Verge 2015; Lovenduski 2005).

A un año de la reforma es el momento idóneo para analizar si los partidos políticos mexicanos han cumplido con las nuevas exigencias normativas. Idealmente se esperaría observar un cambio sustancial en las relaciones de género al interior de los partidos, con una disminución de las denuncias por violencia política contra las mujeres y un mayor acceso de las mujeres a las candidaturas, a los espacios de decisión y a los recursos de los partidos políticos. Sin embargo, la generación de este tipo de cambios profundos toma tiempo y difícilmente estaría visible al poco tiempo de la aprobación de la reforma. Por ello, el primer paso para la evaluación, que permite advertir si se cumplen las condiciones necesarias para generar cambios profundos, es analizar el grado de cumplimiento con las exigencias normativas.

Estudiar el nivel de cumplimiento por parte de los partidos con el mandato de la ley implica identificar las obligaciones específicas con las que se debe cumplir y, después, contrastar los contenidos de los estatutos con estos parámetros establecidos por las normas. De esta manera se puede observar en qué medida los partidos políticos han reaccionado ante las obligaciones legislativas. Para ello, a continuación, se propone una herramienta metodológica diseñada para evaluar la armonización normativa en materia de violencia política en razón de género en los partidos políticos.

Conforme a la normativa mexicana relativa al reconocimiento de la violencia política en razón de género, los estatutos partidistas deben nombrar este fenómeno para lograr su visibilización y reconocimiento formal. Este reconocimiento debe materializarse a través de la inclusión en los estatutos de una definición de la violencia política en razón de género. Aquella definición puede ser extensa, debe abarcar un catálogo amplio de posibles conductas que constituyan este fenómeno, conforme a lo que señala la LGAMVLV y la LGIPE, y lo que es necesario para constituir un marco normativo robusto.

El reconocimiento del fenómeno de violencia política en razón de género y de la responsabilidad del partido en su erradicación, así como el establecimiento de los mecanismos, sanciones y órganos dedicados a su atención debe darse conforme lo establece la legislación, desde los estatutos de los partidos políticos. Es fundamental incluir estos elementos en los estatutos, pues son los documentos de mayor jerarquía que moldean la vida interna de los partidos y que, además, evidencian los compromisos y prioridades de los partidos. Sin embargo, como la reforma no estableció un plazo para el cumplimiento de esta obligación, se dejó abierta la posibilidad de que los partidos elijan otra vía para reconocer y atender el fenómeno, como la adopción de los protocolos específicos.

Respecto a los mecanismos para la atención de la violencia política en razón de género, los partidos políticos están obligados a reconocer su responsabilidad para prevenirla, así como incorporar las reglas para la prevención, atención y sanción de casos de violencia. Las reglas para la prevención deben incorporar, en primer lugar, un compromiso del partido con la necesidad de prevenir. En segundo lugar, deben introducir mecanismos específicos para ello, como proponer medidas para verificar que las personas que pretenden postularse a cargos de elección popular no hayan sido sancionadas por los actos de violencia política o comprometerse a evitar reproducir elementos de violencia en su propaganda. Las obligaciones relativas a la atención de casos de violencia requieren que los partidos políticos determinen la existencia de un procedimiento y de un órgano interno que serán encargados de investigar y, en su caso, imponer sanciones a quienes incurran en actos de violencia política en razón de género. Idealmente, los partidos deben proponer procedimientos especiales para la atención de los casos de violencia (distinguiéndolos de otros procedimientos de justicia interna), y también deberían establecer a un órgano específico para la atención de estos casos; con esta medida se podría lograr una mayor sensibilidad y capacidad de responder a las denuncias. Los partidos también deben instaurar sanciones que se impongan a las personas responsables por actos de violencia; estas sanciones pueden ir desde la suspensión de los derechos de militancia, limitaciones de derechos a integrar los órganos internos o ser postula- dos a cargos de elección popular, hasta la expulsión del partido.

Finalmente, los partidos tienen la obligación de erradicar la violencia política contra las mujeres, por lo que deben incluir en su normativa interna mecanismos que contribuyan a la construcción de una real igualdad de mujeres y hombres. Conforme a la legislación relativa a la igualdad de género,⁷ entre estos mecanismos deberían encontrarse las reglas para garantizar la paridad en la integración de los órganos internos, para la postulación paritaria de las candidaturas y para la distribución equilibrada de los recursos para las campañas. Este catálogo no es limitativo, por lo que los partidos pueden adoptar mecanismos adicionales a fin de promover la igualdad de género.

Evaluar la cercanía de las regulaciones relativas a cada uno de estos elementos, adoptadas en los estatutos partidistas, con la exigencia marcada por la legislación, permite obtener una ponderación que refleje el nivel global de cumplimiento para cada partido. Para hacerlo, se le asignan los valores en un rango de 0 a 1. El valor 0 indica incumplimiento con la exigencia, mientras que el valor 1 refleja que el partido cumplió adecuadamente con armonización de cada elemento. El valor global de esta medición, resultante de la sumatoria de los valores obtenidos para cada elemento, oscila de 0 (incumplimiento con la armonización) a 15 (cumplimiento pleno con la armonización).(Tabla 1)

Varios partidos incluyen en su normativa algunos otros mecanismos o programas para contribuir a la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Así, el PAN se compromete a implementar acciones afirmativas adicionales; el PRI, a promover el empoderamiento económico de las mujeres; Morena, a promover el conocimiento y la lucha por los derechos de las mujeres; el PES, a formar el Observatorio de Participación Política de las Mujeres orientado a la investigación, al estudio, al análisis y a la promoción y evaluación de los derechos político- electorales de las mujeres; y el RSP, a realizar campañas internas y talleres de sensibilización para promover la igualdad de género y erradicar la violencia. (Tabla 2)

Sacchet, Teresa. 2005. "Political Parties: When do they work for Women?". United Nations, 1-14. https://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eql-men/docs/EP.10_ rev.pdf

Valdini, Melody. 2019. The Inclusion Calculation: Why Men Appropriate Women’s Representation. Oxford: Oxford University Press.

Verge, Tània. 2015. "The Gender Regime of Political Parties: Feedback Effects between ‘Supply’ and ‘Demand’". Politics & Gender 11 (4): 754-59. DOI: 10.1017/ S1743923X15000483

Normativa

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2020. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. http://www.diputados.gob.mx/eleccionconsecutiva2021/pdf/2_LGIPE_vigente_dof_13abr20_ART_238.pdf

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2020. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. http://www.diputados. gob.mx/LeyesBiblio/pdf/149_130420.pdf

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2020. Ley General de Partidos Políticos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130420.pdf

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2020. Ley General de Responsabilidades Administrativas. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ pdf/LGRA_130420.pdf

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2020. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LOFGR_200521.pdf

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2020. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_130420.pdf

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2021. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Ley_GAMVLV.pdf

Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 2021. Ley General en Materia de Delitos Electorales. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMDE_190221.pdf

Fuerza Social por México. 2020. Estatutos de Fuerza Social por México. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/83934/CGex201412-10_rp_5_2_a2.pdf

Movimiento Ciudadano. 2017. Estatutos de Movimiento Ciudadano. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114150/CGex202006-19-rp-10-a3.pdf

Movimiento Ciudadano. 2018. Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia Política en Razón de Género en Movimiento Ciudadano. https://mujeresenmovimiento.mx/publicaciones-de-consulta/protocolo-para-prevenir-atender-sancionar-y-reparar-la-violencia-pol%C3%ADtica

Movimiento Regeneración Nacional. 2014. Estatuto de Movimiento Regeneración Nacional. http://www.dof.gob.mx/2019/INE/estatuto_morena.pdf

Partido Acción Nacional. 2017. Estatutos Generales del Partido Acción Nacional. https:// repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114527/ CG2ex202009-04-rp-11-a1.pdf

Partido Acción Nacional. 2019. Protocolo de Atención a la Violencia Política en Razón de Género contra las Mujeres Militantes del Partido Acción Nacional. https://almacenamientopan.blob.core.windows.net/pdfs/estrados_electronicos/2019/06/PROTOCOLO-cvprg.pdf

Partido Encuentro Solidario. 2020. Estatuto del Partido Encuentro Solidario. https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/09/cppp-Encuentro-Solidario-Estatutos-04-09-2020.pdf

Partido de la Revolución Democrática. 2017. Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en Razón de Género en el PRD. http://observatoriomujeresslp.org.mx/wp-content/uploads/2020/09/PARTIDO-REVOLUCIONARIO-DEMOCRATICO.pdf

Partido de la Revolución Democrática. 2019. Estatuto del Partido de la Revolu- ción Democrática. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/113055/CGex201911-06-rp-15-a1.pdf

Partido del Trabajo. 2017. Estatutos Generales del Partido del Trabajo. http://partidodeltrabajo.org.mx/2017/wp-content/uploads/2018/09/estatutos_pt.pdf

Partido del Trabajo. s/f. Protocolo Interno del Partido del Trabajo para atender los casos de Violencia Política en Razón de Género. http://partidodeltrabajo.org.mx/2011/portal_transparencia/LGTAIP_LTG_2018/Art.70/XLVIII.C/1.pdf

Partido Morena. 2020. Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Reparar la Violencia Política contra las Mujeres del Partido Morena (Protocolo para la Paz Política). https://laregeneraciondotcomdotmx.files.wordpress.com/2020/09/8-protocolo-contra-la-violencia-con-transitorios.pdf

Partido Revolucionario Institucional. 2018. Protocolo del Partido Revolucionario Institucional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2018/06/Protocolo-de-violencia-pol%C3%ADtica-PRI.pdf

Partido Revolucionario Institucional. 2020. Estatutos Generales del Partido Revolucionario Institucional. https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/114527/CG2ex202009-04-rp-11-a1.pdf

Partido Verde Ecologista de México. 2014. Estatutos Generales del Partido Verde Ecologista de México. http://actores-politicos.ine.mx/docs/actores-politicos/partidos-politicos/nacionales/documentos-basicos/estatutos-generales-pvem.pdf

Partido Verde Ecologista de México. s/f. Protocolo del Partido Verde Ecologista de México para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia Política de Género. https://www.partidoverde.org.mx/images/PVEM-MUJERES-PROTOCOLO.pdf

Redes Sociales Progresistas. 2020. Estatutos de Redes Sociales Progresistas. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5601557&fecha=30/09/2020

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 2017. Protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. https://igualdad.ine.mx/biblioteca/protocolo-para-la-atencion-de-la-violencia-politica-contra-las-mujeres/

Notas

1. Por ejemplo, a través de las expresiones como la del diputado local de Morelos, Hugo Éric Flores Cervantes, quien atacó verbalmente a una diputada al señalar que: "[...] lo único que digo es que es un poco malagradecida, porque yo la hice diputada", o de su colega el diputado José Casas González, quien señaló en referencia a las diputadas que "es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles una curul" (Freidenberg y Gilas 2020a).

2. Por ejemplo, las expresiones en contra de la candidata señalada por haber realizado favores sexuales a un hombre para realizar sus aspiraciones políticas (MujerEsMás 2021).

3. En mayo de 2021 se han reportado veintitrés mujeres víctimas mortales de la violencia política en México (Animal Político 2021).

4. Ante la ausencia de la legislación correspondiente y en un intento por mejorar la respuesta institucional ante la creciente ola de denuncias, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), junto con el Instituto Nacional Electoral (INE) y otras autoridades, en 2014, elaboraron y aprobaron el "Protocolo para Atender la Violencia Política de las Mujeres" (Alanis Figueroa 2017).

5. La primera iniciativa para reconocer el fenómeno de violencia política contra las mujeres fue presentada por la senadora María Lucero Saldaña Pérez (PRI) en noviembre de 2012. Alrededor de 60 iniciativas fueron presentadas durante los ocho años siguientes hasta la aprobación en abril de 2020 de las reformas en la materia. Para más, consultar: https://www.senado.gob.mx/64/

6. Se trata de los siguientes documentos normativos: 1. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; 2. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 3. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 4. Ley General de Partidos Políticos; 5. Ley General en Materia de Delitos Electorales; 6. Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; 7. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 8. Ley General de Responsabilidades Administrativas.

7. Estas obligaciones se construyen a partir del contenido de dos reformas: la de 14 de abril de 2020 en la materia de violencia de género y la de 6 de junio de 2019 que estableció la "paridad en todo".

8. * Esta investigación forma parte del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina (#ObservatorioREF- POL), del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos, en el marco del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM [Clave del proyecto: IN103020].